Parece que de nada ha servido que cada tres años desde la secretaría de Gobierno estatal se organizen cursos de inducción que pretenden profesionalizar a los ediles. Cuando se van todos emplean la lógica del año de Hidalgo y, por supuesto, no hay quien deje algo.

Voracidad y agandalle; patrimonialismo, que es la actitud que emplea como propios los bienes públicos; prepotencia y falta de cultura cívica, todos esos antivalores son compartidos por los políticos de uno y otro signo. Por si algo faltara, la mayor parte de esos funcionarios derrochadores se han ido cobrando un pago de marcha por demás generoso.

Este martes, los nuevos alcaldes se reunirán con el gobernador Miguel Márquez. Lo que debería ser una junta de coordinación y familiarización, muy probablemente se convertirá en el muro de las lamentaciones. Lo peor vendrá cuando se enteren que el gobierno estatal muy poco puede hacer por ellos, pues anda más o menos en las mismas.

Los municipios saldrán de sus crisis con mayores o menores afectaciones. No pasará de que retrasen pagos a sus proveedores, se endeuden usando como aval sus futuras participaciones y pospongan algunas urgencias para perjucio de los servicios municipales.

Sin embargo, lo verdaderamente impactante es que a la vuelta de tres años, esos que hoy se quejan harán lo mismo en su momento. Bajo el argumento de que “si a nosotros nos lo aplicaron, que se jodan los que vienen”, todas sus protestas de estos días se convertirán en oídos sordos y de víctimas pasarán a victimarios.

Esa es la cultura política que hemos construido tras dos décadas de alternancia en el escenario local. Nada para echar las campanas a vuelo, por cierto.

Quien fuera el primer alcalde de León del PAN, hace 24 años; y el primer gobernador de Guanajuato por ese partido, tres años después, se convirtió en un aliado involuntario de la priista Botello, sobre todo a causa de su actitud crítica y beligerante de la candidatura de Miguel Salim por el PAN.

Muchos panistas de buen nivel, inconformes con la postulación de su partido para la elección de julio pasado, debieron sentir en la actitud de Medina un respaldo y una justificación. A la postre, ese sentimiento se convirtió en un importante caudal de votos para consolidar la victoria de Botello por un margen asombrosamente amplio.

Avalado en su prestigio político, que lo tiene de sobra y más entre los panistas; pero también respaldado en su trayectoria empresarial, el ex gobernador de Guanajuato logró consolidar una fundación que persigue la profesionalización de la acción gubernamental, mediante sistemas de supervisión, evaluación y mejora de los procesos en las entidades públicas.

La Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables ha tenido un desempeño exitoso en muchas entidades del país, con gobiernos de distinto signo político. Medina no se esconde para realizar sus gestiones, todo lo contrario: su activismo es público y notorio.

Una de sus herramientas de trabajo, conocida como IWA 4, (siglas de International Workshop Agreement),  tiene reconocimientos internacionales y ha sido aceptada como la directriz para aplicar la norma ISO 9001:2000 en gobiernos locales.

Fidegoc establece tarifas por sus servicios, como lo hace la mayoría de los consultores. En contraprestación, realiza trabajos de identificación y mapeo de procedimientos en las diferentes áreas de una administración municipal o estatal. Debe suponerse que sus resultados son evaluados por quienes le contratan el servicio.

En la administración de Ricardo Sheffield, Carlos Medina impulsó uno de sus principales proyectos en su actual etapa como consultor de procedimientos de mejora continua en el terreno gubernamental: la creación de un observatorio ciudadano.

Medina logró convencer al alcalde y a su ayuntamiento de respaldar económicamente el arranque de una entidad como el Observatorio Ciudadano, desligado de Fidegoc en términos orgánicos, aunque usuario del IWA 4, el cual le fue cedido sin costo, pero pagando la capacitación del personal que lo aplica.

A lo largo de los últimos dos años, los diagnósticos del Observatorio Ciudadano, presidido por una reconocida consultora leonesa, Ana María Carpio, fueron  desfavorables a la administración de Sheffield, quien polemizó con el organismo y rechazó sus conclusiones de manera pública.

Incluso, algunos de los señalamientos del Observatorio fueron retomados en las pasadas campañas políticas por varios candidatos opositores, incluyendo a Botello, para criticar la mala gestión panista en el municipio.

Sin embargo, el reconocimiento y posicionamiento del Observatorio Ciudadano leonés no fue suficiente para convencer a la nueva alcaldesa de la necesidad de continuar.

Esgrimiendo el tema de los recursos otorgados por el municipio, empezó un estira y afloja que ha provocado un debate público sobre la necesidad de que continúe el respaldo del municipio al organismo ciudadano; o bien, sobre la pertinencia de que este prosiga con recursos autogenerados.

En el debate, salieron a relucir no sólo los pagos del municipio al Observatorio, sino también los que se hicieron a Fidegoc para procesos que nada tienen que ver con el proyecto del OCL.

La exhibición de los nueve millones de pesos que cobró en el gobierno de Sheffield la fundación presidida por Carlos Medina, ya no se produjo mediante una declaración de la alcaldesa Botello o alguno de sus subordinados, sino que siguió la vía de una filtración de documentos internos del municipio a un medio de comunicación para explotarlos en la lógica de un escándalo periodístico.

Como en política, de acuerdo al clásico, la forma es fondo, en la fuga de información propiciada sin ningún género de duda por los nuevos mandamases de la casa municipal, lo que se observa es que para quitarse de encima la presión del Observatorio Ciudadano, la alcaldesa Bárbara Botello eligió el camino de desprestigiar a su principal promotor.

Las consecuencias de este hecho no se agotan en la esfera municipal, sino que tienen rebotes en el ámbito estatal y específicamente en el agitado avispero de la política panista de estos días.

El gobernador Miguel Márquez, quien eligió protegerse bajo la sombra de confiabilidad de Carlos Medina Plascencia para su combate particular en contra de Juan Manuel Oliva, es uno de los damnificados del golpe lanzado por Botello.

En tanto que el ataque del gobierno priista cayó de plácemes en el campamento de Miguel Salim, quien tuvo rápidamente una oportunidad de cobrarse las afrentas de Medina en la campaña: uno sus comandantes, el coordinador de los regidores panistas Javier Ayala Torres, salió rápidamente a demandar auditorías y revisiones a los contratos de Fidegoc.

Y en Irapuato, el alcalde panista Sixto Zetina compró completo el escándalo propiciado por su colega leonesa y salió a anunciar que el observatorio ciudadano que está por crear, no tendrá nada que ver con Carlos Medina.

Así, mientras la priista Bárbara Botello define con claridad sus objetivos y muestra sus armas, el panismo de Guanajuato, del más alto al más bajo nivel, exhibe impotencia, confusión, discordia y, lo peor de todo, una nula estrategia.

Si nos remitimos a la historia, parece que así son todos los fines de época.

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En efecto, ya sabemos por medio de un despacho de prensa oficial y por boca del propio mandatario la agenda del viaje y la identidad de sus acompañantes.

Se trata, sin duda, de asuntos de gran calado que deberán ser analizados con detenimiento.

El primero de ellos es la cooperación en materia de seguridad de Guanajuato con una potencia extranjera, por sí solo todo un tema, pues formamos parte de un república federada y tenemos un Senado que regula la política exterior.

En segundo término, la solución al problema de movilidad en el corredor central de Guanajuato, donde el gobierno cuenta con el derecho de vía en un alto porcentaje de un corredor destinado a un tren interurbano, cuyo proyecto fue cuestionado por el propio Márquez desde la campaña.

Ambos puntos son de la mayor importancia para los ciudadanos de Guanajuato y ameritarían, conforme avancen y sin ser puestos en riesgo los acuerdos, que se mantenga una información puntual y suficiente sobre sus alcances.

Lo que ahora sale a relucir es que en la comitiva había un quinto pasajero, según relata la columna editorial del matutino leonés a.m. Se trataría de “R. Barba”, a quien se identifica con el empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, destacado integrante del cuarto de guerra de Márquez y aportador de recursos en la campaña electoral.

De ser cierto, algo que sin duda el gobernador de la transparencia deberá esclarecer más pronto que tarde, tendría que saberse lo que hacía un personaje ajeno a responsabilidades públicas en una comitiva que buscaba la discreción antes que nada, para no comprometer su agenda.

