Javier Hernández Alpízar

Lo peor de todo es que ya no es novedad. Es un modus operandi de los gobiernos. Y en Veracruz, es ya un uso y costumbre gubernamental.
La noticia dada a conocer por el corresponsal de La Jornada, Andrés Timoteo –sí, el mismo cuya casa en el Puerto de Veracruz fue objeto de dos robos, el primero de su información almacenada en computadora y memoria, y el segundo, de objetos de valor chuleados por los "peritos" que atendieron a la denuncia del reportero, delito por cierto no esclarecido y, por ende, impune–, que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Silvia Domínguez, ha demandado penalmente a los integrantes del Comité de Defensa del Predio La Joyita por supuesto "secuestro" o "privación ilegal de la libertad", tiene todas las características de una receta gubernamental.
Y resulta verdaderamente paradójica, una secretaria del medio ambiente demandando penalmente a ambientalistas. Muy veracruzano.
Durante el sexenio anterior, cuando el gobernador era Miguel Alemán y el presidente municipal de Jalapa era el actual secretario de gobierno Reynaldo Escobar, también un conflicto ambiental –la instalación en un predio de cafetal y bosque de niebla desmontado en El Tronconal de un basurero a cielo abierto, luego transformado en un "moderno y con tecnología de punta" relleno sanitario, la cual causó protestas de la comunidad jalapeña rural de Chiltoyac – fue enfrentado con el código penal como instrumento represor.
La primera acusación contra algunos de los habitantes de Chiltoyac y algunos de los ambientalistas fue, adivinaron: "secuestro"... Durante un show mediático en el que el entonces alcalde de Jalapa pensaba presumir a la prensa su obra, llegaron a pedir la palabra y hacer cuestionamientos algunos campesinos y unos pocos ambientalistas. La comitiva presidencial municipal huyó en una camioneta, con un ambientalista que entonces criticaba a sus colegas, Sergio Aguilar, a bordo junto con los funcionarios municipales.
La demanda por "secuestro" intimidó a la población, y a los ambientalistas también, pero no los desmovilizó, siguieron protestando y luego hubo más demandas penales, por "calumnia", contra periodistas, incluido el caricaturista el Tlacuilo, quien ya no quiere ni acordarse de ese affaire.
En ese momento, las demandas penales, por "secuestro" primero y por "calumnias" después, fueron un método para disuadir la protesta. El relleno sanitario se quedó. Ya su "vida útil" acabó, y el tiempo dio la razón a los señalamientos técnicos de los ambientalistas, quienes leyeron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) casi como si fuera un documento "secreto", documento que vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) luego salió copiado completo, pero aquí no dejaban a los técnicos ni fotografiarlo.
Más recientemente, la demanda penal por calumnia ha sido usada contra Verónica Hernández Argüello, contra quien la empresa productora masiva de cerdos Granjas Carroll convirtió esa demanda, y sus órdenes de aprehensión y de reaprehensión, en una pesadilla kafkiana; y también por un empresario, de apellido Fernández, contra Sergio Aguilar, acusado igualmente de calumnia o de difamación por denunciar que la deforestación de La Joyita acabaría con el hábitat de numerosas aves y fauna endémica. En el primer caso, la empresa retiró los cargos; en el segundo, el dueño de La Joyita perdió el pleito legal ante el ambientalista.
Pero las demandas penales contra defensores del medio ambiente no han cesado. La Alcoholera Zapopan, en el municipio de Cuitláhuac, demandó por calumnias y difamación a los defensores del agua que antes habían demandado a esa empresa penalmente, ante la Procuraduría General de la República (PGR), y con denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por contaminar con vinaza, sustancia tóxica residuo de la producción de alcohol, las aguas del río Atoyac y sus afluentes, así como campos de cultivo de diversos productos, como el limón persa de exportación.
Actualmente, las demandas de las comunidades afectadas duermen el sueño de los justos, pero ellos sí han tenido que conseguirse un abogado y presentarse a declarar por la demanda penal por "calumnia".
Parece que las demandas suben ahora de tono, ya no son por "calumnia, difamación" o cosa parecida.
Recientemente fue detenido un ciudadano de la comunidad de La Gloria, en Perote, por policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusado junto con otros ciudadanos y ciudadanas de "ataque a las vías de comunicación", por participar en una marcha en defensa del agua y el medio ambiente y en protesta contra Granjas Carroll, movilización protagonizada por centenares de afectados de comunidades de Veracruz y Puebla. La AFI en el estado deteniendo ambientalistas en Perote y campesinos en Ixhuatlán de Madero, otro rasgo común.
Ahora esto que informa Andrés Timoteo en La Jornada on Line: "Integrantes del Comité de Defensa del Predio La Joyita fueron acusados penalmente por el gobierno de Veracruz de privación ilegal de la libertad durante el bloqueo que el lunes pasado realizaron en las instalaciones de la Coordinación General del Medio Ambiente."
El gobierno del estado cuenta con una ventaja enorme. El aparato de justicia estará a su disposición, y las diligencias correrán rápido para que los demandados sean citados a declarar y se vean en la necesidad de gastar tiempo, dinero, atención y energía en defenderse legalmente (y políticamente, porque también tendrán que hacerlo) en lugar de seguir manifestándose como hasta ahora. La ocasión más reciente: el 1 de mayo.
Pero también, al igual que el gobierno poblano en el caso Granjas Carroll, y que empresas como la Alcoholera Zapopan y empresarios como los dueños de La Joyita y ahora la Sedesma, el gobierno tiene una gran desventaja... No le creemos.
Porque observamos que los veracruzanos demandados por defender el agua, el bosque y el medio ambiente son víctimas de una dinámica estereotipada, una receta: usar las demandas penales, sea por "secuestro", "calumnias", "difamación" o "ataques a las vías de comunicación", como instrumentos contra la protesta social ambiental.
Eso se llama judicialización y criminalización de la protesta. Además, al medio ambiente no lo pueden intimidar, como en El Tronconal, el tiempo da la razón a los campesinos y ambientalistas.

