Los responsables de las versiones taquigráficas del Congreso de los Diputados han borrado del Diario de Sesiones la palabra miembra, pronunciada por la ministra Bibiana Aído el día 9 de junio. Basan la supresión en que el palabro no está en el diccionario de la Academia, pero ésa es una razón insuficiente.

Yo tengo admiración por el cuerpo de taquígrafos de las Cortes, en el que trabajan muchas más mujeres que hombres, todos con eficacia y discreción impresionantes. Les he visto durante años tomar nota puntual, o sea, exacta, de lo dicho por los parlamentarios mediante un trabajo cuyo resultado me parece milagroso. Lo mismo entienden a un orador atropellado que a otro tartamudo, a uno que habla en susurros, como para sí solo, que a quien comete violaciones sucesivas de la sintaxis.

Los taquígrafos no son sólo una imagen certera de las virtudes del parlamentarismo («¡luz y taquígrafos!») sino, sobre todo, unos notarios imprescindibles. Por eso, suprimir un término que fue significativo en su momento no tiene nada que ver con su función; es, cuando menos, un error.

Esto no quiere decir que yo simpatice con esa locución infortunada. Antes la he tachado de palabro, término que sí admite la Academia y significa «palabra mal dicha o estrambótica». Miembra es una construcción absurda e indocta, pero debe quedar recogida en el Diario de Sesiones, testimonio de lo que ocurre -de todo lo que ocurre- en el Parlamento. La única salvedad debe marcarla el remiendo gramatical necesario para que el lector perciba lo que se dijo: el lenguaje oral necesita algún arreglo formal cuando es ininteligible sobre el papel, pero sólo esa corrección es legítima y no la poda de palabras por otros motivos.

Lamentablemente, muchas veces ha sido el Diario de Sesiones víctima de talas indebidas. De casi todas las sesiones encendidas y a veces violentas celebradas durante la II República se eliminaron insultos, maldiciones y amenazas. El lector tiene que imaginárselos cuando encuentra entre paréntesis frases como «algunos diputados profieren palabras que no se entienden...» y otras parecidas. Pero imaginarse lo que pasó no es conocerlo.

Los responsables del Diario de Sesiones hicieron un flaco servicio al conocimiento histórico. La tristemente famosa amenaza, que yo citaba aquí el otro día, pronunciada por el comunista José Díaz contra José María Gil Robles («Usted morirá con los zapatos puestos») en 1936 fue recogida por algunos periódicos, pero no apareció en el Diario de Sesiones, lo que explica que se haya atribuido también a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, y se haya tenido por víctima de ella en ocasiones a José Calvo Sotelo.

El Diario de Sesiones sí recogió, en cambio, una frase que pronunció Pablo Iglesias en 1910 dirigida a Antonio Maura, que causó mayúsculo escándalo, y que resumo: tal ha sido la indignación causada por la política maurista que nosotros consideramos que antes de que S.S. vuelva al poder debe llegarse «hasta el atentado personal». En la República y en otras etapas, este discurso habría sido cercenado y una parte de la Historia habría sido borrada.

La supresión de miembra no es asunto grave, pero lo revelador es el gesto más que su resultado. Si se retoca el discurso de una ministra, se invita a sospechar que el arreglo en cuestiones significativas es corriente. Si es así, el valor del Diario de Sesiones queda menoscabado. Porque su función no es corregir al orador, sino dar fe de lo que pasa; y, a veces, lo que pasa es que un parlamentario atiza patadas al diccionario o dice tonterías.

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Las cabriolas dialécticas de Rodríguez Zapatero sobre la crisis económica han infundido en muchos la duda acerca de la necesidad de que los dirigentes políticos hablen con claridad a la gente aun a riesgo de causar inquietud y alarma. Algunos, con buena fe, se preguntan si el sobresalto ocasionado por la verdad no será peor que la ocultación. Otros, en su papel de escoltas del poder, aplauden la ficción del presidente del Gobierno sin perder el tiempo en interrogantes: para quien se ha rendido lo obligado es no discutir y, en cambio, defender sin desaliento la acción del sujeto que ha ganado su capitulación.

Pero esta duda está resuelta desde hace mucho tiempo, desde que se entendió la dimensión de dos cimientos de la sociedad libre: uno, el formado por la libertad de expresión, que incluye la libertad de información, y otro, el constituido por el deber de los gobernantes de actuar siempre al servicio de los gobernados. Ambos principios no pueden ser llevados a la práctica sin el respeto a la verdad. Sin verdad no hay información, que es un valor social y una utilidad personal insustituible; y sin verdad no puede haber servicio a los ciudadanos, que es lo que deben los gobernantes a la sociedad.

Cuando un gobernante dice la verdad y actúa conforme a ella, no sólo cumple un deber ético, cumple su cometido básico; cuando un gobernante se conduce con la mentira, traiciona a los ciudadanos. Algunas sociedades tienen un sentido radical de la exigencia de verdad y castigan a los políticos a quienes sorprenden en la mentira. Estados Unidos ha ofrecido ejemplos numerosos. Uno de los más notables fue el proceso social al presidente Richard Nixon, que se vio obligado a dimitir más por haber negado las irregularidades detectadas en el caso Watergate que por haberlas consentido. (Luego, en cambio, trató con indulgencia a Bill Clinton tras el 'escándalo Lewinsky' con razones en algunos casos triviales). Otras sociedades, por el contrario, consienten las mentiras de sus políticos, como ha pasado en España: Zapatero ganó las últimas elecciones de 2008 pese a sus mentiras constantes sobre la negociación política del Gobierno con ETA. Está visto que sus votantes se las perdonaron.

Es muy peligroso que la sociedad tolere a sus gobernantes la ficción política. A partir de ahí, todo abuso es posible. Afortunadamente, una parte relevante de la sociedad española no aceptó nunca las mentiras de Zapatero ni las acepta, sino que lucha por hacer oír sus denuncias por encima del ruido que causa el coro de elogios, disculpas y justificaciones que le protege.

En el caso concreto de la crisis económica, que cada día que pasa se presenta más profunda y agobiante, no hay justificación alguna para ocultarla. Zapatero, su vicepresidente Solbes y, en general, todos sus ministros la negaron por una razón de egoísmo político antes de las elecciones, porque entendían que ahuyentando su imagen de la mente de los votantes no perderían votos. Y la minimizan ahora para dar una sensación de dominio de la situación y no perder el favor entre su público. No recurren a la simulación para sólo calmar los ánimos, sino para recibir el servicio de los ánimos tranquilizados. Pero eso es una deslealtad y una trampa. A los ciudadanos hay que decirles la verdad ¡sobre todo si es alarmante!, porque sólo con la verdad podrán actuar en consecuencia y protegerse. Negarles la verdad, edulcorarles la realidad, es hacerles un mal servicio y es, además, tratarlos como idiotas.

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La sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) tiene más consecuencias que la retirada de la circulación de la formación proetarra, pues afecta a más personas que las encuadradas en eso que casi todos entendíamos como una tapadera de los terroristas. Afecta a quienes no lo vieron o hicieron que no lo veían: José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno; Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia; Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, y todos aquéllos que apoyaron o facilitaron su ceguera política. La sentencia del Supremo desvela la enorme responsabilidad de quienes, por acción o por omisión, permitieron que la presencia etarra en las instituciones democráticas se haya prolongado hasta ahora y haya causado otras secuelas ya inevitables.

El Supremo se basa en algo que es de razón, que una banda terrorista, cualquiera que sea la piel de cordero que se enfunde, no puede acceder al ámbito de la decisión pública, aprovechándose de todos los recursos al alcance de los políticos, especialmente subvenciones e información, que no hace falta cavilar mucho para entender que los usa para atacar a los demás. Esto ya lo había dicho antes mucha gente, pero el Gobierno y sus compañeros de viaje negaban la evidencia por una estratagema política, que era la negociación con los terroristas. De esa manera, el Gobierno supeditaba la razón de la legalidad a un fin político que era, además, un absurdo humano (lograr la rendición de los terroristas por la palabra), cuando no una infidelidad democrática (ceder a las pretensiones etarras por las que han asesinado, secuestrado y extorsionado).

Durante los meses previos a las elecciones municipales de 2007 tuvimos que aguantar negaciones de la evidencia articuladas en argumentos inconcebibles. Zapatero recurría a la historia de ANV, partido fundado en 1930, y ocultaba que había sido rehabilitado como instrumento por los terroristas. Bermejo cometía el exceso de calificar como «inconstitucional» la ilegalización que ahora ha decidido el Supremo. Y Pumpido aseguraba que se había «extirpado el cáncer» con la impugnación de algunas candidaturas de ANV, una impugnación selectiva que dejó a la formación filoterrorista ocupar 432 concejalías y gobernar 42 ayuntamientos en el País Vasco y Navarra.

Aquello fue una afrenta política, cuyas consecuencias se prolongarán aún durante tres años, pues los concejales proetarras, aunque no podrán actuar como partido, no serán despojados de sus puestos por la sentencia. Y que no se sustancia con las medidas contra ANV, pues queda ahora más en evidencia la responsabilidad de quienes pudieron impedir la entrada de los proetarras en las instituciones mediante una impugnación de todas las candidaturas que presentaron a las municipales, no sólo de una parte. ETA ganó esa batalla, pero necesitó una actuación disparatada del poder político. Lo mismo se puede decir de la operación etarra que llevó al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a estar presente en el Parlamento vasco y que ayer también fue ilegalizado por el Tribunal Supremo.

