Se aprobó por unanimidad en el Congreso de la República ayer en la tarde, el informe multipartidario "Legalidad y Problemática de la Empresa Minera Majaz en los Territorios de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta en las Provincias de Huancabamba y Ayabaca en la Región Piura", presentado por el Grupo de Trabajo Ambiente y Ecología presidido por el congresista Juan Perry.

En éste se expone la problemática medioambiental y social que ocasiona la presencia de la empresa minera Río Blanco Copper S.A (ex Majaz), así como las irregularidades de la evaluación del estudio ambiental para la fase de exploración, la ilegal ocupación de territorios de las comunidades campesinas, y las conclusiones finales de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), entre otros.

Así por ejemplo el informe Nº 001-2006/ASPMA-MA de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, concluye que la empresa minera Majaz (ahora Río Blanco Copper S.A) no cumplió con los requisitos exigidos en la Ley Nº 26505, Ley de Promoción de la Inversión Privada, y la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, sobre la autorización de los propietarios del terreno superficial, en este caso las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba respectivamente.

Se deja claro que el conflicto entre las Comunidades y la empresa Minera Río Blanco se ha extendido a un gran sector de la población y organizaciones públicas y privadas de la Región Piura, ocasionando conflictos sociales y violencia física, entre los que apoyan la explotación minera y los que la consideran incompatible con el modelo de desarrollo basado en la agroindustria de exportación, consumo interno, ganadería y turismo. Por lo que actualmente existe una controversia jurídica sobre la presencia de la empresa Minera Rió Blanco en los territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas.

El informe aprobado ayer por el congreso recomienda que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) defina una fecha concreta para la finalización de los trabajos de cierre de operaciones en la fase de exploración que el Proyecto Minero Río Blanco viene ejecutando hasta la fecha, considerando que la Defensoría del Pueblo y la Super Intendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP han observado que no existe un permiso expreso de las Comunidades llevar a cabo la mencionada exploración.

De igual forma se recomienda al MINEM revisar la legalidad de estas actividades y aplicar las sanciones administrativas, así como el inicio de las acciones judiciales que correspondan de acuerdo a la normatividad que establece el Estado peruano. Se convoca al Ministro de Energía y Minas para que informe porque no intervino de oficio el MINEM en la sanción de la empresa Minera Majaz S.A, cuando en el procedimiento de ampliación de Evaluación Ambiental para la etapa de exploración que inició ante la Dirección de Asuntos Ambientales y Mineros del MINEM, y del que luego se desistió, ya se habían detectado varias de las infracciones por las que OSINERGMIN finalmente ha sancionado a la empresa minera.

Asimismo se solicita a la Defensoría del Pueblo  que propicie el reinicio de la mesa de diálogo entre las comunidades y sus organizaciones, el estado peruano y la empresa Río Blanco Copper- de considerarse la legalidad de las actividades de la empresa minera- cuyo objetivo sea identificar un facilitador de consenso y una agenda conjunta. Y finalmente que el Ejecutivo considere el resultado de las consultas vecinales en su decisión de promover la ejecución del Proyecto Río Blanco de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (ex Minera Majaz).

Dicho informe fue suscrito por los congresistas Juan Perry Cruz de Restauración Nacional, Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional, Alfredo Censano Sierralta del Partido Aprista Peruano, Carlos Canepa LaCotera de Unión por el Perú, Oswaldo de la Cruz Vásquez de Alianza por el Futuro, Hilaria Supa Huamán y Marisol Espinoza Cruz del Partido Nacionalista, entre otros.

El pasado 6 de junio se presentó la denuncia en defensa  de los campesinos de Ayabaca y Huancabamba torturados por efectivos policiales, el 1 de agosto del 2005, cuando fueron detenidos por protestar en contra de la ilegal presencia de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper). Los afectados permanecieron por 72 horas retenidos contra su voluntad victimas de vejaciones, maltratos psicológicos, amenazas de muerte y acoso sexual en el caso de las mujeres, todo ello ocurrido en las instalaciones del campamento denominado Herry’s Hill donde opera la minera.

La denuncia penal fue presentada ante la Quinta Fiscalía de la Nación, sede Piura, especializada en delitos de terrorismo y contra lesa humanidad; la cual es presidida por el Fiscal Juan Ortiz Arévalo.

