“Entender la ayuda como una forma de administración es claramente reproducir los niveles de desigualdad, corrupción, ausencia de libertad, fenomenales negocios con los que se ha manejado la ciudad y se sigue manejando”, explicó el legislador.

Hourest cargó contra la administración Macri porque en el presupuesto 2008 de la Ciudad de Buenos Aires, que es de 13,100 millones de pesos, “ninguno de los rubros incluidos para la inversión superó el 30 por ciento de la ejecución que prometió el jefe de Gobierno”.

“En una ciudad uno tiene que reconocer que hay brutales desigualdades que conforman cómo funciona la ciudad, y que además hay intereses muy concentrados que pretenden seguir haciendo negocios, como venían haciéndolos, y como siguen haciéndolos. Hay que estar muy preparado en términos políticos, no en términos empresariales, para tomar decisiones.”

Además, hoy su bloque legislativo va a presentar una denuncia penal sobre cuestiones relacionadas con distribución alimentaria. Aunque no quiso dar detalles anticipados, aseguró que se trata de otro manejo que complicaría a Macri: “La denuncia le va a demostrar a la Ciudad que la corrupción, el desprecio y el maltrato a los más débiles forman parte de la estrategia política real de la administración de PRO de la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció Hourest.

AUDIO: Martín Hourest, legislador por Proyecto Sur, en diálogo con La Mar en Coche.

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La decisión de la Cámara Alta, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kischnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto del vicepresidente Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades, las retenciones sirvieron para estafar al Estado en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al Fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.

La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevo al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en diputados no sirvió como advertencia: durante su tratamiento en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”.

Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la Ley Antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del P.J -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conurbano, y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, anti-democráticos, integrantes de una “nueva derecha” anti-popular; con los cuales es imposible llegar a cualquier tipo de consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.

Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e ignorando además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomisos no tributan ganancias.

Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses, ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.

La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevó al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en Diputados no sirvió como advertencia: en el Senado, el Gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con "el campo". Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones -dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del Gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la ley antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del PJ -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conurbano y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, antidemocráticos, integrantes de una "nueva derecha" antipopular; con los cuales es imposible llegar a cualquier consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del Gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.

Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo -impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse "errores de escala". Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos 200 mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e ignorando, además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomisos no tributan ganancias.

Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra "el campo" durante más de cuatro meses ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del Indec; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.

Por Pino Solanas y Alcira Argumedo de Proyecto Sur.

Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el máximo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.

Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lógica de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso,
tenga como único objetivo derrotar al gobierno.

No va a ser con un amontonamiento anti oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.

Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.

Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen y que tienen escasísimas diferencias pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.

Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso –como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula.

A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación, y en este contexto, no hay una situación en donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.

Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una
resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.

¡Acá hay que parar el negociado!
¡Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria!
Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto
no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma…

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Lozano.- …y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.

Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.

Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión, nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)

Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la rentaextraordinaria que allí existe.

Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector
agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.

Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por l Secretaría de Agricultura.

Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.

Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, si regirían las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.

Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.

Nuestro proyecto además, incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón de que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo. (Aplausos.)

Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás. (Aplausos.)

Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).

Entre el 11 de noviembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones. En ese período las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.

Este hecho, reconocido en el debeta en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).

Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.

Resulta inadmisible que una denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.

No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:

-   Frenar el negociado;
-   Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
-   Remoción de los funcionarios sospechados;
-   Recuperar los recursos públicos;
-   Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.

Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.

PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?

PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.

PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.

Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.

En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.

Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.

 MOVIMIENTO PROYECTO SUR

Fernando "Pino" Solanas, Alcira Argumedo, Luis Brunati, Claudio Lozano, Jorge Cardelli, Leopoldo González, Mario Mazzitelli, Jorge Selser, Carlos Del Frade.

De esta manera se refirió al conflicto desatado a raíz del aumento de las retenciones a las exportaciones del campo que impulsó el gobierno nacional hace 15 días y que hoy ha despertado la reacción tanto de pequeños y medianos productores como de la tradicional oligarquía agropecuaria.

