No es que sea una medida popular simplemente. La bajada del Euribor es todo un acontecimiento para millones de familias de toda Europa y desde luego de España, porque permitiría reducir su carga financiera y daría a las entidades de crédito una mayor tranquilidad al afrontar un horizonte de menor aumento potencial de la morosidad. Cuando más asequibles sean los tipos de interés, más posibilidades hay de devolver los créditos hipotecarios por parte de la clientela bancaria. Pero el Euribor no ha bajado en su primer test, el día después de anunciada la rebaja de los tipos oficiales. ¿Por qué los tipos de mercado no reaccionan a la baja y en similar cuantía en que lo ha hecho el tipo básico del banco emisor?

Es el misterio que este jueves ha merodeado por muchos ambientes económicos, aunque existe una convicción de que tarde o temprano el impacto de la bajada del tipo básico en el tipo Euribor de mercado se producirá. Hay algunas hipótesis que permiten asegurar que será así y que no puede ser de otro modo. Los mercados monetarios, en régimen de bajas pulsaciones desde hace meses, viven los problemas derivados de la ausencia de confianza, es decir, escasez de prestamistas, lo que ha contribuido a tensionar al alza los tipos de interés interbancarios.

El dinero se ha convertido en una mercancía muy escasa, en la que el proveedor casi único es ahora el sector público a través de las subastas de inyección de liquidez que realiza sistemáticamente el Banco Central Europeo. Hay otro proveedor, que es la clientela bancaria, en especial para los bancos y cajas de ahorros que cultivan la clientela minorista, y ya se sabe la batalla en la que están enzarzados, con una auténtica subasta permanente de tipos al alza, con algunas ofertas por encima del 6% TAE a un año, es decir, no una TAE del 6% durante un mes o tres meses, sino durante 9 y hasta 12 meses.

El dinero cuesta bastante caro en los últimos meses. El compromiso del Banco Central Europeo de suministrar a los bancos (se supone que con las adecuadas garantías) toda la liquidez que precisen al 3,75% es un paso importante en la dirección del abaratamiento del dinero que circula por el sistema. Hay, por lo tanto, dos fuentes principales de suministro de dinero para los bancos y cajas: el que viene de las subastas del BCE y el que se consigue por la ventanilla. El coste promedio de este dinero que reciben prestado bancos y cajas tenderá a bajar a medida que pasen las semanas.

Pero el proceso llevará previsiblemente algún tiempo. La subida del tipo Euribor este jueves, 24 horas después de la bajada de tipos oficiales, no tiene por lo tanto demasiada lógica, aunque sí alguna. El dinero que se cruza al tipo Euribor es como el de una segunda ventanilla, a la que acuden los menos solventes para lograr lo que no han conseguido por los canales normales. Si el BCE persiste, como ha prometido de forma explícita y pública, en su inyección masiva de dinero, el 3,75% de coste acabará imponiéndose como el principal precio de referencia y, por lo tanto, el que conduzca al Euribor por la senda correcta y esperada del abaratamiento. El retorno de la confianza a los mercados es posiblemente la piedra esencial de todo este proceso, pero si el BCE mantiene el suministro masivo de dinero, los tipos de interés volverán a su cauce normal. Claro que con tanta inyección de liquidez no tardarán en aparecer los riesgos de inflación y la caída de las rentabilidades en la renta fija. Pero ninguna enfermedad se cura sin daños colaterales o sin efectos secundarios.

El déficit del Estado ha aumentado hasta niveles del 1,3% del PIB cuando en agosto del pasado año estábamos en superávit en torno al 1% del PIB. Con una proyección quizás grosera y poco rigurosa, podríamos estar en niveles de déficit no muy lejanos del 3% del PIB para finales de este año o principios del año 2009, es decir, en abierto incumplimiento de una de las reglas básicas de pertenencia a la Unión Monetaria y, por tanto, bajo la amenaza de que la Comisión Europea se meta en nuestras cuentas públicas para exigirnos más seriedad, algo por lo que ya pasaron en los últimos años algunos alumnos indisciplinados como Francia y Alemania. No se sabe si para bien o para mal, la escasa dureza que Bruselas aplicó a los dos distinguidos alumnos nos puede servir ahora de precedente, llegado el caso.

Lo cierto es que las cuentas públicas están en tensión. Este año, el objetivo de reducción del nivel de deuda respecto al PIB se va a interrumpir por primera vez en varios años. Es uno de los indicadores económicos en los que España ha descollado con mayor brillantez en los últimos años, ya que logramos recortar el nivel de deuda sobre PIB desde cotas de más del 60% allá por el año 1999 hasta niveles del 43% en el año 2005 y hasta la zona del 36% en la actualidad. Para el año 2009 había una previsión del 32% de deuda sobre PIB. Naturalmente, las cosas no pintan ahora tan optimistas y ni siquiera vamos a conseguir mantener la brillante secuencia histórica decreciente reducción del endeudamiento público. El año 2008 va a ser el primero en ocho años en el que el nivel de deuda sobre PIB va a incrementarse previsiblemente de forma sustancial.

En lo que va de año, el Estado ha tenido que poner a trabajar a destajo la máquina de emitir deuda. Por fortuna, el Estado ha tenido suerte y posiblemente abusando de su buena imagen pasada, ganada con mérito y a pulso, ha logrado colocar en el mercado unos 66.600 millones de euros de deuda nueva.

Pero la deuda emitida tiene algunas características que no habrán pasado por alto algunos analistas. La primera es que el volumen de emisión de los ocho primeros meses del año supera al de todo el año pasado. La segunda es que el precio pagado por la emisión es en promedio uno de los más elevados de los últimos años, ya que los tipos de interés están en alza y además los emisores que andan con problemas de dinero se ven obligados a pagar tipos cada vez más altos en un mercado cada día más difícil. La tercera, que un porcentaje inusualmente elevado, casi la mitad del total, ha sido emitido al plazo de doce meses, lo que quiere decir que el Estado español vuelve a encontrarse en una situación que no conocía desde años atrás, muchos años atrás, en los que la precariedad de su posición financiera internacional le obligaba a una dinámica de emisiones infernal, financiando a muy corto plazo las deudas adquiridas por un sector público mal gestionado. En consecuencia, la gestión del endeudamiento era difícil y costosa. ¿No resulta familiar esta situación a la que padecen en nuestros días los directores financieros de las inmobiliarias españolas?

Por si todo esto no fuera suficiente, la tarea de encontrar recursos prestados en los mercados internacionales en las presentes circunstancias de crisis del crédito, con todo el mundo buscando crédito al precio que sea, es la peor que se recuerda en muchos años. Ni en los peores tiempos de desequilibrio de las cuentas públicas españolas había tenido que lidiar el Estado español con un mercado tan difícil y unas condiciones tan hostiles a la hora de conseguir dinero prestado. Lo pueden decir las entidades privadas españolas, que a estas alturas no saben bien cómo cerrarán el año.

Los movimientos que, después de la crisis de Lehman y del salvamento in extremis de Merrill Lynch, estamos viendo en las últimas horas en Estados Unidos van en esa dirección. Las cotizaciones de los bancos poco líquidos o muy altos de inversión se están hundiendo por momentos. Morgan Stanley (que acaba de ofrecer resultados bastante favorables en su cuenta trimestral, es decir, que gana dinero) y Goldman Sachs se han hundido en Bolsa en las últimas horas, sobre todo Morgan, y son dos de los próximos candidatos a la crisis. Naturalmente, el cupo de salvavidas de la Reserva Federal y del Tesoro de Estados Unidos ya está agotado y en principio no cabe esperar operaciones directas de apoyo a estas entidades. En Gran Bretaña, el Halifax, primer banco hipotecario del país, con una elevada carga de refinanciación para costear las hipotecas que ha concedido, se está más que arrimando al Lloyds, banco minorista, que puede darle cobijo, con la mediación activa del propio Primer ministro británico, al corriente de la operación y jugando a favor de la fusión un papel posiblemente decisivo.

Estamos, por lo tanto, en un momento de importancia posiblemente crucial para la consolidación bancaria, tanto en Estados Unidos como en Europa. La alternativa a las quiebras es hoy la fusión y concentración de entidades. Y vamos a ver bastantes en Europa presumiblemente en las próximas semanas y en los próximos meses, algunas por razones de emergencia, otras por sentido de la anticipación. En Estados Unidos están cayendo los bancos de inversión y emergen con fuerza los triunfadores de esta crisis, los que tienen una base racional de actividad con clientes minoristas muy diversificados y con garantías reales (su vivienda), tales que Citigroup y sobre todo Bank of America entre los grandes.

Estos días se están produciendo incluso algunos fenómenos bursátiles bastante sintomáticos, ya que las cotizaciones de los bancos se mueven como en un tobogán, en algunos casos con fuertes caídas que no resultan fácilmente explicables. Y una de las razones que parecen explicar las bajadas que, por ejemplo, en esta sesión del miércoles, han vivido algunos bancos españoles se encuentra en la expectativa de que alguno o algunos de los bancos españoles participe en alguna de estas operaciones de concentración bancaria, algo que los inversores suelen castigar en un primer momento aunque luego los analistas y los propios inversores acaben por reconocer que resulta beneficioso a medio y largo plazo para la entidad compradora.

Es momento de cambios, de crisis sectorial y, por lo tanto, de oportunidades. Momentos críticos de los cuales unos saldrán fortalecidos, otros debilitados y otros finalmente desaparecerán. ¿En qué bando están los bancos españoles? A juzgar por las valoraciones que le han otorgado los mercados a los bancos españoles en los últimos meses, la opinión no es muy buena, ya que se ha valorado (quizás sobrevalorado) la dependencia de los balances bancarios españoles de la cartera de créditos hipotecarios así como de su clientela de promotores inmobiliarios. Pero resulta llamativo observar cómo el deterioro de las cotizaciones de los bancos españoles se encuentre entre los de menor cuantía de la banca europea.

El modelo bancario español (buena supervisión de las autoridades, exceso de provisiones acumuladas en fases alcistas del ciclo, base amplísima de clientela doméstica y diversificación geográfica creciente) ha sido objeto de valoraciones a veces contrapuestas. Quizás en los últimos días se esté empezando a valorar la importancia de haber centrado su estrategia en el negocio bancario dirigido casi en exclusiva hacia el cliente particular, lejos de las ingenierías financieras. En la actual situación, los bancos españoles están en condiciones de comprar a precio de ganga entidades financieras en bastantes rincones del mundo desarrollado, sobre todo si se trata de bancos de inversión, la especie más deteriorada de esta crisis. A lo mejor era el momento de completar esa vertiente, en la que tradicionalmente la banca española ha jugado en la segunda o tercera división.

