Obama no parece demasiado diferente de McCain.

Pese a lo que muchos auguran, tampoco son ostentosamente visibles las diferencias entre los dos candidatos en lo que hace a los principales contenciosos que la política norteamericana tiene abiertos en los Orientes próximo y medio. La estrategia de Obama en relación con Iraq se asienta, sí, en un compromiso de retirada de soldados que ha experimentado, sin embargo, un progresivo suavizamiento de la mano de sucesivos postergamientos en lo que respecta a la fecha prevista para aquélla; esta circunstancia acerca sospechosamente la oferta de Obama a la de McCain. Por si ello poco fuera, y para estupor de quienes estimamos que las dos guerras que nos ocupan están cortadas por un mismo patrón, el candidato demócrata repite incansable que hay que fortalecer la presencia militar norteamericana en Afganistán. Así las cosas, cada vez parece más estéril la pregunta relativa a lo que realmente Obama quiere hacer: más relevante se antoja determinar qué es lo que los poderes fácticos en Estados Unidos están dispuestos a tolerar que haga.

El único terreno en el que el candidato demócrata mantiene en pie un proyecto de orgullosa ruptura con respecto a las reglas del juego que determina una política de Estado hondamente asentada es el que nace de su propuesta de mantener conversaciones directas con los responsables políticos de países —así, Irán, Cuba o Venezuela— demonizados desde mucho tiempo atrás. Los escépticos aducirán, eso sí, que ya tendrá tiempo Obama de dar marcha atrás, también, en este ámbito. En lo que se refiere a McCain, en suma, si hay un rasgo llamativo de sus intervenciones en el debate televisivo —un rasgo que, por su proximidad con las posiciones del presidente Bush, parece llamado a mover el carro de Obama— es la crudeza de sus simplistas reflexiones sobre Rusia, muy a tono con un discurso neconservador firmemente decidido a sacar pecho en la tesitura en la que nos encontramos y no menos firme e interesadamente entregado a la tarea de reflotar viejos enemigos.

A todos los desafueros reseñados se agrega, en fin, uno más: lo que en principio estaba previsto que fuese un debate sobre la política exterior de Estados Unidos al cabo se convirtió, con toda evidencia, en una disputa sobre algunos de los problemas internos más acuciantes de cuantos acosan al país, y singularmente, claro, la crisis financiera que éste arrastra. El recordatorio de que Obama defiende una nueva política fiscal que recorte los impuestos a quienes tengan ingresos anuales inferiores a 250.000 dólares —¡40.000.000 de pesetas!— obliga a cancelar, una vez más, cualquier suerte de entusiasmo en torno a la presunta condición innovadora y socializante del candidato demócrata. Las cosas como fueren, los estudiosos que llevan decenios subrayando cómo los políticos y los ciudadanos norteamericanos poco más hacen que mirarse al ombligo están, una vez más, de enhorabuena.
http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article23900

Claro está que el recién perfilado reconocimiento ruso de Osetia del Sur y de Abjasia puede contemplarse desde dos perspectivas muy diferentes. La primera entiende, con lógica inapelable, que es la respuesta del Kremlin al apoyo dispensado por la mayoría de las potencias occidentales, el pasado febrero, a un Kosovo independiente. En tal sentido, no pueden dejar de sorprender, por absurdas e hipócritas, las reacciones airadas que se han registrado en Washington y en varias de las cancillerías de los estados miembros de la Unión Europea. Tiene su gracia, en particular, la reacción norteamericana, empeñada en defender ahora una integridad territorial, la de Georgia, que en cambio no se postuló medio año atrás en Serbia, y firmemente indignada por la intervención rusa en el primero de esos países, como si la Casa Blanca no nos tuviese acostumbrados desde mucho tiempo atrás a agresiones militares por completo al margen de la legalidad internacional.

La otra perspectiva es, sin embargo, menos halagüeña para Moscú y recuerda que los reconocimientos de Osetia del Sur y Abjasia por el Kremlin dan al traste con una política, la rusa, que hasta ahora decía defender a carta cabal la legalidad internacional y declaraba oponerse drásticamente a cualquier suerte de secesión que no recibiese el beneplácito previo del Estado afectado. Aunque no se hayan percatado, quienes hace unos meses, y al calor del contencioso kosovar, recibieron con alegría la reacción hostil de Rusia -en buena medida los mismos que aún hoy siguen pensando que el Gobierno español postula algún saludable principio, y no confesables intereses, en relación con estos menesteres- no están precisamente de enhorabuena. Magro consuelo parece, para su posición, el recordatorio de que es harto improbable que Osetia del Sur y Abjasia disfruten de la relativa normalización que, en materia de reconocimientos, ha alcanzado Kosovo los últimos meses. No parece que esto último preocupe en demasía, con todo, en Moscú.

Así las cosas, en este caso es difícil sustraerse a una sencilla conclusión: tirios y troyanos, Rusia y las potencias occidentales, defienden sin rebozo sus intereses más obscenos y asumen, de resultas, políticas de estricta doble moral. Una de las secuelas de lo anterior es, por cierto, el hecho de que no hay ningún motivo para afirmar que muestran alguna preocupación por las causas de la democracia y de la autodeterminación. Moderadamente llamativo es, de cualquier forma, que este último principio no haya sido defendido ni por los unos ni por los otros. No se olvide al respecto que si en Kosovo se eludió la convocatoria de un referéndum de autodeterminación -y al efecto de poco vale la certificación de que estaba cantado que la mayoría de la población local se inclinaría por la secesión-, en Osetia del Sur y Abjasia antes se han esgrimido las consecuencias de la agresión militar georgiana de hace unas semanas que las presuntas querencias de los habitantes de esos dos territorios. Nadie quiere hablar, entre tanto, de la castigada Chechenia, escenario de una crudelísima represión que no parece preocupar ni a quienes defienden la secesión de Osetia del Sur y Abjasia ni a quienes se oponen a ella.

Comoquiera que unos y otros consideran -formulemos las cosas en estos términos- que al cabo lo que importa es la fuerza respectiva, ningún relieve se le asigna al eventual peso de una alegación que subraye la opción mayoritaria entre las poblaciones implicadas, tanto más cuanto que la invocación de esta última acarrearía discusiones desagradables sobre el destino que han corrido los serbios en Kosovo y los georgianos otrora residentes en Osetia del Sur y, más aún, en Abjasia (bueno es recordar que la textura de todos estos conflictos es muy diferente). A la postre lo que impera, y con descaro, son los intereses geoestratégicos y geoeconómicos de Rusia y de las potencias occidentales, en el marco de lo que se antoja un prosaico juego de poder.

