Ciudad de México  (11 de julio de 2007).-   Por unanimidad y luego de casi tres horas de discusión, los consejeros electorales del IFE aprobaron en la madrugada de este viernes el reglamento que regula el acceso de los partidos y autoridades electorales a los tiempos oficiales de radio y televisión.

Con ello se puso fin a una sesión de más de 13 horas ininterrumpidas en donde el Consejo General del IFE validó en total una veintena de reglamentos con los que ajustó su estructura para cumplir con los cambios exigidos por las nuevas atribuciones y responsabilidades derivadas de la reforma electoral reciente.

El Consejo General dio luz verde al reglamento en donde se reitera que el IFE es el único administrador de los tiempos oficiales de radio y televisión del Estado para todos los partidos políticos y las autoridades electorales nacionales y estatales.

El documento aprobado al filo de las 00:30 horas incluyó algunas propuestas realizadas por los partidos políticos, en particular un artículo transitorio para que, en un plazo que no exceda los 60 días, se realice un estudio jurídico y técnico para estipular el tratamiento que se dará a la televisión por cable dentro de este mismo ordenamiento.

También se fijó un plazo similar de 60 días para determinar los criterios que se incorporarán al reglamento sobre la libertad de expresión vinculada al artículo 134 constitucional que regula a los servidores públicos y prohibe su promoción personalizada.

Además, se incorporaron algunas sugerencias del PRI y del PAN para estudiar y precisar posteriormente algunos aspectos relacionados con los spots de los partidos durante los procesos electorales estatales.

Leonardo Valdéz, Consejero Presidente del IFE, destacó ante el Consejo la importancia de lo que llamó cumplir en tiempo y forma el plazo establecido en un artículo transitorio de la reforma de la Ley Electoral que estableció 180 días para que el Instituto ajustara sus reglamentos.

"Tenemos el consenso para continuar trabajando en el perfeccionamiento de esta norma", dijo Valdés momentos antes de someter a votación el reglamento.

Reconoció que el debate sobre radio y televisión abrió "una ruta cierta para continuar el trabajo normativo".

En la sesión que inició el jueves a las 11:00 horas y terminó en los primeros minutos de este viernes se aprobaron los nuevos reglamentos del IFE en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como los que ordenan el trabajo de los diferentes órganos ejecutivos del IFE.

Con eso de que el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar quiere congraciarse con las televisoras abriendo de nuevo las puertas al gasto millonario en spots, las apuestas en el IFE son sobre quiénes lo apoyarán en esta intentona.

Por lo pronto, y para calentar los momios, ayer sorprendió a propios y extraños ver llegar a las oficinas del PVEM en el propio IFE a Javier Tejado Dondé, para más señas uno de los ideólogos de la abortada ley de medios.

¿Será que a este ejecutivo televisivo le entró un repentino interés por los asuntos electorales, o será que su visita fue mera coincidencia? Es pregunta.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas. En aquel artículo de hace una semana en La Crónica, como recordarán los lectores, sostuve que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral. Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos. Sánchez confunde las ideas, con los eslóganes. A él le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y, víctima de su propia caricaturización, al final de su artículo ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que existe entre la deliberación y la propaganda.

Héctor Aguilar Camín, Milenio

Los ministros de la Corte desestimaron ayer, por mayoría, un criterio sugerido por el ministro José Ramón Cossío que podría hacerles falta en el futuro.

Ese criterio sugería hacer una lectura armonizadora de la contradicción que hay entre el artículo 6° constitucional, que garantiza la libertad de expresión, y la restricción que le impone el artículo 41, recientemente reformado, al prohibir a partidos y ciudadanos comprar tiempos en la radio y la televisión para hacer propaganda político- electoral.

Cossío sugirió hacer una lectura restrictiva del artículo 41, que sólo prohíbe la “propaganda” –mensaje sistemático y pautado– pero no los mensajes políticos en general.

Según el criterio de Cossío habrían podido quedar exentos de la prohibición los mensajes políticos que no fueran sistemáticos y pautados.

Reparó también Cossío en que la prohibición del artículo 41 constitucional no incluye expresamente a candidatos y precandidatos. Sugirió, por tanto, declarar inconstitucional el párrafo del artículo 49 de la ley secundaria, el Cofipe, que lo prohíbe expresamente.

La ley secundaria, sostuvo Cossío, no puede ir más allá de lo que marca el texto constitucional por lo que puede juzgársele inconstitucional.

Si entiendo bien, de aprobarse el criterio de Cossío, habría quedado abierta la posibilidad de mantener la prohibición constitucional a los partidos y abrirla a ciudadanos, así como a candidatos y precandidatos.

Se buscaba balancear la garantía de la libre expresión del artículo 6° con las restricciones impuestas en el artículo 41.

La propuesta fue aplazada en su discusión. El hecho anuncia la previsible negativa de la Corte a los amparos promovidos en la materia.

La negativa de los ministros a discutir el criterio de Cossío revela quizá una reticencia mayoritaria en la Suprema Corte a juzgar los cambios constitucionales que el Congreso aprueba, es decir, a erigirse en jueces constitucionales en sentido amplio.

Es una reticencia que aplaza el día en que la Suprema Corte deberá asumirse a plenitud como tribunal constitucional, es decir, como defensor activo de los derechos fundamentales frente a las decisiones del Congreso y del Ejecutivo, poderes más sensibles a las urgencias de la coyuntura política que a la obligación de cuidar las reglas básicas de nuestra convivencia.

Los ministros han desaprovechado una oportunidad de pronunciarse sobre los alcances del artículo 41 y de asumirse como jueces del fondo de la Constitución. Habrá otras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer 41 de los 44 juicios de amparo promovidos por el sector empresarial y un grupo de escritores y periodistas en contra de las reformas constitucionales en materia electoral publicadas el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

Así, el máximo tribunal someterá nuevamente a revisión dichas modificaciones constitucionales –luego de haber rechazado los recursos de inconstitucionalidad que presentaron los llamados partidos emergentes–, en las que se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral, medidas que, a decir del Consejo Coordinador Empresarial, “atentan contra las garantías de libertad de expresión y asociación”.

Tales reclamos expresan, por principio de cuentas, un intento deliberado de la cúpula empresarial del país por generar confusión entre la libertad de expresión –derecho ciudadano irrenunciable y garantizado por la Constitución, con o sin reforma electoral– y la libertad de hacer dinero. Adicionalmente, las acusaciones de los empresarios encierran una profunda hipocresía, por cuanto son ellos mismos –en su faceta de propietarios de los medios de comunicación– quienes coartan sistemáticamente la libre expresión de las ideas y niegan tribuna a las manifestaciones de descontento social.