Los presuntos responsables y acusados ante la fiscalía de Piura  son el General PNP  Ricardo Benavides Ramírez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP, responsable del área territorial en el que se produjeron los hechos, además del Coronel PNP Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona de conflicto, quien tuvo bajo su custodia a los detenidos en el campamento minero, así como el  capitán PNP Marco Gonzales Santillán, jefe de Destacamento policial “Henry’s Hill” encargado de brindar protección a las dependencias y establecimientos de la compañía minera. Así también la denuncia contempla como responsable a los efectivos policiales (DINOES) y personal de seguridad de la empresa Minera Majaz.

También está denunciado el ex fiscal Felix Toledo Leiva por omisión de denuncia en torno a todos estos hechos y  quien actualmente se encuentra purgando condena en el penal de Río Seco – Piura  por recibir una coima. 

El representante  de los comuneros agraviados, abogado David Velazco de la  Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y la  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ingresaron el expediente  a las  11:25 a.m del 6 de junio. 

Velazco  dijo que se ha recurrido a peritos internacionales de reconocido prestigio  como es la institución Médicos por los Derechos Humanos (PHR) “esas pericias   establecen de manera concluyente  y contundente que las personas han sufrido torturas físicas y Psicológicas”

Así también Velasco “dijo que la responsabilidad alcanzaría  al General (en retiro)  Marco Miyashiro y por eso estamos solicitando que se le investigue”.

Los afectados

Para Elizabeth Cunya  Ovillo, el dolor es latente   “lo que vivimos allá arriba fue un salvajismo brutal y demandamos justicia  (…) no se respetó derechos humanos, no se respetan los derechos comunales, la conciencia del ser humano, no se respeta nada”, expresó.

Por su parte el Comunero Pedro Aponte Guerrero dijo  “lo que buscamos es justicia, que se investiga a los responsables y que castigue el poder judicial”.

En relación al conflicto minero que se vive en la sierra de Piura, Pedro Aponte  refirió “hemos perdido la fe, tenemos dudas,  nosotros sólo pedimos justicia y que no se parcialicen con nadie. No hay paz ellos (Majaz) siguen atentando contra nosotros sindicando a nuestros comuneros como violentistas, presentando montajes como terroristas lo que no es así. Entonces ellos siguen atentando contra los derechos de los ronderos y  comuneros”.

Elizabet Cunya opinó que “si se quiere hablar de honestidad y de que va a ser un proyecto (Río blanco)  que va a beneficiar a futuro,  se tiene que empezar a respetar cada uno de los derechos de los ciudadanos”.

Efecto Post traumático

Para el siquiatra Julio Castro Castro las personas víctimas de un hecho de represión  sufren el efecto denominado post traumático “la persona empieza a presentar un temor, una angustia marcada, con pensamientos (…) que tú no quieres recordar, la persona empieza a re experimentar el hecho traumático, tienes pesadillas crónicas recurrentes relacionados con el hecho, y esto es ajeno a la voluntad de las personas (…)  tendrán diferentes formas de trastornos de  ansiedad generalizada, fobia, depresión mayor,  e intento suicida”, afirmó el galeno.

Castro resaltó que el efecto post traumático afecta a los demás miembros de la familia “en diferentes grados dependiendo del tipo de rol que juegue la persona (esposa, esposo, hijo)”.

En torno a la relación actual entre la policía y las organizaciones comunales el siquiatra dijo “se supone que la policía son los representantes del orden pero al mismo tiempo de la  justicia, de proteger a la sociedad civil. Qué van a pensar esos campesinos de la  policía nacional que estuvo alojada en los ambientes del campamento minero (..)  van a pensar con todo derecho que la policía nacional  está al servicio de la minera  y no para protegerlos a ellos”.

Así también el efecto post traumático alcanza a los efectivos policiales, advirtió; porque  “hay policías honrados, cristianos, que han sido testigos de lo que ocurrió  allí y que no pueden hablar por temor a represarías de sus jefes, ese hombre debe sentirse atormentado, porque ha participado como testigo de un hecho de represión ordenado por sus jefes a petición de una de las partes en conflicto (Majaz),  la policía en ese acto se ha descalificado”.

“Las órdenes no se cumplen sin dudas ni murmuraciones (…) las órdenes tienen que tener un sentido ético y que los miembros  de las fuerzas armadas y policiales no están obligados a obedecer órdenes que atentan contra la vida de las personas” concluyó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentará el día de mañana, 6 de junio, a  las 9 a.m en el Hotel los Portales de Piura, una conferencia de prensa por las  torturas en contra de campesinos de Ayabaca y Huancabamba acontecidas en agosto del 2005  por parte de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).