Si, en suma, hay que perfilar un pronóstico de corto plazo en lo que respecta a posibles cambios -secesiones, independencias- en la Europa central y oriental, lo suyo es señalar que el único candidato sólido al efecto es la llamada república del Transdniestr, en Moldavia. Bien es verdad que en este caso las tensiones han amainado un tanto en los últimos años y la interpretación más extendida sugiere que Rusia se lo pensará dos veces antes de alentar un proceso de secesión que -no lo olvidemos- afectaría a un territorio no colindante con el suyo propio. Queda por dirimir también, es cierto, si Osetia del Sur y Abjasia porfiarán en la vía de la independencia o acabarán por integrarse, antes o después, en la Federación Rusa. Eso en lo que atañe al corto plazo, porque, los acontecimientos como vienen, nadie está en condiciones de augurar qué es lo que, en este terreno como en tantos otros, nos tiene reservado el futuro.

CARLOS TAIBO, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de ´Rusia en la era de Putin´ (Catarata, 2006)

Vayamos, aun así, por partes y empecemos subrayando lo que resulta evidente: está claro que Rusia, de la mano de sus reconocimientos de Osetia del Sur y Abjazia, ha seguido la estela que muchas potencias occidentales dieron por buena, en relación con Kosovo, el pasado febrero. No sólo eso: Moscú, que ha cancelado de esta suerte su aparente pureza reivindicadora de las normas del Derecho Internacional, ha empleado el mismo lenguaje y la misma argumentación vertida entonces por esas potencias. Hora es esta de señalar, sin embargo, la condición de las reglas del juego que unos y otros se han encargado de violentar pundonorosamente: apegadas al principio de integridad territorial, sólo dejan abierto el horizonte de la secesión en caso de previa aceptación de esta por el Estado afectado, lo que, a la postre, acarrea de facto un rechazo de cualquier perspectiva de autodeterminación. Importa subrayar que al amparo de la percepción que ahora nos interesa, orgullosamente estatocéntrica por mucho que con frecuencia haya respondido a honrosos propósitos, han cobrado cuerpo, y asumamos un egoísta ejercicio en busca de ejemplos, aberraciones como las que permiten que Israel impida la gestación de un Estado palestino en los territorios que ocupa ilegalmente –Marruecos hace lo propio en el Sáhara Occidental–, que Chechenia forme parte hasta el final de los tiempos de una Federación Rusa que poco más ha ofrecido a la población local que represiones y genocidios, o que muchos de los hiperdemocráticos países occidentales se permitan mirar hacia otro lado cuando escuchan demandas de autodeterminación que llegan de unas u otras partes de sus territorios.

Volvamos, con todo, a lo que hoy nos atrae y hagámoslo de la mano del recordatorio de que la marginación de las poblaciones afectadas y de sus opiniones es lo único en lo que parecen estar de acuerdo en estas horas Estados Unidos y Rusia. Tan de acuerdo, por cierto, como el Gobierno español y el principal partido de la oposición, orgullosos de su honrada, y al parecer nada interesada, apuesta en provecho de la integridad territorial y sus reglas. Obsérvese, si no, que en la abrumadora mayoría de los análisis al uso la textura precisa de los conflictos implicados no merece mayor atención. Pocos fueron, sin ir más lejos, los estudiosos que en febrero se refirieron a la delicada integración de la comunidad albanesa de Kosovo en los sucesivos Estados yugoslavos y serbios, agudizada por la represión desplegada desde Belgrado a partir de 1989; cuando uno escucha los argumentos, a menudo muy respetables, hilvanados por los detractores de la independencia kosovar tiene por fuerza que preguntarse cómo se hubiera verificado, dado el firme rechazo que suscitaba entre la mayoría abrumadora de la población local, la reintegración del país en Serbia. Algo similar cabe apuntar en relación con Osetia del Sur: ¿por qué un país artificialmente uncido –en virtud de las políticas de ingeniería étnica avaladas en la etapa soviética– a Georgia debería permanecer inexorablemente en ésta frente al criterio, de nuevo, de la mayoría de sus habitantes, separados, por si poco fuere, de los pobladores de la Osetia septentrional? Admitamos, en suma, que lo de Abjazia es harina de otro costal –los abjazios étnicos eran minoría en su propia república antes de las trifulcas de los cuatro últimos lustros– que nos emplaza, eso sí, ante la certificación de que a la hora de sopesar la condición de todos estos conflictos hay que analizar con mesura cuál ha sido la conducta, rara vez respetuosa de los derechos ajenos, de las autoridades –serbias y kosovares, rusas, georgianas y estadounidenses, surosetias y abjazias– de unos y otros.

En semejante caldo de cultivo es obligado subrayar algo que, una vez más, ha escapado a la consideración de la mayoría de los análisis: tanto las potencias occidentales como Rusia han esquivado, en su argumentario, cualquier suerte de mención de algo que huela a autodeterminación. Mientras las primeras bien que se cuidaron de evitar que en Kosovo se organizase un referendo que permitiese calibrar el apoyo popular a la independencia, la segunda ha justificado sus reconocimientos de las independencias de Osetia del Sur y de Abjazia sobre la base de la impresentable agresión militar georgiana de semanas atrás, y no sobre la de un imaginable derecho de surosetios y abjazios a decidir su futuro.

Llega la hora de perfilar una conclusión somera: si parece ineludible criticar con radicalidad las interesadas acciones de las grandes potencias –que abrazan o no, según las conveniencias, el principio de integridad territorial de los Estados, conforme a una obscena doble moral–, algo tendremos que decir también de las poblaciones afectadas, de sus opiniones y, si así quiere, de sus derechos. De lo contrario estaremos dándole alas a fórmulas que las más de las veces tienen un inequívoco tufillo conservador y, nos cuenten lo que nos cuenten, una dudosísima condición democrática. Por eso las defienden con singular ahínco, dicho sea de paso, Washington y Moscú.

Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

Hay quien dirá, en un argumento respetable, que la sensibilidad en lo que hace a estas cuestiones ha alcanzado incluso, siquiera sea livianamente, a nuestros gobernantes. Bastará con invocar al respecto el designio, formulado días atrás por el ministro de Industria, y al parecer no acompañado -bien es cierto- de medidas precisas, en el sentido de acometer una reducción de un 10% en el gasto energético de la maquinaria política y administrativa que dirige.