Todo esto sirve para impulsar la eficacia de la lucha del Estado contra ETA. Pero necesitamos que pague sus culpas el poder político que no actuó cuando debía. Debe pedir perdón. Luego los ciudadanos -si están convenientemente informados, si conocen la verdad sin tapujos, si no se les confunde- dictarán su veredicto. Es lo que resulta de la grave responsabilidad política contraída.

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Precisamente ahora que se acerca el trigésimo aniversario de la Constitución de la democracia vuelve a manifestarse la crisis de dos instituciones que deberían funcionar medianamente bien para que el sistema se sintiera arraigado: la justicia y la enseñanza. Acabamos de ver cómo los partidos políticos han asestado otro golpe a la credibilidad y a la eficacia funcional del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados, a quienes la norma suprema quiere «independientes» y «sometidos únicamente al imperio de la ley». Es imposible que con la presión vigilante del poder político la administración de justicia sea plenamente independiente y libre, o al menos es imposible confiar en ello.

Sobre la enseñanza ha planeado también en estos años la coacción política, a la que se ha sumado, superándola tantas veces, la incapacidad para diseñarla y organizarla de modo adecuado, o sea, primando el esfuerzo de los alumnos, amparando la autoridad de los profesores y protegiendo la libertad del ámbito académico. El resultado ha sido un suspenso continuo, endémico, como ponen de manifiesto todos los estudios de instituciones de todos los colores, nacionales o extranjeras. Este es un asunto sobre el que se registra una total unanimidad. El último aviso ha llegado del informe anual de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que vuelve a reprobar al sistema español porque, entre otros datos significativos, no alcanza a todos los que debería, el índice de fracaso es más elevado que en la media de los países desarrollados, desciende el gasto público en educación y el salario de los profesores, cimientos del sistema, se reduce.

Y no será por las leyes que en sucesivas legislaturas se han aprobado: hasta seis ha elaborado el Parlamento nacional en 30 años y son incontables las generadas por los parlamentos autonómicos, más las normas, reglamentos e instrucciones de los gobiernos repartidos por España. Todo ha sido inútil, o más bien deberíamos decir que tanto furor normativo ha creado y protegido el cauce para la incursión política en el espacio educativo. Véase cómo en las autonomías con lengua propia se usa la enseñanza para forjar ciudadanos de determinada condición más que personas educadas y cómo en muchas se cercena el horizonte de los alumnos a favor de una concepción aldeana de la propia identidad. Hay comunidades autónomas en las que a los niños se les induce a odiar la idea de España, según denuncias de los padres.

La política dominando la enseñanza, que causa estragos en la educación de la persona, llevó a desterrar de la escuela el valor del esfuerzo y del mérito. Así, hay multitud de alumnos que abandonaron al llegar a la Universidad, cuando se encontraron con una exigencia inesperada, como también hay abdicaciones en la Universidad en favor de dar facilidades a estudiantes desprotegidos por una enseñanza ineficaz. Conviene recordar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impidió la aplicación de la Ley de Calidad de la Educación, aprobada en la legislatura anterior, que pretendía precisamente restaurar el predominio del esfuerzo en las aulas. Y al mismo tiempo inventó esa asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que supone el intento de influir desde el poder en las ideas de los escolares. Pero lo que necesita la enseñanza es calidad y no política, para lo cual hay que reforzar, proteger y prestigiar al profesorado, alejar la presión política del aula y mejorar las inversiones. En España sobran ministerios (Vivienda, Igualdad...) cuyos presupuestos mejor estarían en el de Educación. (Y, por supuesto, ya que empezábamos con ello, también en el de Justicia).

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Se han cumplido este verano los dos años de vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña -ley orgánica de 19 de julio de 2006 que entro en vigor el 9 de agosto- sin que los magistrados del Tribunal Constitucional hayan tenido tiempo de fallar sobre los siete recursos de inconstitucionalidad, siete, que les fueron presentados: uno del Partido Popular, otro del Defensor del Pueblo y cinco de las comunidades de Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia y Valencia. Esto, con todo, puede empeorar, pues podría ocurrir que el Estatuto surcara y concluyera su tercer año triunfal sin que tampoco el Alto Tribunal se pronunciara, que será todo lo jerárquicamente alto que se quiera pero que es tan lento y padece tan abundantes presiones externas e internas que es lo más parecido a una institución alarmantemente ineficaz.

El problema sería pasable, y hasta disculpable, a la vista de la agitada historia del TC si no estuviera en juego la aplicación de una ley presuntamente inconstitucional en materias básicas de la convivencia de los españoles, que van desde el terreno de los principios -el Estatuto se apropia de la palabra nación para aplicársela a Cataluña con el impudor además de citar la Constitución- al capítulo de la gestión política ordinaria, pues coloca a la Generalitat al nivel del Estado, en un plano de bilateralidad. El Estatuto se está aplicando día a día, lo cual es lógico, es lo que hay que hacer con una ley vigente, pero eso engorda también día a día el problema que estallará cuando el Tribunal, si alguna vez despierta de su sopor, suspenda algunos de sus artículos.

El TC ha tenido una agitada y controvertible trayectoria, no por culpa sólo de sus magistrados, o al menos no por culpa de todos sus magistrados, sino a consecuencia de las batallas políticas que se han librado sobre su tejado y que le han empujado a dictar sentencias polémicas, dudosas y hasta inconcebibles, como, cito de memoria, la de la televisión privada -en la que hacía depender el ejercicio de un derecho fundamental de una decisión política-, la de la Loapa, la de la expropiación de Rumasa o la de la Ley del Aborto. En el caso del Estatuto de Cataluña, la presión le ha llegado de forma incisiva desde el actual Gobierno, que no quiere la inconstitucionalidad de una promesa alegre de Zapatero a la clase política catalana y que arbitró una solución forzada para prolongar el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, tras una crispada conversación con la vicepresidenta Fernández de la Vega que las cámaras pudieron grabar a distancia.

El problema puede complicarse si el Gobierno y la oposición acuerdan sustituir ahora a los cuatro magistrados que han cumplido su mandato y a un quinto fallecido, pues el nuevo pleno del Tribunal necesitará largos meses para estudiar de nuevo el caso. O sea, estamos ante una alternativa paralizadora: si se retrasa más la renovación del tribunal, lo que implica no cumplir la ley correspondiente, puede que el asunto siga durmiendo como hasta ahora, y si se renueva se abrirá un plazo indeterminado que aplazará las sentencias sobre los recursos a no se sabe cuándo. En definitiva, o mal o peor.

Lo menos que se puede decir de la gestión del Constitucional sobre esta ley es que está haciendo un mal servicio al Estado. Yo creo que el TC está en las horas más bajas de su historia. Lo primero que necesita la institución es que los políticos quiten las manos de ella, pero su recuperación sólo puede venir en serio de la gestión de sus magistrados en una defensa decidida, radical y rápida de la Constitución. Lo malo es que eso hoy parece mucho pedir.

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¿Podemos suponer que el magistrado Baltasar Garzón ignora que fueron amnistiados los delitos que ocasionaron el drama de los desaparecidos que quiere investigar a gran escala? Sería una temeridad: no, no ignora la ley de octubre de 1977 que concedió amnistía para los «actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado» realizados antes de diciembre de 1976. En aquella fecha nuestro juez estudiaba Derecho y estaba a tres años de ganar la oposición que finalmente le llevó a la Audiencia Nacional, y es seguro que hasta aprendió de memoria esa ley que cimentó la reconciliación de los españoles para la Transición.

¿Podemos suponer entonces que Garzón desconoce que no puede actuar sobre los delitos perpetrados a consecuencia -como dice en su auto- del «Alzamiento Nacional, la Guerra Civil y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen»? Sería otra temeridad: no, seguro que no desconoce que la investigación de esos delitos, de no haber sido amnistiados, incumbiría a los jueces de los lugares donde ocurrieron, argumento que sostuvo el fiscal Carlos Bautista en escrito que le envió.

¿Por qué entonces ha organizado lo que este diario ha llamado acertadamente una «causa general» para perseguir tales delitos originados en el franquismo (aunque el bando republicano también los causó en la República y la guerra, y deberían entrar lógicamente en el ámbito de la operación)? No debemos caer en el juicio de las intenciones, campo propio del protagonista, pero sí podemos percibir los efectos de la acción y comprobar que ha causado estos dos bien evidentes: ha vuelto a situar al personaje del juez en la tormenta mediática, de la que llevaba un tiempo ausente, y ha ofrecido motivos para distraer la atención del público.

El resultado importante es el segundo (el primero tiene un alcance limitado) pues entronca con una de las maniobras más indecorosas y torpes de Zapatero y su Gobierno, consistente en combatir la crisis económica con la propaganda y el circo. El terremoto de Garzón -que agita ministerios, ayuntamientos, archivos, parroquias...- podría enmarcarse en el espectáculo circense en el momento crucial de la reanudación de la vida rutinaria tras las vacaciones, cuando la crisis causa ya estragos en el empleo, en las familias y en las empresas.

