emeequis

mar/04/08 

   La grabación publicada por Proceso muestra en toda su vulgaridad al Director de Información de Televisa: “Ya lleva un mes de incendiaria; desde hace un mes va a todos los foros; nos mienta madres, pide que nos quiten canales”.

   En esos términos Javier Tejado Dondé se refería a la periodista Carmen Aristegui. La grabación de la charla que sostuvieron dos funcionarios del consorcio mediático le permitió a Proceso asegurar en su portada del 24 de febrero pasado: Fue de Televisa la conjura contra Aristegui.

   Así lo han creído, porque así quisieron creerlo, muchos simpatizantes de la dinámica periodista que fue despedida de XEW al comenzar el año. Como han estado convencidos de que la culpa de la salida de Aristegui del noticiero matutino de esa emisora es de la cúpula de Televisa y no del grupo español PRISA (consorcios, ambos, que comparten la propiedad de la cadena radiofónica) no pocos lectores y radioescuchas encontraron en aquel reportaje la confirmación de tales certezas.

   Sin embargo en esa conversación lo único que se confirma es la torpeza política, verbal e incluso jurídica de los abogados de Televisa. Allí Tejado le pide a Joaquín Balcárcel, vicepresidente Jurídico de la empresa, que intervenga ante otras firmas de telecomunicaciones para que respalden las reformas que fueron conocidas como Ley Televisa y que estaban siendo discutidas en el Senado. De paso, aprovecha para despotricar contra la periodista que les daba espacio en su noticiero a impugnadores de aquellas modificaciones legales.

   “Ella es la vocera de todos estos grupos que han vivido durante 10 años de golpear a los medios electrónicos”, se queja Tejado con un patético desconocimiento de las razones que llevaron a muy diversos sectores de la sociedad a oponerse a la Ley Televisa.

   También ignoraba, a pesar de que en la posición que ocupa supuestamente tiene oportunidad de recibir información muy variada, qué se decía y por parte de quiénes acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Tejado le adjudica a Aristegui puntos de vista que la periodista nunca manifestó en un foro sobre ese tema que se realizó en Ciudad Universitaria.

   Lo que no se infiere de la transcripción publicada por el semanario es que el despido de Aristegui haya obedecido a una conjura del consorcio. La conversación ocurrió en marzo de 2006. Diez meses más tarde Televisa Radio le renovó a esa periodista su contrato anual sin que aquellas animosidades hubieran sido suficientes para impedirlo. (La deplorable remoción de Aristegui de su espacio radiofónico la comentamos en emeequis del 14 de enero pasado).

   Proceso no les explica a sus lectores cómo obtuvo la grabación de la charla telefónica. El autor de la nota, Jenaro Villamil, es sin duda el reportero especializado en medios más conocedor de ese tema en la prensa mexicana. Sin embargo el reportaje del 24 de febrero se limita a transcribir la filtración que alguien le proporcionó a esa revista. Allí no hay aportación periodística alguna.

   La grabación es evidentemente ilegal. Alguien interceptó el teléfono de Javier Tejado. Hace un par de años El Universal publicó fragmentos de otras grabaciones obtenidas al intervenir la línea telefónica de ese funcionario de Televisa. Proceso indica que esta grabación “es distinta” a las que dio a conocer El Universal aunque no aclara si se trata de la misma intercepción telefónica.

   Esas grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita. Los ciudadanos y grupos que impugnan a Televisa y cuyo empeño fue respaldado el año pasado por la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales las reformas emprendidas para favorecer los intereses de las televisoras, tendrían que cuestionar los procedimientos periodísticos ilegales aunque de ellos resulten declaraciones que confirman nuestros recelos y conjeturas. En cambio, durante las últimas semanas hemos leído y escuchado aplausos a la publicación de la charla entre los abogados del consorcio.

   En la disputa por la claridad en los medios de comunicación, los tramposos e ilegales han sido aquellos que defienden los privilegios de Televisa y otras empresas. El único monopolio que no vale la pena disputarles es el de la prepotencia y el abuso contra derechos sociales e individuales. Es un asunto de principios. Y también, si se quiere, de elegancia.

   “Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido. Coge todos los rumores que encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. Y para que se confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca”.

   Con documentada amargura, León Trostsky deploraba en esos términos las versiones que aparecían en la prensa europea cuando, expulsado de la Unión Soviética, llegó a Estambul en 1929. Algunos de los diarios más importantes insinuaban que la disputa con Stalin era solamente una mascarada para que el antiguo Comisario de Guerra soviético estableciera un proyecto expansionista en Turquía. Esas versiones le perjudicaban, ocasionándole la animadversión de varios gobiernos en Europa.

   Aquel reproche consignado por Trotsky en su autobiografía (Mi Vida, publicada inicialmente en 1930) pareciera describir la situación del periodismo que tenemos ocho décadas más tarde. A la prensa le resulta más fácil propalar rumores que investigar acontecimientos. Y una vez que la maquinaria del rumor comienza a andar, en esos mismos espacios periodísticos el comentario de versiones parciales, o sin confirmar, magnifica y en ocasiones legitima los chismes consagrados como noticia.

   Cuando el revolucionario ruso escribió aquella lamentación del sensacionalismo periodístico, ya eran conocidas las interrogaciones que es preciso responder para que exista una información completa:

qué, quién, cómo, dónde, cuándo. No hay escuela de periodismo que no enseñe esas cinco divisas y difícilmente habrá reportero que reconozca su desinterés por cumplirlas. Sin embargo la prensa está repleta de informaciones parciales e imprecisas. La sustitución del periodismo por el estrépito y de la información por la crispación son la contraparte de las resistencias que suelen presentar los medios –tan exigentes con todos y con todo– para autocriticarse.

   Dominado por la subyugante aunque por definición efímera compulsión de la primicia, al periodismo le suele interesar más la urgencia informativa que el rigor contextual cuando da a conocer un acontecimiento. Diarios y noticiarios están repletos de notas que no dicen con claridad qué sucedió, pero que sobre todo suelen omitir los sujetos, las formas, el momento y el sitio de los hechos que comunican. Las noticias son, por lo general, enunciados desprovistos de alguno de esos cinco parámetros esenciales. La premura en el trabajo de los reporteros, la costumbre de mantener a los públicos en estado de sobresalto permanente y el interés de algunos de los protagonistas de las noticias para que solamente se den a conocer versiones fragmentarias, influyen para que tengamos informaciones que no reúnen los cinco elementales requerimientos que indican las normas profesionales.

   Ese periodismo de información deficiente favorece a su vez, entre otros factores, la existencia de un periodismo de opinión rudimentario. A los cinco principios de la información profesional se añade el sustantivo porqué cuando el periodismo, además de enterar, aspira a ofrecer explicaciones de un hecho. Esa es la causa, a la vez que la finalidad, del periodismo de interpretación. Columnas, artículos y editoriales tienen, o al menos eso se supone, tal propósito. Pero en un periodismo tan fallido para responder a las cinco cuestiones esenciales de ese oficio también es frecuente que en vez de explicaciones se ofrezcan admoniciones.

Seis desdeñados ayudantes

   Rudyard Kipling recordó esa media docena de requisitos al cabo de un relato para niños publicado cuando comenzaba el siglo XX: Yo tengo seis honestos servidores / que me enseñaron todo lo que sé / sus nombres son qué, dónde y cuándo / y cómo y quién y porqué. / Los mandé por mar y tierra / Los envié al oriente y al poniente; /  y después de que tanto trabajaron / los dejé descansar tranquilamente. En la prensa de opinión de hoy en día, demasiado a menudo, a esos fieles ayudantes se les manda a descansar antes de tiempo.

   El periodismo crítico, tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos, contribuye poco, y por lo general deficientemente, a la comprensión de los sucesos públicos. Igual que el periodismo de información, se sustenta mucho más en dichos que en hechos. Abomina de los datos duros, aparentemente porque fechas, citas y cifras fatigan a los lectores pero quizá fundamentalmente porque es más sencillo borronear una opinión que arriesgar y sobre todo documentar una explicación. Le importunan las comillas acaso porque quienes lo hacen suponen que hemerotecas y documentos son recursos para la historia y no para la crónica del presente que es el periodismo.

   Así realizado, el periodismo de opinión no suele ayudar a entender lo que sucede sino a desconcertarnos o aturdirnos, añadiendo reprimendas, interjecciones o irritaciones a los temas de actualidad. El periodismo, sobre todo en diarios impresos y noticiarios electrónicos, por lo general tiene que ser rápido y breve. Y es peliagudo exponer en 30 líneas, o en menos de dos minutos, una idea compleja como las que se requieren para ubicar a un acontecimiento en su contexto además de interpretarlo y trazar sus posibles escenarios.

   A esos imperativos de espacio y tiempo se debe, en alguna medida, la propensión de los comentaristas a resolver las situaciones más complejas con retahílas de lugares comunes. De la misma forma, es más fácil adjetivar que dilucidar. La crítica en el periodismo está condicionada por los apremios propios del ritmo acelerado con que se procesan y comentan las noticias. Pero quienes hacen ese periodismo, parapetados en los clichés, por lo general no se esfuerzan por dominar tales limitaciones.

   Para la crítica periodística –desde luego hay excepciones, aunque pocas– analizar equivale a elucubrar. Con enorme frecuencia los comentaristas dejan a un lado la exposición de hechos y se dedican a conjeturar. El análisis de casi cualquier acontecimiento requeriría de un entramado argumental que ni el espacio ni el rating parecen estar en condiciones de propiciar. Por eso al razonamiento, en el periodismo, con frecuencia lo suplantan las impresiones.

   El comentarista de asuntos noticiosos a menudo se convierte él mismo en el centro del espectáculo. El tono personal (me parece que... yo creo que... pues yo opino...) habitualmente enmascara como juicios autorizados los que, carentes de hechos y demostraciones, son simplemente impresiones subjetivas. En unas cuantas frases, el periodismo simplificado de esa manera suele otorgar reconocimientos y, sobre todo, asignar sanciones con enorme ligereza. Si un comentarista considera que un gobernante es ruin o tramposo o, por el contrario, si le parece íntegro y auténtico, podrá contribuir a que la gente así lo piense tan solo con echar a andar cualquiera de esos calificativos. Las opiniones privadas, entonces, se convierten en famas públicas.

   Al prescindir de la exposición de hechos en la que forzosamente se apoya cualquier argumentación y limitarse a ofrecer una sentencia, por añadidura casi siempre terminante, el periodista de opinión tiende a convertirse en pontífice: las cosas son así porque lo digo yo. El empleo excesivo de la primera persona del singular tiende a reforzar ese principio de autoridad. El opinador público cuenta con franquicia para dispensar absoluciones y imputaciones gracias al privilegio de expresarse en los medios.

Trascendidos intrascendentes

   El periodismo admonitorio se respalda en la eficacia del veredicto verbal y las frases hechas. El refranero se convierte en manantial de justificaciones instantáneas. Por ejemplo, no son pocos los comentaristas políticos –incluso algunos habitualmente serios– que se empeñan en considerar que, en esos menesteres, lo que parece es. Si aparentemente ocurrirá o se está fraguando algo, esos analistas le darán visos de certeza a tal posibilidad como si fuera un hecho. Así también, la tendencia a considerar que el que calla otorga puede llevar a conclusiones desacertadas –a veces, quien calla simplemente no quiere decir algo pero no por eso acredita lo que se sospecha de él–.

   Impelidas por el motor de la murmuración, las falsedades se desatan como en espiral. Si de una persona se dice algo que los medios consideran irrefutable, la gran mayoría lo da como cierto aunque no haya evidencias de ello. Si alguien se atreve a formular dudas acerca de esa imagen artificiosamente construida, se le califica como ingenuo, insincero o hasta cómplice. ¿Cuántos casos no hemos conocido de presuntos culpables que a la postre no lo son pero a quienes la habladuría mediática consideró, tachó y sentenció como tales?