Se antoja extremadamente llamativo, sin embargo, que la certificación de que despilfarramos energía que se sigue, inevitablemente, de la decisión impulsada por el señor Sebastián en modo alguno conduce a trasladar a la ciudadanía el mensaje de que debe asumir, también, un cambio significativo en su conducta ante estos menesteres. Si uno quiere ser puntilloso estará obligado a reconocer que lo que acabo de señalar tiene, con todo, una excepción aparentemente relevante en la forma de las constantes recomendaciones que nuestros gobernantes han formulado, en los últimos años, en lo que atañe a la necesidad imperiosa de reducir el consumo de agua. No debe perder de vista el lector, sin embargo, que la excepción que nos ocupa se sitúa en un terreno muy singular, que en los hechos - parece - la anula como tal: la mayoría de los trechos de la economía del agua tienen un carácter público, o parapúblico, de tal suerte que la presencia de los intereses privados en el mercado correspondiente es a la postre menor.

Lo diré de otra manera: si en el caso del agua la condición primordialmente estatal de la economía afectada hace posible que nuestros gobernantes se muevan con encomiable soltura y se permitan reclamar con insistencia un esfuerzo ciudadano de reducción en los niveles de consumo, no puede decirse lo mismo de otros segmentos de la vida económica en los que los intereses del sector privado se imponen con rotundidad. Ahí está el caso del propio ministro Sebastián, quien semanas atrás no pestañeó a la hora de anunciar ayudas públicas para la adquisición de nuevos automóviles, presuntamente menos contaminantes, si los propietarios de los viejos se avenían a deshacerse de éstos. ¿No hubiera sido más razonable que, en un escenario indeleblemente marcado por la subida en los precios internacionales de las materias primas energéticas, nuestras autoridades apostaran con claridad por políticas encaminadas a convencer a los ciudadanos de que lo suyo es que vayan pensando en apartar el coche de sus vidas? ¿Es que nuestras autoridades no son conscientes de la sinrazón que acompaña al hecho de que la mentada subida en los precios de la energía no se ha visto seguida, como sería lo razonable, de reducciones notables en los niveles de consumo?

Para explicar lo anterior no hay que ir muy lejos: a diferencia de lo que ocurre con el agua, los sacrosantos derechos de las empresas privadas - en este caso las del sector del automóvil - se imponen, intocables, por doquier, y ello hasta el punto de que resulta sencillo imaginar cuál sería la reacción de aquéllas si los poderes públicos tomasen, en serio, cartas en el asunto de convencer a los ciudadanos de que también en relación con el transporte y sus cuitas deben cambiar drásticamente de hábitos. El lector con buena memoria recordará inmediatamente la patética reacción de repulsa asumida por alguna de nuestras empresas eléctricas cuándo, en un par de momentos en los últimos años, la ministra de Medio Ambiente decidió respaldar una simbólica campaña que nos exhortaba a reducir a la nada, durante cinco escuálidos minutos, nuestro consumo de electricidad en una tarde invernal. Como recordará, tal vez, que la legislación vigente impide que se invite a los ciudadanos a retirar sus depósitos en bancos que es notorio no han dudado en financiar a empresas sumergidas hasta el cuello en el comercio de armas, en la explotación del trabajo infantil o en el despliegue de irreversibles agresiones medioambientales.

Hay quien se sentirá tentado de recordar, por qué no, que el pecado de nuestros poderes públicos no queda dónde lo hemos dejado. Y es que no sólo se trata de que aquéllos eludan cualquier horizonte de contestación del negocio privado, aun a sabiendas de lo que éste acarrea, tantas veces, en los planos energético y ecológico: tan grave como ello es el hecho de que porfíen en construir faraónicas infraestructuras de transporte que el tiempo demostrará, más pronto que tarde, son literalmente insostenibles y que a poco más obedecen que al propósito de mover el carro de ese negocio privado que ahora nos atrae. Ahí está, por lo demás, el patético ejemplo que acaba de darnos el presidente Rodríguez Zapatero, quien al parecer no barruntó problema alguno en la fórmula verbal con la que remató su discurso de clausura en el congreso recientemente celebrado por el Partido Socialista: ¡A consumir!

Frente a tantos desafueros no queda sino reclamar la necesidad imperiosa de una rebelión ciudadana que denuncie con desparpajo el sinfín de prácticas impresentables que nos acosan, que reclame un drástico cambio de rumbo y que emplace a los dirigentes políticos a romper amarras —de esto se trata— con atávicos y esquilmadores intereses.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz

La República, 29/07/08

Es muy digno de elogio que, en el inicio de una nueva legislatura, el Gobierno español haya puesto énfasis singular en la política exterior y en los grandes problemas del planeta. Descorazonador resulta, sin embargo, que la sensibilidad que, en lo que hace a esos menesteres, parece abrazar en su quehacer cotidiano el ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero poco más haya provocado que un puñado de respuestas que, siempre insuficientes, se antojan a menudo lamentables.

El compromiso de destinar a ayuda a los países pobres, por lo pronto, un 0,7% del producto interior bruto deja un sabor agridulce. Olvidaré ahora que las promesas al respecto han quedado siempre en agua de borrajas y esquivaré las numerosas cautelas que se derivan del mal uso, frecuente, de los recursos correspondientes y de su habitual supeditación a intereses inconfesables. Lo que se impone subrayar es que la saludabilísima dimensión del anuncio se ve contrarrestada por una realidad bien conocida: no consta que el Gobierno haya contestado en momento alguno lo que significan los programas de ajuste del Fondo Monetario, los criterios avalados por la Organización Mundial del Comercio o las prácticas, con frecuencia infumables, que despliegan en América Latina muchas empresas españolas. Todo esto es un baldón de credibilidad, claro, para cualquier política seria de ayuda a los desheredados del planeta.

No es más halagüeño, pese a las apariencias, el panorama que aporta otra decisión reciente del Gobierno: la de acrecentar los fondos destinados a permitir que los países pobres adquieran alimentos en un momento en el que, como es sabido, arrecia la amenaza de una hambruna global. No deseo ignorar que la medida arbitrada es afortunadamente distinta de la que han abrazado al cabo los gobernantes norteamericanos, quienes no han tenido a bien agregar un solo dólar a sus programas de ayuda alimentaria. Y, sin embargo, hay algo que chirría en la reacción española: en ésta no se aprecia designio alguno de cuestionar los privilegios de unas empresas transnacionales que, tras lucrarse con la subida de los precios de los alimentos, se aprestan ahora a pasar el cepillo una vez más para, con los recursos que dispensan en forma de ayudas extraordinarias los países del Norte, mejorar su cuenta de resultados. Parece que a los ojos de nuestros gobernantes no procede intervenir el mercado correspondiente y ello por mucho que en este caso salte a la vista que lo que está en juego son las vidas de millones de seres humanos. La medida que ahora me interesa –esa decisión de acrecentar los recursos destinados a ayuda alimentaria– parece un eco, por cierto, de la que, meses atrás, se tradujo en la concesión de 210 euros mensuales para facilitar el alquiler de viviendas en el caso de los jóvenes. Al lector avezado no se le escapará que tanto en un caso como en el otro lo que brilla por su ausencia es el propósito de hacer frente a la usura que impregna tantos comportamientos económicos.