Es un espectáculo de tintes macabros el propósito de negar la crisis. ¡Si incluso el Inem va a entrar en déficit por el aumento acongojante del paro! Hasta ahora ha aplicado al drama económico propaganda basada en azucarados mensajes y asuntos polémicos para discutir. La recurrente exhumación de la reforma de la ley del aborto cumple ese objetivo. Y la justa contra los delitos amnistiados, también.

El empeño es en gran parte innecesario: muchísimos datos que pide el juez están en los archivos públicos -por lo general muy bien organizados, lo digo por experiencia- al alcance de quien quiera investigar en ellos. Y hay buenos libros con información valiosísima sobre las víctimas. He aquí un ejemplo: el de Antonio Montero, obispo ya jubilado, Historia de la persecución religiosa en España, de 1961, ofrece 114 páginas con nombres de víctimas, de muchas de las cuales aporta minuciosos datos. Nadie ha desmontado su información en casi medio siglo. Pero, claro, son víctimas «eclesiásti-cas», para algunos víctimas de segunda, aunque padecieron como las que más.

La recuperación polémica sobre el pasado atenta contra la reconciliación y contra el principio de la concordia, que es una virtud de la que se sirve la democracia. Agitar pasiones puede arreglar algunos problemas al poder, pero es una maniobra insolidaria. Desde luego, para eso no se elige a los políticos. Ni eso se espera de los jueces.

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Está surgiendo una corriente de pesimismo sobre la Constitución de 1978 que la considera sustituible a los 30 años de su nacimiento. Yo no soy de esa opinión. La Constitución tiene achaques, pero no hay alternativa mejor.

La Constitución quieren cargársela, por ejemplo, Xabier Arzalluz, porque no reconoce el derecho de autodeterminación (ese sueño alevoso y anacrónico) y Julio Anguita, porque quiere una República (esa aspiración sin referente español imitable que es como un salto en el vacío), como ha quedado de manifiesto en las entrevistas publicadas esta semana en EL MUNDO.

A la Constitución le han hecho «reformas encubiertas» (Manuel Jiménez de Parga dixit, antes de ser presidente del Tribunal Constitucional), como la alteración del sistema de formación del Consejo General del Poder Judicial previsto en el artículo 122 o como, luego, el obsequio del término nación a Cataluña en su nuevo Estatuto, que hace decir al artículo 2 lo que no dice, ante el silencio interminable y temerario de un Tribunal Constitucional que no se ha revelado como su más resuelto protector.

Pero esta Constitución es la mejor que ha tenido España nunca -y la de más larga vigencia tras la de 1876 y las Leyes Fundamentales de Franco-, que reconoce y protege de manera recta e íntegra los derechos humanos y que ha demostrado su valía amparando tres turnos de partido en el poder. Lo que pasa es que también ha mostrado carencias, además de recibir ataques arbitrarios desde el poder.

Uno de sus puntos flacos es el Título VIII, que regula la organización autonómica, mantiene abierto el proceso y es una fuente de inestabilidad; hay que modificar, y en ello todos coinciden, el acceso al Trono a la luz del principio de la igualdad entre los sexos, y es urgente, aunque no debemos hacernos ilusiones, alejar al poder político de las esferas necesitadas de independencia, y teóricamente protegidas, como son el Poder Judicial y el citado Tribunal Constitucional.

No urge otra Constitución en España, sino revitalizar la existente. La Constitución más antigua, la de Estados Unidos, que va a cumplir 221 años, ha ido incorporando a lo largo de su historia 27 enmiendas que la han mantenido plenamente viva. Lo que hace falta es voluntad de consenso, que es lo que movió a los constituyentes españoles de 1978, que no buscaron la imposición. Ojalá se puedan corregir hoy con ese espíritu sus dolencias y con el afán de mejorarla: reformar para conservarla.

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Entre Jordi Pujol y Xabier Arzalluz hay una distancia sideral. No es cierto que sean idénticos los problemas que plantean Cataluña y el País Vasco a España. La diferencia entre esos dos problemas es la referencia a España, como ha quedado de manifiesto en las entrevistas publicadas en este periódico (el martes y el miércoles) con estos dos históricos líderes nacionalistas, declaraciones interesantísimas que conviene examinar y ponderar.

La divergencia básica es que el catalán Pujol quiere estar en España y el vasco Arzalluz quiere abandonar España. Siempre se supo que Pujol conservaba un fondo de lealtad, desfigurado o enmascarado por reivindicaciones nacionalistas y determinados exabruptos políticos. Ahora, cinco años después de que concluyera su dilatada etapa de seis legislaturas al frente de la Generalitat, confirma que no ha variado su compromiso de siempre con Cataluña y «con España», y rechaza el sueño de una Cataluña independiente integrada como país en Europa: «Eso no lo he creído nunca. Siempre defendí una España democrática, en la cual Cataluña tuviera el reconocimiento de personalidad propia, diferenciada dentro del Estado». Y como para subrayar esta alusión al vínculo, habla de Cataluña y del «resto de España». Son muy importantes estos indicios espontáneos. En cuestiones básicas, Pujol proclama la lealtad de Cataluña, lo que algunos prohombres de la Transición han reconocido previamente, y la eficacia nacionalista en la Generalitat, esto último al constatar que ahora que gobiernan los socialistas en Cataluña la relación con el resto de España «es peor que nunca». Y no le falta razón. Pujol ve a España como el marco en el que se integra Cataluña.

Arzalluz, en cambio, está por la asonada política. De España sólo quiere la ruptura, su objetivo ha sido la independencia «y sigue siéndolo». Su remedio consiste en aplicar el plan Ibarretxe, pese a que ya fue rechazado por el Parlamento, e intentarlo otra vez y «otra y otra», hasta que España ceda. Forma parte de su estrategia infamar a la democracia española, que reputa «de baja calidad» porque «la Transición se hizo con una continuidad jurídica con lo anterior». Es notable que confunda la técnica de reforma de la Transición con lo que él llama la «continuidad jurídica», pues la Constitución de 1978 significó la ruptura radical con el franquismo (ruptura jurídica y política mediante la reforma de la legalidad). Lo que no hizo la Constitución, que es lo que la deslegitima a sus ojos, fue reconocer el derecho de autodeterminación para una parte de España. Y lo que hace ahora Arzalluz es atribuir a su «pueblo» el deseo de marcharse de donde está. Más bien, lo que dicen las encuestas, una tras otra, es que los vascos que desean la independencia no son mayoría; y eso, pese a los terroristas, para quienes tiene palabras que no admiten un pase ético: «Los etarras viven mal y no son cobardes, simplemente están acosados». Arzalluz ve a España como el enemigo a derrotar.

Decía Ortega que el problema del lugar de Cataluña en España no se podía resolver, que sólo se podía «conllevar». Desde luego, lo que no se puede resolver ni «conllevar» es el problema de Euskadi mientras existan líderes como Arzalluz e Ibarretxe dispuestos a la ruptura, aunque la sociedad vasca sea plural y heterogénea, y una parte muy significativa de ella no vote al PNV y se sienta y quiera ser española. Por esto son tan importantes las próximas elecciones autonómicas (posiblemente en marzo): se resolvería un serio problema si una mayoría de vascos dijera no a esa terquedad fanática y traumática.

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La sesión parlamentaria dedicada a la crisis económica, expresión prohibida, fue totalmente prescindible. Consistió en recordar a Rodríguez Zapatero algo que todo el mundo sabe, que la crisis está aquí desde hace meses aunque él mire para otro lado, y en subrayar la deducción lógica de que quien niega la existencia de problemas evita tomar medidas para combatirlos, por lo que ahora estamos como estamos, con un Gobierno timorato para la que está cayendo y un futuro que se ennegrece por momentos. Cuánto mejor habría sido que el Pleno del Congreso hubiera centrado su atención en cómo combatir la crisis y no en hacérsela evidente a un jefe del Gobierno que la negó puerilmente hace cuatro meses por razones electoralistas y no se atreve a rectificar.

Está cada vez más claro que Zapatero cometió un grave error al decidirse a ocultar la realidad, lo que también se llama engañar, porque ahora la calle usa con profusión, con intención y un deje de mala leche la palabra por él prohibida y porque su amaño fútil y antisocial le ha conducido al aislamiento parlamentario que el Pleno ha puesto de relieve. La soledad del PP, trabajada por Zapatero con los demás grupos, fue uno de los argumentos de la pasada legislatura, pero ahora se han vuelto las tornas y la soledad del PSOE empieza a ser manifiesta, esta vez también trabajada por Zapatero.

El pleno prescindible se volvió también contra Zapatero al poner de relieve la inanidad cada vez más llamativa de sus argumentos. Despreciando los datos económicos negativos que conocemos cada día, insistió en presumir de que España está en mejores condiciones para hacer frente a lo que él no llama crisis, lo cual sólo puede entenderse como el empeño de alguien que sólo confía en los recursos propagandísticos aliados con la débil memoria de la gente; había que esperar algo sensato y categórico de quien tiene en su mano los recursos para ayudar a los españoles a superar las dificultades. Y cayó de nuevo en el perezoso argumento de que José María Aznar lo hizo peor; la maniobra de estigmatizar a Aznar ya sólo mueve a risa y es un mensaje que revela una alarmante ausencia de ideas y de proyectos. Y no digamos de su disertación sobre las políticas de derechas y de izquierdas: fue lo más parecido a una explicación rudimentaria para alumnos de bachillerato, no lo que cabría esperar del responsable del Gobierno de una nación como la española.