   La propagación de versiones incomprobadas llega a ser no únicamente aderezo sino, con frecuencia, la médula de numerosos espacios de presunto análisis en la prensa. En México las columnas políticas han tenido una relevancia que es difícil encontrar en otros países. Durante la segunda mitad del siglo XX la mayoría de ellas fue instrumento de las élites gobernantes para transmitirse mensajes y señales. Siempre constituyeron, además, una suerte de escotilla por la cual los ciudadanos podían asomarse a los vericuetos y cenáculos del poder.

   En un país ahogado entre la ausencia de espacios para la expresión libre y el monopolio de la política a cargo no solo de un partido único sino, con frecuencia, de un totémico y todopoderoso presidente, era entendible que las columnas cumplieran con una función articuladora y en ocasiones incluso relajante entre distintos segmentos del poder. Para la sociedad interesada en los asuntos públicos las revelaciones o trascendidos que ofrecían eran significativas, a falta de información y transparencia. Pero con las transformaciones políticas de los años recientes, que se aunaron a un ejercicio auténtico de la libertad de prensa, las filtraciones dejaron de ser relevantes y en numerosas ocasiones se han convertido en hablillas acerca de la vida privada de los personajes públicos o en simples y flagrantes mentiras.

   Todos los días se publican trascendidos que anuncian nombramientos, destituciones y acciones del poder que nunca llegan a cumplirse. Los autores de esos textos de pretendido análisis político parecieran suponer que los lectores tienen la memoria hueca y prácticamente nunca reconocen cuando equivocan sus pronósticos. Pero cuando aciertan se encargan de recordarle al lector, durante varios días, la primicia que tuvo la ventaja de conocer en ese espacio periodístico.

Pobreza de interlocutores

   La fascinación de la prensa por las filtraciones y su admonición desprovista de pruebas son directamente proporcionales a la escasez de parámetros éticos. Cierto corporativismo gremial, pero sobre todo una marcada intolerancia a cualquier escrutinio por parte de la sociedad, han llevado a numerosos colectivos de periodistas y sobre todo a algunos de quienes ejercen la crítica periodística de manera más conspicua, a rechazar la creación de códigos de ética.

   Esos inventarios de reglas y compromisos para hacer periodismo son un recurso para precisar y eventualmente impulsar parámetros de calidad profesional. En ausencia de ellos y sin leyes capaces de reconocerles derechos a los ciudadanos en el terreno de los medios, cuando una persona se considera afectada por una opinión malinformada, o dolosa, puede enviar una rectificación al medio en cuestión. Entonces tiene que resignarse a padecer regateos y desdenes a veces interminables. Durante todo el siglo XX, la legislación mexicana privó al ciudadano prácticamente de cualquier recurso delante de los medios aunque recientemente, con motivo de las reformas en materia electoral, el derecho de réplica quedó establecido en la Constitución.

   Quizá la proclividad al denuesto y las murmuraciones comience a declinar gracias a la reglamentación del derecho de réplica, junto con el desatascamiento de los procedimientos judiciales para que los ciudadanos se inconformen ante difamaciones o calumnias en la prensa (en 2007 los delitos de prensa fueron despenalizados y, ahora, afrentar o desacreditar les podrá costar dinero a medios y periodistas que lucren con esas prácticas). Pero las indigencias profesionales del periodismo en México no se resolverán con acciones judiciales sino en un proceso de creciente contraste y diversidad entre los medios y, sobre todo, gracias a la exigencia que el periodismo crítico encuentre en sus principales interlocutores.

   Los políticos, por lo general, evitan confrontarse con la prensa aunque los haya descalificado y calumniado. En vez de ello tratan de mostrarse obsequiosos (a veces literalmente) con los periodistas que los han hecho víctimas de versiones inexactas. En lugar de enviar aclaraciones, prefieren el reproche discreto y establecer una relación de mutuos compromisos con el periodista y/o con el medio que los han maltratado.

   Los propietarios de los medios suelen tener relaciones difíciles con los periodistas que comentan asuntos públicos, sobre todo cuando consideran que las opiniones críticas afectan a sus negocios. Quizá no hay un solo diario o medio electrónico de relevancia en México que no arrastre una cauda de renuncias y despidos de periodistas de opinión que han tenido apreciaciones distintas a las que son dictadas por el interés corporativo de las empresas de comunicación.

   Y con sus públicos el periodismo crítico mantiene una relación débil, con escasa interlocución a pesar de los recursos que ofrecen el correo electrónico y otros espacios de interacción en línea. Numerosos lectores de la prensa de opinión y sobre todo radioescuchas y televidentes aplauden cuando encuentran que los comentaristas coinciden con sus puntos de vista y reprenden cuando no es así. El público por lo general no busca elementos de juicio sino ratificar el criterio que ya tiene sobre los asuntos públicos.

   En ausencia no sólo de un entorno político capaz de constituirse en interlocutor (y no en comparsa ni rehén del periodismo crítico) y sobre todo a falta de públicos razonablemente exigentes, el periodismo de opinión con frecuencia es refractario a la crítica. Todo eso está cambiando, pero en México todavía hay conductores y periodistas que ejercen despiadadamente el periodismo de opinión pero que no admiten que su trabajo esté bajo la lupa de los ciudadanos o de aquellos a quienes afecta lo que dicen y dejan de decir.

   La creación de observatorios de medios de comunicación y la apertura de sitios y blogs en donde incluso otros periodistas hacen la crítica del periodismo supuestamente crítico, se pueden constituir en recursos para nutrir de contrastes y, eventualmente, de retroalimentación a una prensa habitualmente arisca a discutirse a sí misma. Mientras tanto, el periodismo de opinión seguirá siendo un ejercicio abusivo y sin contrapesos o, en otros casos, inevitablemente ingrato. Recientemente el español Javier Marías, que además de espléndidas novelas escribe textos de opinión, describía la sensación de publicar en el vacío que con frecuencia deja el periodismo de ese género (entrevistado por Juan Cruz en El País Semanal del 23 de septiembre de 2007): “Lo que sí hago es decir lo que opino y no callarme las cosas que me parece que están muy mal. Hay gente que lo agradece mucho. Una de las peores cosas que tiene el ser columnista es la sensación de fracaso permanente, y eso no ocurre con la literatura”. Y, ni modo, no todos podemos escribir novelas.

La humildad, la más grande enseñanza de Ryszard Kapuscinski.

February 26th, 2007 @ 9:19am

México, 26 Feb (Notimex).- Uno de los mayores legados del periodista polaco Ryszard Kapuscinski (1932-2007) es el de la humildad, aseveró el investigador Raúl Trejo, quien criticó la soberbia con que se conducen algunos reporteros de hoy, quienes, dijo, no buscan la confianza de sus entrevistados sino amedrentarlos.

Y es que para Trejo Delarbre, algunos reporteros actuales han dejado de preocuparse por ir en busca de la información y centran su trabajo en la confirmación de certezas generalmente prefabricadas por ellos mismos.

En el marco del homenaje que se le rindió la víspera al periodista polaco, quien falleció el 23 de enero pasado, Trejo puso énfasis en que si algo deben aprender los periodistas del maestro del reportaje no es la técnica sino la mística de sus trabajos.

La postura de recato con la que el periodista espera ver qué es lo que el entrevistado nos quiere decir, enriquecida por la observación del entorno y de la gente que permite descubrir mucho más de lo que registran las palabras.

El mundo, solía decir Kapuscinski, lo que enseña es humildad, y él la tenía y la plasmaba en frases como aquella que rezaba que el buen periodista no era quien lo sabía todo, sino quien había aprendido a indagar, a buscar la información.

Por eso, afirmó Trejo, más que pedir a los jóvenes periodistas que escriban como Kapuscinski tendrían que ser llamado a leer y a releer al maestro, en busca de que conozcan, comprendan y aprendan de este periodismo hecho con pasión, pero además con mucha humanidad.

Ryszard Kapuscinski fue recordado la víspera en el marco de 28 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), con una mesa redonda en la que también participaron José Carreño Carlón y Rafael Pérez Gay.

Kapuscinski fue un periodista, escritor y ensayista que nació en Bielorrusia cuando era parte de Polonia; estudió historia y arte en la Universidad de Varsovia y desde muy joven se dedicó al periodismo.

Colaboró para importantes medios como el Time, The New York Times, La Jornada y Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A partir de 1962 conjuga su actividad periodística con la actividad literaria y la docente en diversas universidades.

Su legado a las nuevas generaciones quedó plasmado no sólo en sus grandes reportajes sino en libros como "Los cínicos no sirven para este oficio" y en innumerables pláticas que tuvo con estudiantes de periodismo.

Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, Kapuscinski era doctor Honoris Causa por una universidad de Barcelona.

Corresponsal en el extranjero hasta 1981, el polaco errante, se convirtió en ciudadano del mundo, el 23 de febrero de 2007, cuando perdió la batalla más grande de su vida, contra una enfermedad incurable.

Ayer la edición dominical de esta columna se ocupó de la reciente decisión de la televisora estadounidense CBS para despedir a varios periodistas que estuvieron involucrados en la transmisión de un reportaje sobre los esfuerzos de George W. Bush, hace 30 años, para no hacer el servicio militar en Vietnam. Alguna de las fuentes de esa información fue señalada como falsa. Entonces, dicha empresa contrató a un ex director de la agencia AP y a un ex abogado general de Estados Unidos para que establecieran si los datos del reportaje había sido suficientemente verificados.

   Las conclusiones del comité son parciales y discutibles. Pero más allá de ese litigio, en donde ha estado en juego el prestigio de una de las corporaciones mediáticas de mayor influencia, podríamos preguntarnos si algún medio de comunicación en México estaría dispuesto a un esfuerzo de auditoría periodística como el que realizó la CBS.

   La respuesta es evidentemente negativa. En México no tenemos un solo medio de comunicación en donde la credibilidad sea considerada como un valor tan fundamental que, en su defensa, pudieran empeñarse revisiones del trabajo interno, reconsideraciones sobre notas ya publicadas y decisiones como las que, si bien de manera cuestionable, tomó la televisora estadounidense.

   Algunos de los medios con más recursos y audiencia en México tienen, por lo general, públicos cautivos. En la televisión no hay auténtica competencia y las dos empresas en ese ramo pueden mantener niveles de calidad ínfimos, tanto en su programación general como en la producción de noticieros. La confianza de los televidentes no les resulta importante porque la gran mayoría de ellos no tiene más opciones que esas para entretenerse e informarse.

   En la radio hay cierta competencia por los auditorios pero casi todos los noticieros son idénticos. Hay pocas excepciones a ese esquema consistente en propagar muchos dichos aunque, en el fondo, se expongan pocos hechos.

   La prensa padece la misma declaracionitis aunque en algunos casos la adereza con un contexto de opinión que llega a ser distinto de una publicación a otra. Pero en la mayoría de los periódicos las inercias pesan más que la búsqueda de la confianza de los lectores.

   En la reciente crisis en la CBS, una de las preocupaciones principales era la escrupulosidad que los autores del reportaje sobre el joven Bush habían tenido para verificar los documentos que recibieron de una fuente no acreditada. En el periodismo internacional el empleo de fuentes anónimas es considerado como un recurso de excepción. Una filtración puede ofrecer indicios para profundizar el trabajo del reportero pero nunca constituye, por sí sola, una información confiable y que pueda ser considerada resultado del trabajo periodístico.

   Los medios mexicanos, en cambio, se han –y nos han– habituado de tal manera a la publicación de versiones anónimas que con frecuencia se da por sentado que esa es una fuente regular de noticias.

   En pocas ocasiones se repara en la debilidad de las noticias cuya fuente no se hace del conocimiento público y que, por ello, es de esperarse que obedezcan al interés de quienes filtran más que al afán profesional y periodístico.