Los campesinos afectados  fueron detenidos por protestar en contra de la presencia de la Empresa minera Majaz (hoy rio Blanco Cooper) en tierras pertenecientes a la comunidad campesina y de quien la minera no posee los permisos según Ley. En consecuencia los comuneros fueron retenidos luego de desatarse un enfrentamiento con la Policía.

Los detenidos permanecieron  retenidos  contra su voluntad en el campamento minero de Majaz  por 72 horas, tiempo en el cual fueron víctimas de  vejaciones   físicas y Psicológicas. Entre  los detenidos se encuentra Cleofé Neyra (Huamcabamba) y Elizabeth Cunya (Ayabaca) quienes fueron agredidas sexualmente.

En consecuencia de este hecho la Coordinadora  interpondrá el caso ante   fiscalía de  Piura en el área de Derechos Humanos, bajo los cargos de secuestro agravado, tortura homicidio calificado, delitos contra la  omisión, libertad sexual  y extensión de certificado falso, esto basado en las investigaciones de la propia Coordinadora.

Mar Pérez, representante legal de la coordinadora dijo que las  pruebas acopiadas, apuntan a responsabilizar a efectivos policiales que torturaron a los campesinos, al  ex director de la Policía Nacional,  general Marco Miyashiro por su inacción ante este hecho.  Así también la denuncia responsabiliza los gerentes de  minera Majaz,  de quien se tiene indicios coordinaron estas acciones con la policía que resguardaba el campamento.

La sustitución de los  gerentes de la empresa Monterrico Metals, Richard Ralph y Raymund Angus, los mismos que impulsaron la venta de las acciones  del Proyecto Rio Blanco Cooper (ex Majaz) a la minera Zijin Mining Group Co. por la  millonaria suma de  U$$ 185.4 millones de dólares, confirman la influencia de los capitales orientales y la toma futura de decisiones sobre el proyecto Río Blanco en la sierra de Piura,  pues quien asumiría la nueva gerencia de Monterrico es el vicepresidente de Zijin, Fusheng Lan.

Fusheng Lan hasta ahora era vice presidente del directorio Zijin y pertenece al consorcio  chino  desde agosto del 2000. El nuevo nombramiento se hizo público  en el portal de Monterrico Metals.  http://www.monterrico.co.uk/s/PressReleases.asp?ReportID=304764&_Type=Press-Releases&_Title=Directorate-Change

Como se sabe el 27 de abril del 2007, Monterrico Metals, propietaria de Minera Majaz, fue transferida a la coalición llamada Zijin Tongguan que adquirió el 89.9 por ciento de las participaciones en el capital de Monterrico. Actualmente La empresa minera Monterrico Metals  posee una participación del 10 % de las acciones de Zijin

Esta información es parte de la estrategia de Zijin para explotar el yacimiento de cobre ubicado en la sierra de Piura, con lo cual los chinos tendrían el control total de las acciones del yacimiento. Otro de los cambios sería el del actual gerente de asuntos sociales e institucionales,Andrew Bristow quien pasaría a ocupar la Gerencia de Relaciones con Inversionistas para Monterrico Metals.

Empresa  China no respeta el medio ambiente

Zijin es una de las empresas mineras más grande de su país y se  inició con el  Gobierno Popular de la provincia de Fujian, como una sociedad por acciones y de responsabilidad limitada en la República Popular China (RPC). Sin embargo su actuar en diferentes partes del mundo arrastra pasivos ambientales debido a los atentados contra el medio ambiente.

En diciembre del 2006, una presa de relaves de la mina Guizhou de Zijin, en la provincia de Guizhou, colapsó y soltó 200 mil metros cúbicos de relaves.

Así también en Pekín  una persona murió y cinco resultaron heridas de gravedad en el suroeste de China en un choque entre la policía y manifestantes en un conflicto relacionado con tierras, donde  un centenar de lugareños en Saixi, provincia de Yunnan, protestaban por la  implantación de una mina de tungsteno.

"Nosotros apostamos por la agricultura y la ganadería para dar una salida, una alternativa, que con la agricultura y a la ganadería  no tenemos necesidad de malograr nuestro ambiente como ha estado sucediendo…"   De esta manera, el alcalde de Las Lomas, Cristian Vences Vegas mostró su preocupación debido a las pozas de cianuración instaladas en  el distrito de las Lomas por la minería artesanal.