(Permítaseme una alusión de pasada al equívoco provocado por otras declaraciones de Zapatero, quien celebrando el triunfo de la selección española en la Eurocopa dejó caer una expresión que se presta a interpretación errónea. Zapatero no es el presidente de la democracia española, sino el presidente del Gobierno de una Monarquía parlamentaria. Aunque algunos de sus antecesores dejaron comparar su cargo con, por ejemplo, el de presidente en los países latinoamericanos, no tiene nada que ver. Aquéllos son jefes de Estado, el de aquí es jefe de Gobierno, unos escalones por debajo).

Hay varios síntomas que revelan que la estrella de Zapatero empieza a declinar. La ficción sobre la crisis ha contribuido a ello, un gran error que ha permitido a mucha gente escasamente informada o fuertemente influida por la incesante propaganda gubernamental, entender su personalidad y la consistencia de su discurso. Hay un veterano socialista que dice que a Zapatero le gusta asomarse a los abismos... y no caerse. Es una buena imagen para retratar a un aventurero que, por ejemplo, negoció asuntos políticos con terroristas mientras negaba hacerlo. Entonces mucha gente no le descubrió, pero ahora ha tropezado en el borde mismo del precipicio.

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Hace unos años me topé, entre los primeros trabajos del curso escritos por mis alumnos universitarios, con uno plagado de faltas de ortografía y errores sintácticos. No es infrecuente, por desgracia, encontrar graves incorrecciones en los textos elaborados por alumnos de licenciatura, consecuencia de una enseñanza muy deficiente que todos tanto lamentamos, pero aquel manuscrito superaba lo que yo había visto hasta entonces: contenía vocablos enigmáticos y abundantes desaciertos gramaticales que hacían muchas de sus frases incomprensibles. Literalmente, no había por donde cogerlo.

Impresionado por aquella exhibición de incoherencias, quise conocer las causas y llamé a la alumna que lo firmaba. La razón del desbarajuste era irritante. Con un punto de desazón, la alumna me explicó que había estudiado hasta entonces en una escuela del País Vasco, una ikastola, en la que se usaba el euskara como lengua básica, la que los políticos llaman vehicular, y en la que se relegaba el empleo del castellano. La consecuencia estaba a la vista: su desconocimiento de la lengua común de España hasta el punto de impedirle expresarse por escrito y, en parte, de palabra. ¿Qué hacer ante la ignorancia de las reglas más elementales para comunicarse? Nunca me había encontrado ante tal responsabilidad transferida por un sistema de enseñanza profundamente equivocado e injusto.

De la mejor manera que pude, le expliqué que no tenía otra solución que esforzarse para estudiar poco a poco lo más elemental de la lengua, y no pude evitar un sentimiento de compasión y otro de indignación por el plan que las autoridades políticas correspondientes le habían impuesto. A las pocas semanas, la alumna dejó de frecuentar el aula y un día desapareció. Había abandonado, rendida quizá por el esfuerzo a que se veía obligada y seguramente por su dificultad para alcanzar el nivel medio de comunicación de sus compañeros de curso.

Por desgracia, éste no es un episodio aislado. Podría relatar los problemas que sufrían las integrantes catalanas de una selección deportiva en sus días de concentración. Ello demuestra que las políticas tendentes a privilegiar las llamadas lenguas propias en Euskadi, en Cataluña, en Galicia y ahora en Baleares tienen unas víctimas inmediatas: los niños y los jóvenes, a quienes en la escuela se les priva del recurso de comunicación y convivencia más importante que tenemos los españoles, que es el castellano.

Es una consecuencia del abuso que denuncia El manifiesto por la lengua común, un abuso cometido por los gestores nacionalistas, que incumplen la Constitución para marcar la diferencia con que fantasea su ideario político. El mandato de la Constitución dice que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar el castellano, lengua española oficial del Estado (art. 3.1), pero es constantemente violado mediante el robo a unos ciudadanos de la lengua común. Porque de eso se trata, de un robo perpetrado por una ensoñación política que nunca compensará tal agresión. Pienso muchas veces en la alumna que tuvo que rendirse por no disponer de un conocimiento elemental al que tenía derecho. Si ha superado la carencia que le fue impuesta, habrá sido a base de un descomunal esfuerzo, que podría haber dedicado a objetivos más productivos. Pero la experiencia demuestra que hay daños causados en los primeros pasos de una vida que a la larga son insuperables.

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Al final, Mariano Rajoy va a salir a hombros del congreso del Partido Popular este fin de semana en Valencia. Hace cuatro días, el interés estaba en despejar la incógnita de los votos en blanco y algunos negativos que cosecharía. Pero ahora el pronóstico se centra en adivinar cuántos votos le separarán del 100%, que es el modo en que los líderes indiscutidos de los partidos españoles ganan los congresos: así Felipe González en sus años de oro, así José María Aznar cuando ejercía el control total. Es que ahora los apoyos se amontonan a la puerta del despacho de Rajoy, hasta los apoyos inesperados. Esperanza Aguirre, que empezó la corrida en pelo, anunció ayer el voto a su favor, 24 horas después de que notificara lo mismo su mano derecha en el PP de Madrid, Francisco Granados. La disidencia se está diluyendo a paso ligero.

Lo que hay que preguntarse ante los súbitos movimientos de recomposición es por qué se puso en marcha una operación tan incisiva de desgaste del líder. El PP ha hecho en las últimas semanas un malísimo negocio porque ha deteriorado la figura de su líder sin presentar siquiera un recambio. Había que ver la cara de satisfacción del Partido Socialista, que envió de vacaciones a su bulldog José Blanco, para calibrar la dimensión de la crisis en que los populares se iban metiendo día a día. No hacía falta que nadie en la arena política dijera nada contra el PP; ya se lo decían ellos a sí mismos. Mientras hubo la posibilidad teórica de una alternativa, había una justificación para la pelea, pero cuando una de las apuestas de la disidencia, Juan Costa, anunció que no se presentaría, quedó al descubierto que en gran parte se había consumado una insólita labor de desgaste sin recambio. O sea, un desatino.

Hay que reconocer el valor de Rajoy al aguantar la presión sin inmutarse (aunque algunas huellas de dolor se le marcaran en la cara) y al responder al abatimiento denunciado por los disidentes con la formación de un equipo de muy buena traza. Rajoy ha congregado en torno a su persona a gente muy valiosa. Durante estas semanas en que el PP ha bajado la guardia como principal oposición, su equipo ha sabido mantener la cara: Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz en el Congreso, desdeñada al principio en su partido, se ha destapado eficazmente en la labor parlamentaria, Cristóbal Montoro, un recuperado de los equipos anteriores, está haciendo en el Parlamento un serio papel como portavoz de Economía... Y lo notable de ayer fue el anuncio de María Dolores de Cospedal como secretaria general, número dos del partido, que fue recibida hasta con entusiasmo.

Rajoy ha configurado un equipo dirigente en el que hay veteranos, como el propio Montoro, ex ministro (58 años); Pío García-Escudero (55) o el también ex ministro Javier Arenas (50), junto con gente nueva aunque versada en gestión política, como Cospedal (43 años), González Pons (44) o Sáenz de Santamaría (37).

Una de las importantes notas definitorias de estos marianistas es su alta cualificación académica y profesional, que contrasta con lo que es norma en los equipos de otros partidos. Rajoy, que es registrador de la propiedad, ha reunido a dos abogadas del Estado (Cospedal y Sáenz), a un catedrático de Hacienda Pública (Montoro), a un doctor en Derecho Constitucional (González Pons), a un arquitecto (García-Escudero)... y todos los demás son licenciados universitarios, con másters u oposiciones de alto nivel (como Gallardón, que es fiscal), y con experiencia ya probada. Rajoy se presenta en Valencia en condiciones favorables. Nadie lo diría hace unas semanas, cuando en su partido se desató contra él una desorientada maniobra.

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Uno de los ciudadanos que auxiliaron al conductor herido en el incendio provocado en su camión, durante las protestas de estos días, ha relatado que la víctima iba diciendo mientras trataban de ponerla a salvo: «Yo no he hecho nada; yo estaba en huelga». Fue un desahogo revelador. Quería decir que cumplía con las indicaciones de los cabecillas huelguistas, lo que debía bastar para librarle de represalias. El «yo no he hecho nada» no significaba que no hubiera actuado contra su empresa o contra intereses ajenos, sino que no había actuado contra los vigilantes de la huelga, o sea, que estaba siguiendo puntualmente la huelga, que obedecía la consigna dada y no merecía ser instigado ni apaleado.