Asimismo, sería importante saber porque su  nombre no fue contemplado entre los que se dieron a conocer de manera oficial.

A menos que Miguel Márquez esté pensando en jugar con cartas marcadas en el tema de la transparencia, puesto en la agenda por él antes que por nadie.

O sea, el viejo asunto de decir una cosa para la tribuna y hacer otra en la práctica.

Algo, por cierto, en lo que Juan Manuel Oliva, tan señalado hoy en día, era un experto.

Suponemos que el gobernador no fue de vacaciones a Washington, pues lo acompañan funcionarios del gobierno y su familia permanece en Guanajuato. Entonces, ¿porqué no hacerlo oficial? ¿Será que nos tiene reservada alguna sorpresa?

Una posible explicación es que se tema a la crítica. En primer lugar, está el antecedente de los viajes de Juan Manuel Oliva que, más allá de sus resultados, eran utilizados para escarnecer la vocación itinerante del exmandatario.

Pero, además, el propio Márquez probó en carne propia la crítica por el turismo gubernamental cuando, recién llegado a la Secretaría de Desarrollo Social. se destapó con una excursión a China para conocer las maravillas tecnológicas de las lamparas de leds y su gran ventaja ecológica.

Sea una cosa u otra, lo cierto es que se antoja absolutamente innecesario escamotear la información sobre la primera salida internacional de un mandatario que ha hecho una manda del compromiso con la transparencia.

Puede haber ocasiones en que un político necesite mantener informaciones bajo resguardo por razones estratégicas, pero este no parece ser el caso.

En cambio, lo que si se está propiciando con estos resbalones al terreno de los dobles discursos, es dinamitar el único tema posicionado de la neonata administración guanajuatense.

Las propuestas que más han permeado en el ánimo de la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, de parte de Miguel Márquez, han sido las de la transparencia y la honestidad, temas ambos que se antojan más reactivos que propositivos y más instrumentales que esenciales.

Son reactivos porque surgieron como deslinde, a raíz del incremento a las críticas del despilfarro y las prácticas poco ortodoxas en el gobierno de Juan Manuel Oliva, y no por una idea original o como parte de un proyecto de renovación.

Son instrumentales porque la honestidad y la transparencia deberían estar en el cimiento de todo gobierno, pero sirviendo de base  a una propuesta programática eficiente para atender los reclamos sociales.

Sin embargo, cuando están a punto de cumplirse los primeros treinta días de gobierno, no ha sido posible conocer otro mensaje de posicionamiento que avance a partir de la propuesta de rectitud y ética en el desempeño de la función pública.

Miguel Márquez afirmó en su toma de posesión que el primero de sus decretos sería la constitución del Instituto del Migrante, lo que daba a entender un cierto sentido de urgencia, además del simbolismo. Eso aún no se ha producido, pero en cambio sí se generaron una serie de reacciones encontradas sobre la titularidad del migrante que deberá de presidir el consejo del nuevo organismo.

Las cosas van de tal manera tranquilas que el nuevo gobierno aún ni siquiera despliega su propuesta de imagen. Con un exceso de imaginación, el nuevo equipo adoptó la abreviatura gto, instaurada por la consultora que asesoró el tramo final de Juan Manuel Oliva, Danilo Black, como logo de la nueva administración, apenas con un maquillaje de colores.

Más que a posicionamiento de una sigla, algo que hacen ciudades como Nueva York (NY) con mucho éxito, a lo que huele esta decisión es a la comodidad de los contratistas, que al parecer fueron ratificados.

La prisa está tan ausente que a cuatro semanas de la toma de posesión de Márquez, las docenas de espectaculares propiedad del gobierno estatal continúan exhibiendo la campaña de agradecimiento desplegada por Héctor López Santillana al terminar su interinato.

En cuanto al activismo de los funcionarios del gabinete, se observa una dinámica dispareja. Así, mientras el propio López Santillana mantiene el más bajo perfil de su carrera gubernamental, quizá por prudencia, en su retorno a Desarrollo Económico; Éctor Jaime Ramírez Barba aparece como el niño del bautizo, el novio de la boda y el festejante de los quince años, en cuanta reunió se le atraviesa en el estado.

Javier Usabiaga,que tiene una bomba de tiempo en las manos con la herencia de Chema Anaya en la SDA, ha elegido la discreción; mientras Arturo Durán da de que hablar desde el primer momento hurgando en las leyendas urbanas sobre la corrupción de Genaro Carreño, en la SOP.

Mientras Carlos Zamarripa continúa haciendo su trabajo al mismo ritmo en la PGJE, el nuevo secretario de Gobierno, Antonio Salvador García se muestra titubeante en el reconocimiento del terreno que le toca arar y ya recibe los primeros embates desde la oposición priista en el Congreso.

Al gobernador Márquez se le nota sobre todo la falta de una mano derecha o, si se quiere, de un media cuchara que contribuya a equilibrar las disparidades de su equipo y a paliar las curvas de aprendizaje.

Los titubeos, que ya se vieron en un tema como el de la información sobre las liquidaciones de los funcionarios despedidos, se nota en otros aspectos, como el de las reconsideraciones sobre algunos cuadros de la anterior administración que en un primer momento fueron cesados y hoy se piensa seriamente en recontratarlos.

Es el caso del ex titular de educación, Alberto Diosdado Diosdado, quien ha solicitado ser reincorporado “aunque sea de subsecretario”, lo que aparentemente se está pensando por su no inclusión en las listas de liquidados.

En un nivel menor, por ejemplo, la ex secretaria particular de Miguel Salim en el ISSEG, Libia Denisse García Muñoz Ledo, fue liquidada hace un par de semanas del extraño cargo (por lo menos en términos sintácticos) de “coordinadora de desarrollo a servicios a derechohabientes”; sin embargo, esta misma semana fue ya recontratada, después de una llamada de alto nivel, en el redundante cargo de  directora administradora de Plaza Pozuelos.

Cabe señalar que el perfil de Libia García, abogada de profesión, tiene poco que ver con las características que debería tener el gerente de una plaza comercial que además funciona con fuertes pérdidas, en detrimento del patrimonio del fondo de pensiones.

En la reconsideración quizá tenga que ver, en cambio, el hecho de que la abogada García es una conspicua militante panista e integrante del consejo de ese partido en León, algo que seguramente importa más que el perfil profesional, como ya debe haber aprendido el nuevo y flamante director de ISSEG, el financiero Héctor Salgado Banda.

Así, corroídos por la terquedad de la realidad, en apenas treinta días y en medio de titubeos y devaneos, empiezan a diluirse algunos de los tronantes posicionamientos del gobernador Márquez al asumir el cargo. Esperemos programa.

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Si bien el discurso político manda mensajes a la opinión pública, las respuestas de esta, sobre todo a través de los medios de comunicación, también envían mensajes a los políticos.

Un hombre público puede tomar decisiones buscando que tengan su origen en demandas de los ciudadanos, planteadas abiertamente o detectadas mediante los mecanismos de medición de la opinión. También puede adelantar políticas que busquen manipular sentimientos de la opinión pública, tratando de calcular su efecto en la medida de lo posible. Finalmente, los responsables de conducir sociedades también pueden caer en la simple complacencia hacia los reclamos planteados por núcleos sociales significativos o de sectores de interés.

En realidad, gobernar siempre ha sido un sutil mezcla de todas esas posibilidades: la sociedad que lo origina acota al político, pero también este puede lograr avances paulatinos encontrando puntos de confluencia entre el legítimo interés social, los reclamos de grupos de presión y su propia agenda.

Ante la presencia de grupos de interés a los que les importa más el ajuste de cuentas con el pasado que la mejora de las prácticas gubernamentales en el presente y el porvenir, el discurso anticorrupción empieza a verse enfrentado a una prueba mayúscula: la necesidad de probar sus dichos en la práctica, es decir, de cobrar una cabeza de peso que muestre su decisión.

Así le ocurrió a Carlos Medina Plascencia, tras su llegada al interinato en 1991 para suceder al gobierno priista de Rafael Corrales Ayala. La campaña de Vicente Fox se había sustentado en críticas acerbas a la corrupción de ese gobierno y la única forma de ser congruente y justificar la cesión del gobierno al PAN era mostrar decisión política para castigar a los responsables.

