Fuente: ELMUNDO.ES, comunicado de EFE

KUALA LUMPUR.- Singapur no está preparado para las imágenes que aborden la homosexualidad. Emitir un simple beso, protagonizado por la cantante 'pop' Olivia Yan, sale caro. La artista asiática, como ya hicieron las divas Britney Spears y Madonna, contactó con los labios de una mujer, todo un desafío a las autoridades singapuresas y una violación de la legislación del país.

Las censores han multado con 10.000 dólares singapureses (7.200 dólares, 4.600 euros) a la televisión que emitió un anuncio en el que se besaban dos lesbianas, un tema tabú en la conservadora ciudad-estado.

Un comunicado de la Autoridad para el Desarrollo de los Medios de Comunicación ha precisado que el contenido del 'clip' emitido por StarHub, uno de los principales operadores de cable en Asia, violó la normativa sobre difusión de imágenes que toleran la homosexualidad.

StarHub ha manifestado su pesar por la decisión pero señala que pagará la sanción por haber emitido el anuncio en el que aparecía la famosa cantante Olivia Yan.

La legislación de Singapur califica al sexo entre homosexuales como un "acto de gran indecencia" y oficialmente lo castiga con hasta dos años de cárcel, aunque no se denuncian muchos casos y se dictan pocas condenas.

El Gobierno anunció en 2006 que reformará el Código Penal para despenalizar el sexo oral y anal consentido entre personas adultas del mismo sexo, siempre que se produzca en privado, aunque seguirá castigando el sexo entre homosexuales si se éste se produce en la vía pública.

Las autoridades sí han aliviado las restricciones respecto a los locales de ambiente, con lo que bares y saunas de gays ya proliferan en la ciudad-estado.

Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se entrevistaron el miércoles con el atribulado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para solicitarle el refrendo de 150 concesiones de radio y tv ya vencidas.

Como Gobernación no informó oficialmente acerca de esa reunión, el contenido de ella y lo que ahí habría dicho Mouriño se conoció en la versión del vicepresidente del Consejo Consultivo de la CIRT, José Bonilla Robles, quien aseguró que el funcionario ofreció decir en un plazo de ocho días “cuándo nos podrán entregar las concesiones vencidas”.

Si ésas fueron las palabras de Mouriño, habrá incurrido en uno más de los errores de comunicación que tanto le han costado en las dos semanas recientes. 

Vieja Política 

La secretaría de Gobernación no es la instancia facultada para decidir si una concesión de radio o televisión debe ser renovada. Esa atribución corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe ejercerla a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

A Gobernación sólo le compete dar una “opinión” sobre el proceso. Por supuesto, cabe la posibilidad de que el señor Bonilla haya hecho esa declaración —que apareció en prácticamente todos los medios impresos— para presionar al secretario a “dar una solución”; si así fuera, quienes manejan la comunicación social en Bucareli tendrían que haber ofrecido una postura clara, porque ahora hay un plazo, el miércoles de la semana que entra, para que Mouriño se pronuncie sobre el tema de los refrendos. 

Después de la declaración de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia hizo con respecto a algunos artículos de la llamada ley Televisa, el camino que debe seguirse para la renovación de concesiones indica que una vez llegado el vencimiento, la frecuencia de radio o televisión correspondiente deberá ser declarada susceptible de ser concesionada nuevamente a través de una licitación en la cual podrán participar todos los interesados: en esa licitación, sin embargo, el concesionario que venía operando la emisora tendrá preferencia, sobre el resto de los aspirantes, siempre y cuando haya cumplido con lo que marca la ley.

Pese a que el procedimiento es poco riesgoso para los actuales concesionarios, en vista de que tienen preferencia, se niegan a sujetarse a él. En el fondo de la visita que la CIRT hizo a Mouriño subyace una vieja práctica de la política empresarial en México: reunirse con “la cabeza”, negociar en la cúpula y colocar en segundo plano lo que marca la ley. En otra de sus declaraciones del miércoles pasado, el vicepresidente de la CIRT, José Bonilla, dijo que la renovación de concesiones “fue un ofrecimiento del presidente (se refería a Felipe Calderón) en la semana de la radio” realizada en 2007. Por cierto, tampoco el titular del Ejecutivo tendría por qué prometer algo así, puesto que el proceso legal no depende de sus órdenes. 

Posición Clara 

El problema para Juan Camilo Mouriño es que, según la versión del vicepresidente de la CIRT, el secretario de Gobernación ofreció decir en una semana “cuándo se renovarán las concesiones”, algo para lo cual no tiene facultades.

Bucareli tendrá que precisar la postura oficial de Mouriño en este asunto y lo que dijo exactamente a la dirigencia de la CIRT. De lo contrario estará abriendo otro frente para la crítica. 

Grave sería que Mouriño hubiera dicho lo que se le atribuye, pero más grave que en el asunto de la renovación de las concesiones pretendiera tomar una decisión política que se apartara de la legislación.

El caso de la ley Televisa mostró recientemente que ya no es tan fácil en México imponer desde arriba decisiones extralegales en el ámbito de los medios de comunicación.