   Habituados a las filtraciones, estamos hundiéndonos en una sociedad del chisme. De pronto ya no tienen importancia sustantiva las acciones públicas de los gobernantes sino las murmuraciones que profieren en privado.

   Intercepciones telefónicas, infidencias anónimas y hasta la suposición indocumentada de lo que se presume piensan, pretenden o ambicionan, llegan a ser las fuentes de información a partir de las cuales evaluamos y juzgamos a los personajes públicos. Incluso, esas indiscreciones o especulaciones son esgrimidas por otros personajes para debatir con ellas.

   La semana pasada entre los asuntos más comentados estuvieron las afirmaciones que, aparentemente, había dicho la señora Marta Sahagún de Fox en una comida con amigos suyos y de su esposo en los últimos días del año. Todos los personajes públicos deberían tener derecho a decir los despropósitos que les viniera en gana siempre y cuando lo hicieran en privado. Sin embargo las expresiones atribuidas a la señora Fox llegaron a suscitar enfáticas reclamaciones de Andrés Manuel López Obrador.

   Fascinados con el chismerío, nos hemos convertido en una sociedad de verdades a medias. La murmuración desplaza a la información. Y a los medios, en su gran mayoría, no les interesa la confiabilidad de sus fuentes y la seriedad de las noticias sino el estruendo que puedan causar.

Ayer la edición dominical de esta columna se ocupó de la reciente decisión de la televisora estadounidense CBS para despedir a varios periodistas que estuvieron involucrados en la transmisión de un reportaje sobre los esfuerzos de George W. Bush, hace 30 años, para no hacer el servicio militar en Vietnam. Alguna de las fuentes de esa información fue señalada como falsa. Entonces, dicha empresa contrató a un ex director de la agencia AP y a un ex abogado general de Estados Unidos para que establecieran si los datos del reportaje había sido suficientemente verificados.

   Las conclusiones del comité son parciales y discutibles. Pero más allá de ese litigio, en donde ha estado en juego el prestigio de una de las corporaciones mediáticas de mayor influencia, podríamos preguntarnos si algún medio de comunicación en México estaría dispuesto a un esfuerzo de auditoría periodística como el que realizó la CBS.

   La respuesta es evidentemente negativa. En México no tenemos un solo medio de comunicación en donde la credibilidad sea considerada como un valor tan fundamental que, en su defensa, pudieran empeñarse revisiones del trabajo interno, reconsideraciones sobre notas ya publicadas y decisiones como las que, si bien de manera cuestionable, tomó la televisora estadounidense.

   Algunos de los medios con más recursos y audiencia en México tienen, por lo general, públicos cautivos. En la televisión no hay auténtica competencia y las dos empresas en ese ramo pueden mantener niveles de calidad ínfimos, tanto en su programación general como en la producción de noticieros. La confianza de los televidentes no les resulta importante porque la gran mayoría de ellos no tiene más opciones que esas para entretenerse e informarse.

   En la radio hay cierta competencia por los auditorios pero casi todos los noticieros son idénticos. Hay pocas excepciones a ese esquema consistente en propagar muchos dichos aunque, en el fondo, se expongan pocos hechos.

   La prensa padece la misma declaracionitis aunque en algunos casos la adereza con un contexto de opinión que llega a ser distinto de una publicación a otra. Pero en la mayoría de los periódicos las inercias pesan más que la búsqueda de la confianza de los lectores.

   En la reciente crisis en la CBS, una de las preocupaciones principales era la escrupulosidad que los autores del reportaje sobre el joven Bush habían tenido para verificar los documentos que recibieron de una fuente no acreditada. En el periodismo internacional el empleo de fuentes anónimas es considerado como un recurso de excepción. Una filtración puede ofrecer indicios para profundizar el trabajo del reportero pero nunca constituye, por sí sola, una información confiable y que pueda ser considerada resultado del trabajo periodístico.

   Los medios mexicanos, en cambio, se han –y nos han– habituado de tal manera a la publicación de versiones anónimas que con frecuencia se da por sentado que esa es una fuente regular de noticias.

   En pocas ocasiones se repara en la debilidad de las noticias cuya fuente no se hace del conocimiento público y que, por ello, es de esperarse que obedezcan al interés de quienes filtran más que al afán profesional y periodístico.

   Habituados a las filtraciones, estamos hundiéndonos en una sociedad del chisme. De pronto ya no tienen importancia sustantiva las acciones públicas de los gobernantes sino las murmuraciones que profieren en privado.

   Intercepciones telefónicas, infidencias anónimas y hasta la suposición indocumentada de lo que se presume piensan, pretenden o ambicionan, llegan a ser las fuentes de información a partir de las cuales evaluamos y juzgamos a los personajes públicos. Incluso, esas indiscreciones o especulaciones son esgrimidas por otros personajes para debatir con ellas.

   La semana pasada entre los asuntos más comentados estuvieron las afirmaciones que, aparentemente, había dicho la señora Marta Sahagún de Fox en una comida con amigos suyos y de su esposo en los últimos días del año. Todos los personajes públicos deberían tener derecho a decir los despropósitos que les viniera en gana siempre y cuando lo hicieran en privado. Sin embargo las expresiones atribuidas a la señora Fox llegaron a suscitar enfáticas reclamaciones de Andrés Manuel López Obrador.

   Fascinados con el chismerío, nos hemos convertido en una sociedad de verdades a medias. La murmuración desplaza a la información. Y a los medios, en su gran mayoría, no les interesa la confiabilidad de sus fuentes y la seriedad de las noticias sino el estruendo que puedan causar.

Ayer la edición dominical de esta columna se ocupó de la reciente decisión de la televisora estadounidense CBS para despedir a varios periodistas que estuvieron involucrados en la transmisión de un reportaje sobre los esfuerzos de George W. Bush, hace 30 años, para no hacer el servicio militar en Vietnam. Alguna de las fuentes de esa información fue señalada como falsa. Entonces, dicha empresa contrató a un ex director de la agencia AP y a un ex abogado general de Estados Unidos para que establecieran si los datos del reportaje había sido suficientemente verificados.

   Las conclusiones del comité son parciales y discutibles. Pero más allá de ese litigio, en donde ha estado en juego el prestigio de una de las corporaciones mediáticas de mayor influencia, podríamos preguntarnos si algún medio de comunicación en México estaría dispuesto a un esfuerzo de auditoría periodística como el que realizó la CBS.

   La respuesta es evidentemente negativa. En México no tenemos un solo medio de comunicación en donde la credibilidad sea considerada como un valor tan fundamental que, en su defensa, pudieran empeñarse revisiones del trabajo interno, reconsideraciones sobre notas ya publicadas y decisiones como las que, si bien de manera cuestionable, tomó la televisora estadounidense.

   Algunos de los medios con más recursos y audiencia en México tienen, por lo general, públicos cautivos. En la televisión no hay auténtica competencia y las dos empresas en ese ramo pueden mantener niveles de calidad ínfimos, tanto en su programación general como en la producción de noticieros. La confianza de los televidentes no les resulta importante porque la gran mayoría de ellos no tiene más opciones que esas para entretenerse e informarse.

   En la radio hay cierta competencia por los auditorios pero casi todos los noticieros son idénticos. Hay pocas excepciones a ese esquema consistente en propagar muchos dichos aunque, en el fondo, se expongan pocos hechos.

   La prensa padece la misma declaracionitis aunque en algunos casos la adereza con un contexto de opinión que llega a ser distinto de una publicación a otra. Pero en la mayoría de los periódicos las inercias pesan más que la búsqueda de la confianza de los lectores.

   En la reciente crisis en la CBS, una de las preocupaciones principales era la escrupulosidad que los autores del reportaje sobre el joven Bush habían tenido para verificar los documentos que recibieron de una fuente no acreditada. En el periodismo internacional el empleo de fuentes anónimas es considerado como un recurso de excepción. Una filtración puede ofrecer indicios para profundizar el trabajo del reportero pero nunca constituye, por sí sola, una información confiable y que pueda ser considerada resultado del trabajo periodístico.

   Los medios mexicanos, en cambio, se han –y nos han– habituado de tal manera a la publicación de versiones anónimas que con frecuencia se da por sentado que esa es una fuente regular de noticias.

   En pocas ocasiones se repara en la debilidad de las noticias cuya fuente no se hace del conocimiento público y que, por ello, es de esperarse que obedezcan al interés de quienes filtran más que al afán profesional y periodístico.

   Habituados a las filtraciones, estamos hundiéndonos en una sociedad del chisme. De pronto ya no tienen importancia sustantiva las acciones públicas de los gobernantes sino las murmuraciones que profieren en privado.

   Intercepciones telefónicas, infidencias anónimas y hasta la suposición indocumentada de lo que se presume piensan, pretenden o ambicionan, llegan a ser las fuentes de información a partir de las cuales evaluamos y juzgamos a los personajes públicos. Incluso, esas indiscreciones o especulaciones son esgrimidas por otros personajes para debatir con ellas.

   La semana pasada entre los asuntos más comentados estuvieron las afirmaciones que, aparentemente, había dicho la señora Marta Sahagún de Fox en una comida con amigos suyos y de su esposo en los últimos días del año. Todos los personajes públicos deberían tener derecho a decir los despropósitos que les viniera en gana siempre y cuando lo hicieran en privado. Sin embargo las expresiones atribuidas a la señora Fox llegaron a suscitar enfáticas reclamaciones de Andrés Manuel López Obrador.

   Fascinados con el chismerío, nos hemos convertido en una sociedad de verdades a medias. La murmuración desplaza a la información. Y a los medios, en su gran mayoría, no les interesa la confiabilidad de sus fuentes y la seriedad de las noticias sino el estruendo que puedan causar.

La excarcelación de Raúl Salinas de Gortari, además de dudas fundadas sobre la eficacia del sistema judicial suscita nuevas reservas sobre el papel de los medios de comunicación en conflictos de alta intensidad publicitaria pero que no siempre son claramente entendidos por la sociedad.

   La imagen pública que la mayoría de los mexicanos tiene de ese personaje no puede ser sino desfavorable. Aparte de su conducta personal más allá del crimen por el que se le mantuvo injustamente encarcelado, a Raúl Salinas los medios lo vituperaron con intensa alevosía durante varios años.

   Incluso, en más de una ocasión el afán mediático por el sensacionalismo fue aprovechado por algunas de las autoridades que tuvieron a su cargo la investigación del asesinato por el cual estaba encarcelado el hermano del ex presidente Carlos Salinas.

   De ese comportamiento en los medios nos ocupamos en el libro Volver a los medios. De la crítica, a la ética, que apareció en 1997 y que desde hace varios años se encuentra agotado. Esa circunstancia y la actualidad que en estos días adquieren las circunstancias alrededor del encarcelamiento de Raúl Salinas permiten que recuperemos, actualizándolo, un fragmento de aquel trabajo.

Filtrar sin investigar

   Recientemente, como parte del descontrol en la política de comunicación del gobierno mexicano, pero en busca además de proponer o responder de manera oblicua, sin responsabilizarse de lo que dicen o sugieren, ha venido ocurriendo que en lugar de declaraciones formales, importantes funcionarios del gobierno o personajes del mundo político propician filtraciones.

   Muchos medios han dado espacio, a veces de manera destacada, a esas versiones sin fuente conocida y que se haga responsable de ellas, ante el vacío informativo por parte de las fuentes oficiales. Pero en muchas otras ocasiones la intención de ganar la nota, de ofrecer exclusivas donde de otra manera sólo habría la repetición anodina de lo que dicen los otros, lleva a diarios y radio o televisoras importantes a comprometerse con versiones a la postre mostradas como falsas, o tan fantasiosas que caen por su propio texto. Abundan los ejemplos.