Blanche Petrich /II y último
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/27/index.php?section=politica&article=010n1pol

El Ejército reagrupó sus unidades en el territorio indígena de Chiapas en los dos pasados años, desplegando fuerzas especiales en la modalidad de agrupamientos o grandes unidades en todas las cañadas y regiones donde existe conflictividad entre comunidades zapatistas y poblados controlados por grupos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y la Unión de Uniones, de filiación priísta o perredista, que en los últimos años han encabezado el hostigamiento contra los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno.

La consecuencia de esta reorganización, detectada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en un estudio de campo, es que al plan constrainsurgente vigente desde hace 13 años se ha sumado una estrategia de despojo de tierras contra las bases de apoyo zapatistas en las zonas de la Selva, las Cañadas, los Altos y el norte del estado. En este nuevo accionar se ha incorporado un factor que no se había observado anteriormente, explica el director del CAPISE, Ernesto Ledesma: “Hay una articulación flagrante entre el Ejército federal, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los grupos campesinos hostiles al zapatismo”. El objetivo principal, concluye la investigación, es quitar a las comunidades que surgieron del levantamiento rebelde de 1994 todas las tierras recuperadas en el periodo inmediatamente posterior al levantamiento de ese año.

La más reciente investigación del CAPISE, elaborada por brigadas de observación de los pobladores zapatistas y los miembros del centro de análisis, logró levantar un mapa de la zona, en el cual se aprecia con claridad que justamente en las zonas donde hay mayor tensión entre comunidades priístas y zapatistas, siempre por conflictos de tierras recuperadas que los grupos hostiles a los rebeldes pretenden apropiarse, siempre hay una, dos y hasta tres posiciones militares. En todos los casos se trata de fuerzas especiales o cuarteles que alojan dos brigadas de infantería.

Este despliegue fue observado, por ejemplo, en Taniperla, que es el pueblo donde se formó la Opddic bajo la dirección de Pedro Chulín, identificado desde hace años como cabeza de un grupo paramilitar, ex diputado priísta, aliado del ex gobernador Roberto Albores en la destrucción del primer intento de municipio autónomo que se hizo en ese lugar. En este caso, la brigada militar se alberga dentro de la propia comunidad.