El alcalde  pidió mayor participación del gobierno central y del gobierno regional para erradicar las pozas de cianuración que ponen en riesgo el cambio de cultivos alternativos "estamos ya en el sembrío de cultivos alternativos que nos de una mayor rentabilidad y un mayor dinamismo económico, llámese el sembrío  del mango, banano orgánico, y uva, que son los 3 productos en los cuales estamos enmarcados". Dijo Vences Vegas  a Radio Cutivalú.

Las pozas de cianuración que se han detectado se encuentran instaladas de forma artesanal poniendo en riesgo incluso la vida de quienes  manipulan  de forma directa el cianuro, pues no cuentan con ningún tipo de  protección ni medida de seguridad.

Así también se corre el riesgo de filtraciones hacia el cauce  del río Quiroz,   y en consecuencia se contamine los sembríos ubicados en las partes bajas de Piura. 

Ante la afirmación del Gerente de asuntos sociales de la empresa Río Blanco Cooper (ex Majaz)  Andrew bristol, sobre la ubicación del  proyecto minero, circunscribiéndolo sólo al distrito de Carmen de la frontera (Huancabamba), el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca aseguró que la presencia de la minera está también en el territorio de la comunidad de Yanta (Ayabaca).

"Si están en Carmen de la Frontera que hace la oficina (Río Blanco Cooper)  en Ayabaca". Así también recordó la incursión de representantes de la empresa minera hacia la comunidad campesina en el 2006  "… con su gerente Raúl Urbina  fueron a Yanta y de Yanta los botaron" declaró Magdiel Carrión.

Carrión aseguró  que "…las denuncias hechas por trabajadores de la empresa minera contra  comuneros de Yanta es porque quieren incursionar en la comunidad;  qué hace el Sr. Bristow diciendo que están en Carmen de la Frontera y  por otro lado están haciendo campaña en Ayabaca".

Por su parte Brinstow dijo "que los terrenos comunales de la comunidad campesina de Yanta pasan de Ayabaca hacia Huancabamba, así que tienen terrenos en ambas provincias, pero en esta parte (Carmen de la Frontera)  no viven comuneros de Yanta" dijo el representante minero.

Sin embargo Bristow  informó que estaría inaugurando próximamente en Ayabaca una oficina de información en la esquina de las avenidas Cáceres y Bolívar,  frente a la plaza de armas de Ayabaca.

Magdiel Carrión  recordó que Yanta, a través de su presidente comunal Senecio Jiménez Peña han denunciado a la empresa por usurpación de tierras  "… y el fiscal ha reconocido, y el mismo abogado de la empresa reconoció que estaban en Yanta (…) y ahora sale un socio de la empresa (Bristow) diciendo que están en Carmen de la Frontera. Siempre con sus mentiras tratando de sorprender a la opinión pública  con falsas cosas como ya es costumbre del señor Andrew Bristow".

La designación del nuevo ministro de Medio Ambiente,  el ecólogo  Antonio Brack es  cuestionada por dirigentes ambientalistas  de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio por considerarlo un profesional parcializado en torno al  proyecto Río Blanco Cooper (ex Majaz) el cual explotaría un proyecto de cobre a tajo abierto en la sierra de Piura.

El presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, reconoció la trayectoria de Brack; sin embargo dijo "que obedece a la política nacional, obedece a los intereses del  partido aprista y más que todo a las transnacionales (…) para nosotros como campesinos es fácil darse cuenta  la verdadera alianza del gobierno y este ministerio que va a estar al servicio del partido de Gobierno"

Wilson Ibáñez, dirigente de Huancabamba, opinó que "Esto no era ajeno para las organizaciones sociales de base,  que el gobierno iba a implantar un ministerio (…) es un ministerio  del gobierno que dudo  vaya a contribuir en lo que los pueblos necesitan, aquí es una prueba más, la designación de quien ha sido asesor de la empresa minera Majaz”. "Dudo  sea una persona imparcial", agregó.

Asimismo, el  presidente de la Comunidad Campesina de Huancabamba, José Guayama Guerrero  declaró: "Para mí es un absurdo, sabemos que quien se hace cargo del ministerio de Medio Ambiente es simpatizante de la empresa minera Majaz, yo creo que el gobierno  hace   todo a su antojo" sostuvo.

El alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, dijo que el nuevo ministro de medio ambiente "es una persona inadecuada porque sabemos la posición contradictoria de Antoni Brack con respecto al proyecto Río Blanco de minera Majaz, porque cuando no era consultor de Majaz él no estaba de acuerdo en que esa concesión minera debería estar ubicada en esa zona y luego cuando pasa a ser un trabajador de minera Majaz abiertamente manifestaba de que no había ningún  riesgo ambiental, dos posiciones contradictorias en dos momentos contradictorios". Además, acotó que al ministerio no se le "ha dado todas las atribuciones de fiscalización".

Como se recuerda Antonio Brack  declaró al diario el Comercio que  …"El Estado no evaluó previamente los impactos sociales y ambientales, y dio una concesión a ciegas sin consultar a la gente local, sin informar, el conflicto se crea automáticamente: la gente no quiere dejarse atropellar. ¿Usted qué haría en su lugar? Yo le dije a un periodista alguna vez, usted dice que Tambogrande se opone al desarrollo. ¿Pero qué haría usted si en la calle donde vive aparece un día un aparato y empieza a perforar, a hacer un ruido infernal? Y te dicen, somos la minera, tenemos autorización. Cualquiera salta"..( El Comercio,130506).

El discurso de Brack cambió desde que la empresa minera financió un especial sobre el proyecto Río Blanco.

El programa de televisión "La buena tierra", de Antonio Brack,   puso especial referencia al proyecto Río Blanco el año pasado, este especial fue auspiciado por Minera Majaz (ver carátula de DVD). Se emitió vía canal 7 y es distribuido por la empresa minera, en formato DVD, en conferencias y eventos que organiza. Además, fue nombrado consultor de la empresa que está encargada del Estudio de Impacto Ambiental de minera Majaz.

La pregunta es ¿Cuánto cobró Brack para ser el principal defensor de la empresa minera?

Qué tanto podemos creer a alguien que se cataloga el defensor de la naturaleza y el medio ambiente sí a cambio de publicidad  y asesoría cambia  su discurso…

El filme peruano "Tambogrande: mangos, muerte, minería", de Ernesto Cabellos y Stephanie Boyd, ganó el pasado 14 de mayo el primer premio del décimo Festival de Derechos Humanos de Argentina.

El jurado de la competencia galardonó este largometraje "por el tratamiento profundamente humano y comprometido en el relato de una historia que tiene como protagonista al pueblo peruano y que a través de reflexiones tan sencillas como sabias, reclama unánimemente la defensa de su derecho a la autonomía, sus tradiciones y especialmente su vida".

El filme peruano comparte el primer premio del certamen con la película italiana "Forse Dio é malato", de Franco Brogi Taviani, que el jurado distinguió por "su calidad técnica y artística" y "la originalidad en el planteamiento del guión".

La realización italiana "refuerza la denuncia sobre la situación del continente africano sometido al genocidio y a todo tipo de violencia, ante una actitud contemplativa del primer mundo y los organismos internacionales competentes", destacó el jurado.

En la sección competitiva de cortometrajes, el primer premio fue para la argentina "Veo veo", de Benjamín Ávila, mientras que en la competencia de la sección "Miradas de género", la ganadora fue la congoleña "Fighting the silence", de Ilse y Femke van Velzen.

En la sección "Migrantes" se impuso "Al norte, en busca del sueño americano", de Stephanie Rauer y Rinaldo Pancera (México, Estados Unidos y Suiza).

En tanto, en el apartado de "Ambiente", la ganadora fue la italiana "Fratelli del Tav", de Luppichini Metallo, al tiempo que en la categoría "Infancia y juventud" triunfó la cinta palestina "Los niños de Arna", de Juliano Mer Khamis.

Premios y distinciones obtenidas por “Tambogrande: mangos, muerte, minería” 

1.     Mejor Película. Festival Dignidad y Trabajo, Gdansk, Polonia. 2007.

2.     Premio Especial del Jurado en la XXXIV Jornada Internacional de Cinema da Bahía, Brasil. 2007. www.jornadabahia.com 

3.     Premio del Jurado Juvenil de Unión Latina, XXII Festival de Cine Latino de Trieste, Italia. 2007. www.cinelatinotrieste.org

4.     Premio Especial del Jurado de la Competencia Oficial del 10º Encuentro de Cine Sudamericano, en Marsella. www.aspas-marseille.org 

5.     Premio del Jurado Juvenil de la Competencia Oficial del 10º Encuentro de Cine Sudamericano.

6.     Premio del Público en el 10º Encuentro de Cine Sudamericano.

7.     Premio le Soleil Tournant al Mejor Documental en el 4ème Festival de Cinéma Péruvien de Paris, Festival de Cine Peruano de París. Noviembre 2007.

