El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”

A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”

El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”

En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio." SB Noticias - Revista Digital San Borondón.

Para leer el artículo, pinche aquí.

El Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana. (...)" Soledad Gallego - El País.es - 4 de Mayo de 2005

Para leer el resto del texto, pincha aquí.

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos se centra en cinco grupos relevantes de información: a) Información sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las contrataciones de servicios; e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. Esta información debe encontrarse en las webs de las distintas corporaciones locales para que los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones y con conocimiento de causa sobre temas de especial relevancia en la vida de nuestros municipios.

Para ver más información sobre el Índice y el proceso de análisis y evaluación que se llevará a cabo, pincha aquí.

Fotocopias municipales
20.04.2008 - Carlos Gallego Brizuela
A quien no haya percibido el carácter revolucionario del reciente anuncio del presidente Herrera para la implantación de la telemática en la comunicación de los ciudadanos con la Administración pública regional, le vendrá bien conocer la experiencia de quien precise obtener unas simples fotocopias de un expediente del Ayuntamiento de Valladolid, el trámite más sencillo de todos los imaginables. En primer lugar, tiene usted que 'echar' una instancia en el Registro General (en la trasera del Ayuntamiento, colapsado salvo a primeras horas de la mañana), que pasa a un concejal para que dicte un decreto (¿un decreto!) accediendo a su solicitud (si es el caso) y advirtiéndole de que tiene que pasar por el Negociado de Tesorería (también en el edificio principal) a pagar las tasas, a razón de 0,20 euros cada fotocopia. Notificado el decreto aproximadamente una semana después y hecho el pago, se va usted con el justificante a la dependencia correspondiente, en esta ocasión del edificio de San Benito, donde le entregan las fotocopias después de firmar el correspondiente recibo. ¿Y todo para obtener unas simples fotocopias! Naturalmente, las cosas ocurren así por pura indolencia, perpetuando un trámite propio de la más rancia burocracia. Porque nadie se ha puesto a pensar que ese trasiego de ires y venires, de colas y esperas, y de papeles inútiles para la misma Administración, y particularmente para el ciudadano, y esa semana perdida en el empeño, no se ven en absoluto compensados en el conjunto de la economía municipal por el puñado de euros que así se recaudan al cabo de cada ejercicio. Afortunadamente, la vieja displicencia con la que los funcionarios de antaño trataban al administrado se ha trocado en una atención considerada, lo que sólo es un parcial consuelo.

Vamos, que ejercer el derecho de acceso... no es muy accesible.

El acceso a la información pública constituye uno de los pilares de una Administración transparente, eficaz y moderna.

Frente al resto de países de su ámbito, España carece de una ley que regule el acceso a la información pública. En el panorama español pueden encontrarse varias leyes que aluden en su articulado al acceso a la información, pero ninguna que se dedique en exclusiva a ello. La normativa vigente establece derechos y límites, pero lo hace de forma dispersa y confusa, creando confusión tanto en el ciudadano, que no conoce sus derechos, como en el funcionario que custodia los documentos, que no tienen claros sus deberes.

El artículo 105b de la Constitución, declara que la ley regulará el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros, y establece como límites la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1979 interpretó dicho precepto como de "carácter programático", precisando para su plena aplicación una ley de desarrollo, que aún no ha llegado.

La ley de acceso a la información pública habrá de resolver la consulta de los documentos de la Administración atendiendo a varios puntos de vista. Por una parte, el del ciudadano que pretende acceder a la información pública, a la vez que confía en la protección de sus datos personales. Por otra, el del funcionario obligado a proteger los documentos de la Administración, a guardar sigilo y a decidir sobre la accesibilidad.

Para leer el resto del artículo pincha a continuación: Acceso a la información y archivos

Extracto de la entrevista aparecida en la Revista Consejero en Febrero de 2008, realizada por la periodista Julia Pastor a Helen Darbishire de Access Info Europe, organización miembro de la Coalición Pro Acceso. Para leer el artículo pincha en sus diferentes páginas a continuación:

El párrafo anterior es un extracto del reportaje aparecido en el último número de la Revista La Clave (Febrero 2008), realizado por Nazareth Castro, en el que se entrevista a Helen Darbishire y Eva Moraga, ambas de Access Info Europe, asociación miembro de la Coalición Pro Acceso. Para ver más detalles de las entrevistas, pincha en las distintas páginas a continuación:

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace presentaron hoy en Madrid un "decálogo" con las propuestas que, en su opinión, deberían centrar los programas electorales de los partidos políticos y la agenda política de 2008.

Entre las diez peticiones se incluyen compromisos contra el cambio climático, iniciativas "reales" de lucha contra la pobreza y una reforma "radical" de la política migratoria para que "respete los derechos humanos". (...)

La herramienta de las ONG para regular el cumplimiento de estos compromisos, si se alcanzan, y de la actividad del Gobierno en general, será una Ley de Acceso a la Información Pública, iniciativa que demandan para garantizar el acceso libre de todos los ciudadanos a información pública real y poder "monitorear" la actividad de los responsables políticos. "Eso es transparencia", concluyó Arpa. Ver el artículo entero aquí

El día 22 de Enero tuvo lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, de 10 a 12 de la mañana, el Foro organizado por la Coalición Pro Acceso "El Derecho a Saber - Por una ley de Acceso a la Información Pública en España".

El Profesor Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y miembro fundador de la Coalición Pro Acceso (www.proacceso.org) expuso por qué en España el acceso a la información debe considerarse como un derecho fundamental.