Una segunda seña de identidad de esta crisis ha empezado a agudizarse en las últimas semanas aunque ya mostró sus primeros indicios hace unos meses. Se trata de la forma en la que han reaccionado los países más genuinamente centrales de lo que se ha venido llamando desde tiempo inmemorial el mundo capitalista, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña. En ambos países se han adoptado decisiones que no dejan de resultar sorprendentes para quienes se hayan asomado alguna vez a las páginas de la literatura que cuenta la Historia Económica universal.

Los dos países, con la responsabilidad de los respectivos Gobiernos a la cabeza y la anuencia, cuando no el aplauso entusiasta, de los medios económicos en su sentido más amplio, han adoptado decisiones descaradamente intervensionistas son la disculpa de que era el mismo sistema el que corría peligro. Hemos visto nacionalizaciones de entidades bancarias importantes tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Y puede que a la vuelta de unos pocos días veamos aún alguna otra intervención de campanillas (¿Lehman Brothers?) destinada, según los principios que se invocan en estos casos, a salvar al sistema de sus peores demonios.

¿Cómo encontrar coherencia entre estas decisiones y los principios que se habían invocado como inalterables hasta la fecha en los países rectores del capitalismo mundial? Es posible – no probable, por fortuna – que nos encontremos al final del ejercicio de las tentaciones y que el intervensionismo estatal encuentre justificación solamente en entidades financieras y nada más que en ellas, ya que al fin y al cabo las entidades financieras son algo más que fábricas de intermediación monetaria (es decir, transformadoras del ahorro y la liquidez en crédito), en la medida en que son depositarias de la liquidez y el efectivo de los ciudadanos, familias y empresas. Y es necesario preservarlas de toda sospecha de insolvencia porque de no ser así los propios fundamentos de la convivencia y de la sociedad se verían severamente alterados.

Lo que sucede con estos procesos es que, por desgracia, se suele saber cuando y dónde empiezan pero no en dónde terminan. ¿Quién nos dice que detrás del sector financiero, declarado implícitamente como sector estratégico por Gran Bretaña y por Estados Unidos, no vendrán otros sectores igualmente estratégicos para otros países? ¿Qué decir de esa inmensa y permanente subasta de fondos líquidos con la que los bancos centrales de Estados Unidos y de la zona euro riegan a diario las arcas de los bancos de ambos lados del Atlántico para impedir su colapso, sustituyendo con ello los canales propios de la financiación interbancaria, es decir, los préstamos entre los propios bancos que, a la altura actual, ya no se fían uso de otros y han delegado en los bancos centrales la tarea de insuflar dinero al sistema?

Los sistemas bancarios de la Eurozona y de Estados Unidos viven un auténtico estado de excepción, una crisis de liquidez que en realidad es algo más que eso pero que está disfrazada por los imperativos de la emergencia. Lo que pasa es que estas situaciones, si se perpetúan en el tiempo, como parece que así empieza a suceder, acaban por degradar el papel y las funciones de los agentes económicos y del propio sistema. Con razón el Banco de Inglaterra acaba de decir que ya no va a prestar más dinero a largo plazo a los bancos, que para eso está el ahorro de los particulares. ¿Y si estos se niegan, dejará en BoE caer a sus bancos uno detrás de otro?

Lo de General Motors tiene su simbolismo, ya que 26 años atrás por estas fechas, la planta zaragozana de Figueruelas (la mayor de GM en Europa) echó a andar ante el alborozo y la alegría del Gobierno socialista de Felipe González, recién llegado al poder en el otoño del año 1982. La entrada en producción de General Motors tuvo un impacto positivo importante en el PIB de la economía española en aquel trimestre, ya que España estaba entonces en crecimiento cero, como ahora, y las décimas que aportaron los coches de la GM al PIB de aquel trimestre fueron providenciales para poner a la economía española en positivo en el primer trimestre de gobierno de los socialistas. Ahora, por desgracia, las cosas pintan de otra forma.

La intervención de Zapatero no ha sido muy decepcionante por la sencilla razón de que casi nadie esperaba gran cosa de esta intervención, forzada por el propio presidente como gesto para la galería más que como aportación a la solución de la crisis, por modesta que fuera. Podría haberse aprendido un poco mejor los papeles o podría incluso haber realizado propuestas con más concreción (que podía, sobre todo en lo que se refiere a las nuevas sociedades inmobiliarias que ha anunciado), pero ha optado por una sesión de bajo perfil en contenido y elevada significación mediática. Al final, el balance quizás pueda considerarse pobre. Ha sido una ocasión perdida para explicar a los españoles algo más que los consabidos argumentos que le echan la culpa a la economía norteamericana por nuestras desgracias, un argumentario que quizá sirva para satisfacción de la parroquia progresista pero que tiene escasa utilidad práctica y poca consistencia técnica.

¿Podía haber dicho algo más? Indudablemente que sí. ¿Podría haberlo dicho también la oposición? Indudablemente que también. Si Zapatero ha estado a escasa altura, Rajoy no le ha superado. El cruce de reproches ha sido de poco valor político y de nula eficacia en lo práctico.

Ha habido un atisbo de rectificación del rumbo cuando el presidente ha anunciado un aumento más moderado del gasto público. Faltaría más. Lo que tendría que hacer con el gasto público, tanto el estatal como el autonómico y sobre todo el municipal, es ponerlo a crecimiento cero, objetivo indudablemente difícil (el autonómico no depende del Gobierno central) y que entraña grandes dificultades habida cuenta de que algunas partidas del gasto van automáticamente el alza. Las prestaciones por desempleo tendrán un coste adicional que se estima que podría alcanzar los 3.000 millones de euros, cifra que irá a engrosar el déficit directamente, ya que no es lógico ni deseable que se reduzca la inversión pública en la misma cuantía.

Todo parece indicar que el debate económico de verdad, el que pondrá las cosas sobre la mesa y los números en su sitio, es el que tendrá como marco la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2009, asunto que está como quien dice a la vuelta de la esquina, ya que el Presupuesto debe entrar en el Congreso antes del primero de octubre. El Gobierno tiene veinte días para agudizar el ingenio y echarle un poco más de voluntad política a la resolución de la crisis. Zapatero parece convencido de que los automatismos van a llevar a la economía en volandas a partir del verano del año que viene. Posiblemente está muy confundido. Y sería cuestión de que se convenciera lo antes posible y desde luego sin tanta demora como ha tardado en convencerse de que está al frente de un país en crisis.

Los resultados del mes de agosto han sido bastante sorprendentes, ya que arrojan un aumento de la confianza de los consumidores españoles, incremento que se produce por primera vez en los siete últimos meses. Es decir, tras seis meses consecutivos de caída de la confianza, los consumidores parecen haber cambiado de estado de ánimo bruscamente. Y lo han hecho de forma bastante nítida y que no ofrece margen para la duda, sobre todo cuando se trata de valorar el futuro inmediato.

¿Estamos ante una encuesta a la medida? El mensaje reiteradamente repetido por Zapatero en los últimos meses, según el cual “el pesimismo no crea empleos”, parece haber encontrado en los resultados del indicador del ICO un colaborador inestimable. Se suele decir que el optimista es un pesimista mal informado. O a la inversa. La primera de las dos afirmaciones parece bastante válida para algunos políticos españoles, empezando por el presidente del Gobierno, aunque existe lógicamente una alta dosis de conveniencia en la actitud de los responsables de la gestión pública. Por los resultados del índice de confianza que elabora el ICO, la afirmación de que un optimista es un pesimista mal informado podría hacerse extensiva a amplios espectros de la población, por lo menos a los que se reflejan en el índice en cuestión.

La credibilidad de las encuestas, tanto si tratan de indagar en los deseos de los ciudadanos en materia política como en cuestiones económicas, se suele medir en función de los resultados que se producen pasado algún tiempo. La reputación de algunas importantes firmas de sondeos de opinión suele tener algunos puntos negros con ocasión de fallos estrepitosos en las predicciones. Hay casos como las elecciones españoles del año 2004 en el que todos los sondeos fracasaron estrepitosamente a la hora de predecir la victoria del PSOE, ya que no se supo valorar adecuadamente el impacto del 11-M.

En el caso de los resultados de la encuesta del ICO, los propios autores aventuran que el optimismo de los españoles en agosto podría estar fundamentado en la caída de los precios del petróleo y su benéfico impacto en la economía. Lo cierto es que los resultados de este indicador se producen al recoger los estados de ánimo de los españoles en el mes en el que mayor aumento del paro ha padecido la sociedad española (más de 100.000 parados nuevos, todo un récord histórico), una realidad que forzosamente, sobre todo cuando se incorpora a la de los meses anteriores, está teniendo una amplia difusión en la sociedad. Hay varios millones de españoles con dificultades para pagar la hipoteca y varios cientos de miles tratan de vender en vano su piso desde hace meses sin haber recibido ni una sola llamada interesándose por el anuncio de venta. La tasa de inflación estaba en agosto por encima del 5% (luego hemos sabido que en realidad era algo inferior), la mayor en doce años. Muchos españoles se fueron de vacaciones en agosto temiendo que a la vuelta a su trabajo, en septiembre, se iban a encontrar la carta de despido o la regulación de empleo sobre la mesa, un hecho que está teniendo amplia repercusión social y que no necesita de encuestas para ser corroborado porque está en el ambiente de la calle y en las conversaciones cotidianas.

Con toda esta marejada de sensaciones, los resultados del indicador de confianza se antojan bastante sorprendentes, por mucho que su referencia sea más bien hacia el futuro que hacia el presente. Salvando el honor, el rigor y la profesionalidad de los autores de este interesante instrumento de prospección de la realidad como es el ICC, no cabe duda de que sus resultados parecen chocar abruptamente con la realidad que vivimos. Habrá que seguir de cerca la evolución de este indicador en el futuro, ponderar sus dotes proféticas o constatar su fracaso. De momento, lo que describe es un país pletórico de optimismo en medio de un estado que parece previo a una recesión. ¿Es posible?

Los exégetas de la acción gubernamental tienen, en todo caso, una dosis de incienso a su disposición en la medida en que cabe dudar que ningún Gobierno por eficiente que fuera en lo económico, podría haber librado a España de los efectos de la crisis petrolífera ni de las consecuencias, ampliamente difundidas por los circuitos financieros, de la quiebra de todo el artificioso sistema de financiación de las hipotecas basura generadas por la banca de inversión norteamericana y en la que han caído buena parte de los colegas europeos como paganos ilustres de la crisis (UBS, el prestigioso banco suizo, ha sido el más castigado, hasta el punto de que resulta dudoso esperar que vuelva a resucitar de sus cenizas y a recuperar el prestigio de antaño). En todo caso, la banca española sí que ha demostrado una eficiente gestión financiera en la medida en que ninguno de sus integrantes se ha visto afectado, ni siquiera de forma marginal, por estos problemas.