El mismo despliegue de unidades de elite se observó en San Caralampio, las cañadas de Las Tacitas y La Garrucha, y en la cañada tojolabal. Salvo las brigadas de infantería desplegadas en El Edén y Altamirano, en todos los demás cuarteles se ubican agrupaciones (dos brigadas) o grupos aeromóviles de fuerzas especiales.

“A partir del contacto y la convivencia de las comunidades con la tropa de las unidades especiales detectamos un ritmo muy acelerado de descomposición social. A diferencia de lo que hacen las brigadas convencionales, que instalan prostíbulos con sexoservidoras que llevan de las ciudades cercanas, en estos poblados desarrollan los servicios de prostitución con población local. También se observó que en cada uno de los poblados que se relacionan con los cuarteles en un lapso de uno o dos años se agudizaron las agresiones contra las poblaciones zapatistas. Los grupos afines al PRI o al PRD presionan para desalojar de las comunidades a las bases rebeldes”.

Los investigadores han recolectado información que les permite describir toda una batería de métodos para conseguir el despojo de tierras recuperadas, que incluye robo de cosechas y leña, amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, talas de bosque, destrucción de haberes colectivos, portación de armas y, en algunas ocasiones, retención de la libertad de bases zapatistas.

En cada uno de los conflictos se ha definido un mismo patrón de la agresión. A la fecha, el Tribunal Unitario Agrario tiene centenares de casos de diferendos por resolver, en su mayoría demandas de la Opddic, que reclama como propias tierras de los zapatistas. Cuando la Procuraduría Agraria envía a sus visitadores o a notarios, por lo general éstos avalan asambleas irregulares. Y cuando la crisis amenaza con desencadenar hechos violentos, se hacen presentes patrullas de Seguridad Pública estatal o municipal que apoyan incondicionalmente a los grupos hostiles, dejando indefensos a los que pertenecen a las bases de apoyo zapatista. En los accesos a los pueblos –o incluso dentro de ellos– están a la espera las tropas especiales del Ejército, que mantienen abierta relación con los líderes agresores. “La complicidad es flagrante”, afirma Ledesma.

Con el despliegue de 29 campamentos de la 39 Zona Militar en la Selva y el norte del estado y otros 23 de la 31 zona en las Cañadas y los Altos, que incluye al menos cuatro GAFES, seis compañías de infantería no encuadradas (CINE) y un batallón de comunicaciones especiales que depende, no de la Región Militar VII –que corresponde a Chiapas–, sino directamente del Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, “puede entenderse que este despliegue militar “de alto impacto para operar contra el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados o terrorismo, como se asienta en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, está listo para acatar una orden y entrar en acción”, indica el director de CAPISE.

Interrogado sobre si se trata de un escenario para entrar en acción no sólo contra las bases zapatistas, sino también contra el EZLN, aclara: “Desde el punto de vista táctico está listo. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Solamente que puede hacerlo en cualquier momento”.

Ricardo Murillo Monge y su hermana Mercedes fundaron en 1993 la ONG  Frente Cívico Sinaloense, desde entonces han trabajado en pro de la  defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Él se  distinguió por su trabajo a favor de los derechos humanos de las  personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y en casos  graves de violaciones a derechos humanos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas para  que preserven con cuidado la evidencia del caso y para que investiguen  de manera pronta, eficaz e imparcial el asesinato del defensor de  derechos humanos Ricardo Murillo Monge.

Amnistía Internacional ve con preocupación que este crimen puede estar  relacionado con el trabajo de Ricardo Murillo Monge como defensor de  derechos humanos y, por tanto, considera que otros miembros Frente  Cívico Sinaloense pueden estar en peligro. Así, Amnistía Internacional  hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas de  protección necesarias a favor de Mercedes Murillo Monge y de todos/as  los miembros del Frente Cívico Sinaloense.

El esclarecimiento del asesinato del defensor de derechos humanos,  Ricardo Murillo Monge, debe ser una prioridad tanto para las  autoridades estatales como para las federales. La protección de otros  defensores y defensoras de derechos humanos y la posibilidad de que  ellos/as puedan adelantar su trabajo sin temor o dificultades  adicionales, depende de que las autoridades demuestren la voluntad y  capacidad de esclarecer los hechos y de llevar los responsables ante la  justicia.