Por lo demás, la decisión en torno a los juicios de amparo mencionados constituye un acto de incongruencia. Debe recordarse que en 2006, en el contexto del conflicto político desatado por las controvertidas elecciones presidenciales de ese año, el organismo se descalificó para atender asuntos electorales, cuando el entonces ministro presidente, Mariano Azuela, rechazó la participación de la Corte en el esclarecimiento de oficio de “hechos que constituyan la violación del voto público [...] en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión”, como demandaba el párrafo tercero del artículo 97 constitucional, hoy derogado. En ese momento, Azuela argumentó que el numeral mencionado estaba “redactado con los pies”, que era “obsoleto” y “anacrónico”, y de esa forma convalidó una elección dudosa e impugnada por más de un tercio del electorado; por añadidura, descalificó como tribunal constitucional al organismo que presidía y abdicó de una de sus facultades institucionales básicas.

La resolución de atraer los juicios de amparo presentados por las cámaras empresariales revela una lamentable falta de autonomía del máximo órgano de justicia del país: a diferencia de hace dos años, cuando la petición de intervenir en temas electorales obedecía a un reclamo de la oposición política y de amplios sectores de la ciudadanía, ahora la solicitud proviene de una oligarquía nacional que ejerce un inaceptable poder de facto, y de los grandes intereses corporativos de los medios de comunicación y sus empleados. Queda de manifiesto, por tanto, una actitud completamente errática y parcial del organismo, de por sí inmerso en profundo descrédito tras una cadena de equívocos entre los que destacan su infame actuación en el caso Lydia Cacho, cuando seis de los 11 ministros del pleno exculparon al gobernador de Puebla, Mario Marín, no obstante haber constatado su participación en una conjura para atentar contra la comunicadora; y, más recientemente, el aval otorgado a la Ley del ISSSTE, con lo que se legalizó un atropello mayúsculo a los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado.

En suma, la obediencia con la que la Corte ha acatado los designios de la clase político-empresarial que detenta el poder en el país evidencia la disfuncionalidad y la descomposición que se extienden por el conjunto de la institucionalidad política, y pone en relieve la necesidad de contar con un tribunal constitucional efectivamente autónomo y con un Poder Judicial que vele efectivamente por la vigencia del estado de derecho.

Los amparos que promovieron grupos empresariales e intelectuales contra la reforma electoral que aprobó el Congreso en noviembre de 2007, la cual les impide contratar espacios en radio y televisión para difundir ideas en cuestiones comiciales, fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los ministros de la primera sala tomaron la decisión de atraer los casos de 41 demandas —eran 44—, en las que los quejosos argumentan violaciones a sus garantías individuales de audiencia, seguridad jurídica y legalidad establecidas en la Constitución, además de que el procedimiento para la aprobación de la reforma estuvo plagado de vicios.

Entre los amparos aceptados destaca el interpuesto por el grupo que encabeza el escritor Héctor Aguilar Camín, junto con Ángeles Mastreta, Teodoro González de León, Luis González de Alba, Ramón Xirau, Jorge Castañeda, Gerardo Estrada, Miguel Limón Rojas y Jesús Silva-Herzog Márquez, por mencionar algunos.

Sergio Valls, ministro presidente de la mencionada sala, dijo que los amparos serán analizados por el pleno de la Corte, y confió en que en agosto próximo exista una sentencia sobre el particular.

Valls precisó que en los 41 casos que conocerá la Corte no hay una sentencia de fondo emitida por algún órgano judicial, sino que sólo se trata de demandas desechadas por tribunales federales inferiores.

Ahora, los once ministros discutirán si a través del juicio de amparo es posible cuestionar algún artículo constitucional.

Cuando se le preguntó por las críticas de los últimos meses contra la Corte, porque se ha “tardado” en conocer este caso, Valls respondió: “Lamentablemente las críticas que se hacen a la Corte no se formulan por razones jurídicas, sino políticas. Eso les diría”.

Además, recordó que todos los asuntos tienen un trámite. “No están al capricho ni a la arbitrariedad de nadie, sino que hay que cumplir con los requisitos que señala la ley y con la instrucción que da para la tramitación de asuntos”, agregó.

Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que los tres amparos desechados corresponden a los interpuestos por María Isabel Villafán Segundo, Guillermo Garduño Aguilar y José Alberto Sáenz Azcárraga, éste último en representación de Cadena Radiodifusora del Golfo, quienes alegaron cuestiones distintas a la reforma.

A fines de junio pasado, las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos Convergencia y Nueva Alianza contra la reforma constitucional en materia electoral fueron sobreseídas (archivadas) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no era la vía legal para hacerlo, pero dejó abierta la posibilidad para que la cuestionada reforma pudiera ser impugnada a través de otros procedimientos legales, como el juicio de amparo.

Tanto empresarios como intelectuales han argumentado que con la entrada en vigor de las reformas, cuyo proceso de creación se reclama, les causan perjuicios al privarlos y limitarlos de la garantía de libertad de expresión y manifestación de las ideas prevista en los artículos 6 y 9 constitucionales.

Asimismo, les impide el derecho de contratar propaganda en radio o televisión, a pesar de que un partido o candidato formule propuestas electorales tendentes a disminuir los derechos o conquistas logradas por algún sector de la población, de la industria o de cualquier asociación de carácter civil, sindical o de cualquier otra especie en los ámbitos políticos y sociales, en materias tan sensibles y controvertidas.

A la hora de escribir estas líneas ya se puede hacer un balance del análisis y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los cuestionamientos que, principalmente bajo la forma de acciones de inconstitucionalidad, varios partidos políticos interpusieron ante los tribunales de justicia. Como decíamos en nuestra entrega anterior, una primera certeza fue la plena constitucionalidad de la reforma en materia electoral.

El segundo tema de análisis se refería a la constitucionalidad del Cofipe y, en particular, a dos cuestiones: la que alude al llamado “seguro de vida eterna” para los partidos pequeños, y el que se refiere a la constitucionalidad de las prohibiciones para que los partidos políticos por un lado, y los particulares por otro, pudieran comprar por sí mismos o a través de terceros propaganda política en radio y televisión. Que son prácticamente las mismas normas contra las que algunos particulares (grupos empresariales y destacados intelectuales) se han amparado por considerarlas violatorias a la libertad de expresión que consagra el artículo 6° constitucional.

De más está subrayar la importancia de la resolución de la Corte en el sentido de la plena congruencia entre esta disposición del Cofipe y lo que establece el artículo 41 (reformado) de la Constitución. No sólo por lo que significa en el establecimiento de un nuevo modelo de relación entre partidos políticos y medios electrónicos de comunicación, donde no sea el dinero el factor determinante, sino también porque adelanta lo que muy probablemente será la resolución del supremo tribunal sobre los amparos interpuestos por los particulares; esto es; la Corte coincide con el Congreso de la Unión en que la libertad de expresión siendo un valor fundamental tiene que equilibrarse con otro principio fundamental de la democracia: la equidad en la competencia política.