La huelga de camioneros que tiene en vilo al país ha mostrado el lado más penoso y rechazable de un conflicto: la actuación de piquetes que han tratado con toda clase de violencias, incluso poniendo en riesgo vidas ajenas, que la protesta se mantuviera en la máxima tensión. Ese espectáculo deplorable no ha sido reprimido como debía serlo por un Gobierno penosamente ausente, que ha reaccionado tarde, demostrando una vez más su impericia para enfrentarse a los problemas. En todo caso, la culpa primera de los piquetes violentos es de sus integrantes, a los que se debe exigir responsabilidades por lo sucedido.

En España tenemos una legislación sobre la huelga que ha cumplido ya los 30 años. El ejercicio del derecho de huelga se reguló por un real decreto-ley de 4 de marzo de 1977, anterior a la Constitución, y que está esperando una reforma que no acaba de llegar. No obstante, el desarrollo adecuado de las huelgas, que forman parte justamente de un derecho fundamental, no depende sólo de la ley, en contra de lo que algunos pretenden, incluido este Gobierno, que, por ejemplo, hizo una ley para acabar con la violencia contra la mujer y cada día hay más episodios delictivos lamentables. La ley es necesaria, pero no siempre es suficiente.

Es preciso, en cuanto a las protestas laborales, hacer entender a todos que tan importante como el derecho a la huelga justificada es el derecho al trabajo de quienes no quieren secundarla. Cuando se declara una huelga, no están obligados todos a ella. La misión de los piquetes es sólo informativa y nunca conminatoria; ni mucho menos puede ser violenta. Los piquetes que intimidan para engrosar la huelga actúan ilícitamente al impedir el derecho al trabajo de quienes, libremente, porque les da la gana -que es una gran razón en estos casos-, quieren trabajar y no parar. En la huelga de transportistas de estos días, como hemos visto, huelguistas violentos han cometido numerosos actos ilícitos, algunos de los cuales han afectado, además, a terceras personas, que han sufrido en sus vidas las consecuencias de un conflicto del que no son responsables; por ejemplo, los centenares de miles de automovilistas que no han podido circular libremente por las carreteras y han tenido que faltar a sus obligaciones.

Las organizaciones sindicales y, en el caso de los transportistas, también las patronales, tienen una grave responsabilidad en el problema. No pueden disculpar a los piquetes violentos, sino que deben impedirlos y denunciarlos; no pueden agredir a los ciudadanos con sus demandas, que pierden en ese punto gran parte de su legitimidad. No puede ser que un trabajador se sienta a salvo en medio del conflicto sólo cuando se pliega a las imposiciones de quienes excitan la protesta. Eso ni es justo, ni es razonable, ni es democrático. Es inaceptable.

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El presidente Zapatero ha hecho en la cumbre de la FAO una interesante oferta para combatir el hambre en el mundo, consistente en aportar 500 millones de euros en los próximos cuatro años. No seré yo quien reproche ese gesto, por mucho que sea insuficiente, porque habrá pequeños agricultores del Africa subsahariana o habitantes de zonas rurales de América Latina que encontrarán alguna ayuda, algún impulso. Pero sí critico que la asistencia pensada para socorrer a los desfavorecidos no vaya a combatir algunas de las causas más flagrantes de la desgracia ni, en el caso de nuestro presidente, se extienda a problemas del interior que están clamando por una medida razonable que no acaba de llegar.

Hay veces en que la solución no consiste en dar dinero, aunque la ayuda económica siempre sea bienvenida. Pondré un ejemplo. Los problemas de la población residente en Cuba, que pasa hambre, que sufre dolorosas insuficiencias sanitarias, aunque la propaganda haga creer lo contrario, y que carece de horizontes, no se arreglan con 500 millones de euros, ni con 5.000.

El causante del subdesarrollo cubano es el sistema comunista de Castro, que implantó Fidel, que no es capaz de reformar Raúl y que no se atreve a denunciar José Luis (Rodríguez Zapatero). La mejor solidaridad con los cubanos no es la limosna, sino lograr que dispongan alguna vez de un régimen justo que respete su libertad y facilite su progreso, lo que no se conseguirá nunca bendiciendo la actual dictadura con el socorro de unas relaciones diplomáticas complacientes.

La solidaridad proclamada para combatir los males del mundo no puede asentarse, además, en una falta de solidaridad en casa. Y en España asistimos a una insolidaridad clamorosa en el reparto necesario del agua, que el Gobierno no combate, sino que promociona. Se puede argumentar que en España no padecemos plagas de miseria como las que afectan a buena parte del mundo. Sin duda. No obstante, ni España es un país carente de pobres (vean los alarmantes informes de Cáritas, que muestran el drama que se vive tras los alegres escaparates de nuestro bienestar), ni en todas las regiones se dispone de los mismos recursos y las mismas posibilidades.

Hay gente a la que se le llena la boca con la palabra solidaridad mientras aplaude inicuas reacciones insolidarias, como la de no tocar el agua del río Ebro, aunque unos kilómetros más abajo haya una sed que calmar.

El Gobierno propone ahora lo que llama «pacto del agua», pero de él ya se está excluyendo el reparto de lo que sobra del río más caudaloso, sólo porque los gobiernos autonómicos socialistas de Aragón y Cataluña oponen presiones estratégicas.

Un «pacto del agua» es literalmente imposible al excluir el reparto de un gran río y al carecer de un concepto racional de la solidaridad.

El uso que algunos significados famosos hacen de la solidaridad es un gran engaño, pues la quieren para tapar enormes egoísmos. Está el político que niega el reparto de recursos, está el artista que cobra de los fondos de ayuda a los desfavorecidos, está el predicador laico que hace lo contrario de lo que sermonea, dando pábulo a la máxima del solidario progre: «Haz lo que yo digo, no lo que yo hago».

Hemos de mirar debajo de las grandes declaraciones para ver qué hay de verdad en ellas. La verdadera solidaridad se asienta en la igualdad, no puede ser un auxilio para los correligionarios y un olvido para los contrarios. Y no se puede ser solidario con el mundo si no se es solidario en el propio territorio; en esos casos, la solidaridad es sólo una etiqueta para disfrazar una perversión, exactamente la insolidaridad.

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Hasta las dos y media de la tarde de ayer, el Partido Popular tenía confianza en salir de la postración en que le había dejado la espantada de María San Gil. Desde las dos y media de la tarde, hora en que se difundió la noticia de que José Antonio Ortega Lara pedía la baja como militante, el abatimiento invadía a muchos notables del partido, y hay que suponer que se extendía a muchos afiliados y simpatizantes. Se empezó a hablar de que otros militantes estaban entregando el carné en distintas sedes y después se supo que se convocaba entre las bases una concentración en Madrid en solidaridad con San Gil. Aquellas manifestaciones que convocó la izquierda en la víspera electoral de marzo de 2004 para cercar las sedes del PP, y especialmente la de la calle Génova de Madrid -y que hicieron de aquel día uno de los más tristes de la democracia porque se violó la jornada de reflexión-, van a ser seguidas ahora por una insólita protesta de los mismos fieles populares, que harán de este día uno de los más tristes en la historia del partido. Más tensión, más drama, más crisis no se pueden imaginar. El Partido Popular, que vive en permanente agitación, está conmocionado. La incógnita es cómo va a salir de las convulsiones que provoca esta fiebre que sube sin parar.

La marcha de San Gil podía ser asimilada, por mucho que esta valerosa dirigente vasca se hubiera ganado justamente la admiración de todos. La falta de explicaciones, el misterio de sus razones para el portazo, hacía en cierto modo digerible la dureza de su renuncia. Además, un sector no pequeño del PP vasco había mostrado reticencias a su decisión. Pero la siguiente renuncia, la de Ortega Lara, plantea una situación dramática. Si San Gil es un símbolo de la lucha contra el terrorismo desde la gestión política en medio de grandes privaciones personales, Ortega Lara es el símbolo de la resistencia heroica a los torturadores etarras, a quienes plantó cara durante el suplicio que le infligieron cada uno de los 532 días de su secuestro. ¿Qué puede llevarle ahora a desconfiar del Partido Popular? ¿Sabe algo que los demás desconocemos sobre los planes futuros del partido? ¿Es posible que haya perdido la confianza en la lucha contra el terrorismo del partido que abandona?

Es evidente que el objeto de estas sonadas disidencias es Mariano Rajoy, que hasta ahora ha aguantado la agitación en torno a su candidatura para presidir el partido. Pero que Rajoy sea el objeto a batir por estos símbolos de la lucha antiterrorista es algo inaudito. Rajoy ha sido el mejor aliado de las víctimas del terrorismo cuando el Gobierno socialista las ha dejado solas y hasta las ha combatido. ¿Cómo es posible que se haya convertido en un adversario? Lo pregunto porque no tengo la respuesta, porque el asombro y la estupefacción no encuentran una explicación suficiente y razonable.

Pero, claro, la verdadera incógnita es si Rajoy va a ser capaz de aguantar todo lo que le está cayendo encima. Poco después de las elecciones, escribí -y perdón por la autocita- que Rajoy era el mejor líder del PP y sigo pensando lo mismo. Pero el asunto hoy ya no es si es el mejor sino si es el líder adecuado para mantener la cohesión del partido. Y estamos viendo que la contestación a su candidatura crece no ya por días sino por horas. No hay razones objetivas para dudar de sus intenciones, pero sí se manifiestan continuas desconfianzas. En estas condiciones, la leal resistencia de Rajoy para lograr hacerse con las riendas del PP lleva camino de ser un esfuerzo inútil y un ejercicio imposible. Sería una gran sorpresa que pudiera resistir.

