Desde que en mayo se aprobó la Ley de Suelo, los representantes locales están obligados a hacer una declaración pública de su patrimonio. Esta medida, encaminada a controlar el enriquecimiento anómalo de los representantes públicos no es suficiente a ojos de los inspectores de Hacienda. Según indicó el viernes José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, hay que ir más allá de esta mera declaración de bienes.

Para ello, plantea la inclusión en un plan de inspección de alcaldes y concejales de urbanismo de los municipios con una población de más de 50.000 habitantes. La medida se incluye en un documento sobre fraude y corrupción presentado en la clausura del XVII Congreso anual de la organización. De salir adelante su propuesta para investigar a los alcaldes, unos 141 municipios se verían afectados, pero también a aquellos que siendo más pequeños, hayan adoptado importantes medidas urbanísticas. Según la organización de inspectores, la inclusión en el plan de estos representantes públicos se realizaría tras su mandato. En ese momento, la inspección buscaría posibles alteraciones en la composición de su patrimonio, así como su participación en sociedades de todo tipo.

Al menos de momento, la posición de la cúpula de la Agencia Tributaria es contraria a este tipo de iniciativas y centra su actuación en sectores de actividad y no en colectivos concretos. No obstante, fuentes de la Agencia reconocen que, como ya ocurriera con la Operación Malaya, al hilo de operaciones en curso se pueda plantear la oportunidad de inspeccionar a determinados representantes públicos.

Al calor de todo tipo de escándalos urbanísticos y tramas organizadas para el cobro de comisiones, el sector inmobiliario ya está absorbiendo gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, éste no es el único centro de atención de los inspectores.

Las Sicav (instituciones de inversión colectiva que se benefician de un tipo reducido del 1% en el impuesto de sociedades frente al 32,5% actual) siguen estando mal vistas por este colectivo de profesionales. Y eso que, como ellos mismos reconocen, 'ninguno de los planes que ha iniciado la Administración respecto de estas entidades ha podido culminarse'. Aunque no abiertamente, Peláez admite que han podido influir 'ciertas presiones' y, en todo caso, afirma que si en lugar de tratarse de Sicav fueran empresas de otro sector, lo habitual habría sido ampliar el segundo plan de inspección que se inició en 2004, en lugar de su cierre. En la actualidad, según aclaró Peláez, las Sicav no están incluidas en ningún plan inspector.

La fiscalización se realizaría tras su mandato como representantes públicos

Los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal, así como los bancos con sucursales en paraísos fiscales tampoco gozan de la confianza de los inspectores. De hecho, para los primeros proponen su responsabilidad solidaria con sus clientes en caso de fraude.

Las tramas del IVA son otros de los fraudes habituales. Para ello, en línea con la iniciativa ya en marcha los inspectores instan a la Administración española a que lidere el diseño y la creación de una base de datos de intercambio de información.
Otras medidas antifraude

•Prohibir a las entidades bancarias tener sucursales en los paraísos fiscales.

•Plan específico para vigilar a artistas y deportistas que trasladen su residencia a paraísos fiscales. Se les impediría que representaran a España.

•Restringir el acceso al sistema de módulos en el IRPF a sólo los empresarios que facturen a un consumidor final.

•Responsabilidad solidaria de los despachos que ofrezcan productos de ingeniería fiscal.

•Creación de una oficina nacional antifraude.

•Configuración de una policía fiscal que se encargue de aspectos específicos.

•Destinar a un grupo de inspectores 'de incógnito' descubrir a quienes prestan servicios sin factura.

•Potenciar un sistema de denuncias de los particulares.

•Plan de comprobación e inspección de todas las Sicav.

Esta deducción ha permitido que “todos los pelotazos que se han dado en España desde 2003, que han sido muchísimos en el sector inmobiliario y en el mundo empresarial, hayan tenido una tributación muy ventajosa del 15%”, frente al 35% del tipo normal del Impuesto de Sociedades, según un experto en fiscalidad. Todo el mundo se ha aprovechado de esta ventaja: empresas grandes y pequeñas, bancos, aseguradoras y patrimonios medios y altos, que creaban sociedades ad hoc para ello.