¿Qué no decir, por lo demás, de lo que nuestros gobernantes nos cuentan en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático? El cacareado compromiso de coger por los cuernos este toro se ve desmentido por el pésimo registro que España arrastra en lo que atañe al cumplimiento del protocolo de Kioto. Mientras somos muchos los que pensamos que este último no es sino un parche poco prometedor –otro tanto cabe decir del remiendo ultimado en Bali–, el presidente Rodríguez Zapatero se inclina por suprimir el Ministerio de Medio Ambiente y alberga sin rubor en Madrid, a finales de este mes, una cumbre de los gigantes del petróleo mientras repite machaconamente que el cambio climático es una estimulante oportunidad para muchas empresas españolas… Ningún dato invita a concluir, en suma, que entre quienes nos gobiernan, que por increíble que parezca porfían en reavivar el sector inmobiliario y en acometer faraónicas obras de infraestructuras, se barrunta alguna conciencia en lo que se refiere a la imperiosa necesidad de cuestionar las bondades del crecimiento económico y de postular un modelo que se asiente, sin dobleces y con orgullo, en reducciones significativas en los niveles de consumo.

Si todo lo anterior era poco, esta semana ha venido a regalarnos una lamentable sorpresa: el voto con que la mayoría de los eurodiputados socialistas españoles han obsequiado a lo que, con buen criterio, ha empezado a llamarse la directiva de la vergüenza. Por muchas explicaciones que al respecto puedan ofrecerse, lo cierto es que, al final, y una vez más, socialistas, liberales y conservadores parecen darse la mano en proyectos truculentamente represivos que retratan –me temo– el derrotero contemporáneo de una Unión Europea firmemente decidida, por lo demás, a criminalizar la inmigración ilegal y a arrinconar una tras otra conquistas sociales laboriosamente gestadas durante decenios.

Me permitiré agregar que no hay mejor resumen de todo lo anterior que el que ofrece la renovada apuesta del Gobierno en provecho de la Alianza de Civilizaciones. Aun cuando la propuesta tiene, cómo no, sus aristas respetables, la Alianza zapateriana se asienta en una artificial, y muy delicada, separación entre lo cultural y lo religioso, por un lado, y las relaciones económicas y militares, por el otro. No conviene engañarse al respecto: el principal problema que se hace valer en el Mediterráneo de hoy no es el que nace de la presunta existencia de dos civilizaciones, diferentes y enfrentadas, que coparían las riberas septentrional y meridional de ese mar. El problema mayor bebe del hecho de que la renta per  cápita en la primera de esas orillas es quince veces superior a la que se registra en la segunda. Hay que preguntarse, claro, qué es lo que la Alianza de Civilizaciones aporta como respuesta ante semejante disparidad, en un escenario en el que sólo los más ingenuos, o los más espabilados, piensan en serio que la filantropía de nuestros empresarios acabará por deshacer el entuerto.

Y es que –para que no se diga que no voy al grano– el Gobierno español de estas horas se nos presenta como un aventajado vendedor de humo de resultas de una razón precisa: retórica aparte, no hay de su lado voluntad alguna de cuestionar los cimientos de un mundo, el que padecemos, marcado indeleblemente por explotaciones, exclusiones y beneficios descarnados.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Al margen de lo anterior, lo ocurrido los últimos días es un ejemplo de libro del obsceno vigor contemporáneo de los dobles raseros. Los de Washington saltan a la vista: si hace unos meses la Casa Blanca contestó abiertamente la integridad territorial de Serbia, ahora, en cambio, se acoge el principio correspondiente cuando de por medio se halla la del ahijado georgiano. Mientras, las acusaciones vertidas contra Rusia por haber intervenido militarmente fuera de sus fronteras no pueden producir sino estupor habida cuenta del registro que Estados Unidos arrastra en ese terreno. Claro que Moscú no sale mejor parado: si se opuso con energía a la independencia de Kosovo, ahora parece coquetear con una secesión de Osetia del Sur, mientras, y como es sabido, niega drásticamente cualquier horizonte de este cariz en la casi vecina Chechenia. Si las opiniones de Putin sobre los genocidios ajenos tienen, claro, una credibilidad menor, por no faltar ni siquiera falta el empleo instrumental de los contingentes de pacificación: desde hace tres lustros es evidente que los soldados rusos desplegados en Osetia del Sur y en Abjazia están alineados con uno de los bandos enfrentados, sobre la base de un modelo que Washington tuvo a bien patentar, con lamentable éxito, en Haití. Así las cosas, la conclusión parece servida: la integridad territorial y el derecho de secesión se blanden, por tirios y por troyanos, conforme a los intereses respectivos.

Si nada particularmente sólido hay que aportar en provecho de las causas que blanden Estados Unidos y Rusia —no nos engañemos en lo que hace al sentido de la política de Moscú, imbuida, como la de la Casa Blanca, de espasmos imperiales y, pese a las apariencias, a duras penas interesada en el destino de surosetios o abjazios—, haríamos mal en olvidar que al conflicto que nos ocupa no le faltan raíces locales. Es inevitable al respecto invocar, una vez más, las secuelas de las fórmulas de ingeniería ética que cobraron cuerpo tanto al amparo del zarismo como en la etapa soviética. Entre sus efectos, palpables, en la región se cuenta la existencia de dos Osetias, una emplazada al norte, en Rusia, y la otra situada al sur, en Georgia. Si ello por sí solo aporta un caudal ingente de problemas, lo suyo es agregar que la conducta de los dirigentes georgianos y surosetios a lo largo de los últimos quince años, por propio impulso o de resultas de presiones ajenas, no ha hecho sino agregar leña al fuego. Si los primeros abrazaron con rotundidad, en los años inmediatamente posteriores a la desintegración de la URSS, políticas abrasivas en el terreno nacional, que generaron un inevitable descontento en Osetia del Sur —y en Abjazia—, los segundos, alentados en este caso por una Rusia que ha entregado tan generosa como interesadamente pasaportes a la población local, no han dudado en buscar una permanente vía de confrontación que le dé alas a un proyecto de secesión (tal y como lo hizo entre 1999 y 2007, si así quiere, y salvando todas las diferencias que procedan, el grueso de las fuerzas políticas albanokosovares). En semejante escenario, y dicho sea de paso, uno está obligado a coger con pinzas las informaciones que, de un lado como del otro, acusan al rival de violencias extremas y limpiezas étnicas.