Amnistía Internacional seguirá de cerca estos esfuerzos y las medidas  de protección implementadas para garantizar la integridad de los  otros/as miembros del Frente Cívico Sinaloense.
 
Nancy Tapias, Campaigner. Equipo de México. Amnistía Internacional.  Secretariado Internacional. Mexico team. Amnesty International.  International Secretariat. 1 Easton Street. London WC1X 0DW. United  Kingdom. E-mail: mexteam@amnesty.org - Tel: +44 (0)20 7413 5704/05/06.  Fax: +44 (0)20 7956 1157. Working to protect human rights worldwide.

¡Libertad Presos Políticos y de Conciencia! www.comitecerezo.org - http://www.espora.org/vientodelibertad - Tel.  (55) 56 55 94 65 / Cel. 045 55 10 47 20 31

By pomścić klęskę Cortés zajął i zrównał z ziemią leżące blisko Tenochtitlan miasto Iztapalapa. Była to celnie wymierzona zemsta. Wybrany krótko przed bitwą królem Azteków Cuitlahuac był władcą tego miasta.



Obecnie Iztapalapa to biedne przedmieście miasta Meksyk słynące głównie z wysokiej przestępczości. W czerwcu robotnicy natknęli się w nim na azteckie mury. Teraz archeolodzy orzekli po wstępnych badaniach, że to najpewniej pozostałości głównej piramidy miasta zniszczonej przez mszczących się konkwistadorów. O tym, czy będą odkopywać ruiny, zdecydują za ponad rok.



Na podstawie Yahoo/Reuters.



Ilustracja: Portret króla Cuitlahuaca z księgi Primeros Memoriales.

Pescadores de La Charca buscan las pocas especies que les ha dejado la contaminación. Foto: Jaime Rivera / Diario de Xalapa

Diario de Xalapa
31 de julio de 2007

Ignacio Domínguez ( Enviado Especial )

La Charca, Tierra Blanca, Ver.- La mortandad de peces en este brazo del río Blanco acabó con todo y ahora ya no hay especies, se quejaron amargamente pescadores que regresaban de realizar su actividad en ese cuerpo de agua.

Esta comunidad de La Charca es de las más alejadas de la cabecera municipal de Tierra Blanca y a este riachuelo que está cubierto de lirio acuático le llaman laguna. Sin embargo de aquí viven cientos de familias que comercializan el pescado.

Los pescadores aseguraron que los desechos que arrojan las alcoholeras mataron a los peces y a otros los corretearon, pero señalaron que la mortandad era casi cada ocho días.

Durante un recorrido por esa zona ya no se localizaron restos de animales muertos como culebras, reses, patos y otros que tomaron agua contaminada.

Por su parte el biólogo José Luis Ojeda Gallardo, director de Ecología del ayuntamiento de Tierra Blanca, indicó que ya son varios años que se tienen los mismos problemas de la mortandad de peces en La Charca y María Lizamba.

El funcionario municipal dijo desconocer cuándo ocurrió la última mortandad de peces "porque a veces ni nos avisan los pescadores".

Comentó que son rumores entre los pescadores de que es la alcoholera de Cuitláhuac, pero aclaró que pruebas contundentes como municipio que "nos permitan hacer una demanda, no las hay ".

Remarcó que se han hecho denuncias ante la Comisión Nacional del Agua y ante la Profepa y no se ha avanzado en las investigaciones.

Además dijo que el ayuntamiento no puede actuar porque es un problema que le compete a la Federación.

Hizo saber que la contaminación acabó con todas las especies de agua dulce como el camarón, mojarra, jaiba y otras.

Sin embargo, los pescadores están conscientes de que la mortandad es ocasionada por la alcoholera de Cuitláhuac.

"Nos hemos quedado casi sin comer porque no hay pesca", aseveró Victorino Avendaño Pérez.

Dijo que fue una porquería el agua que tiraron al río ya que la pestilencia invadió todas las rancharías.

No ha habido nada de pesca, resaltó el pescador, quien afirmó que ya han hecho muchos reportes de las mortandades de los peces, "pero como si no las hiciéramos".