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La primera impresión que produce la ponencia política del Partido Popular es que se trata en su mayor parte de algo ya sabido, pues refleja lo esencial de su programa en los últimos años. Llaman la atención la extensa minuciosidad con que aborda los problemas del terrorismo y de los nacionalismos, el cuidado con el que precisa el significado de la nación española y también la puerta que deja abierta a futuros «enfoques renovados». A la vista de lo primero -terrorismo y nación - no se entiende la espantada de María San Gil. La dirección del PP asegura que la ponencia contiene todas las propuestas que ella hizo y desde luego la literatura de esa parte responde a sus mensajes habituales. ¿Se ha intranquilizado San Gil por el párrafo que parece esbozar caminos ulteriores no concretos? Podría ser. Y acaso ha echado en falta otras ausencias que luego señalaré.

La ponencia política del PP, al que define como partido de centro, reformista y liberal, se explaya en defender la «indisoluble unidad» de la nación española y subraya que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo, por lo que ningún territorio ni ninguna parte de la población «están legitimados» para privarle de su poder de decisión, lo que es una referencia implícita al estatuto de Cataluña y a las pretensiones del lehendakari Ibarretxe. La referencia es más explícita cuando denuncia el daño causado en la pasada legislatura a «los principios de igualdad y solidaridad» y cuando remacha que «frente a lo que otros proponen, la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal. «Somos», insiste, «una sola nación cuya soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español».

A partir de ahí, culpa de la «alocada subasta de España tanto a los nacionalistas como a los socialistas»; estos últimos «han preferido mantenerse en el poder a costa de ceder en lo que es de todos» antes de sentarse con el PP «a cerrar un proceso descentralizador». En este contexto, recrimina la actitud de los nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia, «claramente separatistas y en algunos casos vergonzosamente antidemocráticos» (se refiere a PCTV y ANV) que buscan la independencia «al margen del modelo territorial de nuestra Constitución». Y alude al terrorismo con palabras que no ofrecen lugar a la interpretación, al denunciar la negociación llevada a cabo por el Gobierno socialista, la actitud obstruccionista del PNV y la ruptura del pacto antiterrorista, y al aludir a las víctimas, situadas «en el frontispicio» de su acción política. La misma claridad emplea para proponer una educación que incluya el «derecho a estudiar en castellano en todo el territorio nacional» y que excluya el «adoctrinamiento político».

Ante estos planteamientos volvamos a la protesta de San Gil, el más serio de los problemas con que se ha encontrado el PP tras las elecciones. No puede ser que la valerosa política vasca haya reaccionado contra ellos, pues están en la ortodoxia de su partido. Sólo puede ser el suyo un gesto de recelo hacia la dirección y acaso haya visto en el punto 13 de la ponencia, precisamente el 13, una confirmación de sus sospechas: «Nuestro esfuerzo sería baldío si no fuéramos capaces de ver que asistimos a nuevos tiempos que requieren enfoques renovados». ¿Se está dando cobertura así a un cambio de estrategia que incluya un nuevo modo de relaciones con los nacionalistas? El punto siguiente parece desmentirlo, pues concreta el asunto de los «enfoques» en mejorar la comunicación para que la mayoría de la sociedad vea al PP como «su referencia». Pero quien quiera puede percibir un riesgo de cambio no deseado en estas frases un tanto etéreas.

¿Se ha preocupado también San Gil por algunas ausencias? Difícil saberlo, pero llama la atención que la ponencia política no dedique una sola línea a las relaciones Iglesia-Estado en medio de un renacer de los impulsos laicistas del Gobierno, ni cite una sola vez a la Iglesia, que es un referente de la mayoría de sus votantes. Esto y el punto 13 al margen, el PP sigue estando donde estaba.

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Juan José Ibarretxe, responsable de una parcela de la Administración pública de la nación española, ha expuesto sin ambages su concepto utilitarista de la educación, que concibe como un instrumento para realizar su sueño de una realidad nacional no española. Nada en Ibarretxe es sorprendente, así que no cabe conmoverse por su afán independentista, ni por su insistencia de martillo pilón en repetir sus obsesiones, ni por su afán de supeditar absolutamente todo a su pasión política. Pero bueno es subrayar sus fascinaciones cuando, como en el caso de la educación, dejan en evidencia un método injusto que lesiona derechos fundamentales de la persona en momentos cruciales.

Para el lehendakari, el sistema educativo es «un objetivo estratégico como país». La frase no es brillante, pero se entiende. De tal objetivo estratégico depende en gran parte «el futuro del pueblo vasco». ¿Qué se debe hacer, pues, con el sistema educativo? Adaptarlo para conseguir lo que llama «profundizar en nuestra identidad como pueblo». O sea, se trata de utilizar la educación de las personas para alcanzar en el futuro un objetivo político que consiste, aunque lo exprese con palabras menos alarmistas, en la construcción de una identidad nacional para, llegado el momento, culminarla con una separación del tronco común al que pertenece.

Desde hace muchos años venimos padeciendo como pueblo... español (que también existe en Euskadi: siempre se oculta que hay muchos vascos que se sienten españoles, además de vascos, o donostiarras, o alaveses...) los enfoques nacionalistas en unos casos, regionalistas en otros, de la enseñanza impartida en los colegios. Unas veces, esto es producto de una visión aldeana necesitada de un aire de grandeza y de amplitud de miras. Pero otras veces es producto de un plan político que busca crear ciudadanos de una sola dirección, atados a una interpretación cerrada y muchas veces retrógrada de la sociedad y de la historia.

La educación, que es el objeto de un derecho humano, tiene por finalidad formar personas. Y sobre ella decide en primer término la persona. La Constitución Española reconoce, con un respeto escrupuloso a los derechos humanos, que la educación es un derecho de la persona y que se imparte bajo el amparo de la libertad de enseñanza. En este marco tiene como fin «el pleno desarrollo de la personalidad humana» -no su conformación para una política- «en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales». Así lo dice el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Formar en la escuela ciudadanos para un proyecto político es un abuso de aspiración totalitaria y, en consecuencia, una injusticia para las personas víctimas de ese adoctrinamiento. Está muy bien enseñar euskara, que es un patrimonio español -aunque los médicos que deben aprenderlo deberían poder, entre tanto, ocuparse también de atender a los enfermos-, pero no es admisible conformar las mentes para que sólo vean una parte de la realidad. La educación como un instrumento para crear un determinado tipo de ciudadano fiel, dócil y manejable ha sido el objetivo de todas las dictaduras. La competencia de Ibarretxe no le faculta para conformar ciudadanos nacionalistas, sino para disponer los medios que permitan formar personas libres y responsables. Al concebir la educación como un procedimiento para construir la identidad del pueblo vasco, lesiona gravemente el esencial derecho a la educación, violenta la libertad personal, abusa desde el poder al pretender algo que no le corresponde.

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La última sentencia judicial sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía condena las medidas invasivas del Gobierno, su afán por imponer asuntos que no le competen, su maniobra de limitar, para ello, libertades y derechos individuales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sentenciado que parte de esa asignatura inventada por el Gobierno Zapatero vulnera el principio de neutralidad ideológica a que están obligados los poderes públicos e invade de forma ilícita los campos de la moral, de la ética y del Derecho.

El Gobierno socialista ha realizado un acto contrario al espíritu democrático -al disponer una imposición que lesiona el valor del pluralismo-, de los más rechazables -al violentar el ámbito de la educación de los niños- y de los más dolorosos -al lesionar el derecho fundamental a las libertades ideológica y de enseñanza-.

Desde que el Gobierno diseñó la asignatura se advirtió el riesgo y surgieron razonables voces de alarma ante el intento de entrar con argumentos partidarios en el ámbito de la educación. Las sospechas se confirmaron cuando se conoció mejor el propósito gubernamental. Y se dispararon las alarmas cuando ese afán se plasmó en textos escolares, algunos de los cuales resultaron ser reflejo de ideologías tan antiguas como el totalitarismo (aquí dejamos alguna constancia de ello).

El que muchos padres denunciaran la invasión política y el que en diversos lugares de España empezaran a surgir objeciones formales a la asignatura eran reacciones lógicas de protesta, además de una sana resistencia contra la injusticia. Como se ha ido comprobando, Educación para la Ciudadanía es una asignatura ideológica concebida para formar a los niños en propuestas de la ideología gobernante, a la que se quiere instalar por esa incidencia coyuntural en ideología dominante.

Esta pretensión arbitraria es tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Andalucía cuando argumenta que «la instrucción de los niños y jóvenes no puede estar orientada ideológicamente por el Estado». Esta afirmación es definitoria del problema: un Tribunal se ve en el deber de recordarle al Gobierno lo que es esencial en el sistema democrático y que está recogido en nuestra Constitución de 1978, o sea, el ya citado valor superior del pluralismo, además de la libertad ideológica consagrada en el artículo 16 y de la libertad de enseñanza del 27, en el que se subraya que la educación habrá de respetar «los derechos y libertades fundamentales».