Por lo tanto, hay un indudable impacto negativo de lo acontecido en la economía mundial en la economía española. Otra cosa es que el zarpazo podría haber sido limado de forma apreciable o incluso sustancial. Por ejemplo, si los sucesivos ministros de Industria (primero Montilla, luego Clos) hubieran dedicado algún esfuerzo a preparar al país (con crisis energética o sin ella) para reducir de forma sustancial el elevado peso de la factura energética, asunto que está ciertamente a la mano de nuestras posibilidades en grado importante. Reducir la factura energética y el alto grado de vulnerabilidad de nuestro abastecimiento energético habría dejado a la economía española en una posición de menor vulnerabilidad exterior y con un menor coste gravitando sobre la balanza comercial. Ni Montilla, dedicado más a representar los intereses del lobby catalán en Madrid que a gestionar el Ministerio de Industria, ni el mismo Zapatero, que sigue anclado en unas posiciones sectarias de menosprecio a la energía nuclear, han movido un dedo para solventar esta cuestión. De haber dedicado tiempo y capacidad de gestión a diversificar y reducir nuestra dependencia energética exterior, esta crisis no tendría un componente externo tan gravoso para la economía española.

En la deficiente gestión de la economía hay que anotar también el indebido y muy criticable manejo de algunos parámetros internos. A la cabeza de ellos podría situarse el irresponsable dispendio de recursos públicos en pleno fragor de la batalla electoral. Los periodos electorales son, casi sin excepción, etapas generosas en medidas irracionales desde el punto de vista económico, al tiempo que generosas en gastos que no tendrían justificación en una etapa de rigor. Este año, la campaña electoral ha coincidido, por desgracia para el bolsillo del Estado, con un momento económico delicado en el que hubiera sido deseable que el Ejecutivo diera ejemplo de contención en vez de dispendio.

Aquellas medidas se han llevado por delante, como han anticipado ya los propios portavoces de Hacienda, el superávit del Estado. Han salido algunos medios oficiales a decir que el superávit del Estado no es un asunto sagrado y que en momentos de crisis puede ser perfectamente justificable un exceso de gasto. Lo que no se agrega, y resulta necesario hacerlo, es que el déficit sobrevenido tendría mejor justificación (desde luego así es en lo económico) si fuera destinado a la inversión y no al reparto indiscriminado de primas de adhesión a la clientela política en vísperas de acudir a las urnas.

Con las cuentas más simples, está claro que si Alemania no crece, Europa se va a colocar en una situación de retroceso productivo en los próximos meses, ya que sólo algunos países de menor entidad (esta vez con Polonia a la cabeza) son capaces de tirar en alguna medida del carro europeo. El grupo de países más dinámico no representa, sin embargo, más allá del 5% del PIB de la Unión Europea, es decir, menos incluso que España, que ronda al 8% de la Eurozona. En la última década, los dinamizadores europeos fueron Irlanda y sobre todo (cuestión de volumen) España, cuya elevada demanda, plasmada en un déficit comercial considerable, uno de los mayores del mundo, logró alimentar la sed exportadora de industrias tan importantes como la germana.

Pero esta vez no está España para contribuir, en alguna medida, al sostenimiento de la producción europea. Ni está, sobre todo, Estados Unidos, el país que verdaderamente empuja el comercio mundial de manufacturas como gran comprador de todo lo que se pone a tiro. China e India absorben materias primas, pero no generan una gran demanda de productos finales industriales que sea capaz de lubricar el engranaje industrial europeo.

Ahora mismo, las esperanzas de resurgimiento de la industria europea, y de la alemana en particular, sólo procede de Estados Unidos, en donde el abaratamiento del dólar a lo largo de estos últimos años ha jugado más bien la baza contraria, es decir, frenando la demanda de productos extranjeros. El dólar, sin embargo, ha iniciado una nueva fase de resarcimiento y en estos momentos camina desde los 1,60 euros hacia la zona de 1,40 euros. Dicen algunos optimistas (o pesimistas, según desde donde les califiquen) que veremos el euro a finales de año a 1,25 dólares, lo que constituye un alivio para los atribulados industriales europeos porque, por primera vez en bastantes años, el tipo de cambio puede hacer girar la ruleta de su fortuna en el sentido deseado.

La precipitación de la Eurozona hacia una recesión, que no obstante es una hipótesis todavía sometida a cautelas, tendrá que forzar necesariamente un cambio de estrategia en el Banco Central Europeo. Estos días, los tipos de interés a largo plazo han estado cayendo. Se da por seguro que el próximo movimiento de tipos de la Eurozona será a la baja, pero la fecha ha sufrido un considerable adelantamiento esta misma semana. Ya no se piensa en la primavera del año 2009 para aflojar las tuercas monetarias. Se habla de finales del año 2008. La situación no aguanta y la economía europea no puede esperar más tiempo.

Dicen algunos analistas que Estados Unidos saldrá de la fase actual de lento crecimiento a tiempo para salvar a Europa de la recesión, aunque los tiempos parecen muy ajustados. El ajuste de los tipos de cambio suele producirse con cierta lentitud para lo que desean las corrientes comerciales. La Comisión Europea tendría que tomar cartas en el asunto para impulsar un plan coordinado de salida de la crisis, ahora que parece existir una cierta homogeneidad y armonía en el estado de las diversas economías de la zona.

Pero unos 620.000 turistas extranjeros menos en el mes de julio (8% de reducción en términos relativos respecto a julio del año pasado) es una cifra que se notará en el balance anual del sector y no para bien. En el cómputo de los siete primeros meses, y gracias a los avances de meses anteriores, el número de visitantes es casi similar en estos dos años en periodos comparados, es decir, hasta finales de julio. Es decir, el mes pasado ha sido el primero en alertar sobre un eventual cambio de rumbo en la salud de nuestra primera industria exportadora.

Tanto hablar de la crisis propia, lo que a veces estamos olvidando es que en nuestro entorno también hay otras crisis y que la dependencia exterior de la economía española está en trance de añadir a nuestras propias desventuras (parón inmobiliario sobre todo) los efectos de la debilidad ajena. Y ello se nota en el turismo, gasto prescindible para muchos de nuestros visitantes o simplemente sustituible y reemplazable, en especial en momentos de apretura económica, cuando se miran los euros con mayor esmero y se pueden encontrar destinos alternativos al español en otras zonas del Mediterráneo en donde los establecimientos hoteleros no se han subido a la parra tanto como en nuestras costas. El deterioro de la competitividad turística española ha sido denunciado desde hace algún tiempo por los expertos pero es ahora cuando al parecer empieza a dejar notar sus efectos nocivos para nuestra economía. En tiempos de estrechez, la tentación de buscar sustitutos más económicos es más factible, de modo que este año posiblemente se abra un hueco en los ingresos de la balanza de pagos con el que no contábamos.

Ayer se conocieron también las cifras de intercambios comerciales con el exterior, uno de los agujeros negros de la economía española en los últimos años debido a la enorme cuantía del déficit de mercancías. La balanza comercial tiene dos lecturas, una con petróleo y otra sin él.

Por desgracia son dos lecturas muy diferenciadas ya que España es una de las economías desarrolladas con un mayor grado de dependencia energética frente al exterior, que se plasma en un alto grado de necesidad de importaciones de petróleo y gas. En condiciones normales, con una economía debilitándose, el déficit comercial debería remitir y empezar incluso a disminuir. La razón es clara: con economía en fase de debilitamiento, la tendencia importadora es menor y las compras de productos industriales de consumo tienden a reducirse. Pero no está sucediendo tal cosa sino que el déficit sigue en aumento, aunque a menor ritmo que en años anteriores. El motivo es que las compras de petróleo, que siguen siendo similares a las de hace un año, cuestan ahora el doble debido al incremento de los precios del crudo.

La crisis económica española tendría que provocar un arreglo casi automático de dos de nuestros grandes problemas actuales, la inflación y el déficit comercial tan disparato que hemos soportado durante estos últimos años de alegría económica. Es lo que ha sucedido en otras etapas declinantes de la economía española, en las que además todo ello se aceleraba y se corregía con devaluaciones del tipo de cambio. No está sucediendo así sino todo lo contrario. Hay más inflación y hay más déficit comercial a causa exclusivamente del coste energético creciente y de un consumo de energía que está siendo poco sensible a la menor actividad económica. A todo ello se ha unido ahora la menor fortaleza del turismo, fuente básica de nuestros ingresos exteriores.

Tradicionalmente, España curaba sus males económicos con devaluaciones. Era una forma de transferir los problemas domésticos al exterior, que de este forma, y conjuntamente, nos echaba una mano. Puede que ahora suceda lo mismo, aunque la situación cíclica de la economía mundial no alimenta muchas esperanzas, ya que España es un enfermo rodeado de economías convalecientes o en fase de agravamiento. Sólo Asia parece – con la excepción de Japón, de momento – en condiciones de añadir dinamismo a la economía global, aunque después de los Juegos Olímpicos, lo que pueda suceder en China es un misterio.

La situación en la Eurozona es, en lo económico, la peor desde la fundación del euro. Nunca en estos ocho últimos años se había podido contabilizar un número tan elevado de economías anémicas o a punto de entrar en la enfermería en el mapa europeo. Italia ha sido el caso más destacado hace dos semanas. Francia y Alemania se han unido con prontitud. Y España parece haberse convertido en el chivo expiatorio de los males económicos. Hasta en las presentaciones de resultados trimestrales de algunas corporaciones multinacionales presentes en España (caso hace unos días de Vodafone) se habla del caso español como de uno de los causantes de los males de algunas empresas multinacionales de primera fila.

La economía española ha dejado de ser en estos últimos meses la más admirada entre las economías más florecientes de Europa, como Irlanda, sólo que España es uno de los países con un PIB que roza los dos dígitos en su peso en relación con el PIB comunitario, por lo que los problemas en España deben ser tenidos en cuenta ya de forma bastante seria en el cómputo europeo. La caída del euro parece que algo tiene que ver con las ventas importantes de activos españoles (en Bolsa y en los mercados de bonos) que se han registrado en los últimos meses.