Se designó un fiscal anticorrupción, que fue Felipe Polo, quien a la postre entregó elementos suficientes para detener y trasladar a Guanajuato al recientemente fallecido Raúl Almada Gaxiola, el hombre fuerte del corralismo.

Almada, junto con algunos de sus colaboradores, pasó alrededor de un año detenido y fue liberado a la postre. La mayor parte de las acusaciones no fueron probadas y lo que se logró acreditar no alcanzaba para un castigo de peso. En realidad se trató de un ajuste de cuentas político, originado en la quiebra histórica del priismo y el ascenso del panismo.

¿Podría ocurrir algo igual hoy en día? Se antoja difícil, en primer lugar porque no hay un relevo de partidos y porque, pese a todo los intentos de deslinde, Miguel Márquez tiene su origen en el gobierno al que se busca señalar.

Un ejemplo basta: la reciente acusación pública de que el Puerto Interior realizó una asociación con una empresa privada para comercializar sus terrenos, ocurrió en mayo de 2007. En esa fecha, el Secretario de la Gestión Pública de Guanajuato se llamaba… Miguel Márquez Márquez.

Sin embargo, el cruce entre el discurso anticorrupción del nuevo gobierno y su eco en los grupos de interés en la sociedad sigue creciendo de tono.

¿Cuál será la salida? Es todo un acertijo.

Aunque las respuestas de Ayala a las incisivas preguntas del reportero Jaime Molinero resultan por demás ambiguas y, en algunos casos hasta evasivas, el tono general del diálogo nos permite un acercamiento al clima interno del gobierno durante la gestión de Oliva.

De acuerdo a la versión de Ayala, los señalamientos sobre prácticas de corrupción en las diferentes dependencias nunca fueron tomados en serio por el entonces gobernador y tampoco por sus secretarios. Durante el tiempo que el ex alcalde leonés tuvo en sus manos la responsabilidad de vigilar el actuar gubernamental, sus planteamientos parecen haber caído en oídos sordos.

Llama la atención un hecho: Luis Ernesto Ayala sustituyó a Miguel Márquez en la Gestión Pública, de donde éste sale para hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y encaminarse a la construcción de su precandidatura al gobierno, todo ello con el beneplácito de Oliva que fue el autor de esos movimientos.

La pregunta que surge inmediatamente es si la corrupción en el gobierno de Oliva comenzó a conocerse hasta que llega Ayala; o bien, si éste recibió investigaciones en proceso provenientes del equipo al que relevó.

Importa saberlo porque si Miguel Márquez tuvo conocimiento de acciones indebidas y se las guardó para no perjudicar sus intenciones de ser precandidato y su necesidad de recibir el apoyo de Oliva en ese proyecto, habría un pecado de origen en el camino que lo llevó hasta donde ahora se encuentra.

Importa saber también los términos en los que Luis Ernesto Ayala dejó su cargo a fines del 2011, pues su afirmación general de que su renuncia obedeció en parte a la falta de respaldo de Oliva para la lucha anticorrupción, deja en predicamentos a otro funcionario: Gilberto Enríquez Sánchez, el titular que concluyó al frente de la SGP en septiembre pasada y quien ha sido recontratado por Miguel Márquez como subsecretario de Finanzas, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

De acuerdo a sus afirmaciones, Luis Ernesto Ayala abandona la Gestión Pública por la imposibilidad de luchar contra la corrupción que solapa Oliva, pero Gilberto Enríquez no tiene ningún prurito para relevarlo y hacer que las aguas vuelvan a su cauce. Y, al final del día, es a Enríquez y no a Ayala a quien Márquez invita a su gabinete. Interesante, sin duda.

Sin embargo, quizá lo más relevante de la reaparición de Luis Ernesto Ayala en la palestra pública no ha sido lo que dice, donde hay pocas cosas nuevas por más que se haya esforzado el entrevistador, sino en lo que no dice.

En efecto, al puntilloso ex alcalde leonés se le olvida por completo que su gestión como titular de la Gestión Pública coincidió en tiempo con la de su amigo y compañero de aventuras políticas Miguel Ángel Salim como titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en una de las administraciones más cuestionadas en los últimos tiempos en dicha dependencia.

Ayala formaba parte, como vocal, del Consejo del ISSEG. En ese papel, él o su suplente, aprobaron todas y cada una de las decisiones de Salim que hoy se encuentran cuestionadas como la colocación de 300 millones de pesos del fondo de pensiones en un bono de deuda de un banco francés, que al día de hoy registra una perdida notable.

Luis Ernesto Ayala, o su representante, dio su aval para  la construcción del Centro de Distribución en el Puerto Interior que duplicó su costo programado y constituye un gigantesco elefante blanco.

En octubre de 2011, cuando se separó del cargo por sus diferencias irreconciliables con Oliva, Ayala ya debía tener conocimiento del proyecto para construir el edificio más alto de León en el conjunto Estrella, el cual fue alentado por el consejo de ISSEG no obstante sus notables deficiencias de planeación, que obligaron a su suspensión a las pocas semanas de dejar Salim el cargo.

No sólo eso, sino que como Secretario de la Gestión Pública en funciones, Luis Ernesto Ayala apareció a la diestra de Salim a principios de  julio de 2011, dando su aval moral y apoyando el lanzamiento de su precandidatura en ocasión de separarse del cargo de líder municipal del PAN en León.

Quizás sea cierto que Oliva no dejó a Luis Ernesto Ayala sancionar a políticos panistas como Genaro Carreño de SOP y José María Anaya de SDA. Pero también se observa con gran claridad que el propio Ayala no quiso ni siquiera revisar a su amigo Miguel Salim.

Es probable que de allí provenga la ambigüedad del ex funcionario: sabe que no está libre de culpa como para empuñar con fuerza la piedra que quisieron ponerle en la mano.

En esas están los panistas de Guanajuato: tratando de salvar cada quien su pellejo y buscando chivos expiatorios con gran denuedo. Quizás algunos lo logren, pero lo que hundirán por mucho tiempo será a un partido que alguna vez significó una opción y que hoy tiene sus reservas morales agotadas y no se distingue de aquello que combatió por décadas.

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Este viernes se dio el primer jaloneo en el gabinete de Miguel Márquez por los alcances que debe tener la política de transparencia, precisamente al abordar el tema de las liquidaciones de los funcionarios de la anterior administración.

Una primera idea, proveniente sobre todo del secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís, seguramente a pedido de los propios interesados, sugería no dar a conocer los montos individuales de las liquidaciones.

Otra postura, proveniente de las áreas de comunicación y asesoría política de Márquez, aconsejaba no retroceder en ese aspecto, pues ya en anteriores gobiernos se había hecho pública dicha información.

El gran pretexto esta vez era la inseguridad y la definición de que los ex funcionarios ya eran sujetos privados. Por otra parte, estaba el hecho de que los dineros empleados para los pagos de retiro son públicos, por lo que no pueden ser reservados.

Tras un debate que no se alargó más allá de algunas horas, se determinó abrir la información, como dan cuenta todos los medios desde el mismo viernes al mediodía.

Lo que se debatía, a final de cuentas, es que tan transparente debe ser la transparencia y cuando debe obedecer a consideraciones de otro tipo, ya sean políticas o personales.

Este debate seguramente no será resuelto de manera fácil ni de manera rápida. El gobierno no puede estar permanentemetne en caja de cristal, sobre todo porque enfrente tiene a grupos de interés político y económico que estarían listos para aprovechar la información de muchas decisiones en su propio provecho.

Queda claro además que entre esos núcleos de interés no hay vocación de equidad ni tampoco intenciones transparentes, por lo que un gobienro totalmente abierto pasaría a convertirse en un factor de desigualdad que daría oportunidades solo a quienes tienen los recursos para aprovecharlas.

Sin embargo, tampoco pueden estarse buscando justificaciones de toda índole para reservar los datos, como ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva, gracias a la deficiente ley de transparencia creada por su antecesor, Juan Carlos Romero Hicks.

La ponderación entre el interés público, la vocación de transparencia y los objetivos estratégicos que todo gobierno debe tener, constituye un entramado complicado que no puede limtarse a los buenos deseos de los discursos.