De esta laguna viven muchas familias de El Barrio, Del Moral y otras tantas y el clamar de los pescadores es que vengan las autoridades a ver los daños que nos provocan las fábricas que están ubicadas en la región de Córdoba.

Los pescadores culpan a la alcoholera de Cuitláhuac de haber provocado la mortandad de peces por varias ocasiones porque tira la vinaza y otros desechos de la caña a las aguas del río Blanco y esto ya se ha comprobado con estudios, pero ahora la Comisión Nacional de Agua no ha hecho nada.

Diversos pescadores regresan en sus pequeñas lanchas desilusionados porque la gran contaminación ahuyentó a los peces.

Pescadores de esta zona y de la laguna de Lizamba culpan a la planta destiladora de alcoholes y mieles ubicada en el municipio de Cuitláhuac, que está a más de 75 kilómetros de esta zona.

Plácido Chávez, pescador de la laguna de Lizamba, informó que los propietarios de las plantas destiladoras de alcohol quieren disfrazar las cosas, pero está más que visto y todos los habitantes de Mata Tenatitos, Carrillo Puerto y el mismo municipio de Cuitláhuac han sido afectados por esa alcoholera.

También denunció a la alcoholera de Zapopan, la que ahora sus desechos los riega en el campo, pero existe la versión de que esa planta acarrea sus desechos y los viene a tirar a las afluentes del río Blanco.

Los pescadores están esperanzados en que se solucione el problema de la mortandad de peces ahora que el ayuntamiento está convocando a una reunión con los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, los industriales y pescadores para que se llegue a un acuerdo.

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Please find below a note concerning the charge of slander issued by the Zapopan Alcohol Company against the local residents and the Ecological Producers Association of Tatexco (APETAC) in Veracruz State, Mexico.

Adapted from the Spanish at: http://zapateando.wordpress.com/2007/07/02/alcoholera-zapopan-demanda-a-defensores-del-medio-ambiente-en-veracruz/

A complaint against the industrial plant submitted to the Attorney General, the Mexican Environmental Protection Agency and the National Water Commission is ignored; instead its signatories are placed under surveillance by security forces. One of the charged organizations, APETAC, is an adherent to the Other Campaign.

Zapateando.– The Zapopan Alcohol Plant, originary of the Mexican States of Michoacán and Jalisco, charges slander against residents who issue formal complaints against the company's environmental pollution in Veracruz State. The Zapopan alcohol production plant in the municipality of Atoyac, Veracruz had been denounced to Federal Attorney General, the National Environmental Protection Agency (PROFEPA) and the National Commission of the Water (CNA) for dumping fermented liquid waste (vinasse) on land and water.

The Veracruzans who signed the penal demand to the Attorney General and an official complaint to PROFEPA and the CNA are representatives of communities affected by the Zapopan plant's pollution in the Atoyac River and environs - contaminating arable land, irrigation streams and water bodies that flow into the Gulf of Mexico. Affected communities are located in the municipalities of Central Veracruz: Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla and Yanga. Isaúl Rodriguez Merales, member of the Rural Producers Association of Tatexco AC (APETAC), an adherent organization to The Other Campaign, is among the signatories that Zapopan now accuses of slander. On Sunday July 1 Radio Teocelo's The Other Campaign, Privileging the Ear interviewed Matilde Robles - another signatory now charged with slander. Robles indicated that communities would defend themselves against this legal maneuver to intimidate them and the complainants would continue insisting that the plant end its dumping practices. To summarize from the signatories' press release: 'The communities affected by the vinasse (a toxic waste produced in the transformation of molasses into alcohol) contamination… placed formal complaints before the Attorney General's office of the Republic (PGR) as well as the National Environmental Protection Agency (Profepa) and the National Water Commission". Both complaints, they indicated, have entered the slow bureaucratic process via which the citizens of Veracruz and Mexico must negotiate to "defend the environment and the health of our children. They have not even notified us of any concrete action to investigate the pollution".