La presentación de Manuel Sánchez se puede leer aquí Presentación de Manuel Sánchez de Diego

Brigitte Alfter, la periodista que creó el sitio Web Wobbing Europe (www.wobbing.eu), dio ejemplos de cómo los periodistas de otros países están utilizando las leyes de acceso a la información para conocer cómo el gobierno está empleando sus fondos. También presentó la experiencia del proyecto Farmsubsidy.org (www.farmbsubsidy.org) cuyo objetivo es hacer más transparente el reparto y adjudicación de las ayudas y subvenciones de la política agrícola común de la Unión Europea.

La presentación de Brigitte se puede descargar aquí Presentación de Brigitte Alfter

Soledad Gallego, periodista de El País, destacó la importancia del derecho de acceso a la información para periodismo de investigación. Subrayó la necesidad de reducir los altos niveles de silencio administrativo (la no-contestación a solicitudes) que padecemos en España.

Eva Moraga, abogada de Access Info y coordinadora de la Coalición, moderando el evento, presentó la Coalición Pro Acceso, e informó sobre la labor que realiza esta Coalición informando a la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación, y el público en general en España sobre el derecho de acceso a la información. Hizo hincapié en el hecho de que en algunos países de nuestro entorno no sólo los periodistas sino cualquier ciudadano puede solicitar con una simple llamada de teléfono que se le remita información como, por ejemplo, un listado de todos los contratos realizados por un organismo público. Subrayó que en otros países la Administración tiene la obligación de contestar de forma inmediata o en un plazo no superior a 14 días de media. La presentación de Eva Moraga se puede ver aquí Presentación de Eva Moraga

Helen Darbishire, directora de Access Info, presentó la situación de acceso a la información en otros países y mostró cómo solicitar y recibir información a través de los sitios Web de diferentes ministerios de Reino Unido. Ella misma enseñó una solicitud en el acto que a continuación presentó en el Ministerio de Fomento en España. La presentación de Helen Darbishire se puede ver aquí Presentación de Helen Darbishire

Durante el debate con los periodistas, académicos, representantes de ONGs, archiveros y otros miembros del público surgió la preocupación sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. Los expertos explicaron que en otros países se ha resuelto está tensión entre estos dos derechos con la creación de Comisionados de Información (o en algunos países Comisiones de Información) los cuales tienen como una de sus tareas la protección de de ambos derechos. Estos Comisionados de la Información son similares a las Agencias de Protección de Datos en España pero tienen la doble función de promover y proteger tanto el derecho a la protección de datos como el derecho a saber.

En algunos países de nuestro entorno no sólo los periodistas sino cualquier ciudadano puede solicitar con una simple llamada de teléfono que se le remita listado de todos los contratos realizados por un organismo público durante un período de tiempo y la Administración tiene la obligación de contestar de forma inmediata o en un plazo no superior a 14 días de media.

¿Qué es lo que ocurre en España para que esta situación nos suene a utópica o ciencia ficción? ¿Por qué España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley específica de acceso a la información pública que regule este derecho en toda su extensión?

En este foro tendremos la oportunidad de conocer cómo se concibe en otros países de nuestro entorno el acceso a la información pública así como los modos en que los periodistas de otros países europeos están utilizando la legislación de acceso en su trabajo diario y la revolución periodística que ha supuesto la introducción de estas normativas en esos países.

Ponentes:

• Brigitte Alfter. Periodista - Wobbing Europe - Ponencia de Brigitte Alfter
• Helen Darbishire. Directora de Access Info Europe - Ponencia de Helen Darbishire
• Soledad Gallego. Periodista - El País
• Manuel Sánchez de Diego. Profesor de Derecho Constitucional. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid - Ponencia de Manuel Sánchez

Moderadora:

• Eva Moraga. Abogada. Access Info Europe - Presentación del Foro “El Derecho a Saber”

Más información: Puedes ver el programa en Foro El Derecho a Saber

Fecha: 22 de Enero de 2008

Hora: De 10.00 a 12.00

Lugar: Sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, en Juan Bravo, nº 6 Madrid.

Organiza: La Coalición Pro Acceso. La Asociación de la Prensa de Madrid es miembro de la Coalición.

Contacto: Eva Moraga - eva[at]access-info.org - 91 743 14 73

En el primero se trató el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en la nueva ley 11/2007 y los esfuerzos de modernización electrónica de la Administración que desde tanto el gobierno central como desde los autonómicos se está realizando para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la Administración.
El segundo bloque se dedicó más expresamente a definir los límites y zonas fronterizas de ambos derechos (el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales). Emilio Guichot, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla defendió en su ponencia la necesidad de que se apruebe una ley específica de acceso a la información pública en nuestro país. Asimismo recalcó la importancia que este derecho tiene para los periodistas y para el ejercicio libre de su profesión.

El tercer bloque de ponencias profundizó en la la protección de datos tanto en el ámbito de Internet como en el de los Registros públicos. En el cuarto se vieron las ventajas e inconvenientes de que tanto la función de la protección de datos como la de defensa del acceso a la información sean adjudicadas a una misma agencia o, por el contrario, se confieran a dos agencias independientes. Se examinaron el modelo suizo de única agencia y el modelo canadiense de doble agencia.

Finalmente, en el cuarto intervinieron los directores de las cuatro agencias de protección de datos de nuestro país. Todos los directores de las agencias autonómicas mostraron su interés por la aprobación en España de una ley de acceso a la información pública, que promueva la transparencia de la Administración, que clarifique la legislación existente al respecto en nuestro país y que esté conforme con los estándares reconocidos a nivel internacional.

Para más información sobre este encuentro, pincha aquí

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. "Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos", comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será "revolucionaria", resume su esencia: "Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder". (...)" Rosario G. Gómez - El País.com

Para leer el resto del reportaje, pincha aquí.