En cuanto a la llamada “vida eterna”, la Corte estableció con gran fuerza (esto es: por unanimidad) la inconstitucionalidad de “traspasar” votos de un partido a otro, para garantizar la permanencia de su registro como tal partido político. Impugnadores de la reforma los partidos “emergentes” están pagando caro el costo de su incongruencia, pues lo que buscaban no era verse obligados a competir bajo sus propios emblemas, aún bajo la figura de coalición electoral.

Realmente perseguían volver a la fórmula anterior según la cual el criterio de cuántos votos y por tanto cuántas diputaciones o senadurías le correspondían a cada partido, era producto no de un resultado electoral previo, sino de un acuerdo discrecional previo con el partido coaligante. Eso ya no será posible y ahora cada partido deberá, en este punto, luchar por sus votos, lo cual nos entregará una imagen más precisa de la verdadera correlación de fuerzas y del peso de cada partido en el electorado.

Otro tema importante que quedó saldado en definitiva fue el de las candidaturas independientes: no tendrán vigencia a nivel federal, y sólo los partidos políticos nacionales, de acuerdo al Cofipe, pueden registrar candidaturas. Con esta decisión de la Corte, se fortalece el régimen de partidos en la joven democracia mexicana.

En otros temas se echó abajo la parte que se refiere a la multa a particulares por contratar propaganda electoral, que se había establecido de hasta el doble del precio comercial, “porque no prevé parámetros para su aplicación”. Hubo otras definiciones de la Corte, pero éstas serían las fundamentales.

Así, con estas resoluciones la Suprema Corte sigue cumpliendo con su papel de dar certeza jurídica para la acción de los actores de la escena política. Al IFE por ejemplo le otorga claves y certidumbre para interpretar la nueva normatividad electoral.

Las adecuaciones pendientes, como a la Ley Federal de Radio y Televisión, al Código Penal Federal en materia de delitos electorales, la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, o la Reglamentaria del 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental, son asuntos que sin lugar a dudas habrán de realizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

En la medida que el Congreso ha sido omiso en la adecuación de la Ley Federal de Radio y Televisión, esta presente la posibilidad de que el IFE elabore, como lo ha anunciado, un reglamento en la materia que después pudiera contradecirse con el texto de la ley. Al respecto, quizá lo prudente sea esperar a que el Congreso concluya su tarea antes que emitir un Reglamento en la materia que pueda ser objeto de litigios por insuficiente base legal.

En la presentación de la revista Crítica y emancipación, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el científico social Emir Sader advirtió que los grandes medios de comunicación privados ejercen “un totalitarismo brutal”, mediante el que condicionan a los gobernantes a actuar para los intereses de la pantalla chica, y quienes se niegan a hacerlo “sufren ataques de discriminación” muy fuertes.

Al presentar la revista, considerada por académicos como espacio llamado a pensar de un modo diferente el debate sobre la democracia, el Estado y el poder, el actual secretario ejecutivo del Clacso señaló que hay gobiernos que no tienen el coraje de enfrentar a estas empresas de comunicación mercantilistas, porque se sienten dependientes de ellas “electoralmente”. Sin embargo, añadió, dichos medios crean una realidad ficcional, mientras que la verdadera la rechazan y se niegan a aceptarla.

Reunidos en la vicerrectoría de la Universidad Iberoamericana (Uia) para participar en la presentación de este nuevo proyecto editorial, investigadores de las ciencias sociales se congratularon del nacimiento de la revista, al coincidir en señalar que se trata de una convocatoria abierta, libre y plural –cuyo punto de partida es la crisis que atraviesa el pensamiento crítico latinoamericano–, para buscar desde ese horizonte nuevas perspectivas y preguntas a los grandes problemas que atañen a nuestros pueblos.

Crisis de la democracia

Emir Sader, coordinador de la Enciclopedia contemporánea de América Latina y el Caribe, explicó que “vivimos precozmente una crisis de la democracia” en la que de alguna manera los estudiosos fueron “cómplices de adjudicarle expectativas muy altas” y contribuyeron poco a dar diagnósticos preventivos sobre los procesos de acumulación y los conflictos en torno a las identidades culturales.

De este modo, apuntó que existe una crisis social, cultural, política e incluso de hegemonía teórica, y evidenció la ausencia de la “teoría de nuestra práctica”. Por ejemplo, dijo, Bolivia y Ecuador “están refundando el Estado y no se está teorizando sobre qué se está reconstruyendo”.

Más tarde, en una breve entrevista, expresó que no habrá democracia en América Latina sin la democratización de los medios de comunicación.

Los grandes medios de la iniciativa privada representan “la dirección de la derecha en el mundo y los gobernantes tienden a dejarse atrapar y a gobernar para la pantalla chica; incluso, utilizan frases adaptadas a lo que los medios van a difundir y los que no lo hacen sufren ataques y discriminación. Por ejemplo, no se ha hablado lo suficiente de cómo los medios venezolanos montaron el golpe contra Hugo Chávez”, afirmó el también colaborador de este diario.

En su turno, el coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos de la máxima casa de estudios, Lucio Oliver, consideró que entre otros de los aspectos sobresalientes de la revista se encuentra su perspectiva en relación con el mundo de la ideología y de la cultura, hoy día dominado por los grandes medios de comunicación y por una “seudo-intelectualidad” que plantea una falsa autoridad sobre los problemas.

De manera que Crítica y emancipación es un “llamado a trabajar conjuntamente para revertir el dominio de esta seudo-intelectualidad en los medios de comunicación”, así como a pensar de otra forma los debates sobre el poder, la democracia, el Estado y la política, añadió.

Por su parte, el coordinador del seminario permanente sobre gobernabilidad en América Latina, de la Uia, Darío Salinas, enfatizó que frente a la sociedad y a las perspectivas complejas del siglo XXI, se requiere saber leer en cada uno de los acontecimientos de la región: “se requiere saber mirar, como diría Galeano, la historia grande a través de los pequeños acontecimientos”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer las multas que el Instituto Federal Electoral (IFE) podía aplicar a ciudadanos, empresas o partidos políticos que violen la prohibición de contratar propaganda electoral en radio o televisión.

Esta multa, prevista en el artículo 354 inciso D del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), equivalía al doble del costo del tiempo comercial contratado, pero los ministros la invalidaron con el argumento de que es una sanción fija que no prevé parámetros para su aplicación.

No obstante, los ministros mantuvieron la sanción hasta de 100 mil días de salarios mínimos para las empresas de radio y televisión que transmitan ese tipo de mensajes, ya que, a diferencia de la multa que se aplicaría en el primero de los casos, ésta sí establece un límite.

Ayer, después de una maratónica sesión de cuatro horas, los ministros concluyeron 90 por ciento del análisis de las cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos pequeños contra la reforma electoral que entró en vigor hace seis meses, y sólo invalidó dos porciones normativas del Cofipe que en esencia no modifican el marco jurídico electoral vigente.