Es allí, en la verdadera dificultad de gobernar, donde hay que ver de qué está hecho el gobierno que estrenamos. Lo otro, las palabras y las promesas, sólo flotan en el viento un instante antes de desaparecer.

El grupo político que combinó la capacidad operativa de un Juan Manuel Oliva, el control ideológico del Yunque y las ambiciones de grupos emergentes locales, prácticamente ha desaparecido en el arranque de las nuevas administraciones municipales.

En León gobierna la priista Bárbara Botello y constituye una punta de lanza del regreso de ese partido a la competencia política en toda regla.

En Celaya gobierna un empresario de extracción ciudadana, Ismael Pérez, que, para tener éxito, deberá erradicar todo lo que huela a panismo-yunquismo en su gestión.

Salamanca e Irapuato son conducidos por dos jovenes que se afilian a la disidencia histórica del panismo que batalló sin éxito contra Juan Manuel Oliva en 2006 y 2012: Justino Arriaga Rojas y Sixto Zetina. Allí hay otra plataforma para un proyecto político distinto dentro del PAN.

El PRI gobierna también Guanajuato capital y las importantes urbanizaciones de Silao y San Francisco del Rincón, que conforman la zona metropolitana de León.

Ante este escenario, resulta inevitable pensar que la política de Guanajuato sufrirá cambios drásticos en los años que se vienen.

Se combina con este panorama variopinto que luce irreversible, la actitud de un Miguel Márquez que de ninguna manera parece querer ser el último samurai del PAN y que manda señales de que lo único que desea es intentar hacer un buen gobierno.

Quién lo dijera, parece que la verdadera transición a la pluralidad en Guanajuato no llegó de la mano de una competencia feroz entre opciones ideológicas, sino derivada del desgaste y el desprestigio del panismo y la desarticulación del priismo.

No son malas noticias. La cancha parece estar despejada para que crezca el papel de los ciudadanos.

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Es el caso de la organización Volver a Empezar, encabezada a nivel nacional por el ex dirigente panista Manuel Espino, la cual buscó dar un golpe de efecto este lunes al presentar en la reunión semanal del comité municipal de León una solicitud de expulsión en contra de Oliva.

No deja de ser paradójico que el escrito presentado por el representante estatal de esta corriente, Carlos Edelmiro Gómez, tenga el aval de un político que en su momento también fue defenestrado en el PAN nacional, el cual, cuando arribó a la dirigencia nacional, recibió un amplio respaldo de Oliva desde Guanajuato.

En 2005, de la mano de Vicente Fox y Martha Sahagún, Manuel Espino disputó la jefatura nacional del PAN a Carlos Medina Plascencia. En el proceso fue notorio que los votos de Guanajuato, que en ese momento era dominado por la corriente de un Juan Manuel Oliva que se dirigía a conquistar la candidatura a gobernador, prácticamente sin obstáculos al frente,  no fueron para su paisano Medina, sino para Espino.

El Yunque, la tan fantasmal como activa organización en la que se formaban tanto Espino como Oliva, junto con otros muchos liderazgos, fue fundamental para que el político duranguense se afianzara en la dirigencia panista y desde allí buscara descarrilar la precandidatura de Felipe Calderón para favorecer al delfín foxista, Santiago Creel.

La circunstancia no facilitó esa intentona y los genes de los panistas rechazaron la imposición presidencial e hicieron candidato a Felipe Calderón, quien al parecer no aprendió esa enseñanza en su propia sucesión,  esta vez con Josefina Vázquez Mota, derrotando a Ernesto Cordero en una historia parecida.

A la vuelta de los años, la política ha colocado a Espino y a Oliva en trincheras opuestas. El primero enfrentó a Calderón y a los líderes del PAN impulsados desde Los Pinos, hasta verse expulsado del partido. El segundo, pactó con Calderón y se convirtió en uno de los gobernadores más favorecidos en la administración que está por terminar.

Hoy, con un Calderón en retirada, la historia ha dado otra vuelta de tuerca. Oliva ha establecido una alianza con Gustavo Madero para eludir las presiones del presidente Calderón en favor de un cambio en la cúpula panista tras la pasada elección. Espino, en cambio, llevó a su movimiento, Volver a Empezar,  a un pacto electoral con Enrique Peña Nieto, a quien le sirvió mucho darle un tinte de pluralidad a su candidatura con presencias como las del exdirigente panista y la experredista Rosario Robles.

Sin embargo, Espino mantiene cuadros e intereses en el PAN, los que muy probablemente estén ya entrando en negociaciones de cara al cambio de presidente del partido en marzo del 2013.

Es en ese sentido que se explica la demanda para expulsar a Oliva presentada la noche del lunes en Guanajuato, soportada en notas periodísticas: se trata de vulnerar cualquier posibilidad, lejana o cercana, de que el ex gobernador y actual secretario adjunto del PAN pueda competir en la elección de principios del próximo año.

El movimiento, sin embargo, puede estar montado sobre bases muy endebles, lo que podría darle un efecto contrario al que pretende. Piénsese tan sólo que el promovente de la demanda pertenece a una agrupación que de manera pública y notoria respaldó a un candidato de otro partido en la pasada contienda presidencial.

Parece evidente, ante la falta de contundencia jurídica por su soporte en elementos mediáticos, que la denuncia contra Oliva pretende solo efectos propagandísticos. Si el promovente está involucrado en un movimiento con un grave pecado de leso antipanismo, por el respaldo de Espino a Peña Nieto, probablemente lo único que veamos es que el escándalo se vuelva contra los actores en el seno del PAN y termine por vacunar al guanajuatense.

Muy seguramente Juan Manuel Oliva dejó muchos pendientes en Guanajuato y una enorme percepción de falta de aseo en su administración. Sin embargo, las ansias de linchamiento de sus adversarios políticos y periodísticos han sido hasta ahora el mejor subsidio de que ha podido gozar el ex gobernador.

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Una vez que ocurrió la peor debacle electoral del panismo en el último cuarto de siglo, justamente en la ciudad que consideran el bastión y la cuna de su poder, la situación política del principal municipio de Guanajuato en términos de población, de economía y de liderazgo social, debió de convertirse en una prioridad de la dirigencia estatal de ese partido.

No ha sido así. Más ocupado en transitar entre las pugnas de corrientes en que se convirtieron la postelección y los preparativos del nuevo gobierno estatal, el jefe panista Gerardo Trujillo Flores ha pospuesto cualquier tipo de decisión sobre lo que su partido debe de hacer en León.

Ello ha posibilitado que el control de la situación política en el PAN municipal lo continúe ejerciendo Miguel Salim, a través de la expectativa del manejo de sus cuatro regidores en el próximo cabildo, ya que el quinto, de origen aliancista, tendrá su juego por separado.

Aunque esta situación tiende a deteriorarse, ante la reciente insubordinación del delegado encargado del comité municipal, Arturo Falcón, quien ha dejado de hacerle caso a Salim para buscar la posibilidad de quedarse más tiempo en el comité y adquirir capital propio.

Lo cierto es que la falta de visión estratégica está aumentando el deterioro causado por la derrota. Ni los intereses cortoplacistas de Falcón, ni la continuidad del desbarrancado proyecto salimista pueden ser las guías para la reconstrucción del PAN en León y su redefinición frente al reto de volver a la oposición después de 24 años de ejercer el gobierno.

Haría falta más ponderación, mayor reflexión, una fuerte capacidad de análisis para encontrar los puntos finos de la reconstitución del PAN, de su papel frente al gobierno de la priista Bárbara Botello y su interacción con el gobierno estatal de Miguel Márquez Márquez.  Ninguno de esos ingredientes puede ser encontrado en quienes salen de la trinchera tras haber perdido la batalla.

Sin embargo, tampoco el grupo que perdió la elección interna del PAN a principios de año, el  que lideran el inminente ex alcalde Ricardo Sheffield y Mayra Enríquez, quien fuera su precandidata, están en posición de encabezar la recomposición. Desde luego, esta no puede hacerse sin ellos y tampoco contra ellos.

Todo lleva a que debería ser el comité estatal quien encabezara el esfuerzo de convocatoria y el proceso de regeneración política del panismo leonés, apelando a la presencia de todos los liderazgos vigentes, algunos de los cuales podrían incluso no inscribirse en ninguna de las dos posiciones que han polarizado la vida interna del partido en los últimos años.