   En marzo de 1995, cuando la crisis propiciada por el altercado entre Carlos Salinas de Gortari y el gobierno que encabezaba el presidente Ernesto Zedillo estaba en sus momentos más difíciles La Jornada publicó, como exclusiva, que aquel ex presidente había salido del país en un avión privado. El relato precisaba que la noche anterior Salinas había recibido a un enviado de Los Pinos ¡con los boletos para el viaje! como si en las aeronaves privadas requiriesen boletos como en las líneas comerciales.

   En ese mismo diario, el 2 de marzo, se había presentado un relato a posteriori del día de la detención de Raúl Salinas de Gortari. En algún momento el autor de la crónica, con creativa imaginación, narraba lo que el ex presidente Carlos Salinas estaba pensando ese día, ¡como si lo hubiera escuchado o, más bien, como si hubiera instalado en el subconsciente del ex mandatario!.

   Al comentar esa nota de La Jornada el reportero Gerardo Galarza escribió en Proceso, del 20 de marzo de 1995: “El gobierno prefiere informar a la prensa extranjera y con los periódicos mexicanos juega a las ‘filtraciones”. Ese periodista admitía: “aquí mismo, en Proceso, se ha tenido, en ocasiones, que recurrir a esta práctica”.

Prensa manipulada

   Con frecuencia cada vez mayor, la prensa mexicana se ha venido haciendo eco de versiones no necesariamente acreditadas y que, con la coartada de proporcionar información hasta entonces confidencial, o primicias que de otra manera no serían del conocimiento público, da a la publicidad anticipos, revelaciones o insinuaciones que en muchos casos, resultan ser incompletas, o de plano falsas.

   En otras ocasiones, se ofrecen como materiales periodísticos revelaciones sobre la vida privada de los personajes públicos. En la prensa mexicana esa costumbre, que en Europa o Estados Unidos ha motivado numerosas tensiones entre la prensa, el poder y la sociedad, apenas ha comenzado a propiciar algunas reflexiones sobre el comportamiento ético deseable por parte de los medios.

   En todas las sociedades hay filtradores. Pero éstos, según indicaba el especialista estadounidense Lou Prato en un artículo publicado en 1994: “serían menos poderosos sin los periodistas. Sin periodistas, no habría orificios para los filtradores y su información. Los periodistas son participantes intencionados en el juego de las filtraciones. Ellos contribuyeron a trazar las reglas, y ellos practican bien ese juego".

   En México, a mediados de los años noventa la generalización de las filtraciones era tan nueva que no había reglas ni contexto claro para ellas. La descomposición política exacerbada a partir de 1994 y particularmente en el 95, así como la pugna por avivar el ánimo de morbo de la sociedad --o de sus segmentos más interesados en las noticias políticas-- fueron el telón de fondo de esa forma de abigarramiento periodístico.

   Algunas autoridades judiciales, sometidas a intensa presión tanto del poder político como de la sociedad exigente, eran a ser fuente frecuente de notorias filtraciones. Entre las primeras estuvieron las versiones de las declaraciones, que luego se sabría amañadas, de algunos de los implicados en el asesinato del dirigente priísta José Francisco Ruiz Massieu. El responsable de filtrar esa información, intencionadamente parcial, o distorsionada, era su hermano Mario, entonces encargado de la indagación sobre ese crimen –y que, como se puede recordar, acabó suicidándose, de acuerdo con la versión oficial, cuando años después se encontraba arraigado en Estados Unidos–.

Infidencias de la PGR

   Extraña, o significativamente, el auge de filtraciones que ha conmovido (y pervertido) a la prensa mexicana desde la década pasada, ha tenido entre sus nichos más destacados las oficinas de algunas autoridades judiciales. No han sido los únicos, pero algunos importantes funcionarios de esa área gubernamental, encontraron hacia 1994, o 1995, que promoviendo filtraciones, podían aprovechar o al menos eludir parcialmente la intensa exigencia social en torno a las averiguaciones de los casos político-policíacos más célebres.

   En abril de 1995, el periodista Pablo Hiriart escribía, ironizando, sobre varios casos recientes: “Los habilidosos chicos de la procu ya habían dado muestras de su eficiencia hace un par de semanas cuando le filtraron a la revista católica italiana 30 Giorni, dirigida por el demócrata cristiano Giulio Andreotti, un documento confidencial sobre las investigaciones del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas, en la que se desmiente la hipótesis de la confusión del purpurado con un narcotraficante. Luego la PGR desautorizó tal versión. No importa, al cabo la iglesia romana ya tenía en sus manos elementos 'sólidos' de la inmundicia del sistema político mexicano” (El Día, 19 de abril de 1995).

   Más tarde, pero sobre el mismo asunto, el también destacado periodista Raymundo Riva Palacio explicó en la columna semanal que en aquel tiempo hacía para el diario Reforma algunos de los comportamientos de funcionarios gubernamentales, especialmente de la PGR, para deslizar noticias supuestamente sensacionales pero a veces con intenciones nada periodísticas. En las averiguaciones de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, “El subprocurador Pablo Chapa, encargado de las investigaciones, se ha dedicado a 'filtrar' anónimamente informaciones no verificadas. La táctica de Chapa fue explicada llanamente a periodistas y funcionarios que la han cuestionado: ante la falta de evidencias de un sospechoso, difunde especies que no son ciertas para ponerlos nerviosos y ver si, en ese estado anímico, cometen un error y se auto incriminan. Menuda técnica de investigación...” (Reforma, 11 de septiembre de 1995).

Información–basura

   Política y justicia entrelazadas, produjeron resultados en muchos sentidos malévolos en la prensa y, en general, en la vida pública mexicana. La militancia del Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, en Acción Nacional que en esos años era el principal partido de la oposición, les permitía a algunos comentaristas suponer que esa dependencia proporcionaba informes parciales o falsos a la prensa, con tal de ofrecer del sistema político una imagen más desfavorable de la que de por sí tenía. Pero además, el ya señalado afán de ciertos medios para explotar en su beneficio asuntos de escándalo, se correspondía con la necesidad de los filtradores para encontrar tribunas accesibles.

   Las filtraciones se desplegaron, en esos años, con una abundancia que de pronto permitía pensar que ni en la prensa, ni en el país, había brújula en medio de tantas versiones sobre asuntos políticos que no siempre eran relevantes --pero que colmaban titulares de primeras planas y sobre todo, columnas y otros espacios de especulación en los medios--. Las protestas, fueron menos que las notas celebratorias de esa tendencia, en la prensa misma. En abril de 1995 el director editorial de El Economista, Ricardo Medina, escribía: “...en el periodismo mexicano han proliferado los columnistas con fama de bien enterados de todos los secretos de la tenebra ocultos para el común de los mortales. Del mismo modo, prolifera cierto periodismo que se alimenta día y noche de filtraciones y fuentes anónimas”. (El Economista, 19 de abril de 1995).

   Ese autor, en el mismo texto, cuestionaba las informaciones sin fuente y los  comentarios sin firma o con seudónimo que, más que noticias, ofrecían especulaciones en torno a las polémicas decisiones económicas en el invierno 1994-1995: “En los estándares del periodismo mexicano eso es común. En los estándares profesionales del periodismo de otras latitudes (europeo o estadounidense) esa información no vale nada: es basura. La diferencia se llama derecho a la información. Derecho, por cierto, que no es de los periodistas, sino del público. En todo caso, los periodistas deberíamos salvaguardar ese derecho del público que incluye no sólo saber cosas, sino saber acerca de las fuentes de información".   

Filtración y delación

   Una opinión similar, si bien retóricamente menos drástica, era la de José Woldenberg quien, tres días más tarde, escribía en La Jornada: "La filtración es siempre una información parcial, cuya fuente nunca se puede ubicar con precisión. Es un producto altamente buscado por ciertos medios de comunicación, y eventualmente puede servir para establecer una relación de colaboración entre la fuente oculta y el difusor. Sin duda vende periódicos o aumenta el rating pero, insisto, nada tiene que ver con la justicia". (La Jornada, 22 de abril de 1995).

   Ese analista político, que para entonces ya era consejero ciudadano pero todavía no presidente del IFE, consideraba que filtraciones como las que en diversos casos habían surgido de la Procuraduría General de la República servían fundamentalmente para alertar a los delincuentes sujetos a investigación, o para dañar intencionalmente la imagen de alguna persona. Y recordaba un ejemplo: “Un ex procurador comentaba en alguna ocasión casos como los siguientes: al desarrollarse una indagación en torno a algún presunto narcotraficante, de repente en un periódico, grande o chico, de la capital o de provincia, aparecía la nota de que la investigación se estaba realizando. La nota no mentía, era una filtración. Pero su intención o sus efectos no escapaban a nadie: se trataba de alertar al implicado, de tal suerte que cuando la autoridad finalizaba su labor ya el tipo había huido o había modificado su rastro o la documentación pertinente”.

   La prensa, en esas ocasiones, no actuaba al servicio de sus lectores –ni siquiera al servicio de las empresas que la editaban– sino de grupos de poder, e incluso grupos criminales, que jugaron con éxito a la manipulación mediática.

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La periodista Olga Wornat se ufana de no haber perdido nunca una demanda judicial. Esa trayectoria está a prueba porque la señora Marta Sahagún de Fox presentó ayer una denuncia contra ella.

   Autora de varios y célebres libros, especialmente sobre la corrupción que pulula en el poder político en Argentina, de donde es originaria, Wornat se interesó hace algunos años en la familia presidencial mexicana. En 2003 publicó La Jefa, un recuento de anécdotas sobre la vida privada de la señora Sahagún y sus parientes.

   Distinguido por un notorio éxito de ventas, aquel libro aprovechaba la expectación que suscitan personajes del poder como Sahagún y su marido pero no mostraba revelaciones que se pudieran considerar políticamente relevantes. Al abrevar más en mentideros anónimos que en fuentes acreditables, aquel trabajo resultaba poco serio como investigación periodística y un tanto fastidioso como obra literaria.

   El interés por la familia presidencial mexicana ha sido tan redituable que Wornat, con estudios de Historia, Periodismo y Derecho en la Universidad de La Plata, reincidió con un segundo libro. Los segmentos que se refieren a la vida privada del presidente Vicente Fox y su esposa así como  a los negocios que se les atribuyen a los hijos de ella, han sido los más notorios.

   El domingo pasado la Presidencia de la República dio a conocer un comunicado en donde las afirmaciones sobre los hijos de Sahagún eran consideradas mentirosas, desinformadoras y calumniosas. Algo más irritó a la esposa del presidente porque al día siguiente, mientras se encontraba de visita oficial en Bolivia, se anunció la presentación de una demanda contra Wornat.

   Hasta este momento el diferendo suscitado por el libro de esa periodista estaba únicamente en el plano de la murmuración y la especulación. Ahora un juez tendrá que determinar si ese texto afecta “sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos” que son las causas de daño moral según el artículo 1916 del Código Penal para el Distrito Federal.

   Ese es la presunta falta por la cual, de acuerdo con la información de su oficina de prensa, demandó Sahagún a Wornat. No se trata de una denuncia de carácter penal –que implica castigos de prisión– sino en el ámbito civil que en el peor de los casos, para esa periodista, se resolvería con una multa y la obligación de costear un extracto de la sentencia judicial.

   Sahagún y sus asesores legales no se inclinaron por una demanda apoyada en la caduca pero vigente Ley de Imprenta que sanciona con penas corporales los “ataques a la vida privada”. Tampoco alegan los delitos de difamación o calumnia, establecidos en el Código Penal y que se castigan con cárcel. En muchos sitios del mundo la adscripción de los delitos de prensa dentro de la legislación penal es considerada como indeseable.

   El juez, al examinar la querella de Sahagún, se enfrentará con dos problemas iniciales. El primero será cómo determinar si los textos de Wornat le ocasionan daño moral a la demandante. El libro de esa periodista contiene intromisiones a la vida privada pero ese no es el motivo de la demanda. Así que la única vía genuina para establecer si hay daño moral sería determinar si las imputaciones que se hacen en el reciente libro son verdaderas o no.