La Corte se manifestó en favor de la inconstitucionalidad de dos aspectos del Cofipe. El primero es el relativo a la multa antes mencionada. El otro tema que fue declarado inconstitucional tiene que ver con los requisitos de elegibilidad de los candidatos a puestos de elección popular, ya que los ministros coincidieron en que los legisladores redactaron este tema de manera poco clara, lo cual genera incertidumbre jurídica.

Respecto del financiamiento público de actividades específicas, la exclusión de las agrupaciones políticas nacionales para recibir dicho financiamiento, los requisitos destinados a la creación de nuevos partidos y los mecanismos con que se designará a observadores electorales, los ministros determinaron que son aspectos constitucionales.

La Corte sólo tiene pendiente para discutir en su sesión de hoy el tema central de la reforma electoral, que se refiere a la prohibición de contratar propaganda electoral en medios de comunicación electrónica.

Luego de una ronda de seis votaciones, el pleno del máximo tribunal rechazó la mayoría de los argumentos planteados en acciones de inconstitucionalidad por los llamados partidos pequeños: PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y PSD. Estos institutos políticos pretendían echar abajo diversos artículos de la ley secundaria que reglamenta la reforma constitucional en materia electoral, promulgada en noviembre de 2007.

Al analizar el tema de las multas que aplica el Instituto Federal Electoral a quienes infringen el Cofipe, los ministros avalaron por 10 votos contra uno todas las sanciones económicas, salvo la que se aplicaría a partidos políticos, afiliados, dirigentes y cualquier persona física o moral que contratara propaganda en radio y televisión, debido a que equivalía al doble del costo del tiempo comercial contratado.

Existen jurisprudencias relacionadas con la validez de multas que puede cobrar el IFE, pero el pleno de la Corte rechazó ayer que se puedan aplicar estas sanciones relativas a la contratación de propaganda política en radio y televisión, simplemente por el hecho de que los tiempos comerciales varían según el medio y el horario en que se transmite un promocional.

La resolución de los ministros no significa que ya no habrá multas para ciudadanos, empresas o partidos políticos, sino que los legisladores tendrán que redactar un nuevo artículo del Cofipe que defina los parámetros de aplicación de las sanciones económicas que deberán pagar quienes contraten propaganda política en radio y televisión.

Otro tema que generó debate en la sesión fue el relativo a los requisitos para la creación de nuevos partidos. Con un voto de diferencia (seis contra cinco), los ministros aprobaron el nuevo plazo para solicitar la creación de institutos políticos, que ya no será de tres, sino de seis años después de cada elección presidencial.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Genaro Góngora Pimentel fue quien planteó que cerrar los espacios para la creación de nuevos partidos políticos es restringir el derecho constitucional de libre asociación. Incluso, refirió que “no es el pluralismo lo que ha hecho daño al sistema político mexicano, sino la corrupción”.

Su colega Sergio Salvador Aguirre Anguiano refutó la idea de Góngora parafraseando al escritor Miguel de Cervantes, quien decía, en crítica a algunos de sus contemporáneos, que hay quien hace libros como si fueran buñuelos. “Yo creo que algunos quieren hacer partidos políticos como si fueran buñuelos”, dijo.

Los ministros también avalaron el régimen de financiamiento para actividades específicas de los partidos, la ausencia de financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales y los requisitos para observadores electorales.

En la sesión de la semana pasada, la Corte invalidó el artículo 96 párrafo quinto del Cofipe, que permitía a PRI, PAN o PRD “transferir” votos a sus aliados en una coalición, lo que les permitía mantener su registro ante el IFE.

Como en los mejores tiempos de los regímenes priístas, el GDF de Marcelo Ebrard montó una grotesca farsa mediática —sin derecho a preguntas, claro— para dar carpetazo al “crimen colectivo del antro”.

Muy temprano —como parte de un diseño para capitalizar los mañaneros informativos—, el procurador del DF, Rodolfo Félix Cárdenas, presentó al jefe de Gobierno el llamado “informe” del “crimen del antro”: documento que no informa, no indaga y menos reconoce responsabilidad alguna de los más altos jefes policiacos.

Pero a los ojos de todos aquellos que lo quieran ver con una pizca de crítica, queda exhibido que el gobierno de Ebrard, del PRD, lo que nos ofrece es lo más parecido a una “farsa divina”, en donde la seguridad pública y la procuración de la justicia no son más que referencias retóricas, porque lo que se busca exonerar a los dos principales aliados del jefe de Gobierno al tiempo que se limpia la imagen de Ebrard.

Y resultaría de risa la grosera farsa montada por el GDF —si no es porque se trató de una deficiente actuación del propio GDF, que costó la vida a 12 personas—, si se contrasta lo que vimos la mañana de ayer —la defensa a ultranza de los dos jefes policiacos, la reconstrucción urgente de la imagen deteriorada de Ebrard— con una de las seis demandas estudiantiles de julio a septiembre de 1968, hace cuatro décadas. ¿Cuál era esa demanda? ¿Se acuerdan?

Pues sí, era el cese del general y jefe de la policía del DF; Luis Cueto Ramírez. ¿Por qué se pedía el cese de Cueto? Casi nada, porque se trataba de un militar y jefe de la policía capitalina que simbolizaba la represión contra los jóvenes estudiantes. Cueto reprimió desde julio de ese 1968 a los jóvenes preparatorianos, luego a las manifestaciones estudiantiles, a pesar de que hasta el 1 de octubre no se había registrado ninguna muerte de los jóvenes perseguidos y reprimidos. La masacre, como todos saben, vino después.

Emilio Álvarez Icaza, ombudsman capitalino, lamentó el atraso en las reformas democráticas de los medios de comunicación, pues, aseguró, se tienen normas vigentes “de la época de las adelitas”.

Al participar en la mesa de análisis Libertad de Expresión, Derechos Humanos y Ciudadanía en México 2008, organizada por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, agregó que de ahí surge la necesidad de establecer “normas acordes para garantizar el ejercicio ciudadano de la comunicación, como el de las radios comunitarias, porque hoy existe regulación sobre ellas, pero para obstaculizarlas”.

Resaltó la lucha de la sociedad civil en el sexenio anterior para avanzar en el registro de las radios comunitarias; sin embargo, alertó que “en el actual se están dando claras señales de retroceso en la materia, y eso es preocupante”.

Agregó que “la prioridad de la agenda política nacional y la de la de los derechos humanos debe ser garantizar el ejercicio de libertad de expresión, y que las instancias de procuración de justicia investiguen y sancionen las agresiones a periodistas”

El ombudsman capitalino enfatizó que “la democracia sin libertad de expresión es una quimera, por ello la importancia de enlazar los conceptos de derechos humanos, democracia y comunicación.

En tanto, la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Callejas, llamó la atención sobre la criminalización del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.

Callejas dijo que en este momento México es un foco de preocupación para los ojos internacionales por la situación de libertad de expresión, pues 98 por ciento de las agresiones a periodistas se mantienen impunes. “Este clima de impunidad y omisión en la justicia genera autocensura por parte de los periodistas”, aseguró.