Se sabe que Gerardo Trujillo ha convocado a los ex alcaldes panistas de León, salvo Eliseo Martínez expulsado de las filas del partido desde hace tiempo, para iniciar un proceso de reflexión. Puede ser un recurso válido, sin embargo, también parece un escenario muy limitado para entrar a fondo en el tema.

Ex alcaldes como Luis Quiroz, Jorge Carlos Obregón o Ricardo Alaniz, prácticamente ha perdido todo su contacto con las bases del partido. Los dos primeros incluso han olvidado sus raíces empresariales para dedicarse a medrar en la burocracia; el tercero, emprendedor exitoso, ya no tiene la política entre sus prioridades.

Luis Ernesto Ayala, en cambio, es uno de los grandes responsables de la derrota de julio pasado. Al sobreproteger a Miguel Salim y haber cerrado los ojos frente a sus debilidades, el ex alcalde leonés no puede eludir los saldos de la debacle, algo que ya incluso ha aceptado en corto frente a sus allegados: “nos equivocamos de candidato”, ha dicho el ex secretario de la Gestión Pública de Juan Manuel Oliva.

Carlos Medina se ha convertido en una especie de fondo moral del PAN. Su aparición en los escenarios públicos es una garantía de credibilidad de quien logra convocarlo, sin embargo, ha dejado la operación política completamente de lado y su conocimiento de la circunstancia reciente del panismo es prácticamente nula.

En síntesis, la reunión de notables que constituyen los ex alcaldes de León puede llegar a ser una tertulia interesante para Trujillo, donde quizá extraiga algunas enseñanzas, pero difícilmente se aprecia que pueda haber allí una reserva política de la que se pueda echar mano para superar la parálisis a la que condujo una derrota que no por anunciada fue menos sorpresiva.

Ganaría más el dirigente estatal del PAN si logra sentar en una mesa de diálogo y de propuestas a las verdaderas cabezas reales de las corrientes panistas: a Salim, a Sheffield, a Enríquez, a Oliva, a Torres Graciano; ganaría más si se arriesga a hacer una política que sea a la vez de tierra, pero también de altura; definitivamente, ganaría más si logra que los grupos pongan sobre la mesa sus intereses más inmediatos y sus proyectos de largo plazo y luego trata de encontrar puntos de conciliación.

Desde luego, en esa mesa debería tener un lugar el propio Miguel Márquez, quien no  puede darse el lujo de ser ajeno a la suerte de su partido en León. Si en la próxima elección el PAN no logra una plataforma competente y un candidato con liderazgo ante todo el panismo del municipio, para ese partido ya no sólo estaría en riesgo León, sino el estado completo.

La gran interrogante es si Márquez quiere ser el gobernador que le devuelva la viabilidad al PAN como opción de gobierno o si su sino es convertirse en el Ernesto Zedillo de Guanajuato y lo que quiere es salvar su imagen personal a costa de entregar el poder a sus adversarios. De eso, sólo el propio Miguel Márquez tiene la respuesta.

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Incluso un panista como Juan Carlos Romero Hicks, que venía de regir los destinos de una universidad,  buscó para su instituto de cultura a un profesional que no le fuera “a provocar problemas” con las típicas mocherías provincianas de sus correligionarios. Es decir, lejos de promover una política pública en el terreno de la cultura, subsistió el tema del estorbo.

Con todo y todo, la elección de Romero fue de las menos malas, contratando a Jorge Labarthe quien ya había ejercido ese cargo con el priista Rafael Corrales Ayala, cuando la política de  cultura se manejaba desde una dirección de área de la SEG. Labarthe siguió con Carlos Medina Plascencia, gracias a la coyuntura que se produjo al ratificar éste a José Trueba Dávalos como secretario de Educación.

Tras esa etapa transicional, llegó el desastre provocado por Luis Fernando Brehm en el área cultural, nombrado por Vicente Fox, el primer panista que ganó una elección, a quien tampoco le importaba el tema, como se vio cuando designó a la conductora televisiva Sari Bermúdez en Conaculta.

La decisión de Juan Manuel Oliva, influido en aquel entonces por Fernando Torres Graciano, para designar al primer panista militante en ese cargo, el ex diputado Juan Alcocer Flores, no empeoró las cosas, aunque no contribuyó a mejorarlas tampoco.

Alcocer se centró en unos cuantos programas de cultura popular y mantuvo lo demás como pudo. Su trabajo, sin llegar a los extremos de Brehm, fue solamente regular.

Quizá es por ello que no se entiende en absoluto el sentido de su ratificación. En el mundo cultural, no sólo el local sino también en instancias nacionales que deben tratar con el Instituto Estatal de la Cultura, la gran pregunta es ¿porqué si Miguel Márquez parece resistirse a todo lo que provenga de Oliva, mantuvo el olivismo precisamente en una área tan sensible como la que se relaciona con el mundo de la creación y la reproducción cultural?

La respuesta es sencilla:  el nuevo gobernador prefirió no meterse en honduras puesto que no tiene una idea clara de lo que deba pasar con la cuestión cultural. Además, Juan Alcocer tiene a su favor un poderoso argumento partidista: su papel, como presidente de la comisión de procesos internos, en la definición de la candidatura del propio Márquez.

Es decir: cuando no sepas qué hacer con la cultura, recurre al partido.

La situación amenaza con extenderse a otras instancias culturales, como por ejemplo el Fórum Cultural de León, donde el gobernador Márquez ya avanzó la idea con algunos integrantes de su consejo para hacer director del mismo al conductor de orquesta Mario Rodríguez Taboada, quien lo asistió en la campaña con la propuesta cultural, por cierto inexistente.

Rodríguez Taboada, tras dejar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, hace más de dos décadas, se ha dedicado a impulsar agrupaciones musicales de aficionados, en una tarea sin duda loable pero que no tiene nada que ver con la gestión de la infraestructura cultural más grande y costosa del estado.

Impulsado por su viejo amigo Éctor Jaime Ramírez Barba, el ex titular de la OSUG pudo vincularse en la campaña de Márquez, pero ese mérito partidista no lo habilita para el encargo donde lo quiere colocar, de nuevo, el desinterés del actual gobernador por el tema cultural.

Si el actual gobierno no tiene ideas claras con respecto a la política para la cultura, no tendría porqué haber problema, bastaría con que se aplicara el credo que el propio Márquez ha reiterado en su campaña y ya como gobernador, de tomar en cuenta la participación de la sociedad y de los expertos.

El colmo sería no saber que hacer con la cultura y, encima de todo, negarse a preguntar.

Lo dijo Miguel Márquez en su toma de posesión: “podemos equivocarnos, pero no podemos ser soberbios”

Bueno, es hora de mostrarlo.

Lo lamentable es que Miguel Márquez Márquez y su círculo cercano se encuentre comprando a los protagonistas de este gatopardismo tercermundista que abonarán muy poco a su cruzada de renovación y que, en poco tiempo, se convertirán en lo mismo que fueron para Oliva: aduladores en la buenas y detractores en las malas.

Encabeza a esta claque oportunista el ex alcalde de León y hasta hace poco titular de la coordinación de programación y gestión de la inversión pública, Luis Quiroz Echegaray, quien actualmente sobrevive como responsable de una unidad dentro de la secretaría de Finanzas, de Juan Ignacio Martín Solís, tras de haber conducido a la Copi a su eventual desaparición como entidad autónoma.

La dependencia que Quiroz dirigió a lo largo del sexenio olivista fue gradualmente disminuyendo su influencia, al mostrarse incapaz su titular de establecer una verdadera política pública de programación del gasto de inversión.

Abrumado por el activismo de Oliva, que prometía obras y realizaciones brincándose toda normatividad presupuestal, Quiroz renunció a normar el orden de las aplicaciones presupuestales, dejando la responsabilidad en el secretario de Finanzas, Gustavo González Estrada.

A partir de ese momento, el ex edil leonés se convirtió en una figura decorativa dentro del gobierno que no por ello renunció a sus privilegios, su alto sueldo y una vasta oficina que no parecía tener oficio ni beneficio.