   En ese caso Wornat tendría que probar afirmaciones que en su libro, a juzgar por los adelantos que se han publicado en la prensa, aparecen atribuidas a dichos de personas y a fuentes nunca suficientemente identificadas.

   El otro dilema legal que tendrá que resolver el juez, es si la demandada ha ejercido “sus derechos de opinión, crítica, expresión e información” que son las excepciones previstas en el artículo 1916 Bis del Código Civil para el delito de daño moral. A Wornat le resultaría sencillo comprobar que el libro que tanta incomodidad le ocasiona a la señora Sahagún lo ha escrito en su condición de periodista y con interés meramente profesional.

   El artículo 1916 Bis fue incorporado al Código Civil cuando, en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, varios grupos de periodistas consideraron que la tipificación del daño moral constituiría una “ley mordaza” en contra de ese gremio. Ahora esa previsión podría ayudarle a Wornat a evitar una confrontación con la justicia mexicana.

   Nada de ello excluirá, sin embargo, el tema de los hijos de la señora Sahagún de la discusión pública mexicana. Ese parece destinado a constituir en el gran Talón de Aquiles del presidente Fox. Las versiones sobre los negocios de Manuel Bribiesca Sahagún y sus hermanos se han propalado por todo el país, pero no pasarán de las habladurías mientras no propicien investigaciones serias: con fuentes acreditadas, testimonios, evidencias y documentos publicables –es decir, con un rigor que no suele haber en los escritos mexicanos de la señora Wornat–.

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La del primer martes de noviembre no ha sido la única victoria reciente de George W. Bush. Luego de ganar la reelección, el presidente de Estados Unidos acaba de obtener un notorio triunfo político y propagandístico gracias a la decisión de la CBS, una de las cadenas de televisión más importantes en ese país y en el mundo, para despedir a los responsables de un reportaje en donde se cuestionaba su trayectoria en las fuerzas armadas.

   El lunes pasado, 10 de enero, la CBS anunció el despido de la productora del programa 60 Minutos de los miércoles que tuvo a su cargo la investigación y las determinaciones principales en el reportaje transmitido en septiembre pasado acerca de las maniobras de George W. Bush, cuando era joven, para no ir a la guerra en Vietnam. Una indagación realizada por un comité externo a esa televisora encontró que los documentos en los que se apoyaba el reportaje no fueron suficientemente confiables.

   La decisión de la CBS está siendo considerada como un esfuerzo para recuperar confiabilidad ante sus audiencias, después de las intensas críticas que recibió –especialmente entre partidarios del presidente Bush– por difundir aquella pieza periodística. Pero también se ha estimado que la televisora –propiedad del consorcio de comunicaciones Viacom– podría estar buscando el beneplácito de la Casa Blanca ahora que es evidente que Bush seguirá ocupándola durante los próximos cuatro años.

Faltas del joven Bush

   Junto con la productora Mary Mapes, la CBS exigió las renuncias de tres ejecutivos que tuvieron responsabilidad en la decisión de transmitir el reportaje de 60 Minutos. Se trata de Betsy West que hasta comienzos de esta semana era vicepresidenta en esa cadena, el productor John Howard y su colaboradora Mary Murphy.

   Los cuatro, han sido acusados de no verificar los documentos atribuidos al teniente coronel Jerry Killian, que era comandante de la división en la que estaba asignado a comienzos de los años 70 el entonces joven estudiante George W. Bush. Killian falleció hace 20 años y la CBS obtuvo varios memoranda que, según aseguró en septiembre, ese militar había escrito con quejas acerca del comportamiento de Bush.

   En esos textos se mencionaba el desinterés del joven Bush por las obligaciones militares y sus frecuentes viajes, para atender asuntos políticos, fuera de la base aérea a la que estaba adscrito. En aquellos años su padre era embajador en Naciones Unidas y todo parece indicar que el ahora presidente movió influencias personales para ser enviado a un cuartel de la Guardia Nacional en vez de ir al frente de batalla.

   Esas gestiones de los Bush han sido insistentemente comentadas desde hace tiempo. En rigor, no se decía algo sustancialmente nuevo en el ahora discutido reportaje de la CBS. Pero su transmisión justo en los días de mayor encono durante la campaña presidencial estadounidense fue considerado por simpatizantes del Partido Republicano como una apuesta política de esa cadena de televisión.

Acusaciones en la Red

   La misma noche del 8 de septiembre en que se transmitió por los canales de CBS, el reportaje sobre el servicio militar de Bush comenzó a ser cuestionado en varios foros de la Internet. Especialmente un blog en la Red, a cargo de tres abogados de conocido talante conservador, difundió con gran éxito la versión de que los documentos mostrados en televisión eran falsos.

   En pocas horas se difundió la versión de que los memoranda atribuidos al finado teniente Killian habían sido falsificados por partidarios de la campaña de John Kerry. Se hablaba del tipo de letra, la firma y otras características de esos documentos.

   Más que las descalificaciones puntuales, comenzó a extenderse la versión de que la CBS había tomado deliberadamente la decisión de difundir un reportaje adverso a Bush como una forma de obstaculizar su campaña.

   Unos días antes, algunos de los grupos partidarios del candidato republicano habían comprado abundante espacio en televisión para difundir un anuncio en contra del comportamiento de Kerry en la guerra de Vietnam.

   Kerry fue condecorado por su presencia en Vietnam pero luego asumió posiciones críticas hacia la participación de su país en esa guerra. El anuncio de sus impugnadores mostraba, descalificándolo, a algunos de sus antiguos compañeros en el frente de batalla.

   En ese escenario, el reportaje de la CBS contribuía a balancear las cosas en beneficio de Kerry. El demócrata al menos había estado en Vietnam aunque luego cuestionó a esa guerra. Bush en cambio hizo todo lo posible para quedarse en casa y aun así, de acuerdo con los testimonios recogidos por la televisora, había sido un mal soldado.

Poder mediático

   Las implicaciones políticas de aquel reportaje se entremezclaron con el debate acerca de la supuesta falsedad de algunos de los documentos en los que se apoyaba. El domingo 12 de septiembre esta columna hizo un extenso recuento de aquella discusión en los medios estadounidenses.

   En aquel momento no dejaba de ser significativa la repentina vulnerabilidad de la CBS, uno de los íconos del poderoso sistema mediático estadounidense, ante las impugnaciones por ese reportaje. El hecho de que las primeras descalificaciones y la polémica posterior sobre ese trabajo periodístico se hubieran propagado en la Internet, llevó a considerar a algunos observadores que estábamos ante una reacción de ciudadanos independientes en contra del poder mediático y corporativo.

   Aun ahora, hay quienes consideran que la destitución de los cuatro periodistas ha sido un logro del nuevo periodismo que se desarrolla en la red de redes.

   Sin embargo no hay que olvidar que las refutaciones al trabajo de los periodistas de CBS no eran desinteresadas. Y no habrían salido de la Internet de no ser por la extensa cobertura que le ofrecieron otros medios –entre ellos las cadenas rivales de esa corporación televisiva–.

Rather en el ocaso

   El interés dentro y fuera de Estados Unidos por aquel reportaje y sus consecuencias se acentuaba debido a que fue presentado –y en los primeros momentos enfáticamente defendido– por Dan Rather, uno de los conductores de noticias más importantes en la televisión de ese país.

   Con fama de severo y riguroso, Rather se ha distinguido por tener algunas posiciones críticas respecto del gobierno estadounidense. No es ajeno, desde luego, al establishment político y corporativo de ese país. Pero es difícil decir que se trata de un personaje condescendiente con el poder gubernamental.

   Por eso la participación de Rather en el reportaje contra Bush hizo que arreciaran las críticas del flanco conservador de la sociedad estadounidense. Ese conductor había resuelto retirarse en 2006, cuando cumpliera 25 años al frente del noticiero vespertino de la CBS. Pero a raíz de la crisis por el reportaje sobre Bush, hace pocas semanas anunció que adelantaría esa decisión y en marzo próximo dejará el telediario.

Interesado comité

   A fin de estudiar los cuestionamientos a ese reportaje y determinar si se habían transgredido los parámetros que dice buscar en el periodismo que difunde, la CBS creó un comité integrado por Louis D. Boccardi, antiguo director ejecutivo de la agencia de noticias Associated Press y Dick Thornburgh, ex abogado general en el gobierno estadounidense.   

   El presidente de la CBS, Andrew Heyward, ha insistido en la independencia de ese comité. Sin embargo al menos Thornburgh estuvo enfrentado con Rather y el área de Noticias de la CBS cuando, siendo funcionario de los gobiernos de Richard Nixon y George Bush padre, cuestionó públicamente algunas de las informaciones de esa cadena.

   Los resultados del trabajo de ese “panel”, como le llaman sus integrantes, se dieron a conocer el lunes de esta semana, junto con la decisión de la CBS para prescindir de sus cuatro colaboradores. El informe Heyward-Thornburgh es un documento de 234 páginas, además de varias docenas de anexos, en donde se discuten las fuentes de información del multicomentado reportaje sobre los años de Bush en la milicia.

   Para los autores del informe, el equipo de producción de 60 Minutos incurrió en omisiones graves al no corroborar de manera suficiente la autenticidad de los memoranda atribuidos al ex jefe militar del soldado Bush.

   En opinión de esos interventores de la CBS, uno de los errores más importantes consistió en declarar que un experto había autentificado los documentos cuando solamente lo había hecho con una de las firmas en ellos. “60 minutos de los miércoles fracasó al examinar las fuentes” de algunos de esos textos, aseguran.

Politización inquietante

   Pero más que los procedimientos de comprobación que siguió o dejó de tomar la redacción de ese programa televisivo, a Heyward y Thornburgh les preocupa la posibilidad de que la elaboración y transmisión del reportaje hubieran estado orientadas por motivaciones políticas y no de carácter periodístico.

   Ese parece haber sido el encargo principal que les hizo la CBS. Por eso el último capítulo y en buena medida las conclusiones del Informe están destinados a difuminar cualquier sesgo político en el comportamiento de la cadena y sus empleados. De manera rotunda, se establece que “no hubo una agenda política” en las decisiones acerca de ese trabajo periodístico.

   Sin embargo no se puede olvidar la circunstancia en la que fue difundida la investigación sobre las maniobras del joven Bush. Faltaban menos de dos meses para la elección presidencial y las encuestas mostraban una sólida tendencia competitiva del senador Kerry. Todo cuestionamiento a la imagen de integridad y congruencia que gracias al manejo mediático ha sostenido el presidente Bush, podía hacer mella en las preferencias en su favor.

   Si no se puede afirmar que hubo una inducción directa de la campaña demócrata para provocar la difusión del reportaje –como aseguraron en la prensa estadounidense algunos partidarios de Bush– sí es posible reconocer que la decisión para transmitirlo tomaba en cuenta el momento político. Dicha circunstancia era precisamente la que le confería mayor interés a ese trabajo de 60 Minutos.

   El interés de Rather y de la productora Mapes por los antecedentes militares de Bush no era nuevo. El Informe recientemente difundido confirma que desde cinco años antes buscaban indicios de la reticencia del ahora presidente para cumplir con el servicio militar. El asunto no se les ocurrió de pronto como tema de investigación periodística.

No se demuestran mentiras

   El comité de la CBS consideró que “los intentos para investigar a la gente y los asuntos presentados en los documentos fueron insuficientes”. Esa observación se podrá hacer siempre acerca de cualquier trabajo periodístico.

   El problema central es si la información que difundieron Rather y su equipo era falsa. Y en ese tema, el Informe de Heyward y Thornburgh no aventura conclusiones claras.

   En una de sus escasas afirmaciones categóricas el documento que le sirvió a la CBS para purgar su equipo periodístico considera acerca de los memoranda del antiguo jefe del soldado Bush:

   “El Panel no ha sido capaz de establecer con absoluta certeza si los documentos de Killian son auténticos o falsos. Sin embargo ha encontrado una serie de asuntos que levantan serias dudas acerca de la autenticidad de los documentos y su contenido. Con un mejor periodismo esas dudas habrían sido resueltas antes de la transmisión del segmento el 8 de septiembre”.