8.     Mención Especial del Jurado en el l Festival de Cine Español y Latinoamericano de El Cairo, enero 2008, organizado por el Instituto Cervantes y la Associacion Culturale Nuovi Orizzonti Latine, www.nuoviorizzontilatini.it

9.     Placa de Honor del Presidente de la Región Lazio, Italia. Noviembre 2007.

10.  Premio Fábrica de Cine al Mejor Largometraje en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Buenos Aires DERHUMALC. Mayo 2008.

11.  Premio del Jurado Ecuménico SIGNIS en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Buenos Aires DERHUMALC. Mayo 2008.

12.  Mención Especial en la Sección Ambiente del Festival de Cine y Derechos Humanos de Buenos Aires DERHUMALC. Mayo 2008.

13.  Mención Honrosa en el Concurso  "Otras Miradas" promovido por el  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

14.  Selección de IDFA - Jan Vrijman Fund, la fundación del Festival de Cine Documental de Amsterdam, Holanda.

"El Gobierno da leyes para apoyar a las empresas mineras y no respetar los derechos de las comunidades", señaló el presidente de la ONG, Grufides de Cajamarca, Marco Arana. En el caso suscitado entre las comunidades campesinas de Ayavaca y Huancabamba, por el proyecto minero Río Blanco, indicó que "llama la atención como en este tema el Poder Judicial no es tan expeditivo (rápido) para sancionar a esta empresa minera".

 Estas afirmaciones las realizó en el Master de la Universidad Nacional de Piura durante el desarrollo del foro denominado "Calentamiento Global, Agua y Minería: Implicancias para el Desarrollo Sostenible y los derechos de las comunidades y poblaciones locales en Piura" organizado por la Red Regional Agua, Piura y Desarrollo.

Arana  dijo que no existe minería limpia, porque todas contaminan, lo que existe es  una minería controlada para mitigar los impactos ambientales, sin embargo la minería de tajo abierto  daña la disponibilidad del agua, contribuye al calentamiento del planeta; estas afirmaciones son parte de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) precisó el presidente de Grufides.

Así también argumentó que "estos modelos de minería –a tajo abierto y en cabeceras de cuenca como de Río Blanco Cooper ( ex Majaz)-   no se han hecho para concensuar, se han hecho para imponerse" refiriéndose a la posición del gobierno actual, al crear instituciones que no cuentan con la capacidad de fiscalizar y velar por los derechos de los campesinos.

Esta afirmaciones las hizo en vísperas de la firma del decreto legislativo que creó el  Ministerio del Medio Ambiente el cual tendrá como función diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental.

El próximo martes 13  a las 8:30 de mañana en el Master de la Universidad Nacional de Piura  se llevará a cabo el foro denominado "Calentamiento Global, Agua y Minería: Implicancias para el Desarrollo Sostenible y los derechos de las comunidades y poblaciones locales en Piura" organizado por la Red Regional Agua, Piura y Desarrollo.

Para dicho evento están invitados como expositores Pedro Ferradas de ITDG Lima, Marco Arana de Grufides - Cajamarca y  Marlene Castillo – Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia.  Además se contará con representantes de instituciones piuranas, entre ellas: Proyecto Páramo Andino,  Cepicafe,  Diócesis de Chulucanas,  que participarán como panelistas.

El foro "calentamiento Global agua y minería" es un esfuerzo por proporcionar información en torno al cambio climático, consecuencia del denominado Calentamiento Global que a su vez es  producto  de la contaminación, y emisión de  gases tóxicos en el medio ambiente en su gran mayoría  por actividades industriales, y extractivas.

Asimismo el foro mostrará actividades económicamente rentables basadas en productos orgánicos y que actualmente son exportados desde Piura hacia Europa, los cuales aportan al cuidado del medio ambiente y su conservación, además de beneficiar económicamente  a los agricultores de la sierra de Piura.

El el foro brindará información en torno a las fuentes de agua y como están siendo afectados por el calentamiento global en el mundo. Y la amenaza que representa la minería para la conservación del recurso hídrico en Piura. Además de la vulneración y satanización de muchas organizaciones y dirigentes campesinos que rechazan la actividad minera por no considerarla una opción de desarrollo que les brinde calidad de vida.  