Al referirse a las medidas oficiales, Solanas afirmó que “no se pueden discutir las retenciones, que son una medida de distribución del ingreso y una política que puede permitir canalizar recursos provenientes de la renta agraria, que nos pertenece a todos los argentinos, para reindustrializar el país y promover una política de desarrollo de pequeños y medianos productores agropecuarios”. “La política de retenciones – agregó Solanas - se tiene que ampliar a actividades como la minería, que es un negocio fabuloso para las multinacionales, donde el Estado tiene que controlar esa renta natural que tienen estos sectores por explotar recursos que son de todos los argentinos.”

Luego, el referente de Proyecto Sur cuestionó: “¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nuestro petróleo y minerales?”

Solanas planteó la necesidad de identificar a uno de los principales protagonistas de la crisis, los monopolios exportadores: “El conflicto desatado a raíz del aumento de las retenciones a la Renta Agraria está dejando de lado a uno de los principales protagonistas de la crisis: el sector exportador y las multinacionales del cereal. Los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, A.D.I.T y otros, son los que mandan, fijan el precio y se apropian innecesariamente de una millonaria renta que ha llegado hasta un tercio del total.” Y exigió que se diferencie a los pequeños productores de los grandes terratenientes: “No se puede mezclar la protesta de los pequeños productores con la de los grandes y la Sociedad Rural que terminan exigiendo la anulación total de las retenciones.”

El ex candidato a Presidente pidió la intervención en el sector, al igual que ocurre en países como Estados Unidos y Australia: “De los cinco grandes países exportadores de granos, EE.UU. y la CEE subsidian la exportación cerealera e intervienen directamente en apoyo de sus productores; los otros dos países -Australia y Canadá- mantienen el monopolio estatal sobre el comercio agrícola.” Solanas finalmente exhortó a no perder de vista que “de las más de 170 millones de hectáreas agropecuarias en todo el país, 45% está en manos de 4.000 dueños, entre 300.000 totales, apenas más del 1%. Pasamos de tener 430.000 productores en 1988 a 300.000 en 2002.” A raíz de esto, Solanas exigió: “se debe volver a hablar de Reforma Agraria y las retenciones son sólo una medida frente a la necesidad de articular un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, que tiene que incluir la restitución de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes; la nacionalización del comercio exterior en ambos rubros; políticas que permitan el acceso democrático, barato y con créditos de largo aliento a la tierra para volver a tener cientos de miles de productores, repoblar el país y reconstruir la soberanía alimentaria y las economías regionales”.

Tiro algunas líneas de análisis para extraer enseñanzas, siempre preliminares.

El sitio creado tiene dos objetivos políticos: oponerse al proyecto oficial de tren bala y proponer el rearmado de una estructura ferroviaria de tipo federal.

Si bien Proyecto Sur está impulsando el Tren Para Todos, la propuesta tiene un perfil no partidario. De hecho, quien más aparece llevando la batuta es Jorge Contestí, un ex-ferroviario. De esta forma, un tinte reivindicativo, gremial, caracteriza la cuestión.

Entre paréntesis: Es bastante extraño que en un país como el nuestro, donde el sindicalismo está tan desprestigiado, el mayor conflicto que atraviesa el actual gobierno pasa por un reclamo este tipo que los sectores agropecuarios están llevando adelante. De igual forma el Tren Para Todos, que aunque sea marginal en relación a la agenda nacional, es importante por lo que implica cualitativamente.

Es muy común que el swarming cyberactivista se dé unidad en la oposición. Más raro es que tenga características propositivas, como en este caso. La oposición al tren bala se traduce, por la positiva, como Tren Para Todos.

Hilando fino, el gringo me comentaba que la propuesta no rompe con la lógica unitaria creada por los ingleses en el siglo XIX. También me plantea que diversos intereses (como el de las aerolineas) pueden estar jugando en el medio, acentuando la campaña para aplacar la potencial competencia. Puede ser. También puede ser que la gran mayoría no sepa de que se trata el Tren Para Todos y simplemente pasen y firmen. Porque están contra el tren bala o contra el gobierno o... Vaya a saber.