   En otras palabras, a los periodistas que trabajaron bajo las órdenes de Rather los despidieron no por decir mentiras, sino por no verificar con mayor rigor los documentos que utilizaron.

   Es pertinente señalar que la discusión principal que suscitó el reportaje y la mayoría de sus impugnaciones se debieron a las cartas atribuidas a Killian. Sin embargo aquel trabajo periodístico se apoyaba en otros documentos y testimonios. Las maniobras de Bush para eludir el servicio militar ya eran conocidas y fueron evidenciadas a partir de varias fuentes (entre ellas, las declaraciones de antiguos políticos que fueron funcionarios del gobierno hace tres décadas).

Chivos expiatorios

   El despido de cuatro personas del área de noticias de CBS y el retiro anticipado de Rather han sido muy difundidos. En numerosos comentarios se ha presentado a este episodio como muestra de escrupulosidad periodística y rechazo a las fuentes anónimas por parte de una importante empresa de comunicación.

   Sin embargo la breve réplica de la productora Mary Mapes a esa decisión no ha sido tan publicitada.

   En una declaración de tres páginas, la hasta hace poco influyente productora de la edición de los miércoles de 60 Minutos (ese programa tiene otra versión los domingos, a cargo de un equipo diferente) ha destacado acerca de las fuentes que utilizó en la discutida nota sobre el presidente Bush:

   “Es digno de atención el hecho de que el panel no concluyó que esos documentos fueran falsos”.

   Mapes, entonces, pone a discusión de quién fue la responsabilidad de difundir el reportaje: “Sin duda, al final, todo lo que el panel concluyó fue que había muchas banderas rojas que aconsejaban en contra de salir al aire con rapidez. Nunca tuve el control del momento para llevar al aire ningún segmento de 60 Minutos; esa siempre fue una decisión que tomaron  mis superiores. Transmitir esa historia cuando lo hicimos fue también una decisión que tomaron mis superiores, incluyendo a Andrew Heyward –el presidente de la CBS–. Si allí se cometió un crimen periodístico, no  fui yo”.

   Mapes asegura que todas las dudas acerca del reportaje las puso a consideración de sus jefes. Con plena conciencia de los sesgos discutibles que podía tener, los directivos de la CBS resolvieron que se transmitiera. Por eso sugiere que su despido puede ser un intento de la corporación para encontrar un chivo expiatorio.

Nueva supervisión

   Más allá de la reputación de la CBS y del afán que pueda tener para congraciarse ahora con la Casa Blanca, se pueden tener preocupaciones fundadas sobre los efectos intimidatorios que este episodio pueda acarrearle al periodismo de investigación en Estados Unidos.

   Desde luego, es indispensable verificar la autenticidad de las fuentes y tomar a las filtraciones anónimas como indicio para profundizar en la investigación periodística y no como informaciones que valgan por sí solas. Pero en el diferendo acerca de ese reportaje, más que errores periodísticos de sus productores se pueden identificar abundantes y complejos intereses políticos.

   Después del escándalo por esa pieza televisiva será más difícil que otro grupo de periodistas se anime a cuestionar los antecedentes de un personaje político como hizo 60 Minutos con Bush. Y en las empresas mediáticas, es previsible que se impongan mayores controles no para garantizar la calidad periodística sino para evitar informaciones políticamente delicadas.

   Por lo pronto el comité Heyward y Thornburgh le recomendó a la CBS la designación de un nuevo cargo, “ejecutivo en pautas y prácticas”, que estará fuera de la estructura de producción de 60 Minutos de los miércoles y reportará directamente al presidente de la corporación. Ese funcionario revisará cualquier segmento de periodismo de investigación que incluya fuentes confidenciales o documentos recibidos de fuentes externas y tendrá facultades para vetar su transmisión.

Investigación en riesgo

   En el panorama de la televisión estadounidense e internacional, 60 Minutos ha sido uno de los pocos espacios –desde luego con fallas, tropiezos e insuficiencias– dedicados al periodismo de investigación. Nos referimos a indagaciones auténticas, que requieren de largos plazos de preparación y búsqueda, que amalgaman la búsqueda hemerográfica y electrónica con la entrevista en profundidad, que corroboran sus afirmaciones en varias fuentes y que requieren de una producción ambiciosa y compleja. Lamentablemente en la televisión mexicana no tenemos una sola muestra de ese periodismo, a veces por falta de recursos financieros pero sobre todo por indolencia y ausencia de interés de las televisoras.

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Hay más de un rasgo en común entre el periodismo y la publicidad. Ambos buscan interesar a las audiencias, se difunden en los medios masivos, proponen asuntos de interés y actualidad, forman parte del negocio comunicacional.

Pero evidentemente no son lo mismo. El periodismo pretende dar a conocer acontecimientos y ofrecer elementos para entenderlos. Su agenda está dictada –hipotéticamente, al menos– por la actualidad y el interés público. La publicidad, promueve productos o instituciones. A diferencia del periodismo no muestra la mayor cantidad de facetas posibles de un acontecimiento sino únicamente las más favorables a esos productos o instituciones cuya aceptación trata de inducir.

Periodismo y publicidad se desenvuelven en el espacio público contemporáneo pero tienen diferencias muy claras. Cuando se confunden, o cuando una aparece disfrazada del otro, estamos ante un engaño a los televidentes, radioescuchas o lectores.

Por eso ahora, en Estados Unidos, la difusión de centenares de segmentos informativos disfrazados de trabajo periodístico pero que en realidad fueron producidos por el gobierno, está levantando una extendida inquietud. Ayer domingo, The New York Times dedicó una página y media a una extensa nota que comienza en primera plana y que documenta el auge de materiales propagandísticos presentados como si fueran simples noticias.

La práctica no es reciente en ese país pero se ha incrementado durante el gobierno del presidente George W. Bush. Al menos 20 dependencias de la administración federal han distribuido, durante los 4 años recientes, centenares de segmentos de noticias que son aprovechados y transmitidos por televisoras de toda la Unión Americana como si las hubieran producido ellas mismas.

Aunque el propio Bush señaló en enero pasado que era necesario distinguir entre el periodismo y la publicidad oficial, esa práctica parece estar en plena expansión. “Un examen de los reportes de noticias producidos por el gobierno –explican los periodistas David Barstow y Robin Stein– ofrece una mirada dentro de un mundo en donde los linderos tradicionales entre las relaciones públicas y el periodismo se han vuelto enmarañados, en donde las emisoras locales introducen segmentos pre-empaquetados con introducciones ‘sugeridas’ y escritas por expertos en relaciones públicas”.

Las agencias gubernamentales de información producen segmentos de noticias sobre los más variados asuntos –las bondades del programa de salud establecido por el presidente Bush, la ayuda para que las mujeres en Afganistán tengan instrucción, las nuevas disposiciones para la revisión de equipaje en los aeropuertos, campañas contra la obesidad infantil, el combate a los virus de computadora, etc. etc.

Esos segmentos son difundidos por empresas de publicidad que los colocan en agencias de noticias. Tales materiales en video llegan así a las redacciones de las televisoras en donde son utilizados para los noticieros. A veces, los productores que emplean esos segmentos no saben que fueron elaborados por encargo de alguna dependencia del gobierno.

“Se trata de un mundo en donde la producción gubernamental de los reportes desaparece en un laberinto de transmisiones satelitales, portales en la Red, programas de noticias sindicados y proveedores de las cadenas de televisión, solo para emerger purificados del otro lado como periodismo ‘independiente’ ” dicen los reporteros del Times.

La investigación de ese diario menciona varios casos de notas que aparecieron en televisión sin que a los espectadores se les haya advertido que se trataba de materiales promovidos por el gobierno. No todos esos segmentos de noticias al gusto de la administración Bush tienen implicaciones claramente políticas. En otros casos sí.

El año pasado, poco después del escándalo por las torturas a prisioneros de guerra iraquíes, un Servicio de Noticias del Ejército y la Fuerza Aérea difundió un segmento acerca del entrenamiento que reciben en Fort Leonard, en Missouri, los guardias destinados al sistema carcelario. Allí se les enseña “a tratar a los prisioneros con rigor pero con justicia”, decía el oficial militar habilitado como reportero para simular que se trataba de una nota realmente periodística.

En ese sitio fueron entrenados los custodios de la prisión de Abu Ghraib en donde se cometieron las torturas y vejaciones que tanto escandalizaron a la opinión pública internacional. El segmento noticioso, que fue difundido en 34 estaciones televisoras en Estados Unidos, no mencionaba ese episodio.

Los productores del servicio informativo del Pentágono –uno de los veintitantos que difunden segmentos propagandísticos disfrazados de trabajo periodístico, se ufanan al decir “somos la gente de las buenas noticias”.

Esa frase recuerda tanto uno de los lemas de la oficina de prensa de Los Pinos y la propagación de informaciones confeccionadas al gusto del gobierno y de otros clientes es tan frecuente en el periodismo mexicano que las revelaciones aparecidas ayer en NYT nos resultan demasiado familiares. En México, como veremos más adelante, abundan las relaciones públicas y el proselitismo disfrazados de periodismo.

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En un sistema democrático, o que pretende serlo, la política no es el arte de subyugar a los demás sino de conciliar con ellos. Para cumplir con ese propósito esencial el quehacer político, además de propositivo, tiene que estar definido por la búsqueda de interlocuciones, acuerdos y conciliaciones. Quien, desde el poder, no actúa de esa manera, simplemente no hace política o pretende que solo sus puntos de vista deben prevalecer. Entonces el ejercicio del poder tiende a ser autoritario.

   Esas coordenadas son elementales y necesarias. Sin embargo en nuestro enrevesado sistema político hoy en día es frecuente considerar, con ingenuidad o perversidad, que el trato directo entre gobernantes es motivo de asombro o, incluso, expresión de ilegítimas complicidades.

   En estos días asistimos a varias expresiones de esas dislocaciones en la apreciación de nuestra vida pública. En varias ocasiones, el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del DF coincidieron en las ceremonias por las fiestas patrias. Como personas educadas que son, se saludaron. El rebumbio que los medios armaron con esos encuentros daba la impresión de que habían ocurrido hechos trascendentales para la historia política mexicana.

   El temperamental y casi infantil rechazo del presidente de la República para concederle a Andrés Manuel López Obrador la audiencia que tan insistente y pícaramente ha solicitado, explicaba en parte el interés para ver qué rostro ponía cada uno de ellos al momento en que estuvieran frente a frente. Pero de un asunto más bien anecdótico y que no representa cambio alguno en las posiciones –contrariedades y desacuerdos incluidos– del gobierno federal y la administración del DF, numerosos medios crearon un estruendo bastante artificial.

Barullo mediático

   El sobredimensionamiento de los saludos entre esos personajes pudo entenderse como parte de la espectacularización mediática de asuntos públicos más bien baladíes. Pero esta semana hubo otro episodio, matizado por la intencionalidad política del medio que lo dio a conocer y quiso usufructuar políticamente.

   La noticia del encuentro que en abril pasado, a comienzos de la semana santa, tuvieron el presidente Fox y el presidente de la Suprema Corte de Justicia para comentar el proceso de desafuero de López Obrador, fue motivo para que en los circuitos políticos y periodísticos afines al jefe de Gobierno se encontrase la evidencia de una conspiración, o de una acción ilegítima contra ese personaje.

   No era para tanto. Pero entre el barullo mediático y el afán de los simpatizantes de López Obrador para denunciar una maquinación espuria en donde no había mas que el intercambio natural –e indispensable, ante asuntos graves como la posibilidad de desafuero– entre los responsables de dos Poderes de la Unión, aquella reunión fue considerada como un acontecimiento sobresaliente.