En todo caso, España era hace un año el vivo ejemplo del éxito económico, al que casi nadie ponía reparos. En pocos meses, ha pasado a convertirse en el país que puede arrastrar a Europa a una recesión profunda, como decía el pasado fin de semana – seguro que de forma exagerada – un colega de la prensa escrita anglosajona. Pero sin llegar a tener influjos tan tremendos sobre el conjunto de la zona euro, la brillante imagen de la dinámica economía española convertida en serio candidato a la recesión es uno de los chispazos que coincide con la decadencia de la cotización del euro. España no ha contribuido ella sola a que el euro se desplome, pero ha puesto indudablemente un grano de arena.

A la postre, lo que los mercados están deduciendo al castigar al euro (la gente vende euros y compra otra divisa, sobre todo dólares) es que la economía europea puede entrar en una fase quizás larga de estancamiento económico. Los tipos de interés (4,25% los oficiales) difícilmente van a subir más. Y los norteamericanos están en el 2%, quizás con tendencia a subir porque la inflación es excesiva, aunque la fortaleza de la economía tampoco da para muchos cohetes. Este viernes, el máximo responsable de la Reserva Federal podría dar un estado actualizado de la situación y aportar pistas novedosas a los mercados. Quizás sea un buen momento para mejorar nuestra capacidad de orientación.

Hay que tener en cuenta que los primeros análisis de los responsables de la Administración hicieron una evaluación del estado de cosas de la economía que quizás a estas alturas está ya fuera de contexto, aunque sigan utilizándolos. La dificultad que le asignaron a la evolución de la economía estaba apoyada en el brusco crecimiento del precio del petróleo y en las dificultades de las entidades financieras que habían intervenido en los artificios de los mercados hipotecarios norteamericanos. Lo primero era un fenómeno pasajero ante el cual, en todo caso, nada podíamos hacer. Lo segundo, afectaba a los grandes bancos de inversión, pero nunca a la sólida banca española, que no ha participado para nada en las inversiones aquejadas por los problemas de solvencia ya conocidos.

A la hora de la verdad, el precio del petróleo está retornando a cotas más razonables e incluso podría bajar a la zona de los 100 dólares el barril, pero a estas alturas pocos creen que ello bastaría para devolver el brillo a la economía española. Los problemas están en otros escenarios y la prensa internacional nos los está recordando estos días con insistencia, formulando incluso previsiones bastante alarmistas. Una de ellas, de ayer mismo y nada menos que elaborada por The Economist, viene a decir que la crisis española no sólo es grave sino que puede arrastrar a media Europa, dada la envergadura que ha ido adquiriendo la economía española en el seno de la Eurozona en estos últimos años. Según este análisis, somos víctimas de los excesos del sector inmobiliario, que no supimos frenar a tiempo o encauzar de la forma debida. Que lo digan los ingleses, que padecen problemas similares de excesos inmobiliarios (algunos en tierra española), no le quita valor al análisis.

Exagerado o no, el temor que tienen en algunos ambientes exteriores al desenvolvimiento de la crisis económica española está acelerando los problemas. Uno de ellos es el de la liquidez de la banca española, que sigue sin encontrar recursos internacionales en los mercados mayoristas y que sobrevive gracias a las masivas inyecciones de recursos por parte del Banco Central Europeo (un 10% de la liquidez de BCE está siendo absorbida por los bancos españoles). Los grandes inversores internacionales han estado desmontando sus posiciones en la Bolsa española, lo que está acelerando la caída de las cotizaciones, que ya supera a la media de la zona euro. Muchos inversores institucionales han quedado además atrapados en algunas emisiones realizadas recientemente por cajas de ahorros españolas, inversiones que sólo pueden deshacer incurriendo en importantes minusvalías.

Hay una clara pérdida del valor del papel español en el exterior y a ello está contribuyendo de forma destacada la falta de respuesta de las autoridades españolas. El carácter liviano y más cosmético que real de las medidas anunciadas este jueves servirá para remarcar aún más esa pérdida de confianza en los responsables del manejar el timón de la economía española. Pocos creerán que la presencia de Rodríguez Zapatero en el debate económico de estos días va a servir para catapultar la reacción de la economía española ya que el presidente se ha limitado a dar solemnidad a un catálogo de medidas ya conocidas, de modesta cuantía en lo numérico y de impacto a medio plazo, ya que algunas no surtirán sus efectos más que en el año 2009. Quizás demasiado tarde. La presencia de Zapatero había generado ciertas expectativas que, por desgracias, han quedado defraudadas. Es decir, un cartucho más que el país ha desperdiciado en la tarea de levantar el ánimo de los españoles y la confianza de los inversores.

Con la inflación por encima del 5%, la economía española afronta dificultades crecientes, ya que la erosión que causa la subida de precios sobre la disposición al consumo contribuye a restar fortaleza al crecimiento de la economía y genera temores entre los ciudadanos, que se traducen en actitudes defensivas que frenan la actividad. En condiciones normales, la tasa de inflación tendría que plegarse por debajo del 5% y acabar el año en torno al 4%, aún contando con el impacto de la subida de las tarifas eléctricas. Incluso un poco más abajo del 4%, la tasa de inflación tendría más lógica habida cuenta de que el crecimiento de la economía está siendo en la actualidad, de acuerdo con las estimaciones oficiales y algunas privadas, próximo a cero.

Con una economía parada, los precios deberían respirar con mayor normalidad, sobre todo si el nivel de inflación importada por la vía de los productos energéticos se mantiene estable o incluso a la baja. Se ha cruzado en las últimas dos semanas un factor nuevo, la fortaleza del dólar. Con un dólar más fuerte, la inflación tenderá a fortalecerse. Este será, por lo tanto, un factor a tener en cuenta ya que jugará en sentido contrario al que los tipos de cambio han venido actuando e n estos últimos tres años desde el punto de vista de la inflación importada. La fortaleza del euro frente a todas las divisas, y en particular frente al dólar, ha sido un escudo protector importante que ha evitado males mayores en las tasas de inflación europeas.

No es de extrañar que el Banco Central Europeo haya presionado con los tipos de interés al alza porque la fortaleza del euro debería haber facilitado una tasa de inflación en Europa más en línea con el objetivo oficial del 2%. No ha sido así y, a pesar del escudo del euro, la inflación en Europa se ha disparado hasta cotas del 4% y en España ha superado el 5%. Ahora, en movimiento contrario, el euro ya no será de ayuda para frenar la inflación importada. Aún así, sin la ayuda del euro, la economía europea está en fase de estabilidad y poco crecimiento, lo que debería mitigar las tensiones inflacionistas.

En el caso español, es probable que el cuarto trimestre nos traiga menores tasas de inflación si el crudo lo permite, pero sobre todo debido al frenazo en el consumo privado. Todo parece indicar que el retorno de las vacaciones va a ser este año bastante más duro que en el pasado. Es una lástima que la inflación se frene a causa de la paralización de la economía. Pero peor es lo que ha estado sucediendo hasta este mes de julio pasado, es decir, tasas de inflación cada vez más elevadas y economía en fase de estancamiento.

Si la tasa de inflación se corrige a la baja, como es de esperar, las presiones para aumentos salariales en el curso del año entrante serán lógicamente menores, ya que la negociación salarial suele hacerse con la inflación pasada, no son las previsiones de futuro, entre otras cosas porque estas últimas han gozado por lo general de escasa credibilidad por su bajo grado de cumplimiento. Para corregir estas desviaciones se han inventado las polémicas y discutidas cláusulas de revisión, tan criticadas por los bancos centrales por su negativa influencia en la “indiciación” de la economía, una forma de blindar las subidas de salarios que a la postre se traducen en blindaje de la propia inflación y en obstáculos reforzados para el empleo.

Por un lado, el sector servicios (comercio y turismo como principales canteras de empleo) se encuentran en momentos poco boyantes por no decir tirando a malos (el comercio, muy afectado por la caída del consumo). Por otro, el sector industrial está registrando una caída real de la producción que no se esperaba con tanta inmediatez y con tal intensidad. En junio, por ejemplo, la producción de la industria ha caído un 9,0% en términos anuales, en especial la fabricación de bienes de consumo duradero, cuya producción ha caído en más de un 20%, aunque también la fabricación de bienes intermedios lo ha hecho con fuerza, casi un 12%, en buena medida debido a que el sector de la construcción ha dejado de demandar productos industriales de este subsector, situando en posición de crisis a la amplia industria auxiliar de la construcción, que en los últimos años había experimentado un progreso muy considerable. Gracias a que algunas de estas industrias son altamente competitivas y habían empezado a abrirse paso en los mercados internacionales, la caída de la producción ha sido menor al encontrar la vía de la exportación como canal al que desviar una parte de la producción que el mercado interno ya no absorbe.

A pesar del aumento del paro tanto durante el pasado segundo trimestre (207.400 personas) como en los doce últimos meses (621.600 parados más, es decir, un 35% de aumento anual), la economía española ha seguido creando empleo. En el segundo trimestre del año han sido 22.900 empleos nuevos. En los doce últimos meses, el empleo creado ha sido de 57.800 personas, es decir, un 0,28%, aumento insignificante para una economía que estaba acostumbrada a aumentar su nivel de empleo a ritmos anuales del 3% e incluso superiores, para sostener un crecimiento de la producción que se ha movido en torno al 3% anual durante estos años. Es destacable el hecho de que tres de los cuatro grandes sectores de la economía española (la agricultura, la industria y la construcción) han destruido empleo durante el segundo trimestre del año. La industria lo ha hecho de forma bastante consistente, nata menos que 68.000 empleos destruidos entre abril y junio, lo que constituye un presagio de lo que posiblemente pueda suceder a lo largo de los dos últimos trimestre del año. Las cifras de producción industrial en declive anticipan ya un panorama muy pesimista para el empleo industrial.

Queda, por lo tanto, solamente el sector servicios, que en el segundo trimestre ha sido capaz de crear nada menos que 255.700 empleos aunque en los doce últimos meses ha creado poco más, unos 284.200 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de la fuerza laboral del 2%. La incógnita que se abre, por lo tanto es si el sector servicios será capaz de minimizar las pérdidas de empleo que se van a producir previsiblemente en la construcción y en la industria, especialmente en esta última.

El grueso del sector servicios se reparte entre la actividad comercial y el sector turístico. Por lo visto en estos primeros compases del verano, la actividad turística es la que está afrontando mejor la acometida de la crisis económica, aunque el balance de la temporada veraniega habrá que verlo dentro de dos meses, cuando las empresas hayan echado cuentas. Parece que la gente, el español medio, se ha movido en busca de descanso, pero que el nivel de gasto vacacional se ha contraído de forma notable, lo que puede afectar al mantenimiento del empleo en el sector turístico. Aún así, el sector servicios, en el que trabajan unos 13,8 millones de españoles (sobre 20,4 millones del total de la fuerza laboral) puede servir de colchón amortiguador de la tremenda pérdida de ocupación que se espera para los dos grandes sectores que más directamente viven la crisis. De no ser así, las cifras de paro podrían alcanzar dimensiones insospechadas.