Esa es la situación con la que se encuentra el equipo de transición de Miguel Márquez, lo que finalmente obliga a desaparecer la Copi y convertirla en una unidad de la Secretaría de Finanzas, recortando personal y niveles salariales.

Nada de ellos es óbice, sin embargo, para que Luis Quiroz, un empresario venido a menos tras la pérdida de sus empresas tras conflictos corporativos, pretenda seguir devengando un sueldo en la burocracia, no obstante su probada ineficiencia.

Para congraciarse con el espíritu de la nueva administración, Quiroz se ha convertido en el peor crítico de Oliva en cuanto comedero político se le atraviesa, asegurando que si no pudo hacer su trabajo fue porque el ex gobernador no lo dejó.

El ex alcalde leonés es hoy uno de los más radicales defenestradores del político al que prácticamente se le puso de tapete los pasados seis años y no para mientes en hablar de “la corrupción de Oliva”, olvidando que tomó parte, al menos como validador, en muchas de las decisiones que hoy critica.

De poco le servirá a Martín Solís la presencia de Luis Quiroz en su estructura. Mucho menos le servirá a Márquez la hipocresía rampante de funcionarios a quienes tiene perfectamente aquilatados desde que formaban parte del mismo gabinete.

Quiroz ya mostró su falta de constancia como empresario; ya quedó claro que la función pública tampoco es lo suyo; falta saber si se consolidará como un saltimbanqui político con el expediente de la alternar sumisión con traición y denostación. Visto el entorno, podría llegar muy lejos.

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Todavía no se despeja la incógnita de las causas de esa incorporación. Hay quien sostiene que lo que urgía era sacar a Oliva de Guanajuato, donde las percepciones de sus malos manejos administrativos podían dañar la campaña de Miguel Márquez Márquez. Otros piensan, en cambio, que Madero vio en Oliva la solución a sus carencias de operación electoral en el país.

Al final del día, la presencia de Oliva no fue significativa en los números obtenidos por la candidata Josefina Vázquez Mota, hundida en el tercer lugar de la elección. En cambio, su ausencia en Guanajuato permitió la recuperación de Márquez quien llegó barriéndose a la gubernatura, perdiendo en el camino la alcaldía de León, el municipio más importante del estado, que era gobernado por panistas desde 1988.

Sin embargo, Oliva sí logro avanzar en un sentido: su activismo por todo el país, el cual prosigue hasta la fecha, probablemente no logró recuperar sufragios de la sociedad para Vázquez Mota, pero sí le permitió tejer una red entre los panistas de los estados, en muchos de los cuales aparece como el único interlocutor desde el CEN del partido.

La fortaleza de Oliva como operador al interior de Acción Nacional ya se dejó sentir en las escaramuzas entre Felipe Calderón Hinojosa y Gustavo Madero por la definición de la agenda panista tras la derrota electoral.

Las presiones de la presidencia de la República para que el PAN echara a andar mecanismos estatutarios para revisar la situación del partido y, eventualmente, relevar de la dirigencia a Madero, se rechazaron en buena medida por pronunciamientos surgidos de las dirigencias estatales para apoyar al jefe nacional, cabildeados por Juan Manuel Oliva.

Con ese activismo, Oliva enfrió sus relaciones con Calderón, quien le dio un apoyo decisivo como gobernador, y estableció pactos con Madero que le dieron un mayor margen de maniobra en el CEN.

Pasados los meses y cuando ya se avecina el relevo presidencial, vuelve a la escena el tema de la renovación de la dirigencia panista, que se acordó adelantar para el mes de marzo de 2013, sobre todo por causas derivadas de la inestabilidad que ese partido sigue viviendo tras la derrota electoral.

Las vinculaciones del grupo de Gustavo Madero con temas polémicos, como las empresas que manejan casinos en el país; las pifias de algunos de sus alfiles, como el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal; y sus confrontaciones con personajes claves del calderonismo, como el líder senatorial Ernesto Cordero, todo contribuye a exponer las debilidades del dirigente panista y sus nulas posibilidades para reconstruir al partido de cara a los compromisos electorales del próximo año.

Es allí donde reaparece Juan Manuel Oliva y la base que ha logrado construir con el apoyo de las dirigencias estatales a lo largo y ancho del país, manejando ya sus propios intereses y distanciándose de la coyuntural alianza con Madero.

Sin embargo, el ex gobernador de Guanajuato tiene su principal debilidad, justamente en el estado que gobernó, donde el gobierno de Miguel Márquez Márquez, quien fuera su delfín, ha continuado el discurso de deslinde de la campaña electoral y lo ha convertido en una política de renovación moral que ha colocado a Oliva como su principal blanco.

La mayor parte de los nuevos funcionarios marquistas han empezado a buscar con singular entusiasmo las posibles irregularidades existentes en los archivos que reciben en sus dependencias. Esa actitud ya propició que el propio ex mandatario acuse que hay “una cruzada en su contra”.

Todo parece indicar que Miguel Márquez ha calibrado muy bien la desventaja que le podría provocar el hecho de que Juan Manuel Oliva pudiese convertirse en el próximo dirigente nacional panista y su objetivo es impedirlo a cualquier costo.

Así, en dos ópticas totalmente divergentes, mientras Oliva considera que el rescate de Guanajuato puede ser la piedra de toque sobre la que se sustente su asalto a la dirigencia nacional del PAN, su sucesor parece considerar que fue la herencia del ex mandatario lo que puso en serios predicamentos su campaña.

En esas condiciones, lo que ocurra en Guanajuato en los próximos meses, incluyendo la posibilidad de que las indagaciones marquistas topen con casos realmente serios de corrupción, podrían orientar en definitiva los derroteros que pueda tomar el relevo nacional panista a principios del próximo año.

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El primer día de su llegada, Arturo Durán salió a los medios a señalar lo que no parecen ser más que triquiñuelas de funcionarios menores: la doble chamba de trabajar en la SOP y también en despachos privados de donde salen proyectos contratados por la dependencia.

Se trata de una situación que puede ser delicada pero que no tiene que ver con las graves acusaciones de las obras multimillonarias asignadas por dedazo; o del inefable diezmo, el pago de comisiones y sobornos de los constructores a los altos cargos de la secretaría.

Durán, sin embargo, logró subirse a las ocho columnas de varios diarios con su señalamiento epidérmico. Parecía que por fin se abría la cloaca de la corrupción olivista.

No fue así. Ayer mismo, sentado en la misma mesa junto a Juan Manuel Oliva, el lider estatal del PAN, Gerardo Trujillo, descalificó a Durán y sus declaraciones, llamándolas “novatadas.”

El propio Oliva se sumó a la contestación, al señalar que los señalamientos contra su gobienro son “una cruzada” en su contra. ya no se atrevió a decir si de esa cruzada forma parte su propio delfín que ahora trata de desplegar sus alas.

Así que, por si no estaba claro, allí están los retos de Márquez. Primero, sustentar las premisas de su línea de acción y no dejarlas en manos de improvisados, como Durán; lo segundo, definir aliados y adversarios; lo tercero y más importante, trazar una ruta crítica y ser consecuente con ella.

De no lograrlo, sus propias afirmaciones se volverán en su contra.

Este domingo, en el municipio de Cortazar fue electo por una abrumadora mayoría como nuevo dirigente municipal del PAN el ex candidato derrotado José María Anaya Ochoa. Más del 60 por ciento de los votos de los panistas cortazarenses fueron para quien los condujo a una derrota desastrosa y la pérdida de la alcaldía.

Pero no sólo eso, Chema Anaya es uno de los ejemplos más conspicuos de la corrupción que se incubó en el sexenio de Juan Manuel Oliva, al amparo de la coartada de generar recursos para el financiamiento de las campañas electorales.

Fideicomisos como Casa Noble, intervenida al final del sexenio que acaba de concluir y donde apenas se empieza a conocer la punta de un gigantesco iceberg de corrupción; o el destino de cientos de millones de pesos destinados a las integradoras de compra de grano, donde se originó el fraude de Iagrocen, son casos de cuyo esclarecimiento depende que cobre cuerpo la intención marquista de luchar contra la deshonestidad gubernamental.

Más aún, la presencia en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Javier Usabiaga, un funcionario público de reputación insobornable y sin ninguna necesidad de actuar como encubridor, hace tener confianza en que más temprano que tarde se abrirá la cloaca de los desvíos de recursos en el sector agrícola durante la mayor parte del sexenio olivista.