Ante la pretensión asaltante del Gobierno hay que recordar el maltrato con que distingue a otra asignatura que los padres en su mayoría quieren para sus hijos, la de Religión, que desprecia al no hacerla computable para la calificación final del alumno. En este caso, el Gobierno se burla del 84,5% de los padres de alumnos de Infantil y Primaria que piden para sus hijos la Religión, en aplastante mayoría católica. Han leído bien, el 84,5 %, porcentaje que desciende en los niveles superiores -ESO y Bachillerato-, pero que en la media total queda en el 75,7%.

Tres cuartas partes de los alumnos piden la asignatura de Religión, pero el Gobierno la considera de segunda división para el currículo; al tiempo, impone la de Educación para la Ciudadanía, que hace obligatoria y computable a todos los efectos, o sea, un trágala. Ante tamaña coerción, se justifica la objeción que va extendiéndose por España. Los Gobiernos están para resolver los problemas de los ciudadanos, no para creárselos ni mucho menos para imponerles lo que deben pensar. Estamos aquí ante una batalla por la libertad que merece la pena, una batalla necesaria por uno de los bienes más preciados de la persona, al que no podemos ni debemos renunciar.

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La entrada de mujeres en la actividad política se ha frenado ligeramente este año si tomamos como dato su presencia en las cámaras legislativas nacionales. En la IX legislatura recién estrenada, el Congreso cuenta con 127 diputadas, que representan el 36% del total. Este contingente es seis veces mayor que el que formaban las 21 mujeres que participaron en la legislatura constituyente (1977-1979), pero es menor que el número de mujeres que ocuparon escaño en la anterior legislatura, la VIII, que fue de 146, el 41%, récord hasta el momento, y que el de la legislatura precedente, 132. En el Senado se ha registrado también una ligera inflexión, con 72 mujeres, el 28% del total, tres menos que hace cuatro años.

Este retroceso es seguramente transitorio y nada significativo, pues la entrada de la mujer en la vida política española ha sido más bien una irrupción a la vista de cómo ha evolucionado en los 30 años de democracia. Si se proyecta esa evolución, no está lejos la fecha en que las mujeres sean mayoría en el Congreso, como ya lo son en algunas situaciones: en muchas aulas universitarias son mayoría, cuando no rotunda mayoría, y esa proporción se extenderá más bien pronto que tarde a los ámbitos laborales.

Para calibrar la importante presencia de la mujer en la política española sólo hay que echar un vistazo a la actualidad y comprobar el protagonismo de notables mujeres en circunstancias bien distintas:

- Nunca se había planteado en España con tanta cercanía que un gran partido pudiera ser dirigido por una mujer. Esto no es un pronóstico sobre la iniciativa de Esperanza Aguirre, pues ni siquiera sabemos si decidirá disputar la Presidencia del Partido Popular a Mariano Rajoy, sino una constatación del crecimiento de una opción femenina reservada hasta ahora a escenarios menos públicos. Es cierto que Manuel Fraga pensó en Isabel Tocino como su sucesora tiempo ha, pero aquello no pasó casi de un deseo.

- Soraya Sáenz de Santamaría ha ascendido en el PP al nivel más alto alcanzado por una mujer con su designación como portavoz parlamentaria. Mujer de la nueva generación, con sólo 36 años, hace unas legislaturas no habría dado ese salto pese a su formación académica excelente.

- En la segunda sesión parlamentaria de la investidura destacó la mujer que se ha hecho con un escaño mediante una campaña imaginativa en la que el esfuerzo ha paliado la falta de dinero. Rosa Díez va a dar mucho juego esta legislatura. Es una voz nueva, crítica y fuerte que habla con extraordinaria claridad y que va a brillar mucho más de lo que correspondería a un solitario escaño.

- El tanteo realizado por Esperanza Aguirre puede haber animado a Monserrat Nebrera a pensar en disputar la Presidencia del Partido Popular en Cataluña a Daniel Sirera. Joven e impetuosa, Nebrera es otra mujer que está pidiendo paso.

- Es muy probable que Elena Salgado u otra mujer se convierta en la primera ministra de Defensa, algo impensable hace sólo unos años. Pero resulta que ya el ministro de Defensa nombró una secretaria de Estado, Soledad López, y una subsecretaria, María Victoria San José, lo que sin duda fue una apertura de caminos.

Sólo son unos ejemplos, cuya rutina va restándoles carácter de noticia. La presencia de la mujer en los primeros lugares de la política ya no es una sorpresa. Constatémoslo. Y dispongámonos a observar cómo su número va a seguir creciendo de forma imparable.

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Dos de los errores cometidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la legislatura anterior le pasan factura estos días. La no ilegalización de parte de las candidaturas de ANV, una de las firmas políticas de ETA, ha transformado la incoherencia de entonces en una debilidad ante el terrorismo. La anulación del Plan Hidrológico Nacional, incluido el previsto trasvase del río Ebro, le impide ahora dar una solución lógica a la grave sequía de Barcelona que pasaría por un trasvase de las aguas del río Segre, tan al alcance de la mano. A veces, la historia guarda estas venganzas y se vuelve contra quien en su día no resolvió.

El conflicto originado en el Ayuntamiento de Mondragón por negarse el PNV a secundar la moción de censura del PSE contra la alcaldesa y permitir así el gobierno de la organización etarra tiene un primer e indiscutible culpable: el propio PNV, que no se unió a los demócratas para echar de los puestos municipales a quienes apoyan el terrorismo. Pero tiene un lejano y no menos determinado culpable en el Gobierno Zapatero, que no cumplió con su deber cuando tuvo que hacerlo y permitió -mediante su renuncia a impugnarlas- que unas candidaturas de la tapadera etarra ANV concurrieran a las elecciones mientras otras eran alejadas por aplicación de la ley de las oportunidades que brinda la democracia a quienes respetan la legalidad.

Zapatero actuó calculadamente para no perjudicar la marcha del que llamaba proceso de paz, que, pese a sus desvelos, concluyó con el fracaso anunciado por todos los que advertían de la irresponsabilidad de negociar con terroristas. En ese clima, permitió que los antidemócratas movidos por la banda etarra abusaran de la democracia, pese a todas las evidencias que proclamaban que estaba metiendo al enemigo en casa. Muy poco tiempo ha tenido que pasar para que la insensatez haya quedado al descubierto, con el añadido del dolor que causa que esos agentes del mundo etarra se manifiesten como lo que son ante el cadáver de la última víctima del terrorismo, el ex concejal socialista Isaías Carrasco.

La angustia que exhiben los responsables de la Generalitat de Cataluña ante la falta de recursos para luchar contra la sequía en Barcelona no sería hoy un grito en todos los informativos si no se hubiera cometido la irresponsabilidad de negar el agua sobrante del Ebro a las comunidades de Valencia y Murcia y a la provincia de Almería. Aquella sentencia insolidaria -y ciertamente inconcebible- de Pasqual Maragall que tanto le celebraron -«Ni una gota del Ebro para el sur»- ilustra hoy el tremendo error de blindar las aguas de un río para las tierras ribereñas. El trasvase del Segre es una solución lógica para Barcelona, pero choca con la demagogia hecha ley entonces. Tiene razón Francesc Baltasar, consejero catalán de Medio Ambiente, cuando dice, para justificar su proyecto de llevar agua en tren, que «todo vale contra la sequía». Sí, todo vale, menos la solución más al alcance, que es repartir el agua mediante trasvase, por culpa de un insuperable error.

Lo peor de los errores es, con todo, consolidarlos. Ahora se puede hacer poco contra los electos de ANV, que no pueden ser despojados de su puesto representativo aunque sí de sus cargos. Pero sí puede el PSOE exigir al PNV un comportamiento decidido, claro y demostrado contra los terroristas y sus amigos. Y puede, por supuesto, cambiar su nefasta política del agua, que sólo genera problemas. ¿Difícil? Sin duda. Pero más difícil lo tienen quienes sufren las consecuencias de tales errores.

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Aquel diputado sedente que durante varias legislaturas guardó el más cumplido sometimiento a la autoridad es hoy la autoridad también indiscutida. Los diputados socialistas mantienen la misma sumisión a Rodríguez Zapatero que él tributó a sus jefes. Ni una sola crítica, ni el más leve reproche a Zapatero se ha oído en sus filas parlamentarias; no se sabe de un parlamentario del partido que haya deslizado una protesta tampoco fuera de micrófonos. El acatamiento al jefe no conoció fisuras ni en los tiempos más delicados de la legislatura anterior, cuando decisiones fuera de programa hacían prever disidencias. Entonces, la lógica cedió ante el plomo de la disciplina. La sumisión del criterio propio a la obediencia fue ejemplar en personajes que se suponía autónomos, como Alfonso Guerra, que argumentó serios reproches al Estatuto de Cataluña para callarlos luego durante los debates parlamentarios que él mismo, además, presidía.

En los primeros pasos de la actual legislatura, tras haber afianzado su ámbito electoral el Partido Socialista, Zapatero exhibe su autoridad con mayor desenvoltura. Su indiscutido poder interno se adivina en múltiples detalles. Lleva a sus últimas consecuencias su decisión personal, anunciada ya antes de las elecciones, de colocar en la Presidencia del Congreso a José Bono, da por hecha la nominación de portavoz parlamentario en la persona de su amigo José Antonio Alonso sin que el partido se hubiera pronunciado, y busca una salida al anterior portavoz, López Garrido, a quien envía a una Secretaría de Estado de Exteriores sin que el ministro, aunque por imperativo legal en funciones, haya hecho oír su voz ni siquiera para cubrir el expediente de suscribir el nombramiento.