Es verdad, aun así, que quienes creemos en el derecho de autodeterminación estamos medio invitados a dejar constancia de un hecho insorteable: aunque lo suyo es examinar con detalle lo ocurrido con los georgianos étnicos otrora residentes en Osetia del Sur, sobran los motivos para concluir que la mayoría de la población local no desea pertenecer al Estado georgiano. Si así se quiere, éste es el único dato que invita a mirar con ojos concesivos alguna de las causas que se revelan sobre el terreno. No faltará quien aduzca, bien es verdad, que si detrás de muchas de las políticas que abrazan hoy los gobernantes georgianos se aprecia el aliento pestilente de Estados Unidos, a manera de liviana compensación la mayoría de los pueblos del Cáucaso septentrional miran con recelo a los osetios, históricamente entregados, por su parte, a una franca colaboración con Moscú.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de LA REPÚBLICA.

Aunque soy poco amigo de las explicaciones conspiratorias, por una vez me dejaré llevar por una de ellas. En algo recuerda —lo confesaré— a un argumento que se esgrimió con profusión cuando llegó el momento de explicar la anexión iraquí de Kuwait, en el verano de 1990. Entonces se sugirió que Estados Unidos le tendió una trampa a Saddam Hussein a través de eventuales garantías en el sentido de que una ocupación del emirato por Iraq no tendría mayor respuesta norteamericana. Conforme a la interpretación dominante, del lado de la Casa Blanca el propósito oculto habría sido, claro, disfrutar de una oportunidad de oro para deshacerse de un régimen molesto que disputaba a EEUU, con manifiesta osadía, la hegemonía en el Oriente Próximo.

El recordatorio de lo ocurrido en el golfo Pérsico casi cuatro lustros atrás viene a cuento porque —parece— bien pueden invocarse circunstancias parecidas en el escenario georgiano de estas horas. Reseñemos por lo pronto que merece poco crédito la explicación que apunta que el presidente Saakashvili se lanzó el viernes pasado a una dudosa operación militar en Osetia del Sur para acallar críticas internas y desviar la atención con respecto a los numerosos problemas que plantea su gestión política. Nuestro hombre ha pasado en los últimos tiempos por tesituras mucho más delicadas que la de este verano y nadie parece sostener en serio la apreciación anterior, tanto más cuanto que, por sí sola, conduce inequívocamente a un escenario más bien suicida.

La observación que se impone llama la atención, antes bien, sobre un eventual engaño estadounidense a Saakashvili. Según esta percepción, la diplomacia norteamericana habría garantizado al presidente georgiano que Rusia, consciente de lo delicado que es cruzar la frontera de un Estado soberano y recelosa de la perspectiva de una confrontación abierta con EEUU, en modo alguno respondería militarmente a una ofensiva en Osetia del Sur. Georgia recuperaría así en plenitud, y con gloria, el control sobre esa república y la credibilidad del Kremlin quedaría en entredicho. De la mano de este ardid, la Casa Blanca le habría puesto en bandeja a Saakashvili un triunfo que vendría a consolidar definitivamente su posición.

El lector razonable se preguntará inmediatamente, claro, qué es lo que Washington ganaría de la mano de una apuesta tan delicada, que —no lo olvidemos, y merced a una reacción rusa muy diferente de la anunciada— podría dar al traste con el poder del aliado Saakashvili y trastabillar muchos de los esquemas de presión norteamericanos en el Cáucaso. La única respuesta solvente a ese interrogante señala que, de resultas de la intervención militar rusa —el horizonte más probable—, y tanto más cuanto que ésta no parece se haya caracterizado por mesura alguna, los halcones de la Casa Blanca podrían insuflarle un aire nuevo a la alicaída confrontación con Moscú y reabrir de esta forma una tensión que vendría como anillo al dedo a sus intereses. La proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses le otorgaría valor añadido, en fin, a la jugada que nos ocupa, al amparo de argumentos interesantes para demonizar la aparente laxitud de las propuestas de Barack Obama.

No deseo ignorar que la hipótesis que expongo, como todas las que tienen un resuello conspiratorio, arrastra problemas no menores y obliga a acometer un notable ejercicio de imaginación. Quien se quede con esta legítima conclusión hará bien, eso sí, en proponer alguna explicación alternativa para la sorprendente conducta de la que han hecho gala en los últimos días los gobernantes georgianos.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de LA REPÚBLICA.

Lo cierto es que las encuestas que han ido difundiéndose en las últimas semanas invitan poco a las certezas. Aunque en primera instancia se daba por seguro que el Tratado de Lisboa iba a disfrutar de un general apoyo en Irlanda, las posiciones críticas con respecto a aquel han ganado terreno de manera llamativa, y ello hasta el punto de que ningún analista serio se atreve en estas horas a vaticinar el resultado del referéndum. Esto es tanto más significativo - hay que subrayarlo cuantas veces sea preciso- cuanto que sobre el papel Irlanda es el país de la Unión Europea que, en los últimos lustros, mayor provecho ha sacado de la pertenencia a esta. Son muchos los estudiosos que, acaso con poco distanciamiento crítico ante un proceso que exhibía numerosas dobleces, se han acostumbrado a hablar - no lo olvidemos- del "milagro irlandés".

Que las cosas no están nada claras lo ilustra de manera fehaciente el hecho de que, frente a la desidia de los medios de comunicación, del lado de las instituciones de la UE se aprecia, en cambio, una activa e interesada movilización. Su manifestación más perceptible en estas horas es un no ocultado ejercicio de cortejo sobre Irlanda, encaminado a ofrecer a esta un sinfín de golosinas que permitan salvar con éxito el escollo del 12 de junio. Entre ellas despuntan garantías de que no ganará terreno una armonización en el impuesto de sociedades que gusta poco a los empresarios locales y, más aún, la decisión de retrasar unos días el debate sobre la reforma del presupuesto comunitario; al amparo de esta última se aleja en el tiempo la posibilidad de que se reduzcan ayudas importantes que hasta hoy han beneficiado, y notablemente, a la agricultura irlandesa.