Para el sociólogo y experto en temas subversivos, Jaime Antezana, el Gobierno Peruano está cometiendo “un grave error”, al acusar a los dirigentes campesinos ambientalistas  de Ayabaca y  Huancabamba denunciados como  terroristas el pasado 24 de marzo,  por oponerse al proyecto de cobre Río Blanco.

“Lo que se busca cuando se reinventa el concepto de terrorismo es que estos dirigentes puedan bajar la guardia, se intimiden y en el caso de que esto pueda  proceder  legalmente, puedan terminar en la cárcel “afirmó Antezana.

Así también  dijo que  terrorismo lo practican “organizaciones armadas que generan temor, no se puede identificar a gente que rechaza, que protesta, que se moviliza e incluso que destruye bienes públicos  y  privados como terrorismo, tiene que derivar de una voluntad política y objetivos políticos; lo que habría acá es una protesta social”.

La denuncia fue hecha el 24 de marzo último, ante la Quinta Fiscalía Provincial de Piura por la Asociación Civil “Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas”.

Antezana enfático al señalar que “no es posible aseverar categóricamente que los pobladores y dirigentes que están contra de la empresa Majaz estén vinculados al narcotráfico, mas bien lo que los hechos evidencian es que la protesta minera está por un lado y el narcotráfico está por otro, porque al narcotráfico le interesa sacar la droga, no le interesa tener a la población en contra”.

Así mismo descartó que la minería sea un factor de desarrollo que se oponga al  narcotráfico, “pueden coexistir, incluso muchas veces las minas favorecen el acceso de los insumos para el procesamiento de drogas”.

El 24 de marzo último, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.

Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.

Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".

En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto.

La entidad denunciante se formó el 11 de diciembre de 2007, inmediatamente después del referéndum del 16 de setiembre último que ganó abrumadoramente la posición contraria al proyecto de la empresa Majaz dentro de la jurisdicción de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta.

El Frente denunciante se formó con el respaldo de 300 ciudadanos, de los cuales menos de una decena son miembros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, a la que dicen representar. Esta comunidad de reconocida trayectoria cuenta con un padrón de más de mil integrantes.

Los acusadores encabezados por Juan Cruz Pusma, Higinio Rivera Labán, Nextar Labán Majuán y Rosa Sandoval Barco no se presentaron a las dos primeras citaciones el 9 y el 24 de abril último. No han fundamentado su denuncia y no se ha actuado ninguna prueba.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Minera Majaz S.A., filial de la inglesa Monterrico Metals, la promotora del proyecto minero Río Blanco, desde el 2002, cambió de propietario hace un año, el 27 de marzo del 2007.

Zijin Mining Group Co. Ltd., consorcio chino, compró el 89.9% de las acciones de Monterrico Metals. Poco después se desprendió de un 10% para cederlo a la fundición coreana LS Nikko Co. El consorcio Zijin copa el 80% del accionariado, en tanto los ingleses mantienen un porcentaje minoritario.

En su última etapa de gestión de Minera Majaz S.A., los ingleses intentaron un cambio de su estrategia comunitaria y para ese efecto contrataron un equipo de profesionales expertos en la materia.

Producto de ese afán habría sido la declaración de reconocimiento y disculpas públicas que la empresa Majaz formuló el 11 de setiembre de 2006 por los errores de su política socioambiental anterior a junio del 2006.

El intento loable se vino abajo en vísperas de la realización del referéndum o consulta vecinal del 16 de setiembre. Y con mayor fuerza luego de que Zijing tomara el control de la minera.

ESCALADA

La organización de un ente paralelo a la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas es el extremo de una política de división de la matriz que antes ensayaron los responsables de las erradas estrategias comunitarias: Raúl Urbina y el australiano Andrew Bristow, quienes volvieron y mantienen sus puestos bajo la gestión de Zijing.

En el 2004, Urbina y Bristow crearon los "Comités de Desarrollo" y en el 2005 la "Alianza para el Desarrollo". Núcleos de personas que con el patrocinio de la empresa ora recibían capacitaciones diversas y ora eran movilizadas para acciones de provocación contra el movimiento ambientalista.

No dieron pie en bola. Ahora el Frente paralelo edita inclusive un boletín a todo color, en papel couché, con el logo de "Unidad Comunera". ¿Quién financia tan lujosa prensa comunera? Dicho Frente es el autor de la reciente denuncia de terrorismo contra los defensores del medio ambiente.

