El 30 de abril, en el suplemento "Campus" del diario El Mundo, José Canosa publica un artículo titulado Zapatero y la "California de Europa". En él critica la política del Gobierno en materia de investigación, pero, sorprendentemente, no porque Rodríguez Zapatero haya incumplido sus compromisos, sino por todo lo contrario: porque insiste en la necesidad de aumentar el número de investigadores. Nada más lejos de mi intención que defender la política de investigación (ni la política educativa) del pasado gobierno. Pero nada más lejos también de mi intención que dar por buena la "solución final" que Canosa propone para el sistema de investigación en España: "Las instituciones soviéticas, alimentadas exclusivamente por el Estado, están abocadas a desaparecer, como ha sido el caso con muchos institutos científicos de la antigua URSS y de Alemania del Este." Ese es el destino al que se condena sumariamente a las equipos de investigación de las universidades públicas españolas y del CSIC.

Para justificar dicha "solución final", Canosa insiste en los tópicos sobre investigación y universidades que han sido el núcleo del discurso del Partido Popular en las pasadas elecciones y que fueron expuestos en un debate en la Universidad de Murcia por uno de los candidatos del PP, que además es una de las cabezas pensantes de la FAES (pueden encontrarse los enlaces al debate aquí). El mensaje es simple (y simplista). Se basa en dos datos. Uno, que entre las cien mejores universidades del mundo figuran numerosas universidades de Estados Unidos y ninguna española. Dos, que entre las mejores escuelas de negocios del mundo figuran varias españolas. De estos datos se extrae la conclusión de hay que ir liquidando los centros públicos de investigación y dejar la investigación en manos privadas.

¿Cómo se llega de las dos premisas citadas a la conclusión? Pues por una serie de verdades a medias o falsedades completas y de falacias como las siguientes:

1. Se da por supuesto que las universidades norteamericanas (al menos las importantes) son privadas. Lo cual es falso. En California, que es el Estado que se cita en el artículo, la principal universidad es la Universidad de California, que es en realidad una enorme red de universidades públicas que incluye algunas tan prestigiosas como la de Berkeley o la UCLA, entre otras.

2. Se pasa de hablar de universidades norteamericanas a hablar de universidades anglosajonas obviando el hecho de que las británicas son en su mayoría públicas (y especialmente las de más prestigio).

3. Se reconoce a medias, aunque luego se obvia, el hecho de que la financiación de la investigación en las universidades californianas (públicas o privadas) que hizo posible el desarrollo de las industrias de nuevas tecnologías fue pública. Sin esa inversión del Estado, dicho desarrollo hubiera sido imposible, así que, contra lo que se pretende dar a entender, el motor financiero de la revolución tecnológica en California fue el Estado.

4. Se comparan las universidades norteamericanas (dando por supuesto el hecho falso de que son todas privadas) con las españolas (dando por supuesto el hecho también falso de que son todas públicas). Cuando lo riguroso sería comparar las públicas y las privadas estadounidenses por un lado (cosa que no se hace) y las públicas y las privadas españolas por otro (cosa que tampoco se hace). Si se hiciera lo segundo, es decir, comparar la productividad investigadora de las universidades públicas y privadas españolas (viendo el curriculum investigador de los profesores de unas y otras o los proyectos de investigación financiados obtenidos en convocatorias competitivas, por ejemplo), el resultado sería espectacularmente favorable a las públicas, tanto en términos absolutos como relativos. Porque, salvo excepciones muy contadas, las universidades privadas españolas, sencillamente, no son centros de investigación. Si se desmantelara, como se propone en el artículo, los centros de investigación públicos (que en el artículo son calificados de "soviéticos"), sean del CSIC o de las universidades, el resultado no sería que la investigación en España decaería, sino que prácticamente desaparecería.

5. El contraejemplo de las Escuelas de Negocios no es tal. Por la sencilla razón de que no son centros de investigación, ni buenos ni malos. Son otra cosa, muy respetable, pero no centros de investigación. Eso por no hablar de ciertas "universidades" que sí son, ciertamente, excelentes "escuelas de negocios", pero inmobiliarios.

El argumentario oficial del PP, muy bien ejemplificado en este artículo, es un modelo de lo que no debe ser el razonamiento científico. Se sustituye la crítica por el anatema (por ejemplo calificando de instituciones soviéticas los departamentos e institutos de investigación de las Universidades públicas y el CSIC o los títulos oficiales y los funcionarios nada menos que de "impedimentos medievales"), se mezclan churras con merinas y se ocultan los datos más relevantes. En definitiva, una aplicación de la máxima de "no dejes que los hechos te estropeen una buena teoría". Mala máxima cuando se trata de diseñar la política científica, que en este caso lleva a la peregrina conclusión de que el problema de la investigación en España son las instituciones que investigan y la solución está en las que no lo hacen.

¿Y todo para qué? El artículo lo deja claro. La única intervención del Estado que sí se defiende, muy en la línea del pseudoliberalismo selectivo que practica nuestra derecha, es la financiación pública de los programas de postgrado. O sea, que, cuando de lo que se trata es de financiar los másteres de las universidades privadas, de iniciativa privada nada. Para eso sí valen los soviets.