Se trata, por si algo faltara, de situaciones imposibles de ocultar, pues hay agujeros financieros de los que necesariamente alguien tendrá que responder, una vez que la nueva administración proceda a regularizarlos o a liquidarlos.

En ese sentido, habría que preguntar: ¿le hace falta al PAN un nuevo escándalo, como el que seguramente ocurrirá cuando se descubran las responsabilidades de su flamante dirigente municipal de Cortazar?

¿No sería obligación de Gerardo Trujillo, el dirigente estatal panista, prever este tipo de circunstancias y usar sus potestades para evitar un predicamento al discurso marquista, primero; y un desdoro al partido, después?

Trujillo en particular tiene noticias cabales y de primera mano de lo que ocurre en la SDA, pues allí se desempeña como director general de Proyectos Emergentes, su padre, el ingeniero Raúl Trujillo Moreno.

No es el único sitio donde el partido parece ir a contrapelo del gobernador en el tema del combate a la corrupción.

Está también el caso de Mario Barrientos Corrales, representante del PAN en el Instituto Electoral y un cuadro que ha sido cercano a Juan Manuel Oliva, a Fernando Torres, a Gerardo Trujillo y al propio Miguel Márquez, quien presume de un aura de impunidad ante la limpia de funcionarios deshonestos que pretende la nueva administración.

Tan solo habría que investigar las innecesarias remodelaciones de farmacias del ISSEG que se realizaron a lo largo y ancho del estado, dejándolas por cierto más infuncionales tras los millonarios arreglos. En el entorno de Barrientos se conocía que entre las constructoras beneficiadas por contratos directos se  encontraban algunas que eran propiedad de familiares del funcionario.

Pero no sólo eso. La compra a un precio fuera de mercado del software Pharmacy,  para manejar los abastecimientos de las farmacias, provocó uno de los más grandes desabastos de que se tenga memoria en la historia comercial de la institución

Y si algo faltara, allí está el desastre en que se convirtió la compra del sistema robotizado para el procesamiento de pedidos, instalado en el monstruoso Centro de Distribución del Puerto Interior, el cual fue adquirido en Alemania con tecnología de punta, que permanece inactivo en largos periodos por problemas con el pago de los servicios de mantenimiento, también onerosos.

Estas decisiones, impulsadas por Barrientos y validadas por Miguel Salim en su etapa como director, cuando lo que menos quería era tener problemas con el amigo de Oliva, incrementaron los costos de operación del sistema y provocaron  que el área de farmacias del ISSEG operara con pérdida por primera vez en su historia en el ejercicio de 2011.

Es decir, en lugar de que la red de farmacias del ISSEG le aportara al fondo de pensiones utilidades por encima de los rendimientos bancarios, el año pasado debió ser subsidiada por los recursos de los trabajadores. Estas cifras, que conocen muy bien los integrantes del Consejo Directivo del ISSEG, no son de carácter público pues se engloban en información concentrada que oculta las áreas problemáticas.

Barrientos no fue removido de su cargo por Javier Luna, pues fue durante esos meses que pidió licencia para hacerse cargo de la campaña panista en Celaya, de donde retornó vencedor y más fortalecido que nunca.

Ahora, superada la renuncia formal que presentó antes de la llegada de Héctor Salgado Banda, el director del ISSEG proveniente del Banco de México que designó Miguel Márquez, Barrientos despacha confiado en que sus méritos partidistas se harán cargo de minimizar cualquier resultado de las auditorías en su área.

Por eso persiste una pregunta: ¿podrá Miguel Márquez avanzar en su cruzada anticorrupción cuando las primeras y más serias resistencias a ella están en los gerifaltes de su propio partido?

Y aquí es donde queda claro que por más que el nuevo gobernador de Guanajuato se empeñe en dignificar el servicio público, poco podrá hacer si no echa mano de las herramientas de la política; si no concentra fuerzas propias y ajenas para vencer inercias; y, sobre todo, si no se traza un plan estratégico que vaya más allá de la buena voluntad y los discursos emotivos.

Hoy, por hoy, los mensajes desde el mismo PAN que llevó a Miguel Márquez al poder, nos dejan saber que la lucha contra la deshonestidad corre el riesgo de tener una misteriosa muerte de cuna.

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Es el caso del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, donde la trumática petición de renuncias a los cuatro subdirectores generales del organismo parece que quedará solamente en agua de borrajas.

Uno de los cuatro cesados, ya que se les pidió la renuncia sin opciones, aparentemente ya no regresó: se trata de Julio Torres, responsable de Unidades de Negocio.

En cambio, dos más siguen allí, se dice que a la espera de un trámite de jubilación, es decir, se irán, pero por las buenas: Luz María López Navarrete, responsable de Administración y Finanzas; y Luis Gamba, el titular de prestaciones.

Pero lo más interesante viene en la cuarta de las subdirecciones, la que ocupó, con intermitencias electorales, el panista ultraolivista Mario Barrientos, un funcionario incrustado allí sin experiencia previa, sólo por sus relaciones con el hoy innombrable ex gobernador.

Barrientos, subdirector general de Planeación, es el responsable del gigantesco fracaso del nuevo Centro de Distribución, que significó la erogación de más de 200 millones de pesos y lo único que ha hecho es aumentar el desabasto de las farmacias; así como de la compra de un costoso software para el manejo de inventarios, llamado Pharmacy, que ya mostró ampliamente su inoperancia.

Sin embargo, con toda la concha del mundo, quien tambien fuera el delegado especial del PAN para Celaya, sigue despachando como si nada y ya fue presentado al nuevo director del ISSEG, Héctor Salgado Banda.

La permanencia de Barrientos en el ISSEG, quien se ostenta como uno de los constructores de la candidatura de Miguel Márquez desde hace años, vendría a mostrar las limitaciones de una política anticorrupción a la que, como le ocurre a los políticos de todos los signos, se le dan muy bien las excepciones cuando se trata de los cuates.

Marcado por la propaganda negativa en contra de su antecesor y ex jefe, Juan Manuel Oliva, la cual incluso logró borrar de la percepción pública los logros de su gobierno que no fueron menores, Márquez ha decidido llevar el péndulo hasta el otro extremo y hacer de su gobierno una caja de cristal.

Nadie en su sano juicio puede oponerse a una propuesta de tal naturaleza, menos en México, donde gobiernos de distinto signo político -de centro, izquierda y derecha-, han caído en las redes de la corrupción.

Los escándalos mediáticos de todo tipo, desde el modesto toallagate de Vicente Fox hasta el tráfico multimillonario de Raúl Salinas de Gortari, han sido equiparados en una tabula rasa que nos ofrece como resultante la firme creencia de los ciudadanos de que todos los políticos son corruptos.

Las compras del gobierno, el seguro popular, la asignación de obra pública, las liberaciones de derechos de vía, la obtención de recursos para el financiamiento político, la guerra contra el narco, en síntesis todo el accionar del gobierno parece formar parte de un entramado que nada le envidia al crimen organizado.

Los medios de comunicación rara vez pueden probar de forma fehaciente y documentada un fraude con recursos públicos; cuando lo hacen, nunca pasa nada. Las cárceles están llenas de delincuentes comunes, pero muy rara vez las pisa un político o un funcionario público.

Sin embargo, en contrapartida, no hay funcionario que no esté exento de la sospecha de hacer negocios. Peor aún, son numerosos los ciudadanos de conducta intachable que anhelan llegar a un puesto público para mejorar su nivel de vida.

No sólo se trata de la posibilidad de hacer pingües negocios aprovechando el cargo, algo que la mayor parte de los funcionarios no sabe ni se imagina cómo hacer, sino simplemente la posibilidad de que el dinero público cubra numerosos gastos que cualquier mortal debe pagar de su bolsa: el auto, el celular, los gastos de representación.

Por toda esa cauda de impunidad, por una parte; pero también de mala cultura política, por la otra, la tarea que se ha echado encima el gobernador Miguel Márquez parece no sólo titánica, sino también excesivamente riesgosa.

Bastará que surja el primer escándalo en la administración, con un funcionario menor o mayor, para que el edificio discursivo que se ha venido repitiendo machaconamente quede sujeto a prueba. Miguel Márquez tendrá que reaccionar de acuerdo a sus compromisos y aplicar sanciones legales bien sustentadas, incluso si con ello afecta su entorno.