No olvide el lector, por lo demás, cuál es el escenario general en el que cobra cuerpo el referéndum irlandés y cuál el tratamiento político que está mereciendo el Tratado de Lisboa. Uno y otro se ven indeleblemente lastrados por el designio, asumido por la abrumadora mayoría de los miembros de la UE, en el sentido de no organizar al respecto referendos. Parece servida la conclusión de que nuestros gobiernos, conscientes de los riesgos que asumirían, muestran un recelo irrefrenable sobre la perspectiva de una discusión pública del texto pactado el pasado otoño. Con él se revela también, por cierto, el propósito paralelo de ocultar que aquel es en sustancia el mismo que la mayoría de los votantes franceses y holandeses tuvieron a bien rechazar en el 2005.

Importa recordar, en lo que a esto último se refiere, que han proliferado en los cenáculos comunitarios un par de equívocos terminológicos que dan cuenta de manera cabal de las miserias que rodean al plan B, que a la postre se ha abierto camino. Así, y pese a la recomendación realizada en su momento a los responsables de los ejecutivos de la UE, y a los ministros de Asuntos Exteriores, en el sentido de que rehuyesen en todo momento la afirmación de que el texto promovido en Lisboa, en noviembre del pasado año, es en sustancia el mismo que se sometió a discusión en el 2005, la aseveración correspondiente es moneda corriente - sin ir más lejos- entre los portavoces del Gobierno español, al parecer todavía hoy orgullosos de lo que ocurrió al calor del desgraciado referéndum celebrado entre nosotros en febrero del año citado. Agreguemos - y vaya el segundo desliz terminológico- que a los responsables comunitarios se les sigue escapando con harta frecuencia lo de "tratado constitucional" y lo de "Constitución europea" a la hora de referirse al texto aprobado en la capital portuguesa.

Nada más sencillo que arribar a una conclusión sobre lo que tenemos entre manos: aun cuando el silencio mediático rebaja los efectos de lo que ocurre, las elites dirigentes de la Unión Europea nada están haciendo, antes al contrario, para mitigar la inequívoca mala imagen que arrastra aquella de un tiempo a esta parte. El proyecto de estas horas, un tanto patético, es el de una UE que porfía descaradamente en labrar su futuro sobre la base de lo que piensan esas elites - sobre la base, digámoslo mejor, de los intereses que blanden poderosísimos grupos de presión detrás de los cuales se palpa el aliento de grandes empresas transnacionales- y en abierta ignorancia de lo que reclama buena parte de la ciudadanía. Quiere uno creer que esto es pan para hoy y hambre para mañana, como debe uno adelantar que nunca han tenido mayor rigor, al explicar la triste realidad que nos ocupa, las palabras - invocadas muchas veces- de una vieja canción del grupo vasco La Polla Records: Políticos locos guían a las masas, que les dan sus ojos para no ver lo que pasa.

CARLOS TAIBO, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

Aquí el programa alternativo:

ZARAGOZA 2008, GUERRA Y DESARROLLO (IN)SOSTENIBLE. POR UNA VIEJA CULTURA DE LA PAZ. DESFILE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA RISA

En Zaragoza, sufrimos miles de hectáreas destinadas a maniobras militares, posibles bases de espionaje de la OTAN, desfiles militares gigantescos, macrocelebraciones del capitalismo mundial disfrazadas de crecimiento sostenible. Ante toda esta maquinaria institucional militarizada, sustentada en millones de euros y consensos mediáticos casi obligatorios, queremos hacer oír nuestra voz disidente y crítica con la única fuerza de nuestras razones y nuestras personas.

Las actividades del fin de semana tendrán su preámbulo el Sábado anterior, recordando un año más la militarización del espacio de la ciudad:

SÁBADO 24 MAYO: En el Día Internacional de las Mujeres por la Paz, Acto Público contra la militarización del territorio, a las 18’30 h. en la Plaza de España de Zaragoza

Después, continuaremos el fin de semana siguiente, con tiempo para el debate, la fiesta y la reivindicación:

VIERNES 30 MAYO: "El imperio de la OTAN y la mentira humanitaria" (CHARLA-DEBATE con Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid). A las 19’30 h. en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, Gran Vía, nº 2

SÁBADO 31 MAYO: "Europa en guerra: la hora de la acción" (CHARLA-DEBATE con Carlos Barranco de la RED EUROPEA CONTRA INSTALACIONES MILITARES). A las 19’30 h. en el Local "Treziclo", Calle Liñan, nº 1, "La Madalena".

SÁBADO 31 DE MAYO: FIESTA AAARRR! (CON "REBEL CLOWN ARMY"): FIESTA ANTIMILITARISTA. A las 22 h. en el Local "Treziclo", Calle Liñán, nº 1, "La Madalena".

DOMINGO 1 DE JUNIO: Desfile de las Fuerzas Armadas de la Risa. A partir de las 12 de la mañana desde la Avenida Goya, en la esquina con el Paseo Fernando el Católico.

El Día de las Fuerzas Armadas se celebrará en Zaragoza en 2008, año en el que tendrá lugar la Exposición Internacional "Agua y desarrollo in)sostenible" y en cuya seguridad colaborarán unos 2.000 militares.

En palabras del ministerio de la Guerra español el Día de las Fuerzas Armadas es un "día grande" y el "más importante" para el Ministerio de Defensa, al que además asisten los Reyes de España y los Príncipes de Asturias.

Se trata de una jornada probelicista que moviliza un desfile de más de 3.000 efectivos y todos los instrumentos de alta tecnología puestos a disposición de los tres ejércitos e incluye una semana de actividades. Tendrá lugar a finales de mayo con motivo del sanguinario bicentenario de la Guerra de la Independencia y el desarrollo de la Expo. El Ministerio de la Guerra quiere ayudar a que una celebración "tan importante" para Aragón y para la ciudad "sea realzada lo máximo posible". "Zaragoza -añaden- es una ciudad que tiene una vinculación tradicional histórica importantísima con las Fuerzas Armadas", tiene "un excelente presente" y un "excelente futuro", ya que gracias al proceso de modernización del Ejército el número de efectivos presentes en la ciudad se incrementará un 24 por ciento, es decir, unos 1.500 efectivos más.

Asimismo 2.000 militares colaborarán con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local militarizando por completo la ciudad para garantizar que los ciudadanos puedan "disfrutar" con total seguridad de la Exposición Internacional que se inaugurará pocos días después. El Ministerio de la Guerra asegura que va a "arrimar el hombro" y colaborará en tareas de represión, control social y seguridad de la Expo, que "es lo que único que sabe hacer el Ejército".