Pero si la oportunidad era buena, el resultado dista de haber gozado de éxito de crítica. Será porque los periódicos tenían poco sobre qué editorializar el jueves por la mañana, pero lo cierto es que a Sebastián le han puesto tibio, tanto que un medio generalmente afín al poder socialista ha dicho que su plan de medidas de ahorro energético, el de Sebastián, se parece más a un prospecto de electrodomésticos que a una meditada estrategia de ahorro de energía en todas las vertientes posibles de la vida ciudadana.

Ya en Industria reconocían que el plan en cuestión había sido preparado de forma urgente, lo que es una forma de ponerse la venda antes de recibir la crítica, como si las prisas fueran motivo suficiente como para disculpar la endeblez del resultado. La precipitación con la que se ha preparado el plan de ahorro ha dado pie incluso a alguna adversidad: si Sebastián pretende regalar bombillas de bajo consumo a millones de ciudadanos, resulta ahora que los fabricantes han salido raudos a informarle de que la producción de estas bombillas es insuficiente para tamaño propósito. Es decir, los autores del plan de ahorro parece que no se molestaron en chequear si sus promesas eran técnicamente viables, lo que en efecto confirma que el plan ha sido preparado con notoria ligereza.

Parece necesario preguntarse si los esfuerzos preferentes de Industria en materia energética deberían ir ahora mismo orientados a pergeñar un plan de ahorro, uno más de la docena de planes de estas características que han elaborado los Ministerios de Industria y Energía desde los años 70 del siglo pasado, o más bien a organizar una estrategia de oferta energética a largo plazo, que es realmente lo útil en materia de energía, un sector en el que la demanda está asegurada y en el que las inversiones requieren a veces periodos de hasta dos o tres lustros para convertir en realidad los proyectos. Es, desde luego, una tarea mucho menos vistosa y que no produce efectos inmediatos ni siquiera en la presente legislatura, recién iniciada. Pero si por algo puede pasar a la Historia un titular de Industria y Energía no va a ser por pequeños planes de vida fugaz y utilidad escasa sino por la puesta en marcha de una serie de proyectos industriales que permitan resolver las necesidades de suministro en el futuro, un futuro que se presenta complicado para todo aquellos que depende de los combustibles fósiles.

Industria sigue, por ejemplo, sin tener una política clara con relación a las energías renovables (parte del sector está en abierta oposición con el Ministerio) y sigue sin clarificar su posición ante la energía nuclear, no tanto por razones técnicas como por motivaciones ideológicas, ya que al parecer al presidente del Gobierno le gusta presumir de anti nuclear devoto al que nadie se atreve a llevarle la contraria en asunto de tanto alcance para el futuro de la sociedad española. No es necesario recordar que en Europa hay varios países en pleno rearme energético nuclear (Gran Bretaña y Francia, ninguno de ellos muy alejado de nuestras fronteras). La oferta de energía del futuro es lo que importa porque preparar al país para un estado de emergencia de bajo consumo es una solución que sólo arregla de forma parcial el problema. Bien están los planes de ahorro, pero ahí no acaba el problema, sino que realmente es en donde empieza.

Si los pronósticos ideales y quizás optimistas se cumplen, este año la actividad económica va a ir de más a menos y el año próximo de menos a más, de forma que la economía podría atravesar la zona más tenebrosa entre el otoño de 2008 y el verano de 2009. Lo que cabe preguntarse es si el Gobierno está dispuesto a hacer algo realmente serio para lograr que este calendario ideal se cumpla. Junto a la difusión de las nuevas y actualizadas previsiones económicas, el vicepresidente Solbes ha ofrecido este jueves pocas pistas de lo que piensa hacer el Gobierno para darle confianza a los ciudadanos y sobre todo, por aquello de que son los que invierten y lubrican el motor de la economía, a los empresarios.

Se pueden repartir muchas consignas, como de modo incansable hace Zapatero, sobre lo necesario que es reforzar la solidaridad con los sectores sociales más castigados por la crisis, pero si a los empresarios no se les ofrecen señales que inspiren confianza y mano firme en la conducción de la economía, malamente vamos a acelerar la creación de riqueza, que es el otro estribillo con el que se mueve el diccionario presidencial desde hace unas semanas.

La declaración pública de Solbes este jueves ha resultado, en este sentido, poco clarificadora, por no decir decepcionante. Solbes parece contagiado de ese lenguaje bonachón y solidario que exhibe Zapatero a diario cuando habla de la “fuerte desaceleración” de la economía, pero que no contiene ni una sola idea capaz de suscitar confianza, no digamos ya que de ilusionar, a todo el que se considere empresario o portador de iniciativas económicas.

Solbes aparece cada vez más rebasado por los problemas y con una carga de trabajo posiblemente abrumadora y excesiva, ya que a la labor ciertamente compleja de dirigir la economía (aquejada por una crisis de la que ha dicho que es la más compleja que ha visto nunca) se le une ahora el ciclón autonómico, con los “ministros” económicos de las Autonomías pidiendo más competencias y desde luego más dinero, en una economía en la que el dinero —mercancías ya de por sí escasa— se va convirtiendo cada vez en algo más escaso. Sobre todo cuando se trata de dinero público, sobre el que Solbes ya ha dicho que a estas alturas de la situación no queda ni un euro para dedicarlo a medidas compensatorias o sociales del tipo de las que Zapatero usó y abusó en los doce meses anteriores a su ascenso a la Moncloa. Por eso estamos a estas alturas lamentando el escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno para hacer cualquier cosa. Pero el problema del Gobierno no es sólo que se haya quedado sin dinero sino que muestra una preocupante carencia de argumentos e ideas para superar los problemas. Y desde el lado empresarial tampoco está recibiendo una catarata de buenos consejos.

Uno de los empresarios del mundo semi oficial, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Gómez Navarro, persona integrada en la órbita política gobernante, ha pregonado estos días con escaso éxito la necesidad de adoptar algunas medidas urgentes y drásticas en apoyo de la economía, a ser posible mediante el consenso y la concertación. Pero su discurso parece haber caído en la soledad del desierto. Gómez Navarro no parece ser una de las personas con influencia suficiente para dejarse oír en Moncloa. El máximo responsable de la patronal CEOE, Díaz Ferrán, está brillando sobre todo por sus largos silencios y es de temer que su posición política dentro de la propia patronal, no sea lo que se dice de claro y contundente liderazgo.

Con este panorama, el país va a sumergirse en la catarsis vacacional con muchos problemas y mediocres perspectivas de superarlos a corto plazo. El otoño puede ser un verdadero suplicio.

Los instrumentos utilizados por las dos cajas, una corporación industrial en un caso, una emisión de cédulas participativas del propio patrimonio de la caja en este último, son muy diferentes, ya que el primero tiene detrás bienes tangibles, acciones de empresas con nombres y apellidos, muchas veces ya cotizadas en Bolsa desde mucho tiempo atrás. Las cuotas, sin embargo, representan la imagen de solvencia de la caja, algo con mucha menos visibilidad y difícil de valorar.

La acogida de las denominadas cuotas participativas de la caja levantina ha sido más bien floja pero, si se tiene en cuenta la deficiente situación por la que atraviesan las Bolsas y especialmente el sector financiero, y además se valora el hecho de que sobre las cajas de ahorros españolas pesa un cierto estigma de alto riesgo debido a su mayor presencia en la financiación del sector inmobiliario, casi se puede decir que la operación de salida a campo descubierto ha sido un éxito. Los gestores de la entidad levantina se la han jugado con esta operación y han sometido a la entidad a un grado de riesgo que algunos han considerado excesivo e innecesario. Pero el que no arriesga no gana y, de momento, los responsables de la entidad, asesorados por Lehman Brothers, se han salido con la suya. Tienen, además, el mérito añadido de haber abierto una vía nueva que ninguna otra entidad había explorado previamente.

Dado que la colocación (bien acogida por el público inversor minorista, básicamente los inversores que han sido convencidos a través de la red de oficinas de la caja, pero no muy bien aceptada por los inversores institucionales, que le han asignado una valoración de riesgo alto) se ha desarrollado de forma aceptable, los gestores habrán respirado aliviados y quizás nada arrepentidos de encontrarse ya cotizando en la Bolsa y con un importante futuro por delante. Lo que han conseguido, de momento, los gestores de la entidad es el mérito de convertirse en pioneros de una forma de obtener financiación en el mercado que posiblemente utilicen en los meses próximos otras cajas de ahorros.

Candidatos hay varios, de forma que antes de que finalice el año posiblemente tengamos a varias cajas de ahorros cotizando con sus títulos en las Bolsas españolas. Hay sobre el papel cuatro o cinco candidatos adicionales, sin contar con los intentos de salir a Bolsa por la vía ya conocida de las corporaciones filiales, como La Caixa con Criteria. Caja Madrid, la segunda caja de ahorros española, tiene ya preparada su salida a Bolsa por este procedimiento que inauguró hace unos meses La Caixa. En el caso de la caja madrileña, su corporación de empresas participadas se llama Cibeles.

La colocación de la CAM no parece haber logrado, sin embargo, romper el cerco que los inversores institucionales le tienen puesto a las cajas de ahorros españolas, sobre las que cae la sospecha de una situación delicada dado el elevado riesgo que mantienen con las familias por la financiación hipotecaria y, sobre todo, por el elevado riesgo que tienen con los promotores del sector de la construcción e inmobiliario. El riesgo con las familias es, al fin y al cabo, un elemento tradicional de las cajas y consustancial con sus fines principales, la financiación a las familias, por lo que no debería ofrecer mayor grado de preocupación. Cosa distinta es la de los promotores inmobiliarios, algunos de los cuales quizás hayan pedido créditos para financiar suelo cuyo valor está hoy bastante alejado de la realidad.

Son estos activos los que pueden originar problemas de estabilidad financiera a las cajas en un futuro más o menos inmediato. Las cajas han visto cómo su tasa de morosidad (es decir, el porcentaje de crédito que no es amortizado por los clientes a su debido tiempo) ha subido con fuerza en estos últimos meses. La tasa de morosidad de las cajas, que en mayo alcanzó el 1,76%, supera con mucho a la de los bancos. En el sector dan por hecho que alcanzará el 4% a finales del año próximo, lo que anticipa un futuro poco optimista para la imagen de solvencia del sector, al que las entidades deberán dedicar esfuerzos importantes de gestión para convencer al mercado y a los grandes inversores de que son merecedores de crédito. No será tarea fácil, pero de situaciones más complejas han salido las cajas.