Debe recordarse como en la administración de Oliva se pretendió sancionar un aparente saqueo de recursos públicos en la Secretaría de Salud, con varias decenas de implicados. A la postre no sólo resultó ni un solo caso legal, sino que incluso se dictaminó que el entonces secretario de la Gestión Pública, Luis Ernesto Ayala, debía de pedir disculpas a los afectados.

Tampoco sería deseable que ocurriera una parálisis en áreas vitales del gobierno a causa de la sobreregulación que podría requerir el establecimiento de mayores controles en contra de la corrupción, pues entonces el intento de un gobierno honesto podría dar paso a una administración ineficiente donde resultase peor el remedio que la enfermedad.

Un peligro del compromiso retórico de Márquez, que ya quedó impreso en la memoria de la opinión pública, es que se convierte en una prueba constante para la imagen del gobierno, llegando incluso a marcarle una agenda que puede sobreponerse a otros temas prioritarios.

Otro peligro del compromiso explícito de Márquez es que su gobierno funcione con honestidad en el 99 por ciento de los casos y que el uno por ciento se le convierta en el talón de Aquiles y la marca de agua sobre su gestión.

La lucha en contra de la corrupción no sólo debe ser bienvenida, sino que debería constituir una agenda permanente de todos los gobiernos ante la existencia de una clase política y una cultura pública que la ve con una gran naturalidad.

Sin embargo, hacer de esa lucha una bandera de propaganda puede resultar menos eficaz que simplemente caminar en su búsqueda. De todas formas, ya metidos en esto,  lo mejor para todos será que Miguel Márquez logre llevar adelante sus planteamientos. Estaremos atentos.

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Sin embargo, el originario de Purísima del Rincón, no parece preocupado por ese tema. Producto más de una carrera de esfuerzo personal, el nuevo gobernador usa y abusa de su carácter de hombre sencillo que dice las cosas como se le vienen en el momento. Puede ser así, puede ser también un recurso discursivo.

Porque hay retórica que elude la proclividad al esnobismo o la sofisticación, fingida o real, para regodearse en la llaneza y el discurso sin desbastar. A menudo puede tratarse de una estrategia para conectar con públicos más amplios, para ganar simpatías, para evitar profundizar.

Podemos estar ante un político de ese tipo: que adopte un gesto de ingenuidad cuando en realidad es calculador y frío. Si algo abona a esa hipótesis es la estrategia seguida para limpiar de cargos directivos muchas dependencias del Poder Ejecutivo, antes incluso de asumir formalmente el mando, lo que constituyó toda una toma de poder.

El discurso de Miguel Márquez parece simple y es simple. No debemos, empero, equivocarnos: la sencillez hace que resulten más claras las tareas a seguir y que, además, sean unívocas. Un primer posicionamiento de ese discurso se encuentra en el tema de la honestidad y la rendición de cuentas, que parece haber permeado en todos los colaboradores del gabinete escogido por el mandatario entrante.

El problema que aparece en el horizonte es que algunas de las primeras premisas del nuevo credo oficialista podrán servir para ganar credibilidad, para tomar distancia del pasado y para orientar al equipo de colaboradores, pero no parecen suficientes para el largo plazo.

Hará falta que, una vez que se vuelva realidad lo del gobierno transparente, se de paso al gobierno eficaz, que es la otra parte de una pinza que tiene muchas cosas por ajustar.

Mientras tanto veremos si el gobernador persiste en la tónica del muchacho sencillo y bueno que quiere hacer las cosas bien. O bien, lo que sería más conveniente, asume la posición del hombre de estado que sabe que nada es fácil y mucho menos poner de acuerdo a todos, pero que siempre se puede lograr que las cosas pasen si se echa mano de los mecanismos adecuados.

Si bien Baja California fue la primera entidad donde ganó un gobernador panista, en 1989 Ernesto Ruffo fue el primer candidato que derrotó al PRI en una elección estatal, lo cierto es que Miguel Márquez gobernará en Guanajuato hasta 2018, lo que significa 27 años de gobiernos panistas ininterrumpidos. Para superar ese record, el PAN de Baja California debería ganar la elección del próximo año.

Sin embargo, lejos de ser una marcha triunfal, el arranque de la quinta administración panista, la tercera que completará el ciclo completo de seis años, se ha visto complicada y hasta frenada por cuestiones propias y ajenas.

Por ejemplo, en virtud de una instrucción fantasmal en la que muchos adivinamos la autoría de Miguel Márquez, pero que nadie se atreve a reconocer, se ha desatado en las dependencias del gobierno estatal una cacería de funcionarios que no parece limpia, sino purga política.

Como nadie explica de qué se trata y la tarea sucia la vienen haciendo los funcionarios salientes, muchos de los cuales serán también sacrificados, si no lo han sido ya, la ola de despidos ha sembrado un ambiente laboral donde no privan los aires de esperanza y renovación, sino el temor y la desconfianza.

En la ola de despidos, acompañados de liquidaciones, no se sabe si los que se van lo hacen por ineficacia o deshonestidad; si los que se quedan lo hacen por sus méritos y si los que llegan serán mejores que los que partieron.

Lejos de un relevo institucional enmarcado en líneas de planeación orgánicas, lo que se ve es un descabezadero sin orden y concierto. La primera impresión que provoca, es que llega un equipo desorganizado, reactivo, caótico y, en algunos casos, vengativo.

Esas características pueden ser muy acertadas para crear desconcierto en la burocracia, pero no se aprecian como las bases sobre las cuales se puede construir una nueva cultura de gobierno.

El discurso parece menos creíble cuando entre los nuevos funcionarios, escogidos por Miguel Márquez, aparece un personaje como José Arturo Durán Miranda, ex director de Infraestructura Vial en los gobiernos de Carlos Medina y de Vicente Fox y de negra memoria entre la mayor parte del gremio constructor de Guanajuato.

En el equipo de Fernando Michel Barboza, el primer secretario de Obra Pública de Juan  Carlos Romero Hicks, aún se recuerda como Arturo Durán se negó a entregar la dirección de Infraestructura Vial durante varios días, para finalmente abandonarla sin consignar toda la información propiedad del gobierno.

De no cuidarse, decisiones como esta pueden ahondar el sentimiento de frustración de los servidores públicos con los que va a trabajar la administración de Márquez.

Si de una parte se están dando draconianas decisiones de limpia burocrática que ha arrasado por igual con buenos y malos funcionarios, mientras que por otra parte las decisiones del nuevo régimen se orientan a personajes de trayectoria confusa cuando no abiertamente censurable, el mensaje de transparencia no parece estar en sintonía.

Otro campo donde no queda claro lo que Miguel Márquez le propone a la sociedad es en el terreno de su interactuación con el Congreso, el pasado y el actual. Las propuestas de cambios legales no contuvieron transformaciones de peso, ni en transparencia ni en seguridad.

Decisiones aparentemente autónomas de la fracción panista, como la designación del magistrado Eduardo Hernández Barrón, de triste memoria como titular de Acceso a la Información, por la anterior Legislatura; o la decisión para subsanar la caída de Humberto Andrade con el ungimiento de Juventino López Ayala en el nuevo Congreso, no pueden haber sido ajenas por lo menos a una opinión de Miguel Márquez.

En ambos casos, los mensaje son intranquilizadores. Hernández Barrón contradice con su sola presencia todos los pronunciamientos sobre transparencia de quien hoy toma posesión del gobierno; en tanto que el discurso de toma de posesión de López Ayala resultó no sólo anacrónico, sino casi dinosáurico, al mandar al diablo al Trife, como si se tratara de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que insistía en que el PAN “sigue siendo mayoría”.

Si algo debe cuidar Miguel Márquez en los próximos días, los primeros de la grave encomienda que asume, es que sus hechos no borren a sus dichos. En estos tiempos, hace falta dignificar la política cumpliendo la palabra y no utilizándola solamente como una arma de propaganda.

Esa sería la mayor y más productiva distancia que el flamante mandatario que protesta hoy podría poner ante quien se ha convertido en su innombrable personal: el ahora sí ex gobernador Juan Manuel Oliva.

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