Escrito en su habitual estilo retórico, Taibo propone que el bajo crecimiento económico que se espera para los próximos años puede ser beneficioso para la sociedad: se consumirían menos recursos naturales, la gente (aun en paro) sería más feliz y podría ser el momento en que se reivindicase un trabajo basado más en la calidad que en la cantidad.

Viviendo en una sociedad capitalista y consumista como la occidental será difícil tragar estas palabras del profesor: "Cada vez se hace más común [...] que quienes han perdido su puesto de trabajo confiesen sentirse más felices una vez se ha hecho valer esa circunstancia, tras haber acometido sin pesar una más que posible, y sensible, reducción de sus niveles de consumo".

Habría que preguntarle eso a un parado cualquiera que tenga que hacer frente a una hipoteca. No creo que sea una situación muy agradable, y más de un psicólogo podrá afirmar conmigo en que es una situación que generará bastante estrés.

Carlos Taibo dice basarse en estudios, sin embargo no los cita, error que quita una gran credibilidad a sus palabras y que no puede permitirse un profesor de su talla.

Artículo completo pinchando aquí.

Fotografía de El País.

    Pero el rechazo, casi unánime, de un Kosovo independiente que se registra entre nosotros bebe también de la certeza, rara vez verbalizada pero evidente, de que los Estados y sus fronteras son sagrados. Sin rebozo se nos dice que, a la hora de determinar si un territorio o una población pueden abandonar el Estado en que se hallan, ello debe ajustarse escrupulosamente a lo que rezan las leyes de éste, en franco olvido, claro, de que esas leyes obedecen casi siempre, como no podía ser menos, a percepciones ontológicamente hostiles a cualquier perspectiva de secesión.

 Carlos Taibo “Kosovo y las esencias”, Público, 16.02.08. 

La hipocresía de esconderse bajo la ilegalidad de los procesos de emancipación esconde esta rotunda verdad. Ni derechas ni izquierdas. El sentimiento estato-nacional por encima de todo. Fidel Castro criticando a Solana por permitirlo. El PP acusando al PSOE de gobernar con los separatistas de ERC. Zapatero jugando a “ser el más patriota” en el debate del pasado lunes. Las fronteras son sagradas y la constitución también. No juegen con fuego, que los quemaremos vivos, y da igual ser violento que no. ¿Quieren un ejemplo? El borrador de ordenanza cívica que se quiere llevar a cabo en Uesca (gobiernan PSOE-PAR), resulta que el ambiente cívico ideal es aquel donde se respeta toda manifestación pública que se realice dentro del marco que establezca la Constitución Española y legislación vigente. Aclarando, ¿el independentismo está fuera de la Constitución? De la actual, of course. ¿Puede ser democrática la emancipación? También. ¿A qué huelen las rosas socialistas? A vacas sagradas de la India. El sistema manda. Mientras no ilegalicen los IKEA.

ANÁLISIS

Poca atención se le dispensa a las percepciones que entre nosotros se han hecho valer en relación con la conflictiva independencia de Kosovo. Aunque no han faltado opiniones concesivas hacia esta última, en la abrumadora mayoría de los casos se ha expresado al respecto un franco repudio. No está de más que prestemos oídos a las razones que darían cuenta de ese general rechazo.

La primera remite sin más a una defensa férrea de los estados, de su soberanía y de su integridad, y a la sugerencia paralela de que las leyes por aquellos aprobadas son sagradas, aun en el caso de que hayan visto la luz en recintos no democráticos. Cuando algunos expertos han recordado, con tino, que a diferencia de los numerosos estados reconocidos por los países occidentales en los últimos lustros, Kosovo no se veía beneficiado, en el ordenamiento yugoslavo, de un derecho a la autodeterminación, llamativamente ha faltado el recordatorio de que las normas legales que regulaban estos menesteres tenían una nula condición democrática.

Se ha señalado, en segundo término, que la gestación de un Kosovo independiente acarreará un descrédito más para las Naciones Unidas. Este argumento no es sino un trasunto del anterior: como quiera que quienes toman asiento en la ONU son estados, cabe suponer que no se olvidarán de sí mismos a la hora de establecer reglas. A ello se agrega el empleo cicatero de la norma que invitó a la ONU a reconocer el derecho de autodeterminación, norma que reservaba tal derecho a los pueblos coloniales.

Un tercer argumento mil veces esgrimido invita a rechazar un Kosovo independiente en virtud de la consideración de lo que tal horizonte pudiera tener de estímulo para fórmulas similares entre nosotros. Si en unos casos se apunta, contra toda evidencia, que el proceso kosovar ninguna relación guarda con conocidas disputas celtibéricas, en otros se invoca el efecto dominó que tendría. Estas consideraciones, cargadas de prevención, ven la luz en una crisis general del Estado nación y al amparo de una globalización que suscita, como se sabe, numerosas contestaciones.

Hay que reseñar una cuarta percepción: la que propugna una defensa pragmática del statu quo. Aunque respetuosa de las demandas de autodeterminación, sugiere que es preferible dejar las cosas como están. Tal manera de razonar configura en ocasiones un artificio que oculta una defensa cerril de la integridad territorial de los estados, tanto más cuanto que es frecuente que ignore que muchos de los actos violentos que se han revelado al calor de los procesos de secesión son antes atribuibles a quienes rechazan estos que a quienes los alientan.

La quinta admonición dirigida contra un Kosovo independiente bebe del designio de rechazar una medida que, con argumentos innegables, se interpreta, sin más, como el producto de los intereses de EE. UU. o del capricho de las potencias occidentales. A menudo esta asunción se hace acompañar de una visión conspiratoria que identifica una obsesiva y malsana agresión contra Serbia.

Rescatemos una última percepción: la que sostiene que, dado el fracaso de las políticas abrazadas en los últimos años en Kosovo, conviene aplazar cualquier decisión relativa al estatus final de este. Así, comoquiera que el protectorado internacional no ha permitido consolidar instituciones democráticas y no ha servido para garantizar los derechos de las minorías, cualquier fórmula de autodeterminación estaría lastrada. Enunciados los argumentos vertidos contra la perspectiva de un Kosovo independiente, queda extraer conclusiones. La primera subraya los olvidos en que se asientan casi todas las percepciones glosadas: nada dicen de lo ocurrido en Kosovo entre 1989 y 1997, parten de la presunción de que los estados son sagrados e intocables y gustan de plantear, a quienes reivindican procesos de secesión, exigencias sin cuento que llamativamente no reclaman de los estados ya constituidos. En el caso de Kosovo se suman dos olvidos más: el de que en los hechos en ese atribulado país no se está reconociendo ninguna fórmula de autodeterminación, sino una independencia directa, y el de que al final las razones que conducen a muchos estados a dar su visto bueno lo son de estricto pragmatismo. Mayor relieve tiene, sin embargo, la segunda conclusión: sorprende sobremanera que entre el coro de voces que rechaza un Kosovo independiente ninguna se pregunte por lo que piensa la mayoría de la población local...