Todo ello discurre con la aprobación muda del partido, sólo ligeramente alterada por la protesta simbólica de un barón políticamente amortizado, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se ha quejado sin reincidencia de que haya dirigentes del partido que no son afiliados, como es el caso de Alonso. Nadie le ha secundado, sino que todos han aceptado lo dispuesto por el jefe antes de que los órganos colegiados del partido lo hayan ratificado. La democracia interna de los partidos, que tan solemnemente exige la Constitución, se expresa en esos trámites de ratificación axiomática. Si un día un comité echara abajo una decisión del jefe, el partido se vería sacudido por un terremoto político de máxima intensidad.

Va a tener razón Rosa Díez cuando afirma que el PSOE ha perdido su identidad ideológica y que, desde esa perspectiva, «está muerto y sólo reacciona ante la pérdida de poder». El poder (externo, se entiende) es el aglutinante y hace fastidiosa la doctrina. Tan ausente está la ideología, el programa, del actual trazado partidario que todos auguraban la muerte política de Zapatero en caso de derrota electoral.

Zapatero no es un ideólogo, ni nadie quiere hoy un ideólogo, sino un pragmático. El motor de su gestión ha sido la conservación de ese poder externo, que es el que le da poder en el partido. Si conserva tiempo el Gobierno, será un genio y se le permitirá todo; si no, se le reprobará. Es el primer objetivo al que se supeditan todos los demás. Zapatero ha demostrado tener olfato para ello y seguirá orientando su gestión al mismo propósito.

Se dice mucho estos días que gobernará de otra manera. Mi impresión es que ese cambio será formal y no de fondo, porque hará todo aquello que le permita mantenerse, aunque no esté en el programa, aunque no esté siquiera en la ideología. Y lo hará con enorme seguridad personal, porque sabe que en ese plan su partido le apoyará unido como una piña.

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Habría sido una desgracia para todos la retirada de Mariano Rajoy. España no está sobrada de políticos honrados, con la idea de la nación en la cabeza, dispuestos a imaginar y promover soluciones, aunque sean impopulares. Por lo que respecta al Partido Popular, lo habría sumido en una crisis inoportuna después de haber obtenido un resultado electoral muy apreciable. Relegado Rajoy a un escaño del montón, o a un Registro de la Propiedad en un anonimato mejor retribuido que su actual presencia pública, ¿dónde estaría el sucesor que pudiera medirse al Partido Socialista? Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón o Francisco Camps no son recambio pues no tienen acceso a la cancha en la que se ventila el combate político, el Congreso de los Diputados. Y el gestor joven, eficaz, telegénico, simpático y comprometido que responda al deseado retrato robot del émulo de Rodríguez Zapatero es, por el momento, sólo una incógnita.

El mejor líder del PP es Rajoy, pero esto no quiere decir que lo tenga todo resuelto en su partido. Más bien, le aguarda una tarea ingente. Su primer compromiso es sustituir la vieja guardia por un equipo de gente nueva -aquí sí- dispuesta a persuadir a votantes jóvenes, que esta vez se han inclinado por mayoría hacia el PSOE. (Es un poco cruel incluir entre la vieja guardia a políticos como Angel Acebes, que no ha cumplido aún los 50 años. Pero a veces la política es una apisonadora. Acebes, otro político honrado, ha sufrido demasiadas embestidas injustas y su imagen ha quedado tocada. Es seguro que tiene larga vida política por delante, pero no en el escaparate que ha ocupado hasta ahora).

Le conviene a Rajoy encontrar a quien dé al PP una política comunicativa más consistente. Esa es desde siempre la asignatura pendiente del PP y le ha ocasionado algunos destrozos memorables. El más elocuente es el que tiene que ver con la llamada crispación. Hay mucha gente, hasta en sectores populares, que hace al PP gran responsable de la tensión de la pasada legislatura. El asunto es notable, cuando el Gobierno ha negociado políticamente con ETA, ha promovido un Estatuto como el catalán que lesiona la Constitución y ha intentado situar fuera de la vida política al propio Partido Popular mediante una estrategia de exclusión de evidente cariz antidemocrático. Lo que ha pasado es que el PSOE ha logrado colocar en la opinión pública la idea de que el PP es un partido irresponsable sólo interesado por la bronca sin argumentos. Y ello pese a que la tesis es especialmente peligrosa en cuanto llena de reproche y de sospecha a la institución clave de la oposición, imprescindible en el sistema democrático. Anúlese a la oposición y se habrá acabado con el sistema. Pues bien, hasta votantes populares opinan que su partido ha debido moderar sus expresiones. Impresionante.

Al PP se le ha presentado como enemigo de Cataluña por recurrir el Estatut sin que haya sabido arrancarse esa careta. Se le ha acusado de romper los pactos que ha roto el Gobierno, y muchos lo han creído. Se le ha reprochado utilizar la mentira como arma política cuando las mentiras flagrantes del presidente del Gobierno, incluso en sede parlamentaria, no le han reportado el castigo que en otros países habría caído sobre él de forma inmisericorde... El PP ha sido el culpable de costumbre, gracias a la reiteración del mensaje acusador puesto en órbita por los servicios de comunicación del PSOE y sus terminales mediáticas. Aun así, ha subido su cosecha electoral en más de 400.000 votos. Pero, mientras no disponga de una estrategia de comunicación más eficiente, perderá muchas batallas de opinión pública a manos de los más hábiles estrategas del PSOE.

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En estas elecciones, lo más importante está por decidir. El resultado que ofrecen las encuestas permite hablar de empate. El PSOE dice tener sondeos que le anuncian un triunfo; el PP maneja otros que le pronostican la victoria; ambos callan sobre los que advierten la posibilidad de su derrota. La cara de los dos líderes empieza a reflejar el signo de la información que reciben. Rodríguez Zapatero no puede disimular su nerviosismo por mucho que se esfuerce en su sonrisa; el esfuerzo, precisamente, le delata. Mariano Rajoy se presenta más tranquilo, con gesto más natural, aunque sonría poco.

Es una novedad en nuestra democracia que no repita victoria una vez el partido que gobierna. Con la excepción explicable de Leopoldo Calvo-Sotelo, todos los presidentes de Gobierno ganaron la segunda elección desde La Moncloa. Adolfo Suárez mejoró en 1979 en dos diputados su resultado de 1977. Felipe González repitió en 1986 su mayoría absoluta de 1982. José María Aznar se alzó con mayoría absoluta en 2000 al añadir casi 30 diputados a su mayoría de 1996. Calvo-Sotelo, la excepción, accedió a la Presidencia tras la dimisión de Suárez con un partido, UCD, enfermo de muerte y con la evidencia general de que se había acabado la etapa centrista; cuando llamó a elecciones, ya sabía que UCD, abandonada por varios de sus fundadores, tendría que luchar por la supervivencia, no por la victoria.

El precedente de Calvo-Sotelo no vale para aminorar el efecto que tendría en el PSOE la no revalidación del Gobierno ni para consolarse ahora ante los anuncios aciagos de las encuestas. ¿Será por eso por lo que Zapatero muestra una violencia verbal fuera de toda lógica y de toda ética? Hay varios ejemplos últimos que lo delatan como si estuviera fuera de sus casillas. Recordaré sólo uno muy significativo: el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la Ley de Igualdad, que obliga a presentar listas electorales paritarias le ha llevado a decir que los recurrentes están «contra la igualdad de derechos de las mujeres en nuestra sociedad», lo cual ignora algunas situaciones ridículas (una lista popular compuesta exclusivamente por mujeres para las municipales fue anulada por efecto de esa ley, que consiguió así que las mujeres no pudieran presentarse) y tiene la osadía de pretender que rechazar una ley promovida por él es estar contra los derechos de las personas, como si la ley, por el hecho de ser suya, fuera perfecta y absolutamente aceptable.

Especulaciones inicuas como ésta, que convierte al discrepante en un maldito, no son exclusivas de Zapatero, que algunos de sus próximos y en otros partidos las emplean con constancia digna de mejor causa, pero le retratan y estos días revelan su desapacible estado de ánimo. Es lógico que Zapatero esté intranquilo después de que haya quedado claro (en la entrevista de Pedro J.) que mintió sobre las negociaciones con ETA; después de que su oferta inaudita de los 400 euros pusiera a todo el mundo en contra; después de que los mandatarios de los grandes países europeos le hicieran el vacío. Todos estos detalles tienen repercusión electoral, es evidente, y en una circunstancia tan abierta e inestable como ésta, mucho más. También lo tiene el nerviosismo consiguiente del candidato, que está obligado a no llamar la atención sobre estas cosas. Estamos acostumbrados a que los líderes muestren confianza sólida en su victoria. En cuanto flaquean y abundan en el desprecio al adversario, que es un síntoma de debilidad, además de un espectáculo que los ciudadanos no se merecen, retratan su inseguridad. Y así también se perjudican a sí mismos.

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