Those who signed the popular denunciation to PROFEPA and the CNA are residents of communities affected by dumping into agricultural lands and the Atoyac River, which channels into the Gulf of Mexico. These central Veracruzan communities include: Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla y Yanga . The "slander" charge made by the Zapopoan Company has been officially processed by the Attorney General's office at PGR/VER/COR/11/078/2007, while "the citizens who signed the legal complaint against the company are now cited as the accused. We see this as a clear attempt to intimidate the communities into dropping their demand for respect of their environmental and health rights. " Hilario Vázquez Durán of Arroyo Azul in the Municipality of Carrillo Puerto, Matilde Robles Gómez of Cuitláhuac, Isaúl Rodríguez Merales of the Ecological Producers Association of Tatexco AC (APETAC) along with the rest of the signatories of the complaint "must now defend themselves legally from the charge made by the company, but will not retract their demand that environmental law be implemented, and the Zapopan plant obliged to cease dumping toxic residue."

In an earlier press conference in Jalapa on October 8 2006, the day the complaint against Zapopan was issued to the Attorney General's office, signatories explained the environmental problems generated by the plant. These are summarized at www.ecoportal.net: "The waters of the Atoyac river, polluted by Zapopan, are used for domestic consumption, crop irrigation, and to water livestock in150 communities. The company generates approximately 70 barrels of vinasse daily which is then discarded onto fields as 'fertilizer'. The substance, however, is not a fertilizer, is dumped in large quantities and subsequently carried by rain water to the riverbed."
"Vinasse is the waste substance generated in the production of cane alcohol. The pollution from the Zapopan plant has been transported through streams and rivers to Potrero Nuevo, Medellín and Boca del Río, Veracruz. The polluted waters turn dark red, give off a foul odor, and are infested with worms and black flies… The river water thus becomes useless for bathing and washing of clothes, forcing inhabitants of these areas to look for other water sources, in some cases at considerable distance. Those who bathe in the water have developed hives and spots on their skin, rashes, and in a some cases loss of toe-nails. Where potable water is unavailable, mothers have had to wash their babies with purchased water, a very expensive option given that many inhabitants of the region live in poverty. Various species of dead fish in addition to lobster, crayfish and other seafood floated on the water which was also filled with bloodsuckers. In local fish-ponds/farms, fish stocks died. In addition some dogs, pigs, goats and cows aborted their young. There were also deaths of armadillos. The vinasse also caused the deaths of ducks, turkeys, cows, hogs, and damaged fields of beans, tomato, chili peppers, corn, sesame and lemon."
"The alcohol plant is trying to save money and thus does not invest in a proper treatment plant for the water, a process that is carried out in Colombia and Cuba which employ the treated waste in industrial production of building materials like cement and mortar. The government of the state of Veracruz gave its word that not one further drop of vinasse would enter the water. They have not lived up to this promise. Instead, state authorities have defended Zapopan against the will of thousands of Veracruzans. Consequently, the government negatively affects more sources of employment than it creates given that the alcohol plant has created 80 jobs, but negatively affects thousands employed in lemon farming."
The PRG, the Profepa and the CNA are quite aware of the complaints against the Zapopan made by representatives of communities in the municipalities of Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puertos and Cotaxtla and the Association of Ecological Producers of Tatexco) (APETAC) with legal counsel of the Mexican Center of Environmental Law (CEMDA). Zapopan has answered by filling the region's commercial media with statements by local "opinion leaders" in their defense, including some well-known politicians. And now they are level an accusation of "slander" against environmental advocates.
A similar strategy has been unsuccessfully employed against the environmentalist Sergio Aguilar, who alerted the public concerning pollution in the reserve area in Jalapa known as La Joyita, a home to native species of birds and vegetation. In the ensuing judicial case against Aguilar by the landowner – the Fernandez family, Aguilar won. Nevertheless a project to build a Wal-Mart, a housing estate and a hospital in the reserve area remains in place.
Other similar cases to Zapopan and La Joyita are a series of judicial charges made by the American business Carroll Farms against inhabitants of Perote, Veracruz, nearby communities of Populates and the journalists who transcribed the statements of the inhabitants. Here residents complained of the overuse of the aquifer by large industrial pork plants (in factories of approximately one thousand hogs). Recently Carroll Farms retracted their charge against Veronica Hernández Argüello who had endured months of legal harassment and threats of arrest for the alleged crime of "slander" after reading a communiqué over the air at the Perote Radio Station concerning the pollution. Despite failures in these cases, the current business strategy in Veracruz is to quickly charge slander against environmental justice advocates, hoping to force civilian complaints to be dropped or ignored.