VALE TODO

La política comunitaria de Minera Majaz, ahora Río Blanco Cooper S.A., se desliza por el campo de la provocación para enfrentar a los comuneros versus comuneros. Un botón de muestra es la contramanifestación organizada el 8 de marzo último, Día Internacional de la Mujer, en el caserío Tres Acequias, ubicado en la Comunidad de Segunda y Cajas (ver ilustración gráfica en la página 2).

La denuncia por terrorismo contra los 35 ambientalistas presenta este evento como prueba. Sostiene que "200 ronderos arremetieron salvajemente con piedras látigos y palos, golpearon a las mujeres,... producto de lo cual Carmen Velasco Lizama perdió el bebé que estaba gestando".

Según Servando Aponte, presidente de la Comunidad Segunda y Cajas, "la gente de Majaz agredió a la policía y al fiscal, a quien le cayó una piedra en la cabeza. Esa gente estaba preparada para el enfrentamiento, contaban con fusiles y piedras".

Los dirigentes indicaron que ellos fueron agredidos primero por los miembros del Frente de Unidad (paralelo) en el que también participaron funcionarios de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz). El gerente de Responsabilidad Social, Raúl Urbina, en la foto que publicamos al lado, aparece forzando el ingreso al local donde se realizaba el acto convocado por la Comunidad de Segunda y Cajas. El choque fue entre varones. Esteban Correa, del Frente de Defensa de Medio Ambiente, perdió la visión de un ojo. Las rondas niegan su responsabilidad en la pérdida del bebé.

OTRAS "PRUEBAS"

"Las ONGs –dice la denuncia del Frente paralelo– llegaron a nuestras tierras apoyadas por la Diócesis de Chulucanas y desarrollan una serie de talleres en los que se decía que el desarrollo de la minería en nuestra localidad traería la muerte de todos nosotros, que nuestras mujeres parirían niños con dos cabezas".

En otra de sus pretendidas pruebas los denunciantes se remontan al supuesto secuestro del periodista Dúber Mauriola Labán, quien efectivamente fue detenido por las rondas el 30 de diciembre de 2004 durante tres días y azotado por decisión de la Comunidad de Segunda y Cajas.

Dúber Mauriola en su espacio radial "La voz de las Huaringas" insultaba y amenazaba constantemente a los comuneros. A mediados de 2004, de un momento a otro, adquirió su propia emisora, "Radio Centinela", y multiplicó sus ataques contra la comunidad y a favor de la empresa minera. A fines de noviembre de 2004, él y un grupo de sus guardaespaldas destruyeron el local y los equipos radiofónicos de la emisora "Difusora de Huancabamba" que acogía los reclamos de las rondas y el Comité de Defensa del Medio Ambiente.

Las denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público no prosperaron. Entonces, la comunidad aplicó su fuero consuetudinario y le impuso la pena denominada "cadena ronderil" (reclusión sucesiva en varias comunidades). Los azotes son un castigo que se aplica a los comuneros que caen en falta.

Todo esto se evitaría si funcionara la justicia oficial y el Estado respetara y tomara en cuenta las decisiones de las comunidades. Derecho que está amparado por la Ley de Comunidades Campesinas, la legislación peruana y el Derecho Internacional. Mientras tanto el diálogo sigue en receso.

Ambientalistas y el Presidente

Javier Jahncke Benavente, abogado de 37 años, especializado en medio ambiente. Desde el año 2000 participa activamente en el equipo técnico que asesora al movimiento ambientalista de Piura y Cajamarca. Promotor de la ONG Grufides.Junto a Fedepaz ha asistido la consulta vecinal del 2007 sobre Majaz.

Julia Cuadros Falla, economista, socia fundadora de Cooper Acción. Se inició en el Instituto de Apoyo Agrario. Con 30 años de experiencia en cooperación del desarrollo. En relación con centros como mina Tintaya (Cusco), Las Bambas (Apurímac), Doe Run (La Oroya).

El 21 de marzo último, el presidente Alan García, de visita en China, desayunó con los directivos de 10 de las mayores empresas chinas. Una de ellas, Minera Zijin, la concesionaria del proyecto Río Blanco. "Este no tiene por qué no realizarse", afirmó. El mandatario desestimó así los resultados de la consulta vecinal del 16 de setiembre pasado en Piura. Tampoco consideró las sanciones impuestas por Osinergmin.

El 22 de febrero pasado, Osinergmin impuso a Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz) una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias. Motivo: infracción al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.