De la primera de las reuniones ha salido razonablemente bien este martes. Era un público entregado. Se trataba de los militantes de su partido o de algunos invitados y Zapatero fue interrumpido varias veces por los aplausos de los asistentes. Se trataba de una especie de conmemoración de los 100 primeros días de Gobierno, aunque casi todo el mundo coincide en que en estos 100 días iniciales de su mandato, lo que se dice celebrar hay más bien poco. Los 100 primeros días de Gobierno han sido más bien, en lo económico y en el marketing político, un calvario, en el que hemos pasado de ver el PIB al 3,7% a un PIB con expectativas de crecimiento al 0,3%, con la tasa de inflación por encima del 5% por vez primera en 13 años y, sobre todo, con el primer desequilibrio en las cuentas del Estado que se produce desde hace tres años. El superávit presupuestario del Estado sólo le ha durado a la crisis seis meses, en el curso de los cuales la crisis económica se ha comido los ahorros que tradicionalmente venía generando la economía española.

De las cuatro restantes reuniones a las que se enfrenta Zapatero, su capacidad de salir con bien del trance va a estar seriamente sometida a prueba. Tiene un vis a vis (sic) con el líder de la oposición, un encuentro por delegación (Jefe de la Oficina Económica) con el grupo de “sabios” de la economía española ( en donde hay “infiltrados” de diversa obediencia y condición, pero no todos adictos) , una reunión con los agentes sociales para ver de montar una especie de pactos de La Moncloa con otro nombre y, por último, un pulso con Montilla (Solbes mediante) a propósito de la financiación autonómica, asunto complejo donde los haya y que se ha cruzado inoportunamente en el camino presidencial, ahora que era necesario dedicarle el mayor tiempo posible a resolver los problemas de la casa grande y no las cuestiones de reparto entre actores secundarios. El calendario, sobre todo por la complejidad de la asignatura, es posiblemente el más exigente de cuantos ha tenido que afrontar el presidente en su etapa de máximo responsable del Ejecutivo. Y todo ello en un corto periodo de tiempo, si es que quiere irse de vacaciones con cierta serenidad de espíritu y con alguna idea clara. ¿Terminará bien la semana?

Los mensajes que ha lanzado el presidente estos días no son, en todo caso, alentadores. Claro que Zapatero ha logrado impulsar una nueva variante de la oratoria en la que la distancia entre lo que dice y lo que quiere decir suele ser mayor aún que su desconocimiento de las reglas básicas de la economía. Ha dicho estos días, tras conocer con desconsuelo que el déficit público está ahí, que en absoluto piensa recortar el gasto público, como sensatamente le han sugerido numerosos expertos.

Hay que ser un mago de la economía para, en las condiciones presentes, tratar de retornar el equilibrio presupuestario sin renunciar a ninguna de las partidas del gasto público, central o autonómico, en especial si pensamos en la excelente oportunidad que sería la presente para limar parte o todas las grasas (“michelines”, como decía Arzallus) que se le han adosado al sector público tras años de crecimiento económico generoso y audacia política sin control, además de creciente poder de los reinos de taifas regionales, todos los cuales pertenecen a alguno de los dos grandes partidos políticos susceptibles de gobernar. Es decir, obligados a pactar si de verdad hablamos de consenso para salir de la crisis. En fin, recortar el gasto público, incluso hacerlo con vigor y rigor, habría que decirle al presidente que no es un acto de agravio contra “los desfavorecidos”, como él proclama, sino un ajuste de cuentas contra los despilfarradores que se nos han adosado a lo largo de los 14 años de crecimiento económico, a derecha y a izquierda del arco parlamentario. Identificar los “michelines” del Presupuesto público estatal y del autonómico no es tan difícil. Sería un error desterrar desde el principio tan suculenta oportunidad para hacer algo serio a favor de la reconducción de la crisis. Es asunto del que, con Rajoy en el sillón de enfrente, será obligatorio hablar, en vez de despachar el asunto con la demagógica aseveración de que el gasto público es intocable porque con ello se perjudica “a los desfavorecidos”.

Desde un cierto punto de vista, los resultados de las balanzas fiscales dados a conocer resultan, sin embargo, bastante reconfortantes. El Estado de las Autonomías fue diseñado en la Constitución de 1978 como un esquema de compensaciones y ayudas Inter. Territoriales, de forma que las regiones ricas aportaran flujos de recursos a favor de las menos desarrolladas, siempre que ello (se sobreentiende) no acabe por desincentivar la actividad económica entre los que tienen que aportar dinero y que la actitud y predisposición creativa de quienes lo reciben no se vean adormecidas por la generosidad de los donantes. Es difícil saber en qué punto medio se encuentra el ideal, es decir, en qué medida las transferencias de renta entre regiones sirven al mismo tiempo para ejercer una generosidad razonable y el logro de la máxima eficiencia económica. Lo que está claro es que la Constitución establecía un mecanismo de solidaridad, más que de igualación entre regiones, objetivo este último que no parece haber pasado en ningún momento por la cabeza de los Padres de la Constitución. O, si se les pasó, el texto final que alumbraron matizó con bastante rigor las intenciones.

Estamos a 30 años de distancia de aquellas ideas y se puede decir que los resultados conocidos ahora (año 2005) de las balanzas fiscales dejan bien a las claras que hay regiones ricas aportando más que las regiones pobres, que se benefician por diversos mecanismos de esas transferencias de renta. La Constitución española, por lo tanto, puede hacer balance con orgullo de su eficacia. El objetivo de la solidaridad interregional ha sido razonablemente cubierto.

Pero la España del año 1978 era muy diferente a la del presente decenio. Treinta años más tarde de alumbrar aquellas ideas de solidaridad, algunas de las regiones del grupo de las donantes han profundizado en sus aspiraciones nacionalistas y consideran que el pago del tributo de la solidaridad interregional está en abierta contradicción con sus objetivos políticos. En consecuencia, han puesto un plazo a la continuidad del mecanismo de solidaridad entre regiones. Hay, en buena medida, un intento de cambio constitucional en estas pretensiones, aunque una modificación del texto del año 1978 no parece cumplir con las posturas estéticamente presentables ni es un mecanismo rápido, ya que requiere un largo proceso que por fuerza debe contar en algún momento con el parecer general del conjunto de la población española, lo que pone de relieve la dificultad del empeño.

Han dicho algunos políticos en estas últimas jornadas que los resultados de las balanzas fiscales autonómicas deben ser separados de forma radical del debate sobre la nueva financiación autonómica. Es otra falacia de las muchas que corren cuando se habla de estos asuntos. Precisamente el resultado de las balanzas fiscales será el aperitivo cuando no el menú principal de todo el debate sobre la reorientación de la financiación autonómica, cuyos principios se orientarán indefectiblemente hacia el logro de dos objetivos: mayor capacidad para recaudar impuestos y mayor participación en los gastos comunes del Estado, indudablemente a costa de recortar las asignaciones a favor de la solidaridad territorial dentro del Estado español. Hay que recordar, en todo caso, que ni Navarra ni el País Vasco forman parte de este juego debido a que cuentan con regímenes fiscales blindados y plenamente autónomos, lo que es otra de las dificultades que se presentan a la hora de hablar de solidaridad regional y aportación a los gastos comunes del estado español. El debate de la financiación autonómica se presenta, en suma, sumamente enrevesado y la publicación de las balanzas fiscales, de cuya utilidad han escrito con rigor muchos expertos, no va a facilitar las cosas.

Para acabar de sumar clavos a la penitencia, la misma mañana del evento han salido los datos de paro del mes de junio, un mes tradicionalmente bueno para el empleo (la racha estacional alcista en España suele empezar en mayo) pero que en esta ocasión se ha vuelto esquivo, ya que ha ofrecido un notable incremento de las cifras del paro, centradas una vez más, cómo no, en el sector de la construcción pero también en el sector servicios, lo que es casi peor. El hecho de que los servicios estén alimentando las cifras de paro quiere decir que sus dos grandes proveedores de empleo (el comercio y la hostelería) no ven claro el horizonte veraniego, ni en actividad comercial ni en turismo.

La aparición de Zapatero ante sus Señorías, y ante la opinión pública, no había suscitado en todo caso muchas expectativas. En todo caso, la morbosa curiosidad de constatar si de sus labios brotada, espontánea o con desmayo, la palabra crisis o si, por el contrario, se dejaba llevar por la inercia negacionista de los meses preelectorales, en el curso de los cuales la palabra de moda era desaceleración, con apellidos diversos según el último dato de PIB que se barajase. Las últimas desaceleraciones eran ya de intensidad “acusada”. Esta vez, los amanuenses de la intervención presidencial han seleccionado nuevas expresiones del rico diccionario de la Real Academia de la Lengua, como “estancamiento”, con apellidos tales que “duradero”.

No ha dado en ningún momento Zapatero la sensación de estar desnudando su alma económica ante la concurrencia, en todo caso su acendrado espíritu de benefactor social, abundando en las tesis socialdemócratas más pías, según las cuales el Estado está presto para ayudar a los ciudadanos a superar este difícil trance, del que por supuesto el Gobierno no es en absoluto responsable. Zapatero sigue rechazando la idea de presentarse ante los ciudadanos como el portador de malas noticias, aunque los indicadores se encargan de hacer el trabajo por él, últimamente casi a diario y en algunos días por partida doble y hasta triple. La catarata de evidencias económicas adversas es inagotable y todo parece indicar que serán pasto diario de la concurrencia durante unos cuantos meses. Es probable, según los peores augures, que dentro de un año empecemos a ver las primeras cifras positivas. Para antes, nadie o pocos las esperan.

En estas condiciones, Zapatero podría haber utilizado el discurso para infundir confianza a los españoles. Pero la confianza es una secuela de la credibilidad y, en materia económica, Zapatero parece haberla perdido de forma acelerada en los últimos meses, de las elecciones para acá. Es difícil que inspire confianza quien a estas alturas sigue negando las evidencias y se empeña en llamar a las cosas por nombres distintos a los que habitualmente les asigna el diccionario.