Reunión de semana santa

   La historia de aquella reunión la relató el periodista Carlos Marín en su columna de Milenio el lunes y martes de esta semana. Allí se informaba que el 5 de abril pasado el presidente Vicente Fox se enteró, gracias a una llamada del secretario de Gobernación, de las complicaciones legales que podrían conducir a la solicitud de desafuero contra López Obrador.

   Relata Marín: “Fox supo entonces que Andrés Manuel López Obrador sería requerido por el juez Cuarto de lo Penal, para que respondiera por el probable delito de desacato”.

   En realidad se trataba del juez noveno de Distrito en materia administrativa, Álvaro Tovilla.

   La reconstrucción de aquel episodio fue posible gracias a la indiscreción de alguno de los empresarios que hace varios días le escucharon ese relato al presidente Fox.

   Dicen los informantes de Marín que Fox “se demudó” cuando supo que López Obrador podría ser llevado a juicio. Sin embargo no enmudeció porque, de acuerdo con el relato del  informante anónimo que dice haberle escuchado esa recapitulación al presidente, el titular del Ejecutivo le habría dicho entonces al secretario de Gobernación: “Santiago espero que Mariano (Azuela) se esté dando cuenta del problema que nos está poniendo en las manos. Hay que tener una reunión con él para ver si hay otra vía legal que no sea eso del desafuero”.

   Entonces, le llamó al ministro Mariano Azuela Guitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al día siguiente desayunaron en Los Pinos junto con el secretario de Gobernación, el Procurador General Rafael Macedo de la Concha y María Teresa Herrera Tello, consejera jurídica de la Presidencia.

   Allí confirmaron que el juez Tovilla había resuelto pedirle a la Procuraduría General de la República que procediera penalmente contra el jefe de Gobierno por incumplir la orden de suspensión de obras en el predio El Encino. Ese requerimiento haría necesario que la PGR, como más tarde ocurrió, solicitase a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador.

Buscaban otras vías

   En la nota de Marín no queda claro si por teléfono, o ya en Los Pinos, el presidente le preguntó al titular de la Suprema Corte si estaba al tanto “del tamaño del problema” y le sugirió buscar otras vías “legales, por supuesto” para eludir el desafuero.

   Azuela habría respondido que a lo mucho podría postergarse por unos días la orden del juez Tovilla en tanto “López Obrador pone orden en este asunto”.

   Según el relato el Presidente de la República insistió en que se buscara otra solución legal. Azuela le recordó que el litigio tenía ya dos años y López Obrador no se había preocupado por atenderlo.

    “¿De veras no hay de otra y Macedo tiene que proceder?”, habría dicho Fox.

   El presidente de la Suprema Corte le recordó entonces “con todo respeto”, según la crónica de Marín, que el Poder Judicial es autónomo y que si la PGR no cumplía con la orden que le entregaría el juez entonces “quien incurrirá también en desacato será el señor procurador”.

   Todos los presentes, indica el reportero, estuvieron de acuerdo con Azuela.

La decisión de Milenio

   Esa fue la información publicada por Marín, en el periódico donde es director editorial, el lunes 13 y el martes 14 de esta semana. A partir de ella, especialmente en las páginas de Milenio pero con repercusiones en otros medios, se desató una retahíla de especulaciones sobre las consecuencias de aquella reunión en Los Pinos.

   Quizá fue la escasez de noticias relevantes que podía preverse para estos días patrios –y que sería resuelta por la decisión del Tribunal Federal Electoral sobre la candidatura de la senadora María del Carmen Ramírez en Tlaxcala–. Posiblemente también, los editores de Milenio vieron en ese asunto un motivo propicio para congraciarse con el jefe de Gobierno del DF como lo han venido haciendo desde hace varios meses.

   En todo caso a la información antes reseñada, que tenía el interés que suele despertar la intrusión, aunque sea indirecta, en cónclaves del poder político, Milenio le dio un seguimiento que pretendió sobre magnificarla.

   El miércoles 15 la primera plana de ese diario destacó las declaraciones del jurista Raúl Carrancá y el abogado Javier Quijano que cuestionaban la asistencia del ministro Azuela a la reunión a la que lo había convocado, en abril, el presidente de la República.

   Según Carrancá el presidente de la Corte debió haber enviado a un intermediario a preguntar qué se le ofrecía a Fox. Según Quijano aquel encuentro fue “de extrema gravedad”.

   Otros juristas defendieron a Azuela pero el periódico no les dio tanto relieve a sus declaraciones.

Desmesurada exigencia

   El arrebato que aquella información suscitó entre quienes conducen al diario Milenio se expresa en la exigencia que Federico Arreola, director general de ese periódico, expresaba en su columna del miércoles 15 de septiembre:

   “Esto es gravísimo. El presidente de la Suprema Corte, quien no podrá negar los hechos narrados por Marín, debe dimitir. Por dignidad, claro está. Porque es absolutamente inadmisible que la cabeza del Poder Judicial haya establecido contacto con el Poder Ejecutivo para tratar un caso concreto de carácter jurisdiccional”.

   La contradictoria e incluso inconsecuente concepción de Arreola sobre la dignidad de los personajes públicos podría ser motivo de otras consideraciones. En el caso que mencionamos llama la atención que el directivo de una empresa mediática, conocedor de las rutinas y las formas del quehacer político –que suele incluir reuniones e intercambios en todos los niveles del entramado estatal– se estremezca de esa manera al saber que los titulares de dos de los poderes federales se reunieron.

   Y si el asombro de Arreola es, a su vez, sorprendente, resulta todavía más desproporcionado el apremio que le hace al titular de la Suprema Corte de Justicia. La sugerencia para que Azuela renuncie no sólo es descabellada. Además, parte de la insidiosa suposición de que encuentros como el que ocurrió en Los Pinos, el martes de semana santa, son ilegítimos.

   Como no es así y eso lo sabe cualquiera que conozca las necesidades de interlocución que implica el quehacer político –por fortuna, porque si todo fueran desencuentros el deterioro de nuestra vida pública sería peor– la pretensión del director general de Milenio no puede sino entenderse como resultado de la apuesta política que ese diario ha querido hacer a favor de López Obrador.

   Todo medio de comunicación y sus directivos tienen posiciones. Aquí no discutimos el derecho de Milenio a sostenerlas, sino los endebles recursos que aprovecha para respaldar al personaje político con el que esa empresa ha decidido comprometerse.

No hubo conspiración

   Atractiva por la revelación que hacía sobre el estado de ánimo del presidente Fox cuando se enteró del intríngulis en el que se había metido López Obrador, la información de Marín no ameritaba tanto estruendo. De hecho, al parecer esa fue la impresión que tuvo ese periodista porque el relato del desayuno en Los Pinos lo circunscribió a su columna del lunes y el martes y no lo anunció de otra manera en el periódico de cuya confección está a cargo. El tratamiento escandaloso ocurrió hasta el miércoles, el día en que apareció el comentario de Arreola que hemos citado.

   La información sobre el encuentro en Los Pinos, más allá del chisme circunstancial, no implicaba ningún cambio en las definiciones políticas acerca del posible desafuero de López Obrador.

   No fue una reunión a escondidas, aunque sí con la discreción con que todos los días se realizan numerosos acercamientos políticos en este país. Tan no lo era así que el mismo presidente de la República les narró aquel episodio a varios empresarios, entre quienes están el o los informantes del periodista Marín.

   Si Fox hubiera tenido una actitud culposa respecto de aquel encuentro, no lo andaría platicando como lo hizo. Y si hemos de dar crédito a la reconstrucción de Marín y sus informantes en ese relato, lejos de afianzarse la idea de una maquinación orquestada contra López Obrador, lo que se confirma es que el presidente de la República era ajeno a ella.

   La actitud de Fox cuando se enteró del asunto, la urgencia política que le reconoció, el llamado perentorio al titular de la Corte y la insistencia ante Azuela para que se buscaran otras salidas jurídicas que evitasen el proceso de desafuero, contradicen la opinión de quienes han sostenido que el caso de El Encino fue urdido por el gobierno para golpear a López Obrador.

Fox no quería desafuero

   Si hemos de dar crédito al mencionado relato periodístico, la inquietud del presidente de la República indica todo lo contrario: quizá porque entendió la gravedad política de la denuncia contra uno de los candidatos más fuertes para sucederlo, por espontánea solidaridad con López Obrador o simplemente con el afán de evitarse un problema adicional a los muchos que ya tenía, Fox trató de evitar la confrontación entre el jefe de Gobierno del DF y el Poder Judicial.

   Esa conducta del presidente, lejos de ser muestra de confabulación alguna, indica que si la querella prosiguió no fue por decisión suya ni de sus colaboradores.

   En el relato de aquel desayuno queda muy clara la exigencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando Fox le pide que encuentre vías que no pasen por la posibilidad del desafuero, el ministro Azuela le recuerda, “con todo respeto”, la autonomía del Poder Judicial.

   Esa expresión del presidente de la Corte tendría que bastar para confirmar que aquella reunión no fue entre los representantes de un poder que se subordina a otro, sino entre funcionarios del Estado que cumplen con la responsabilidad de intercambiar puntos de vista sobre temas de preocupación común.

   De hecho, si algún intento hubo, aunque tenue, para torcer la aplicación de la ley fue cuando, en su inquietud personal y política, el presidente Fox quiso explorar otras opciones antes del desafuero.

   La posición de Azuela fue muy clara. Si, ante el requerimiento del juez de distrito, la PGR no solicitaba a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador, entonces esa dependencia y su titular serían quienes se convertirían en corresponsables de una infracción legal.

El Encino ya se conocía

   El relato de Marín confirma la posición del gobierno federal cuando ha explicado que la solicitud de desafuero no obedeció a una decisión discrecional. La PGR actuó así porque, de acuerdo con la ahora confirmada interpretación de la Suprema Corte de Justicia, no le quedaba de otra.

   Muchos defensores oficiosos de López Obrador y la oficina jurídica del gobierno del DF han sostenido que la solicitud de desafuero pudo ser evitada por el gobierno federal. La reseña de aquel encuentro en Los Pinos ratifica que no era así.

   Por lo demás, mucho antes de abril de este año el litigio alrededor del predio El Encino era conocido y se sabía que, si el juez ratificaba la posición que ya había manifestado al considerar que López Obrador había incumplido la orden de suspensión de obras, podía ser acreedor de la petición de desafuero.

   Al menos desde la segunda mitad de 2003 se pueden encontrar informaciones periodísticas que dan cuenta de distintas fases de ese proceso judicial que había comenzado dos años antes.

   Las consecuencias del pleito por el camino abierto en El Encino se sabían antes de la semana santa de este año. Si el presidente Fox no estaba al tanto de ellas no era sino como resultado de la escasa información que recibía acerca de la vida pública y que ha sido parte del ensimismamiento con que ha gobernado al país.

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En el campo del periodismo, el orden de los factores sí altera el producto. O mejor dicho, lo define según la intencionalidad, los intereses y la interpretación que matizan la valoración que cada medio de comunicación hace de los acontecimientos.

   Ayer la prensa de la ciudad de México ofreció un estupendo ejemplo de cómo la subjetividad se sobrepone en algunos casos al profesionalismo periodístico.

   En un esfuerzo, desesperado y desmedido, para distraer la atención respecto de las acusaciones en su contra que se están ventilando judicialmente, René Bejarano dio a conocer una lista de personajes que, según él, frecuentaban al empresario Carlos Ahumada. El batidillo de nombres destacados y adscripciones políticas que allí se presenta hace a esa relación, en principio, de verosimilitud discutible. La fuente de la que el ex diputado dice haber obtenido esos nombres es un antiguo empleado del Grupo Quart, el consorcio propiedad de Ahumada.

   En esa nómina aparecen, entre otros, ejecutivos de medios como Televisa, legisladores priistas y panistas, un gobernador panista y otro perredista y una de las hijas del presidente de la República. De todos esos nombres, el único que le pareció interesante a La Jornada fue el de la joven Fox.