Al respecto, la relatora de Libertad de Expresión y Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CDHDF, Eréndira Cruzvillegas, manifestó su preocupación porque en los últimos ocho años 67 periodistas han sido asesinados, y casi la totalidad de esos crímenes sigue impune. Informó que a un año de creada la Relatoría de Libertad de Expresión de la CDHDF se han recibido 17 denuncias de agresiones a comunicadoras y comunicadores.

El proyecto de reglamento de radio y televisión del IFE –que revisan consejeros y partidos– libera a la televisión por cable de la obligación constitucional de difundir spots de los partidos políticos, y se busca aprobar el jueves próximo.

"Los concesionarios de televisión restringida no serán objeto de pautados por parte del Instituto dentro de su programación para la difusión de mensajes y programas. Estarán obligados a respetar los pautados transmitidos en televisión abierta que se retransmitan dentro de la concesión de televisión restringida", señala el artículo 59 de la propuesta de reglamento que pretende aprobar el Consejo General del IFE el próximo jueves.

La reglamentación sobre el uso de los tiempos del "Estado Mexicano" también se excluye a las cadenas nacionales de radio y televisión, generalmente utilizadas para mensajes de la Presidencia de la República.

Apuntes

*CARMEN ARISTEGUI, sin duda la conductora radiofónica más destacada en los últimos años, cumple seis meses fuera del aire. Directivos de dos cadenas que han querido contratarla hicieron consultas en Los Pinos, de donde salieron llenos de arrepentimiento.

**Son apenas medio centenar de páginas, metódicamente compiladas. No contienen revelaciones explosivas, sino un plan para aplastar a un adversario mediante propaganda negra. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha aceptado que en su autoría están manos de empleados del gobierno.

Contra lo que se puede usted imaginar, estos documentos no transcriben una conversación telefónica o un seguimiento sobre las actividades de Beltrones en determinada jornada. Es algo mucho más grave.

Se trata de un informe en dos partes, la primera de las cuales detalla supuestas o reales vulnerabilidades del senador priísta y de una veintena más de personajes cercanos a él, incluidos parientes, otros legisladores y algunos de sus operadores políticos centrales, como Felipe Solís Acero. Se refieren ahí negocios, socios y otros flancos donde se presume debilidad. La segunda parte aporta propuestas de estrategias para utilizar la información referida si se busca aplastar políticamente a los implicados: en qué medios sembrar tal o cual dato a fin de desatar un infierno mediático en cuyos círculos se incinere este grupo de adversarios.

A la vista de este material surgen dos conclusiones. La primera, que los documentos no contienen información validada, pues mucha de la misma se basa en las versiones que por décadas han corrido en torno a Beltrones y su equipo. Alguna no ha sido verificada nunca, otra es simplemente mentira o producto de una confusión obvia. Detallar los casos específicos precisaría varias entregas de este espacio.

La otra conclusión es que se trata de un material concebido para hacer la guerra a un adversario, no a un personaje que como ocurre con el caso de Beltrones, se ha constituido en un aliado estratégico de Los Pinos, al grado de integrar, a la cabeza real de su partido, el PRI, una suerte de cogobierno con la administración Calderón.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá esta misma semana los juicios de amparo que promovieron diversos grupos de empresarios y de “intelectuales” en contra de las reformas a la Constitución en materia electoral que se aprobaron el año pasado.

Pero dichos amparos —en los que se alega que las reformas atentan contra la libertad de expresión por no permitir a los particulares comprar espacios en radio y televisión para manifestarse en favor o en contra de algún candidato— serán resueltos hasta el segundo periodo de sesiones del máximo tribunal del país, que inicia en agosto.

Se espera que la facultad de atracción sea ejercida en la sesión que realizará la Primera Sala del alto tribunal el miércoles 9 de julio próximo, a petición del ministro Fernando Franco González Salas.

No es el primer caso que atrae relacionado con esta temática, el mes pasado también atrajo los juicios de amparo que se promovieron en contra de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El hecho de que la Corte atraiga los juicios no garantiza que al final les vaya a conceder la razón a los empresarios e “intelectuales”.

En la última reforma electoral se prohibió en la Constitución que cualquier persona u organización social pueda comprar anuncios de radio y televisión dirigidos “a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. De acuerdo con José Woldenberg, defensor de esta prohibición, el “sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad”.

En su argumentación, el ex presidente del IFE nos invita a un ejercicio de “(poca) imaginación” donde “un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir”. Ergo, debe prohibirse que cualquier ciudadano, con mucho o poco dinero, compre spots de radio y televisión, ya sea de los caros o de los baratos.

¿Impedir una plutocracia?

Me parece que en el fondo los defensores de esta restricción tienen el temor de que nuestra incipiente democracia se convierta en una plutocracia. Que los grandes capitalistas utilicen su poder económico en los medios para desequilibrar el juego político a favor de un candidato que les conviene. Sobre todo en un país como México donde hay empresarios monopolistas y oligopolistas con mucho poder económico. Para el interés general de la sociedad, resulta mejor prohibirles a estos grupos que participen en el debate político con anuncios de radio y televisión.

BEIRUT.- Lo tristemente habitual es que los regímenes totalitarios cierren todos los medios de comunicación independientes. Lo extraño es que en democracia, hasta el Ejército haga llamamientos a los ciudanos para que no se fíen de la prensa y eviten así ser manipulados hasta caer en el enfrentamiento civil.

El último –y enésimo- intento del alto mando libanés por proteger a la sociedad de la manipulación se produjo la pasada semana con el comunicado transmitido por la tropa según el cual algunos medios "desinforman a los ciudadanos y agitan sus sentimientos" haciéndose eco de "informaciones falsas y sugerencias que arrojan dudas sobre el papel del Ejército", entre otras cuestiones, algo de lo que no dudan los expertos libaneses, que consideran a la prensa –el llamado 'cuarto poder'- la milicia secreta de las facciones políticas.

"En el Líbano los medios se han convertido en brazos armados de los partidos desde el momento en que instigan a sus lectores contra el bando contrario", explica Roula Mikhael, coordinadora de Maharat, la única ONG que trabaja para promover un periodismo independiente que contribuya a la sociedad en lugar de perjudicarla.

La Fundación estima que buena parte de la responsabilidad en la confrontación civil que vive el país recae en su prensa. "Cuando un medio acusa a una parte en conflicto de 'espía israelí' le está acusando de traición y eso provoca una reacción que, depende de las circunstancias, puede ser muy peligrosa", apostilla Zeina Roueiheb, miembro de Maharat.

La población libanesa, tan aficionada a consumir información, se encuentra sometida a un nivel de propaganda capaz de provocar combates. Las razones de esta degeneración del periodismo son muchas, pero la principal es que la mayor parte de los medios son propiedad de líderes políticos –a su vez, hombres de negocios- capaces de intervenir de forma habitual en los contenidos para adaptar la realidad a su punto de vista.