El optimismo patológico no se cotiza en la Bolsa ni está catalogado entre los activos susceptibles de valoración. Puede ser adecuado para ganar unas elecciones, pero se le resisten las crisis económicas. Y estamos en medio de una de ellas y, además, de envergadura, con un patrón de barco a quien la naturaleza no ha dotado del suficiente espíritu práctico como para poner al país a trabajar en vez de darle cita para recibir los auxilios del Estado. Posiblemente la única forma de resolver un problema y darle la respuesta adecuada es entender bien la pregunta. Pero parece que no nos encontramos en esa situación. La única esperanza es la que se deriva de la tozudez de los hechos: a la vuelta del verano posiblemente la palabra recesión, esa que identifican algunos con crisis, haya tomado asiento entre nosotros. Y la experiencia histórica en nuestro caso dice que de las crisis salimos con dificultad y tras un largo periodo de laboriosa lucha contra los elementos. En esto, y dado que al presidente se le ha contagiado también esa idea de que “vamos a salir pronto” de la crisis, puede que también Zapatero se esté equivocando.

Puede ser un detalle menor, pero la reacción de la Bolsa al último grupo de medidas económicas anunciadas por Zapatero en su discurso anual, esta vez pronunciado en el Consejo Económico y Social ante numerosos representantes del sector empresarial, no ha podido ser más descorazonador. El Ibex 35 ha batido hoy sus mínimos anuales, invalidando toda la recuperación que las Bolsas habían logrado en el periodo comprendido entre finales del mes de enero y principios de junio.

En las últimas semanas, el Ibex 35 ha perdido más del 12% de su valor y posiblemente el más sintomático de los descensos haya sido el de las últimas cinco jornadas (más de un 5% de caída en conjunto), en las cuales el Gobierno ha realizado un encomiable esfuerzo de persuasión para, tras reconocer que la crisis es más profunda de lo esperado, asegurar, sin más base que la fe de los oyentes (que a estas alturas se encuentra muy minada), que saldremos de la crisis más pronto que tarde y con más fuerza que debilidad. Base científica para reforzar tales afirmaciones no existe lógicamente, porque los fenómenos económicos se suceden al margen de los postulados científicos. Son más bien el resultado del juego de las expectativas y de los estados de ánimo, complementado eso sí por algunos datos de la cruda realidad, el primero de los cuales es indudablemente el precio del petróleo, que se ha más que duplicado en un año.

Esta forma modulada y gradual de ir contando la verdad y de ir aplicando remedios que, al poco de ser anunciados, se revelan insuficientes y superados por la realidad misma, está demostrando que es un estrepitoso fracaso. La gestión de la crisis económica, cuya primera crueldad ha sido no reconocer ni siquiera su existencia, ha puesto de relieve la baja calidad de los estrategas del Gobierno, no ya de los económicos, sino de los responsables de comunicación e imagen. Está resultando cada vez más patético ver a Zapatero poner cara de crisis mientras elude pronunciar tan maldita palabra. Al paso que vamos, los peores datos de este bache en el que nos encontramos metidos están aún por llegar, siendo malos los que ya vamos conociendo.

Pero quizás no resulte imprescindible estar dotado de capacidades especiales para intuir que la tasa de paro, de la cual el titular del Ministerio correspondiente ya ha dicho que será mayor del 10% y que estará más cerca del 11% dentro de unos meses, puede dispararse realmente al alza de forma dramática. O que el déficit público, expresión desterrada del vocabulario económico español desde hace unos ocho años, empiece en plazo relativamente breve a mostrar su verdadero talante, víctima no sólo de la desaceleración económica sino también de la adopción de medidas de gasto difícilmente justificables y, como no, de la bomba de relojería que se ha ido poniendo con esmero durante estos últimos años tanto en las finanzas municipales (ahora dañadas de muerte como consecuencia del final de las recalificaciones inmobiliarias y la caída de la construcción de pisos) como en las autonómicas, todas las cuales se encuentran en muy precarias condiciones, listas para iniciar una auténtica carrera de reivindicaciones ante el poder central en demanda de más recursos.

Entre tanto, cunde la sensación de que está por ver el verdadero plan de lucha contra la crisis económica. No le faltan al Gobierno asesores de lujo capaces de formular diagnósticos más rigurosos que los que salen de la factoría de la Moncloa. Sin ir más lejos, las dos últimas exposiciones de la doctrina del Banco de España frente a la crisis, la última de ellas este mismo martes en la Comisión de Economía del Congreso, en donde Fernández Ordóñez no ha tenido pelos en la lengua para explicar con bastante más realismo la situación. Ordóñez no es, que se sepa, del bando enemigo, así que convendría hacerle algo de caso.

Nos encontramos, por lo tanto, en puertas, o incluso dentro ya, de ese tipo de situaciones en las que el estancamiento en el ritmo de actividad económica convive con una efervescencia creciente de las subidas de precios. Demasiada inflación para tan poco crecimiento, situación corrosiva para la prosperidad, la inversión y el empleo, además lógicamente del ahorro. Todo ello además con un déficit por cuenta corriente que ronda el 10% del PIB y un equilibrio presupuestario que amenaza con desaparecer para finales de año, dando paso a un déficit que empieza a ser reconocido como hipótesis válida y posible para el año 2009.

Las ganas que tiene el actual Gobierno de arreglar tantos problemas que se han presentado prácticamente en unos pocos meses y todos al mismo tiempo resultan difícilmente perceptibles, aunque para afrontar cualquier problema es necesario como paso previo reconocer su existencia. De momento, la tesis oficial afirma que la economía española padece una serie de problemas llegados de fuera, que básicamente basculan en torno a la crisis hipotecaria y a la espeluznante subida del precio del petróleo.

De la primera, España se ha podido librar razonablemente bien porque contamos con un sector financiero bastante amante del rigor y de las aventuras medidas. Aún así, la crisis hipotecaria nos ha tocado de lleno en algunas de sus ramificaciones, ya que los daños colaterales incluyen el cierre del grifo de la financiación en los mercados internacionales, asunto en el que las empresas españolas han sufrido algún que otro quebradero de cabeza, alguno de ellos todavía sin resolver.

En cuanto a la escalada de los precios del petróleo, fenómeno lógicamente de ámbito externo e internacional y que nos afecta a todos los países industrializados, el blindaje de la economía española es algo menor que el de la crisis hipotecaria, pero no por ello somos plenamente inocentes de culpa. La mayor o menor vulnerabilidad frente a los precios altos del petróleo se padece en función de la estructura interna del sector energético, que en el caso español está profundamente anclado en la dependencia del petróleo, ya que las fuentes energéticas se han diversificado poco y cuando lo han hecho no han alcanzado el grado de autonomía nacional que tiene en otros países, como Francia, en donde el peso de la energía nuclear, por ejemplo, es notoriamente superior al español. Es por ello que España es propensa a padecer con mayor intensidad los choques petroleros, como sucede en la actualidad. Y ello se traduce en buena medida en el diferencial de inflación con el resto de Europa, algo superior a un punto.

La lucha contra la inflación ha devenido en el principal problema doméstico, aunque la capacidad de que disponemos para combatirla es limitada. La Política Monetaria no está a nuestro alcance ya que la hemos cedido a Francfort, en donde bastante hacen con defenderse de los continuos ataques de quienes reclaman una bajada de tipos de interés para estimular la economía. Menos mal que el señor Trichet y sus colegas son un grupo de tercos economistas convencionales que vienen defendiendo a capa y espada el mantenimiento de tipos altos para evitar que la inflación nos arrase. Si España fuera independiente en materia monetaria posiblemente tendríamos ahora mismo unos tipos de interés de dos dígitos y una divisa por los suelos. El paraguas del BCE nos limite pero también nos protege. Una divisa débil en una situación como la actual habría sido mucho más nociva para nuestra economía. Es de esperar que con una divisa sólida y una disciplina presupuestaria reforzada, esta crisis de crecimiento y de desequilibrios sea mucho más corta de las que hemos padecido en el pasado.

Naturalmente necesidades para echar mano de este dinero hay tantas como expertos lanzados a opinar sobre qué utilidad darle a este formidable stock de capital. Pero las autoridades se han encargado pronto de aclarar que la única finalidad del dinero del Fondo es asegura a largo plazo la percepción de las pensiones públicas por parte de los cotizantes del sistema y nada más. Es decir, nada de aventuras y sobre todo seguridad en la administración de este patrimonio. Los problemas que surjan en la vida económica y empresarial que se arreglen por otros medios.

El debate sobre qué hacer con tanto dinero junto, cuando la economía se tambalea, cuando las entidades financieras cortan el grifo del crédito o al menos lo restringen severamente porque no tienen liquidez, cuando las emisiones de capital en los mercados internacionales se presentan bastante dificultosas y cuando la rentabilidad del Fondo actual es más bien modesta (en torno al 4% anual de promedio en sus ocho años de vida), es un sugerente tema para fabricar ideas y propuestas alternativas. El debate ya se había iniciado hace un año, cuando la crisis económica (o la desaceleración, como la llaman algunos) asomada por las esquinas. Se dijo entonces que, con una Bolsa tan alcista, era una lástima que el Fondo de Reserva de las Pensiones no rentara algo más aprovechando el buen momento bursátil y que era una pena que los gestores del Fondo no aprovecharan la oportunidad para poner algo de dinero en el mercado de acciones.

Aunque parezca difícil de entender, ha sido el PP y en todo caso los sindicatos, quienes han puesto la proa a la sugerencia del Gobierno de colocar en Bolsa un 10% de los recursos del Fondo, que entre tanto logra sus rentabilidades invirtiendo en Deuda Pública de varios países europeos, España sobre todo. Por este motivo, el rendimiento de este patrimonio ahorrado, que en principio debe seguir creciendo al ritmo del superávit de las cuentas de la Seguridad Social que reflejan el equilibrio entre cotizaciones y prestaciones, está en cotas bastante modestas. Ha primado siempre el criterio básico de la seguridad más que el de la rentabilidad, huyendo de todo riesgo. Conviene recordar que si hace un año se le hubiera hecho caso a quienes pedían invertir el 10% del Fondo en Bolsa quizás a estas alturas algunos estarían lamentándolo o esgrimiendo pruebas de lo acertado de su rechazo.

Nada hay, sin embargo, escrito sobre este asunto en el resto del mundo en donde hay instituciones de tipo similar. Da la casualidad de que en los últimos meses, en los países emergentes (algunos de los cuales han acumulado ingentes cantidades de dinero al calor de la bonanza en los precios de las materias primas, sobre todo energéticas), han surgido importantes fondos denominados “soberanos” que han mostrado últimamente una intensa actividad tomando posiciones de inversión en los mercados (por ejemplo, suscribiendo casi en solitario algunas ampliaciones de capital de los bancos en crisis).