Lo cierto es que esta rebaja de 20 puntos (que puede interpretarse como un regalo del 20%) era muy fácil de obtener inicialmente, puesto que valía con reinvertir las plusvalías generadas a más de un año en casi cualquier activo. Posteriormente, empezó a restringirse el universo de las inversiones inmobiliarias -las fuentes consultadas aseguran que buena parte del boom se explica por esta reinversión de plusvalías-, y se estableció que tenían que ser inmuebles afectos a la actividad de la sociedad.

Pero valían las inversiones financieras si se superaba el 5% del capital, entre ellas las sicavs, con lo que todo el mundo se pasó a este vehículo; bastaba concrear una. Sin embargo, cuando el PSOE llegó al poder lanzó una ofensiva de la Inspección contra estos productos, que también se cayeron de la lista de activos aptos para esta deducción en enero de 2005.

Por ello, los bancos de negocios y privados empezaron a crear vehículos pensados ex profeso para la reinversión de plusvalías -de hecho, utilizaban esa rentabilidad fiscal del 20% como reclamo comercial-, y además apareció como gran panacea las sociedades de capital riesgo: “Todos los grandes patrimonios españoles crearon la suya para reinvertir plusvalías, incluso endeudándose,”, explica un gestor de patrimonios. Además, estas sociedades tienen tres años para invertir el dinero, según la Ley Reguladora de este sector.

Mirar las tripas de las inversiones

La ofensiva actual pone en cuestión todas las deducciones por reinversión aplicadas en los últimos años y pretende mirar lo que hay dentro (look through) de los vehículos en que se ha metido ese dinero, para ver si son activos aptos. Por ejemplo, si las sicavs (en la fecha en que valían) realmente compraron participaciones superiores al 5% en empresas, o si las sociedades de capital riesgo tienen invertido más del 50% de su patrimonio, aunque no se hayan cumplido los tres años.

Según fuentes jurídicas, “se trata de un atentado contra la seguridad jurídica, puesto que la gente se limitó a aprovechar una posibilidad de la ley, y ahora el Gobierno cambia de criterio”. Con el añadido de que no afecta a las deducciones aplicadas a partir de ese cambio de opinión, sino que se aplica de forma retroactiva a todas las anteriores. Un portavoz de la Agencia Tributaria asegura que “se están investigando estas deducciones por el riesgo probable de utilización fraudulenta o delictiva, no para perseguir el concepto en sí”.

Otras fuentes financieras afirman que “lo que ha mosqueado a Hacienda son las estructuras complejas que limitan el riesgo de esas inversiones, como la utilizada por Manuel Jove para entrar en BBVA, ya que más que tomas de participación, se trata de productos financieros”.

El objetivo de Hacienda es que estas plusvalías tributen al 35% en vez de al 15%, claro está. Para ello, el primer paso de la Inspección es retrasar la aplicación de la deducción: “Pague usted el 35% de momento y los próximos años haga una declaración complementaria pidiendo la deducción, y ya veremos”, es el argumento de Hacienda según el experto en fiscalidad citado. Con el agravante de que, al bajar el tipo de Sociedades al 30% y al subir la tributación de las plusvalías al 18%, el beneficio fiscal se reduce del 20% al 12%.

Situación rocambolesca

Esta ofensiva ha puesto a temblar a las empresas y altos patrimonios, puesto que están en juego miles de millones de euros. “Es un plan de recaudación brutal”, según las fuentes consultadas. Y tiene dos derivadas casi rocambolescas. Por el lado de las empresas grandes, tienen que enfrentarse por este tema a la misma Administración Tributaria que les pide que depositen en ella toda su confianza para salvarse de otro varapalo fiscal: el expediente de Bruselas que considera la deducción del fondo de comercio financiero como ayuda de Estado.

Por el lado del capital riesgo, nos encontramos ante un nuevo choque frontal entre los criterios de la Inspección y una ley que afecta a productos de inversión. Es decir, entre Hacienda y la CNMV. En el anterior pulso a cuenta de las sicavs, venció el supervisor gracias a la firmeza de Manuel Conthe. Ahora, con Julio Segura al frente, las cosas están mucho menos claras.

Fuente: El Confidencial