"En el Líbano hay medios, pero no hay periodismo. Todos los medios pertenecen a una parte en conflicto. Ver cómo cubren dos canales diferentes el mismo asunto es como ver dos mundos diferentes", explica Marc Sirois, director ejecutivo del diario Daily Star.

Lo que en los medios afines a la coalición del 14 de Marzo, mayoritaria y antisiria, es un episodio de violencia sectaria, en los medios del 8 de Marzo, la oposición liderada por Hizbulá, es una reyerta vecinal. Lo que para unos es la explosión "terrorista" para otros es una antigua mina terrestre, y lo que para unos es un secuestro para otros es una desaparición.

En mayo, con los combates se cambió todo el lenguaje: lo que para unos era "el proyecto iraní para el Líbano" para otros es la oposición encabezada por Hizbulá, y lo que para éstos es "el proyecto americano para el Líbano" para los primeros es la mayoría en el poder. Lo que para unos fue "el secuestro de Beirut" a manos de Hizbulá para otros fueron simples "acontecimientos sobre el terreno".

Información y opinión

"El principal problema es que no se puede trazar una línea entre opinión e información", explica Roula Mikhael, reportera de An Nahar y responsable de Maharat (formación, en árabe). "La manipulación está presente desde la primera página de los periódicos hasta la última. En televisión, los informativos hacen una introducción donde se manipulan los hechos previamente a las noticias, que también están manipuladas".

Interior del estudio de la cadena Future TV. (Foto: Reuters / Jamal Saidi)

Esa desinformación contribuye a radicalizar el enfrentamiento entre la mayoría y la oposición, de ahí que Maharat subraye la responsabilidad de los medios en los combates de mayo, cuando casi 70 personas murieron. "En tiempos de crisis los hechos son exagerados, y cuando la gente se siente amenazada reacciona emocional e instintivamente", precisa Dina Dabbus, profesora de la Universidad Libanesa.

"La inmensa mayoría de los medios pertenecen a partidos, y éstos interfieren en los contenidos", explica Mikhael. Este problema es especialmente acuciante en los canales de televisión, principal fuente de información, distribuidos por los Acuerdos de Taef [que pusieron fin al conflicto civil en 1990 distribuyendo el poder sectariamente] de forma proporcional a las diferentes sectas religiosas del país, pero también afectan a los periódicos, 'salvados' de la crisis financiera gracias a la intervención de los políticos que explotan su inversión impartiendo doctrina disfrazada de información.

La propaganda que se imparte desde los medios explica –aunque de ninguna forma justifique- los ataques contra los canales de televisión afines al 14 de Marzo a manos de militantes de la oposición durante los enfrentamientos de mayo. Los combatientes llegaron a incendiar Future TV, lo que impidió la emisión del canal de Saad Hariri, líder de la mayoría, durante cinco días.

"Condenamos duramente los ataques contra los medios, pero también llamamos al sentido de la responsabilidad de estos medios, porque están jugando un papel muy provocativo", señala Roula. "Nada justifica que [en mayo] fuesen atacados los medios de Hariri. Al Manar da mucha propaganda, pero eso tampoco justifica que Israel bombardeara su sede en 2006. El problema es que EEUU ha enviado el mensaje de que sí se puede atacar medios, de que está bien bombardear canales de televisión: lo hizo en Irak, en Serbia y en Afganistán", estima por su parte Marc Sirois incidiendo en la influencia externa.

Lenguaje belicista

La instigación al enfrentamiento por parte de los periodistas, que emplean un lenguaje en ocasiones belicista, no corresponde siempre a convicciones políticas. "En la universidad no se imparte ética, así que el periodista se encuentra sin reglas para realizar su trabajo", prosigue Roula Mikhael. Y si los escritos no son suficientemente virulentos, los editores "hacen cambios en las informaciones que escriben sus empleados" para reajustarla a su línea editorial.

"La censura está muy presente", apostilla Zeina Roueiheb. A eso se suma que en el Líbano no existen sindicatos que garantice protección al periodista que se niegue a trabajar en semejantes términos ni tampoco el periodismo de investigación que denuncie los excesos.

Eso no quiere decir que no haya libertad de expresión ni periodistas independientes. "Lo que no hay son medios independientes. Podemos escribir lo que queramos y es cierto que en un mismo periódico se pueden encontrar un artículo a favor y en contra de un partido determinado, pero el resto del contenido, desde los titulares hasta la última página, están manipulados", insiste la responsable de la citada ONG.

Maharat fue fundada en 2003 con el objetivo de regenerar el periodismo libanés a nivel legal, profesional y académico, y desde entonces convoca seminarios para periodistas donde se ponen en común los problemas del oficio. El último tuvo lugar hace dos semanas, y en él estuvieron presentes profesionales y directores de los principales medios así como políticos, entre ellos en ministro de Información en funciones, Ghazi Aridi.

"En el encuentro se constataron y se criticaron todos estos problemas pero cuando regresaron a su trabajo todo seguía como antes", se lamenta Mikhael. "Hay mucha hipocresía, y es un reflejo de lo que ocurre en la política: un día llegan a acuerdos y al día siguiente llaman a matarse en las calles", añade Roueiheb.

¿Se enfrenta entonces Maharat a una misión imposible, dado el panorama mediático libanés? "No pretendemos que los periodistas sean independientes, pero sí profesionales. Hay que ser pragmáticos: el triunfo sería en conseguir que los periodistas separasen la información de la opinión en el Líbano".

Joaquín López Dóriga (R Fórmula) conversó con el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, a quien le citó lo publicado por El Universal en su edición online: “Rompe Beltrones con Calderón por espionaje del Cisen.  Descubrió que fue espiado por el Cisen en un seguimiento que incluyó las actividades personales de su hija y los preparativos de la boda, así como las actividades de sus principales colaboradores y asesores en el Senado, y fuera del círculo legislativo.

Añadió que esto lo está confirmando Reforma, lo trae Milenio; dicen que Carlos Navarrete pidió una reunión para analizar el espionaje a legisladores.  Santiago Creel dijo que no está solo el senador Beltrones en esto que es inaceptable”.

López Dóriga le preguntó: “¿Qué hay de verdad en esto?  ¿Estás siendo o has sido alguna vez espiado por el Cisen, como se está informando hoy?”

Beltrones dijo: “Esa nota que aparece en un portal de un diario no tiene márgenes de realidad con lo que está sucediendo”.  Indicó que no es verdad que rompe con el gobierno.  Dijo que lo que sí hay es una indignación y una preocupación de carácter político.

Señaló. “Yo sí tengo un documento -que me hicieron llegar- sumamente detallado de trabajo de espionaje -que no puede venir más que del gobierno- hecho hacia mi persona, hacía algunas de las personas más allegadas a mí políticamente, con intenciones, quizás, de buscar lo que ahí le llaman vulnerabilidades para poder someter a un legislador de oposición”.