Si los fondos soberanos extranjeros, muchos de ellos con base en países árabes, están poniendo su grano de arena y aprovechando la oportunidad de tomar posiciones en los mayores bancos del mundo, ¿por qué un fondo de perfil más o menos similar no puede hacer lo mismo, por ejemplo, en España, suscribiendo emisiones de entidades financieras solventes como son las españolas? La idea ha empezado a circular y posiblemente no llegue a buen puerto. Pero el problema de raíz sigue siendo el mismo: la rentabilidad actual y reciente (últimos ocho años) del Fondo parece manifiestamente mejorable. Mientras esa insatisfacción no se resuelva, los espontáneos con ideas supuestamente mejores para dotar de mayor utilidad a las inversiones del Fondo van a proliferar.

A la fuerte caída de la actividad de la construcción se le puede imputar una buena dosis de este giro en las cuentas públicas, un giro que posiblemente se traduzca en problemas bastante más serios en las finanzas municipales, ya que los ayuntamientos del país han vivido en estos últimos años días de esplendor en el gasto a cuenta de las magras rentas que proporcionó la febril actividad inmobiliaria, fruto de recalificaciones generosamente distribuidas y de los consiguientes ingresos que proporcionaba la pujante actividad de la construcción, ahora semiparalizada y con dudosas perspectivas de reanimación inmediata.

Si alguien tiene que apretarse el cinturón, o simplemente vivir de acuerdo con sus actuales posibilidades, son los municipios españoles que más han vivido de las rentas del esplendor inmobiliario. Es probable que la crisis económica, o la desaceleración, sea diferente según los territorios. La merma en los ingresos fiscales a la que se enfrentan muchos municipios españoles, sobredimensionados en gastos, va a ser uno de los rasgos más característicos de la nueva etapa que vive la economía.

No hay, en todo caso, más motivos de alarma que los que se puedan derivar de una reflexión posiblemente bastante lógica: a media que avance el año y se empiecen a pagar los compromisos de la reciente campaña electoral (unos 6.000 millones de euros), el superávit puede esfumarse. La demanda que se le viene haciendo al vicepresidente del Gobierno para que revise y actualice las previsiones de crecimiento económico es un tema menor en relación con la exigencia, que ahora adquiere características mucho más verosímiles, de revisión a fondo del gasto público para el año en curso.

Si en los meses que vienen el Estado consigue mantener el ritmo de los ingresos de este primer trimestre (poco más del 1% de incremento), podría darse por satisfecho. No hay que olvidar que en las partidas de ingresos cuenta mucho en volumen recaudado en concepto de impuestos especiales, es decir, la tributación derivada de los combustibles que salen del petróleo. En el primer trimestre, estos ingresos han descendido ligeramente, pero el frenazo del consumo privado posiblemente se note con más fuerza en este renglón que en los demás relacionados con el consumo de las familias. La actualización de las cifras del Presupuesto del año en curso quizás plantee la necesidad de ajustar a la baja las previsiones de ingresos, a la vista de la experiencia del primer trimestre.

En donde se van a centrar los problemas es presumiblemente en el gasto. Cómo mentalizar a una economía que vive a ritmo de crecimiento del 4% para que gaste y viva conforme a un ritmo de crecimiento del 2% o quizás menos, es el problema al que se enfrenta el Gobierno en los próximos meses. Las generosas distribuciones de dinero a cambio de nada pueden provocar una mayor pérdida aún de la competitividad de la economía española, algo de lo que no andamos muy sobrados precisamente, como el propio partido gobernante se ha encargado de predicar con motivo de sus exhortaciones en busca de un nuevo modelo de crecimiento económico. Ese modelo sólo puede ir en la dirección adecuada si la economía mejora la productividad.

De los nueve reactores existentes, seis han sido puestos en marcha durante el Gobierno socialista de Felipe González, aunque ninguno de ellos inició su andadura bajo Gobiernos socialistas, ya que las decisiones previas (que en algunos casos se han prolongado durante 16 años) fueron tomadas por Gobiernos anteriores. Otro grupo entró en operación en tiempos de UCD y dos más, los más veteranos, en tiempos de Franco, el primero en el año 1968, aunque es el primero que ha quedado fuera de explotación por haber concluido su vida prevista, de forma que ahora son ocho los que están en funcionamiento.

El primero que tiene que cesar sus actividades, por agotamiento de la vida útil (normalmente, 40 años) es el de Santa María de Garoña, el año que viene, ya que entró en servicio en el año 1970, aunque la prolongación de su vida útil es una de las alternativas que se han estado discutiendo en los últimos años, con serias discrepancias en el seno del Gobierno y del propio Partido Socialista. La proximidad de esta planta al País Vasco añade ingredientes políticos importantes, ya que en el País Vasco no existe ninguna central nuclear desde que ETA logró paralizar el doble grupo de reactores nucleares de Lemóniz.

La disponibilidad de asentamientos es uno de los problemas con los que tropezará cualquier intento de ampliar el parque nuclear español y a nadie se le oculta que buscar un nuevo espacio para implantar una nueva central nuclear tropezará con importantes reticencias. Por este motivo, el aprovechamiento de los asentamientos ya existentes, construyendo nuevas centrales nucleares sobre el terreno en el que ya han estado funcionando otros reactores en el pasado, es una alternativa que siempre se ha considerado como necesaria en caso de relanzar el programa nuclear español. Y asentamientos de estas características hay muy pocos en España ya que tan sólo se ha dado de baja una central nuclear (la primera, de José Cabrera, en Guadalajara, en el año 2006) y hay otra que puede correr la misma suerte, la de Garoña, aunque en este caso su vida útil puede ser prorrogada.

El debate nuclear, por lo tanto, tiene mucho que decir en los próximos meses, una vez cerrada la etapa electoral y el largo paréntesis previo a las recientes legislativas, que indudablemente ha condicionado la capacidad de asumir compromisos por parte de los partidos políticos mayoritarios. La defensa a ultranza de la opción nuclear sigue viéndose como un riesgo de pérdida de clientela electoral. Pero ahora, una vez en marcha el nuevo Gobierno, llega la hora de la toma de decisiones.

En estos prolegómenos, algunas declaraciones no han pasado desapercibidas, entre ellas la de Felipe González, quien ayer mismo ha dicho en una intervención pública que en España hay mucho anti nuclear de pacotilla, ya que —ha venido a decir, González— no se puede ser antinuclear y comprar electricidad masivamente en Francia, como hace España. Naturalmente, la electricidad que compra España en Francia y que comprará en el futuro si no espabilamos será en su gran mayoría de origen nuclear, no en balde un 80% de la electricidad que produce el vecino país es de este tipo, electricidad que exporta a países declaradamente antinucleares como Alemania, Italia o la misma España.

El debate nuclear tendrá que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Es decir, si España puede estar financiando varios grupos nucleares en Francia para que el vecino país haga negocio a nuestra cuenta y, llegado el caso, seamos dependientes de su electricidad aunque la paguemos de nuestro bolsillo. Lo de no construir centrales nucleares en España por motivos de seguridad es una de las simplezas más ingenuas que se han edificado en torno a este debate. Las centrales nucleares con las que Francia nos abastece están al otro lado de la frontera. Y a cualquiera se le ocurre que cualquier accidente o falta de seguridad en una de esas instalaciones tardaría pocas horas en convertirse en un problema para España. Que se lo pregunten a los noruegos y finlandeses que todavía están gastando sus buenos dineros en costear los tratamientos de sus ciudadanos contaminados por las nubes radiactivas procedentes de Chernobil, a bastantes cientos de kilómetros de sus casas.

Esta discrepancia no es además del todo inocente, ya que los diferenciales de tipos de interés, al abrirse de forma tan acusada y repentina en los últimos meses (hay que recordar que la Reserva Federal los tenía en el 5,25% hace seis meses), generan serios problemas de agravios comparativos que toman su vehículo predilecto por la vía de los tipos de cambio. Es por eso por lo que principalmente el dólar se está hundiendo y el euro vale tan caro. Y de ello se derivan consecuencias muy importantes que explican, por ejemplo, por qué el petróleo aumenta de precio tan deprisa o por qué los productos europeos son cada vez menos competitivos en el exterior, generando con ello crecientes dificultades a los exportadores, es decir, a la industria y, al final, al empleo.

Son, en todo caso, dos recetas diferentes e incluso diametralmente opuestas en una situación en la que el riesgo principal que está ganando peso es el de la denominada estanflación, es decir, la inflación sin crecimiento. Las economías tuteladas por ambos bancos centrales no están creciendo mucho últimamente y, sobre todo, muestran una tendencia aparentemente imparable hacia la creciente debilidad. Incluso hacia el frenazo puro y duro. Incluso algunos hablan de recesión cada vez más próxima en el caso de Estados Unidos. Se ha acuñado la palabra recesión para definir la situación de aquella economía cuyo PIB desciende por dos trimestres consecutivos, algo que lógicamente está todavía lejos de definir la situación actual de las dos grandes economías del mundo, la de Estados Unidos y la de las Unión Monetaria, aunque en el caso de la norteamericana hay muchos que dicen que está más cerca de lo que pudiera parecer. Hay también bastante gente, alguna de mucho peso, que opina lo contrario. Lo que nadie niega es que las economías van a peor, es decir, a menor crecimiento y a mayor dificultad para generar empleo y prosperidad.

La creciente diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y la Unión Monetaria puede abrir un abismo económico importante entre ambas partes, ya que Europa, con una divisa tan fuerte, tiene indudablemente una barrera frente a la inflación, pero asusta pensar lo que sucedería con los precios si no fuera por esa apreciación constante del tipo de cambio frente al dólar. Claro que si el dólar no estuviera tan débil es posible que los precios del petróleo no habrían sobrepasado la barrera de los 100 dólares por barril como han hecho. Todo ello induce a la conclusión fácil de que la estabilidad de las divisas es un asunto bastante más importante y necesario de lo que a veces se diagnostica.

En la medida en que las diferencias de las divisas han estado reflejando en los últimos meses las diferentes estrategias monetarias aplicadas por los dos bancos centrales (aunque a la postre no sea ese el único asunto que explica las oscilaciones en los tipos de cambio), podría parecer sencillo recomendar que ambos bancos centrales se pongan de acuerdo y desarrollen unas políticas monetarias coordinadas y más homogéneas. Da la impresión de que en esto de los tipos de interés se están aplicando los principios de la puñalada de pícaro, a ver quien logra engañar antes y mejor al adversario o al colega. No se entiende muy bien qué papel juegan los organismos supranacionales como el FMI, la OCDE o el mismo G-8, en donde todos los responsables de estos países se reúnen quizás para hablar de cosas en común. A la vista de los hechos, cabe sospechar que tales reuniones distan mucho de ser útiles. El mundo occidental, y el G-8 sería el escenario quizás idóneo, tendría que organizar una estrategia común para casos de gestión macroeconómica y monetaria como el que se nos está presentando y a punto de estallar bajo nuestros pies.