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Zapateando.– La empresa Alcoholera Zapopan SA de CV, originaria de Michoacán y Jalisco, cuya planta productora de alcohol en el municipio de Atoyac, Veracruz, ha sido demandada penalmente ante la Procuraduría General de la República, y con una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional del Agua, por desechar vinaza a la tierra y el agua, ahora ha demandado penalmente por el supuesto delito de "calumnia" a los firmantes de la demanda penal contra ella.
Los ciudadanos veracruzanos firmantes de la demanda penal ante la PGR y la denuncia popular ante Profepa y CNA son representantes de las comunidades afectadas por el riego al ambiente, tierras de cultivo, canales de riego y cuerpos de agua como el río Atoyac, que desemboca en el Golfo de México. Las comunidades afectadas son de los municipios del centro de Veracruz: Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla y Yanga.
Entre los firmantes de la demanda penal contra la alcoholera, ahora demandados por la empresa, está Isaúl Rodríguez Merales, integrante de la Asociación de Productores Rurales Tatexco AC (APETAC), organización adherente a la Otra Campaña.
En entrevista telefónica, el domingo 1 de julio en el programa La Otra Campaña, Privilegiando el Oído, transmitido por XEYT Radio Teocelo, una de las firmantes de la demanda penal contra la Alcoholera Zapopan y ahora demandada por la empresa, Matilde Robles, informó que ya se presentaron a declarar ante el ministerio público y se aprestan a defenderse legalmente de la que ellos consideran una maniobra para intimidar a las comunidades, con el fin de que desistan de su exigencia de que la alcoholera no riegue más vinaza en el agua.
"Las comunidades afectadas –explican en un comunicado de prensa– por la contaminación que ocasiona la vinaza, residuo tóxico resultado de la transformación de la melaza en alcohol, que la empresa Alcoholera Zapopan SA de CV derrama a la tierra, el agua y el medio ambiente, en los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto y Cotaxtla, pusimos una demanda penal ambiental ante la Procuraduría General de la República (PGR), y una demanda popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua".
Ambas demandas, señalan, han entrado en el lento proceso burocrático por el que transitan las quejas de los ciudadanos veracruzanos y mexicanos que "defienden el medio ambiente y la salud de nuestros hijos. Ni siquiera nos han notificado de alguna acción concreta para investigar la contaminación".
En cambio, una demanda que puso la empresa Alcoholera Zapopan SA de CV por el supuesto delito de “calumnia” y en agravio de su negocio de producir alcohol ya ha sido integrada, con el número de averiguación PGR/VER/COR/11/078/2007, y "los ciudadanos que firmamos la demanda penal contra la empresa ahora hemos sido citados a declarar como acusados. Esto lo consideramos un claro intento de intimidar a las comunidades afectadas para tratar de disuadirlas de exigir sus derechos ambientales y a la salud."
Hilario Vázquez Durán, de Arroyo Azul, municipio de Carrillo Puerto, y Matilde Robles Gómez, de Cuitláhuac, Isaúl Rodríguez Merales de la Asociación de Productores Rurales Tatexco AC (APETAC) y los demás firmantes de la demanda penal contra la empresa productora de alcohol ahora "nos vemos en la necesidad de defendernos legalmente de la demanda penal de la empresa, sin por ello dejar de exigir que las leyes que protegen el medio ambiente se apliquen y obliguen a la Alcoholera Zapopan a no desechar al medio ambiente la tóxica vinaza."
En anterior rueda de prensa en Jalapa, ofrecida el día que pusieron su demanda ante la PGR contra la empresa, el 8 de octubre de 2006, explicaron los problemas ambientales que ha generado la vinaza. Así lo resume www.ecoportal.net
"La alcoholera Zapopan SA de CV contamina el río Atoyac, cuyas aguas sirven para consumo doméstico, el riego de los cultivos y la cría de animales a 150 comunidades. La empresa está generando aproximadamente 70 pipas diarias de vinaza y la riega en los campos, como fertilizante, pero esa sustancia residual no es fertilizante, las cantidades son muy grandes y la lluvia las arrastra a los ríos."