Añadió que estaba haciendo su trabajo de acercamiento y de investigación para saber su procedencia, pero “te lo digo desde ahorita: tiene todo el sello de un trabajo gubernamental”.

Dijo que es enormemente irresponsable, sobre todo por sus imprecisiones, “ya que es un acopio de basura, de infamias, que pueden recoger en distintos lugares y que ahí mismo indican que podrían utilizar para desmerecer con su publicación en algún medio la autoridad política del legislador”.

Planteó que si este trabajo se está haciendo por órdenes gubernamentales, sería sumamente lamentable y peligroso: primero, porque se está espiando a otro Poder utilizando el aparato del Estado para poder lastimar a un adversario político de manera incorrecta; segundo, por el acopio de información basura”.

Subrayó: “Lo único que hace peligrosamente es tratar de repetir lo que ha sucedido en años anteriores, querer inundar el panorama de lodo y basura ante la poca inteligencia que pueda demostrar algún gobierno para poder sacar conclusiones de debate entre opositores que puedan verdaderamente construir algo para este país”.

Comentó que lamenta mucho que se esté dedicando el tiempo –“(del que se) debería de disponer para mejor presentarnos resultados en el combate a la delincuencia, a todo aquello que nos hace daño, a tratar de construir consensos”- para tratar de lastimar a los adversarios políticos.

López Dóriga le hizo notar que los portales han atribuido este ejercicio de espionaje al Cisen.  “¿Usted también?”, le preguntó.  Beltrones contestó: “No. 

Yo estoy haciendo mis propias investigaciones para saber cuál es el origen”.

López Dóriga le preguntó si no se ha dirigido al presidente de la República o al secretario de Gobernación.  Beltrones contestó que no.  No obstante, enseguida dijo que ha  platicado de manera informal de esto con el secretario de Gobernación, quien –agregó- está atento a revisar el origen de un documento que no reconoce como propio.

López Dóriga le citó que El Universal le atribuye haber dicho  “¡a la fregada en la relación con el gobierno!”  Indicó que quizás no es una expresión muy propia de Beltrones, pero sí puede ser muy exacta de un estado de ánimo.

Beltrones contestó: “Pero yo ya te dije desde el inicio que no tiene nada de valor y certidumbre lo que está escrito en esa página”.  Indicó que si se revisa bien lo que está escrito en el portal, son una serie de deducciones que aparecen con los prefijos de “alguien dijo”, “alguien mencionó”.

López Dóriga le preguntó: “¿Pero sí existe ese documento de este trabajo que busca, me decías, destacar o encontrar vulnerabilidades de Beltrones para desmerecer su autoridad política a través de la publicación de esto que llama acopio de basura”.

Beltrones contestó: “Así es.  Y lo tengo en mi poder”.  E insistió: “Estoy haciendo también el trabajo que es necesario para identificar el origen.  Insisto: tiene todo el tono de carácter gubernamental.  Si lo sabe el gobierno y lo está haciendo, qué peligroso; si no lo sabe y alguien lo está haciendo por aparte y sin su conocimiento, más peligroso, porque entonces no sabemos ni en qué manos estamos”.

López Dóriga agregó: “Y si lo está haciendo el gobierno y niega que lo está haciendo, todavía más peligroso”.  Planteó que a él que siempre le ha preocupado del espionaje no es lo que a uno le escuchen, sino las transcripciones que hacen para vender la tarea de espionaje.

Beltrones dijo: “… Después repartir la basura, que al final de cuentas pueden encontrar quien se las compre, y con esto entretener un poco a algunos que no saben de esto”.

López Dóriga le dijo que ha escuchado las declaraciones de respaldo, e incluso de indignación, de sus colegas coordinadores en el Senado de las bancadas del PRD y del PAN.

Beltrones dijo: “Las agradezco.  Ellos también tienen mi solidaridad en el caso de que estén siendo objeto de un trabajo sucio de esta naturaleza, porque es un trabajo sucio”.

López Dóriga le preguntó si podría tener una copia de ese documento.

Beltrones contestó: “No sería conveniente tampoco, porque como es información basura, a lo mejor tú ya tienes llenos todos los botes de tú programa”.

López Dóriga señaló: “Cada día abro uno… para llenarlo, por supuesto”.

Beltrones dijo: “Son botes de basura los que se llenan.  Lo lamentable es que puedan estar entreteniendo a algunos noveles funcionarios públicos”.

López Dóriga preguntó: “¿Entonces sí hay espionaje, pero no hay ruptura con el presidente?”.

Beltrones contestó: “No tengo por qué hacer una ruptura con el presidente mientras no sepa el origen de un documento.  Si tuviera toda la información a la mano haría la denuncia correspondiente, en el lugar adecuado”.

Al final de la entrevista, López Dóriga resumió: “El senador Beltrones diciendo: Sí existe un documento, no he roto con el gobierno.  El secretario de Gobernación ha dicho que ha tomado cartas en el asunto; yo estoy haciendo mi propia investigación para ver de dónde viene este documento, que es un acopio de basura en busca -señala el mismo documento- de destacar las vulnerabilidades a fin de desmerecer la autoridad política del senador Beltrones”.  Puntualizó: “Mal negocio en una democracia”.

El senador priista Manlio Beltrones aseguró no hay ruptura con el gobierno del presidente Felipe Calderón por supuestos actos de espionaje por parte del Cisen.

En entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López Dóriga, el senador destacó que lo que hay es indignación y una preocupación de carácter político, en relación a lo publicado por EL UNIVERSAL sobre el espionaje del Cisen sobre su persona.

"No hay ruptura con el Presidente", pero sí "una gran indignación" porque se está espiando a otro poder utilizando el aparato del Estado.

Beltrones confirmó que tiene en su poder un documento con signos de elaboración gubernamental. "He tenido pláticas de manera informal con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y él está atento para investigar el documento que no reconoce como propio", agregó el senador.

Sobre el espionaje a sus familiares por parte del Cisen, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aceptó que el gobierno debe tener servicios de inteligencia, pero mostró su rechazó a que dedique parte de su tiempo para documentar infamias a fin de repartirlas, inundando de lodo a la sociedad.

Uno tras otro, se están cumpliendo los pronósticos de los que criticamos la última reforma electoral. Ahí está, por ejemplo, la prohibición de las campañas negativas en la radio y la televisión. En este renglón vaticinamos que, como la energía, las campañas negativas no se destruirían sino se transformarían. Y el resultado sería peor a lo que se tenía antes de la absurda prohibición.

El ataque entre candidatos es intrínseco a la competencia electoral. A un candidato que está rezagado en las encuestas y que no sube con una campaña positiva sólo le queda criticar a su adversario para ganar. Sin embargo, los partidos prohibieron en la Constitución la difusión de campañas negativas en spots de radio y televisión. Craso error. Ahora los ataques serán anónimos y por tanto más virulentos. En el sistema anterior por lo menos sabíamos que los panistas eran los que decían que López Obrador era un “peligro para México” y que los perredistas aseguraban que Calderón había firmado el Fobaproa. Pero ahora los ataques no vendrán firmados. Serán videos-pasquines que se colocarán en internet, donde no hay restricción alguna, buscando generar una ola noticiosa en los medios.