   La cabeza principal de ese diario proclamaba, ayer: “Visitaba Cristina Fox a Ahumada: René Bejarano”.

   No hay engaño, ni distorsión alguna en ese titular. Y quizá tampoco hay sorpresa en el hecho de que el ex secretario particular de López Obrador quiera defenderse propalando falsedades como lo ha hecho en tantas otras ocasiones.

   Lo inaudito, aunque no tan sorprendente en el caso de ese diario, es que una publicación reputada como profesional y que algunos consideran seria le reconozca a Bejarano credibilidad suficiente para brindarle su titular principal.

   El ex diputado sometido a averiguación judicial mencionó otros nombres entre los presuntos huéspedes de Ahumada. Pero de todos ellos, al mencionado diario le pareció que el más vistoso era el de la hija del presidente Vicente Fox.

   La presidencia de la República, ahora sí, reaccionó con prontitud y no solo rechazó cualquier trato de la señorita Fox con el empresario Ahumada. Además consideró que con esos infundios se pretende “encubrir la extendida corrupción que existe dentro del Gobierno del Distrito Federal”.

   Esa respuesta era la noticia más importante y no las denuncias de un personaje tan desacreditado como Bejarano. Así se entendió en la mayor parte de los diarios de relevancia en la ciudad de México.

   La Crónica y Milenio le dieron a ese asunto sus encabezados principales con las siguientes frases, respectivamente: “Fox: con mentiras encubren corrupción extendida en GDF” y “Extendida corrupción en el gobierno del DF: Presidencia”. Aunque se trata de periódicos que han tenido posiciones contrapuestas respecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ambos coincidieron en reconocer la miga informativa en ese asunto.

   El Universal le dio a ese tema la primera de sus columnas en la plana principal con el título “Bejarano busca tapar corrupción en el GDF”.

   Reforma incluyó a la mitad de su primera plana el siguiente encabezado: “Tapan corrupción en GDF con mentiras.- Los Pinos”.

   El encabezado de La Jornada es precedido de un titular que complementa la información: “Se recurre al infundio para encubrir al GDF: Los Pinos”. Pero esa frase se publica en una tipografía cinco veces menor que el encabezado principal.

   La simpatía que los editores de La Jornada han decidido tener por Bejarano los llevó a dedicarle a una foto de ese personaje la mitad de su primera plana del miércoles pasado. Allí el ex diputado aparecía con rostro contrito, piadoso casi, como si no rompiera un plato, rodeado de micrófonos unas horas antes de que lo detuvieran.

   Ahora, el mismo diario le concede a Bejarano tanta credibilidad que lo toma como informante para su nota principal del domingo.

   Si Carlos Ahumada tenía tratos personales o de negocios con gente como la que mencionó Bejarano en su insidiosa lista sería motivo para que las autoridades judiciales –que siguen la pista del dinero que acostumbraba gastar ese empresario– dirigieran hacia allí sus indagaciones. Pero por sí solo ese hecho no incrimina, automáticamente, a nadie.

   En cambio el ex diputado local, a quien La Jornada concede tanto crédito, ha dicho una mentira tras otra. Además, sigue sin explicar en qué gastó el dinero que con tanta devoción acomodaba en el portafolios.

El guardaespaldas Fernando Guzmán López, que pistola en mano amenazó a docenas de reporteros en el Teatro San Rafael, ha sido detenido por las autoridades judiciales de la ciudad de México. No podía ser de otra manera: las escenas de la intimidación a los periodistas han sido difundidas en las dos cadenas nacionales de televisión y no hay duda alguna sobre la prepotencia e irresponsabilidad con que actuó el guardaespaldas de la actriz Lucero.

   Él fue quien agredió a varios reporteros. La versión que la propia artista sostuvo al decir que a Guzmán le habían quitado la pistola era inverosímil, pero queda refutada en uno de los videos en donde se aprecia como es él quien saca el arma para apuntar a los periodistas. Se trata, además, de una pistola de uso exclusivo para el Ejército.

   Resuelto el asunto judicial, quedará pendiente el cada vez más confuso tema sobre las relaciones entre la prensa y los personajes públicos. Con desbordada irritación Lucero ha insistido en culpar a los reporteros del incidente que ocurrió el jueves por la noche, cuando se habían conmemorado cien representaciones de la obra Regina en donde ha desempeñado el papel estelar.

   Después de la develación de la placa, la actriz se negó a hacer declaraciones a los periodistas que habían sido convocados a tal ceremonia. Varios de ellos insistían en hacerle preguntas con tanta persistencia que algunos miembros del equipo de seguridad que cuida a la actriz se pusieron nerviosos. Entonces se desató el enfrentamiento.

   Las escenas difundidas por televisión no muestran esos momentos previos a los forcejeos y la intimidación armada pero es presumible suponer que, igual que en muchas ocasiones similares, los reporteros hacían todo lo posible para obtener una declaración. A menudo esa obstinación se manifiesta en tropel, a gritos y de maneras que no son precisamente comedidas.

   En ocasiones incluso hay informadores que micrófono en mano –y más aun, amparados en la cámara de televisión que los acompaña–  persiguen a personajes públicos en circunstancias en las que no quieren hacer declaraciones ni ser fotografiados.

   La terquedad para grabar voces y expresiones de artistas y políticos en contra de su voluntad es resultado de la amalgama de dos arraigadas y discutibles costumbres en el periodismo contemporáneo.

   Por una parte se encuentra la práctica de buscar y publicar declaraciones sin ton ni son aunque la mayoría de ellas estén huecas de contenidos auténticos. Esa preferencia por los dichos, más que por los hechos, ha anidado en un periodismo poco habituado a investigar y a ir más allá de la superficie de los acontecimientos más notorios.

   Por otro lado, la exposición de los personajes públicos en circunstancias de toda índole y especialmente cuando se encuentran en actividades de carácter privado nutre gran parte de los espacios de la prensa sensacionalista, cuya capacidad de trivialización va de la mano con el extendido éxito que tiene. El periodismo de espectáculos que se practica tanto en Televisa como en TV Azteca suele nutrirse de ese acoso a los artistas más célebres.

   Allí hay un doble juego. Seguir a los famosos es más cómodo que investigar y a menudo, también, más redituable en términos de audiencia. Y para los personajes que viven de la fama pública que les confiere su pertenencia al mundo del espectáculo a veces es preferible ceder parte de su privacía con tal de mantener su presencia mediática.

   La misma Lucero se ha beneficiado de esa explotación desmedida, y de alguna manera incluso impúdica, de su vida privada. En enero de 1997 su boda con el cantante Mijares fue comercializada como espectáculo y el canal de las estrellas la transmitió en cadena nacional.

   Podría suponerse que ha sido víctima de la transgresión, que ella misma ha propiciado, en contra de su derecho a la intimidad. El viernes en una alborotada conferencia de prensa se quejaba de la persecución que a menudo padece por parte de reporteros que quieren registrar su presencia en diversas circunstancias de su vida personal. SIn embargo el incidente de la noche anterior ocurrió en una ceremonia a la que los periodistas habían sido invitados y en el entendido de que es costumbre que los artistas hagan declaraciones cuando se conmemora una cantidad simbólica de representaciones de las obras en las que aparecen.

   Imperdonable la agresión a los reporteros, ese episodio confirma la ausencia de reglas claras en la relación siempre difícil, pero inevitable para ambos, entre periodistas y personajes públicos. Una prudente dosis de respeto mutuo ayudaría a distender ese trato. Por supuesto, nada de ello es posible ante una pistola desenfundada y amenazante.

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Aun antes de comenzar a circular, el nuevo libro de la periodista argentina Olga Wornat es un éxito. El personaje central de ese trabajo de investigación, la señora Marta Sahagún de Fox, se encargó de hacerle una insólita publicidad cuando, el miércoles, se refirió al costo que está dispuesta a pagar por las tareas que está realizando. “Nuestras familias se verán también sujetas a críticas y a ofensas muy injustas”, dijo la esposa del presidente de la República.

   Esas palabras se referían al libro La jefa, que escribió una periodista célebre por develar aspectos delicados de la vida privada de personajes públicos como el ex presidente Carlos Menem.

   En México, Olga Wornat se entrevistó con docenas de amigos, familiares y funcionarios cercanos a la esposa del presidente y con ella misma. El subtítulo del libro, “Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox” no deja lugar a dudas sobre su contenido. No se trata de una obra sobre el desempeño político de la esposa del presidente sino, fundamentalmente,  acerca de sus relaciones familiares y personales.

   Ayer dos de los principales diarios de la ciudad de México y el semanario político más importante del país dedicaron amplios espacios a sendos adelantos del libro. Algunos de los hechos que allí se relatan habían sido difundidos de manera parcial en distintos medios. Otros, circulaban como rumores.

   Con reconocible pudor pero sin dejar de otorgarles singular relevancia, Proceso advierte en su edición de ayer que la investigación de Wornat fue posible gracias a que varios de los ocupantes de la residencia presidencial decidieron “no poner límites a su vida personal y familiar”. Amparado en esa circunstancia, el semanario consideró “de interés público” anticipar algunos fragmentos del libro.

   No solo al charlar son la periodista argentina, sino en numerosas ocasiones durante los años recientes, el presidente Fox y su ahora esposa han manifestado una notable ligereza para hacer, de su vida privada, acontecimiento público. La indiscreción –lindante con el candor– con que el presidente se refiere abiertamente a la relación con su esposa o sus hijos, la manera como fue difundido el ultrasonido de su nieto antes de nacer y, en otro plano, la intencional confusión que la señora Sahagún ha querido mantener entre sus responsabilidades como esposa del presidente y la fundación que ella alienta, forman parte de una vistosa cadena de equívocos entre los planos público y privado.

   Ahora, podría decirse, los Fox son víctima de una confusión que ellos mismos han alentado. Después de varios años de utilizar su vida privada para promoverse en el terreno de los hechos públicos, aparece un libro cuya autora aprovechó la proclividad de esa familia –y de muchos de quienes la rodean, lo cual no deja de llamar la atención– para hablar sin freno de sus asuntos personales.

   Pero es discutible que la locuacidad e incluso la indiscreción que el presidente, la señora y algunos de sus familiares acostumbran manifestar acerca de aspectos de su vida privada, justifique la intromisión en ella.

   Las historias conyugales, los litigios por asuntos personales, las dolencias o adicciones de los actuales inquilinos de Los Pinos o sus familiares cercanos, tendrían que ser reconocidos como asuntos que conciernen solamente a ellos. El hecho de que esos asuntos interesen a los lectores no necesariamente legitima su publicación.

   La frontera entre la vida privada y pública suele ser resbaladiza. Pero es evidente que el libro de Wornat, ocupándose de asuntos y personajes públicos, se inmiscuye en cuestiones del ámbito privado de esa familia. Esa periodista advierte: “Estoy convencida de que la vida privada de las mujeres y los hombres públicos es pública”.

   La convicción de la señora Wornat es discutible. El hecho de ocupar posiciones de responsabilidad política no exime a los gobernantes, y mucho menos a sus familiares, del derecho a la privacía que es una garantía de todos los ciudadanos.

   Cuando a los personajes políticos se les evalúa a partir de sus vicisitudes privadas el debate en la sociedad se empobrece. La murmuración desplaza, entonces, a la discusión de los asuntos de auténtico interés público.

   Gran parte de los episodios relatados en el libro de Wornat y reproducidos en varias publicaciones atañen solamente a la señora Fox y sus familiares. Otros, como las alusiones a posibles negocios oscuros de sus hijos, tendrían que ser aclarados.

   Al presidente y a su esposa es preciso evaluarlos críticamente a partir de sus hechos y dichos públicos. El de su vida privada es un terreno suyo –aunque ellos mismos se hayan empeñado en traficar políticamente con él–.

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