"La vinaza es el residuo de la producción de alcohol de caña. La contaminación que la que alcoholera Zapopan ha causado en los canales y ríos ha llegado desde Potrero Nuevo hasta Medellín y Boca del Río, Veracruz. Las aguas contaminadas se pintaron de rojo oscuro, se pusieron apestosas, se llenaron de gusanos y de zancudos."
"El agua de los ríos se volvió inútil para bañar y lavar ropa, obligando a los afectados a buscar agua en manantiales que para algunas comunidades quedan retirados. A quienes se bañaron con esa agua les salieron ronchas y granos en la piel, les dio mucha comezón y a algunos se les cayeron uñas de los pies. Donde no hay agua potable, las madres han tenido que bañar a sus bebés con agua de garrafón, un lujo para personas pobres de esos poblados."
"Los peces flotaron muertos, se acabaron las mojarras, truchas, juiles, huevinas, langostinos, camarones, y el agua se llenó de sanguijuelas. Las aguas contaminadas mataron las mojarras criadas en estanques. Malparieron sus crías las perras, cerdas, borregas y vacas. Hubo muertes de toches (armadillos). La vinaza mató gallinas, patos, guajolotes, vacas, cerdos, burros y perjudicó cultivos de frijol, tomate, chile, maíz, ajonjolí y limón."
"La alcoholera está contaminando por ahorrar dinero, no quiere gastar en una planta tratadora que procese el agua y la deje libre de vinaza, proceso que es posible y se realiza en países como Colombia y Cuba, aprovechando esos residuos en la producción industrial de materiales de construcción como cemento y mortero."
"El gobierno del estado de Veracruz dio su palabra de que ni una gota de vinaza iría al agua. La promesa no se ha cumplido. Las autoridades han defendido a la alcoholera contra la voluntad de miles de veracruzanos. El gobierno está perjudicando más empleos de los que crea, con la alcoholera Zapopan produce 80, pero afecta a miles de empleos en los cultivos de limón."
La PRG, la Profepa y la CNA tienen ya conocimiento de las denuncias contra la alcoholera Zapopan puestas por representantes de comunidades de los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto y Cotaxtla, la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco AC (APETAC), con la asesoría legal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La Alcoholera Zapopan ha contestado llenando los medios comerciales de la zona con declaraciones de "líderes de opinión" regionales, incluidos algunos connotados políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que defienden a la alcoholera. Y ahora demanda por "calumnia" a los defensores del medio ambiente.
Esta estrategia ha sido usada sin éxito por la familia Fernández contra el ambientalista Sergio Aguilar, quien alertó sobre la afectación a un área verde en Jalapa, en el predio La Joyita, donde hay especies endémicas de vegetales y aves, principalmente. El ambientalista ganó en el proceso por "calumnia" que el propietario del terreno puso contra él. No obstante, sigue en pie el proyecto de construir en esa área verde un Wal-Mart, una unidad habitacional y un hospital.
Otro caso reciente es la serie de demandas penales de la empresa norteamericana Granjas Carroll contra habitantes de Perote, Veracruz y comunidades cercanas de Puebla, y contra periodistas que transcribieron sus declaraciones, por quejarse de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación por la cría industrializada y masiva de cerdos (en naves industriales de mil cerdos aproximadamente). Recientemente se desistieron en su demanda contra la ciudadana Verónica Hernández Argüello, quien vivió meses de acoso legal, con órdenes de aprehensión y órdenes de reaprehensión por el supuesto delito delito de "calumnia", igual que en los casos La Joyita y Alcoholera Zapopan, en su caso, por un comunicado que se leyera al aire un una estación de radio en Perote.
A pesar de esos fracasos, en Veracruz, la estrategia de las empresas contra los defensores del medio ambiente sigue siendo el recurso de demandarlos por "calumnia", con procesos penales que tienen una celeridad tal la que las autoridades niegan a las demandas ciudadanas.