La transformación de las campañas negativas, de hecho, ya comenzó. El próximo domingo habrá elecciones en Nayarit. El candidato favorito a la presidencia municipal de Tepic es Roberto Sandoval del PRI. En YouTube, la plataforma de internet donde cualquier individuo puede trasmitir videos, hay dos anuncios que atacan a este candidato sin que nadie los firme. El primero está titulado “Lecciones 2008 Roberto Sandoval”. Con base en escenas de la película La ley de Herodes e imágenes superpuestas del candidato, se burlan del priista como “el medio pendejo” que fue escogido de un dedazo. En el segundo, titulado “Elecciones Tepic”, se usan escenas de la película El candidato de Cantinflas también con imágenes superpuestas de Sandoval. En un momento determinado, el priista pretende robarse una urna como en las viejas épocas del PRI. Hay, además, un video titulado “Campaña PRI 2008” que utiliza el spot de los candidatos a presidentes municipales del PRI en Nayarit a los cuales se les cambia la voz para afirmar que quieren gobernar para tener más dinero para sus “viajes” y “viejas”, para “seguir robando” y para que el estado “siga igual de jodido”.

Recomiendo al público que los vea. No porque se trate de producciones muy creativas sino que son una probadita de lo que nos depara el futuro con la absurda prohibición de las campañas negativas. Mientras que en la radio y la televisión veremos spots aburridísimos donde los candidatos propondrán traer el paraíso a la Tierra, en internet encontraremos los golpes más bajos que uno pueda imaginar. Escudados en el anonimato, habrá videos mucho más virulentos de lo que vimos en 2006, con acusaciones muy serias, algunas de ellas mentirosas, otras verdaderas, buscando convertirse en noticia. Y los medios, que están en el negocio de tener grandes audiencias, seguramente reproducirán en sus espacios noticiosos algunos de los videos puestos en internet que no podrán ser censurados por el Instituto Federal Electoral.

Volvemos a preguntarnos, entonces, ¿de qué sirvió una reforma que pretendió hacer “más digna” la lucha electoral? Ingenuamente los partidos prohibieron las campañas negativas cuando ellos mismos saben que es imposible. Ellos mismos son los que utilizarán internet para atacarse porque el ataque es intrínseco a la competencia electoral. Las campañas negativas no desaparecerán. Sólo se transformarán, como está ocurriendo en Nayarit. Y el resultado final será mucho más indigno de lo que vimos en el pasado.

Año 2012. México se encuentra envuelto en una tensa contienda electoral. Millones de electores se preparan para ir a las urnas y elegir al presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, tres gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, 10 congresos locales, centenares de ayuntamientos, la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del DF. Tres candidatos a la Presidencia, postulados por el PRI, PAN y PRD y sus respectivos aliados, recorren el país en busca de votos. El IFE y los institutos electorales locales cuidan que todos los eslabones del proceso estén bien afinados: desde el padrón hasta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pasando por la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios en las casillas o la confección de las actas, boletas, urnas y demás materiales necesarios para que el día de la elección se instalen 135 mil casillas. El Tribunal desahoga distintos recursos interpuestos por los partidos. Los medios intentan hacer una cobertura equilibrada, profesional y objetiva de los planteamientos de los candidatos. El IFE, mes a mes, entrega a los partidos el financiamiento público a que tienen derecho, establece los topes a los gastos de campaña y se esmera en hacer realidad el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación electrónicos. "Los partidos políticos -dice la Constitución- en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión". De tal suerte que será a través de los tiempos de Estado que podrán difundir sus mensajes. Con ello se busca generar condiciones equitativas en la contienda y abaratar su costo.

Ahora bien, supongamos siguiendo este ejercicio de (poca) imaginación, que un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir. Recordemos, como si hiciera falta, que el país solamente ha vivido comicios medianamente parejos en las últimas cuatro contiendas federales (1997-2006).

Es por ello que la propia Constitución establece: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular". Su sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad.

Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el Cofipe, pero que como fue violada durante el proceso electoral del 2006, el legislador juzgó necesario elevarla a rango constitucional.

Se entiende -aunque no se justifica- que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esa disposición (y también por la que impide a los partidos comprar tiempos en esos medios de comunicación), porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.

También un grupo de intelectuales ha recurrido a la vía del amparo para intentar revertir esa disposición a la que consideran violatoria de la libertad de expresión. Están en su derecho pero (creo) no tienen razón. Podrán (la mayoría de ellos tienen espacios en la prensa y un buen número en radio y televisión) expresar con absoluta libertad sus opiniones sobre candidatos y partidos, sus juicios sobre dichos y hechos, militar activamente a favor o en contra de quien deseen, es decir, podrán ejercer su libertad de expresión sin más límites que los que fija la ley. Ahora bien, lo que no podrán hacer es comprar tiempo en radio y televisión para hacer eso mismo. Y esa restricción se justifica por lo anteriormente señalado y que vuelvo a repetir: la búsqueda de equidad en la contienda.

Las elecciones son reconocidas por todas las fuerzas políticas significativas del país como la única vía legítima para llegar a ocupar cargos de gobierno y legislativos. Y esa convicción es parte del basamento que permite la convivencia y competencia de la pluralidad que cruza a México. Pero los procesos electorales libres, equitativos, legales y legítimos son una construcción. No son fruto de la inercia. Se trata de una cadena en la que todos los eslabones deben estar perfectamente alineados para lograr que el proceso sea reconocido como justo y limpio. Y uno de los eslabones más significativos es el de las condiciones en las que transcurre la competencia. Si las condiciones son equitativas la vía electoral y la coexistencia de la diversidad tienden a fortalecerse, pero si ello no es así, si existen ventajas flagrantes para uno de los contendientes, la espiral de conflictos y la deslegitimación de las propias elecciones toman el relevo.

Las normas deben leerse y analizarse en su contexto. Y es en el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales en donde estamos obligados a evaluar la pertinente prohibición para que "terceros" compren publicidad electoral en radio y televisión.

Los 15 ciudadanos, todos ellos dedicados a tareas intelectuales, que en diciembre pasado solicitaron un amparo contra uno de los puntos de la reforma constitucional en materia electoral, se han inconformado porque la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto acerca de esa petición. La justicia debe ser expedita, desde luego. Pero no puede dejar de tomarse en cuenta que existen pasos y plazos judiciales que en ese caso apenas se han venido cumpliendo. Primero, el amparo ha debido ser admitido por el juez ante el que se presentó. Más tarde, la Suprema Corte resolvió estudiar si le daba entrada, o no, a ese y otros amparos similares. En eso están los magistrados. Sin embargo con motivo de la queja de Los Quince las cadenas nacionales de televisión de