CARLOS TAIBO, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de ´Guerra en Kosova´

Nada de lo anterior justifica, sin embargo, la hostilidad manifiesta con que la abrumadora mayoría de nuestros analistas y políticos, cargados de prejuicios y lugares comunes, ha acogido en los últimos meses el horizonte de un Kosovo independiente. De la noche a la mañana ha desaparecido de nuestro discurso público y mediático lo que –parece– debería ser un recordatorio obligado a la hora de encarar lo que ocurre en el Kosovo contemporáneo: en el decenio de 1990 las autoridades serbias protagonizaron una agresión en toda regla contra los derechos elementales de la mayoría albanesa de la población kosovar. De resultas, la condición autónoma de la provincia fue abolida, se disolvieron el Parlamento y el Gobierno locales, se prohibió el empleo del albanés en el sistema educativo, se instauró un genuino régimen de apartheid y, en suma, cobró cuerpo una ley marcial saldada con numerosos muertos, desaparecidos y detenidos. Quiere uno creer que nada de lo que sucede hoy en Kosovo puede entenderse de no haberse verificado en su momento todo lo anterior, tanto más cuanto que durante ocho años, los que mediaron entre 1989 y 1997, la respuesta de la mayoría albanesa de la población ante tantos desafueros consistió en el despliegue de un olvidado movimiento de desobediencia civil no violenta.

Pero el rechazo, casi unánime, de un Kosovo independiente que se registra entre nosotros bebe también de la certeza, rara vez verbalizada pero evidente, de que los Estados y sus fronteras son sagrados. Sin rebozo se nos dice que, a la hora de determinar si un territorio o una población pueden abandonar el Estado en que se hallan, ello debe ajustarse escrupulosamente a lo que rezan las leyes de éste, en franco olvido, claro, de que esas leyes obedecen casi siempre, como no podía ser menos, a percepciones ontológicamente hostiles a cualquier perspectiva de secesión. Al cabo se nos señala, sin más, que Kosovo es Serbia porque lo dicen las leyes de esta última, sin formular pregunta alguna en lo relativo a cómo y cuándo nació el Estado correspondiente, a la presunta condición democrática de su ordenamiento legal y a las fórmulas que en su momento permitieron la integración de unos u otros territorios y poblaciones en ese Estado. ¿Cuándo se les preguntó, por cierto, a los habitantes de Kosovo si deseaban formar parte de Serbia?

En realidad la forma de razonar de la que acabamos de dar cuenta no tiene, entre nosotros, otro sentido que el que nace de una lectura sesgada vinculada con un problema celtibérico de siempre. Y es que en realidad poco importa lo que haya ocurrido en el pasado, y lo que suceda hoy, en Kosovo: lo que preocupa a los guardianes de nuestras esencias es el efecto que la independencia kosovar pueda tener en materia de las disputas nacionales que se revelan en España. El lector atento rápidamente se percatará de que la universal contestación que la independencia en cuestión merece entre nosotros se ve siempre acompañada de la mención del presumible efecto dominó que le seguirá. Interesa sobremanera subrayar que, de resultas, los procesos de secesión se nos retratan cargados de universales rasgos negativos sin que, de nuevo, se deje espacio para pregunta alguna relativa a su eventual racionalidad. Una vez más lo que despunta es, en otras palabras, la postulación de la bondad intrínseca de los Estados realmente existentes. Cuando se señala, con argumento respetabilísimo, que no parece razonable que se reconozca en Kosovo lo que se rechaza en otros lugares, bueno sería que quienes tal criterio abrazan se planteasen si no habría que pelear, no por la negación del derecho de secesión en Kosovo, sino por la extensión de tal derecho a otros escenarios.

Rematemos con la mención de un fenómeno que se ha revelado sibilinamente, en las últimas semanas, entre nosotros. Curioso resulta el cambio de percepción que se ha operado, con enorme diligencia, en determinados discursos públicos. Los mismos que a lo largo de los 20 últimos años han demonizado de manera visiblemente acrítica todas las políticas que cobraban cuerpo en Serbia parecen recorrer hoy el camino contrario. Pareciera como si la necesidad de pertrechar argumentos que permitan contestar la independencia kosovar condujese a aligerar repentinamente las críticas –a menudo impregnadas, por cierto, de gris xenofobia– vertidas durante dos decenios contra la conducta abrazada por los gobernantes serbios. ¡Qué lejos llegan entre nosotros, supuestamente amparados en la magia que desprenden las palabras democracia y derecho, los defensores cabales de las esencias patrias!

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de ‘Guerra en Kosovo. Un estudio sobre la ingeniería del odio’

No próximo dia 7 de Novembro pelas 19.30 terá lugar na FNAC Chiado um debate sobre a revolução russa, no momento em que se passam 90 anos da revolução. Na mesa estará a Raquel Varela, que fará uma apresentação breve do número especial da História dedicado ao tema; o Carlos Taibo, professor da Universidade Autónoma de Madrid e profundo conhecedor da Rússia pós queda do muro, que falará sobre o significado histórico do fim da URSS e o Antóno Louçã, jornalista e investigador, que vai falar sobre a actualidade da revolução russa.

Origen: "El Viejo Topo", febrero 2004.

1- ¿Es una Constitución o ingeniería legal?, ¿cuál es la organización política del 'pueblo' europeo?. 2 - Lejanía entre su texto y la realidad. 3 - Preámbulo autocomplaciente sobre la historia europea. 4 - No soluciona el déficit democrático y persiste el vacío de legitimación. 5 - Derechos sociales retóricos, sin garantías expresas. Mercado, competitividad. 6 - Nada que desvirtúe la Europa-fortaleza frente a la inmigración. 7 - Desaparición de los pueblos: sólo hay ciudadanos y Estados. 8 - Retórica no creíble respecto a política exterior. 9 - Militarización: misiones en el exterior, 'prevención' de conflictos, Agencia Europea de Armamento, OTAN. 10 - No aclara quién más puede entrar en la UE.