En todo caso, hay algo acertado en el tópico. Los trenes han sido un permanente espacio de disputa. Los ingleses los crearon para saquearnos. Los nacionalizamos con Perón. Los endeudaron todos los gobiernos posteriores, sobretodo los milicos. El innombrable logró privatizarlos. Los seguimos peleando.

Me acuerdo, por ejemplo, los banderazos que hacíamos con el MP20. Tomabamos un tren y lo llenabamos de banderas celestes y blancas. Excelente llegada a la gente, cosa que no nos pasaba con tantas otras actividades.

Vamos a ver cómo continua. Seguro, la campaña del Tren para Todos no es la última acción que el cyberactivismo va a encarar por estas tierras. Habrá que ir analizando estas poderosas herramientas.

Desde ayer que estoy teniendo complicaciones para entrar en el sitio. Es intermitente: a veces agarra, a veces no.

He tratado entrar con diferentes browsers -Explorer, Firefox, etc- pero da lo mismo. No quiero entrar en elucubraciones conspirativas, sino simplemente preguntar si alguien más notó esto.

Pero no, no... Esto es joda.

Mientras los salarios no logran volver al nivel previo a la crisis de 2001 y la inflación continúa trasladando renta de los sectores populares a los grupos concentrados (cuestión que, todos sabemos, ya se siente cotidianamente), el Gobierno lanza el tren bala.

Recomiendo la nota de Andrés Jafelle Fraga y Marilina Esquivel donde explican las cuestiones centrales del proyecto. Vamos a puntear un par de cosas:

El proyecto es uno de los más ambiciosos en materia ferroviaria. El gobierno nacional, en el 2006, convocó a licitación y se presentaron tres grupos empresariales. Dos de ellos cayeron en el camino. El primero, vinculado a la alemana Siemens, porque no le dieron las cuentas. Era demasiado bajo el presupuesto que quería el gobierno para hacer la faraónica obra. El segundo, Obrascom, no dio con los requerimientos técnicos.

El grupo ganador fue Veloxia, compuesto por 4 empresas (Alstom Transport SA, IECSA SA, Grupo Isolux Corsan SA y Emepa SA). En Marzo de 2007 se aprobó la propuesta, concluyendo el proceso con la firma del contrato de obra y construcción el Mártes pasado.

En un primer momento, el proyecto iba a costar 1230 millones de dolares, pero la cifra ya se ha triplicado. Para colmo, el financiamiento iba a ser realizado por "el Banco Société Générale, que otorgaba un crédito por el 50% de la obra a una tasa del 5,2% anual y 16 años de plazo. Pero este año, una resolución del Ministerio de Economía del saliente Martín Lousteau estableció que lo haría el Banco Natixis por el 100%, a un plazo 30 años y a una tasa del 12% anual." Para eso, se emitirán bonos... en Euros!

No, no... No es para preocuparse. Veloxia aseguró que los primeros 7 años no hay nada que pagar. Después... Después veremos... Mientras el Club de París no se enoje, todo puede ser charlado.

Para cerrar el marco. El pasaje costará un tercio más que viajar en avión al mismo destino. El proyecto recibirá subsidios como todo buen proyecto parasitario. La tecnología utilizada no será nacional, así que no servirá para el desarrollo endógeno. Las redes ferroviarias seguirán desguazadas en todo el país. El monto que se gastará en el tren bala es equiparable a lo que en todo el 2008 el Presupuesto Nacional prevé destinar a Educación, Cultura, Agua Potable y Alcantarillado (13 mil millones de pesos).

El Proyecto Sur ha hecho una propuesta alternativa que llaman "Tren Para Todos". Transcribo las diferencias entre ambos proyectos:

EL PROYECTO DEL TREN BALA:

* 320 kilómetros por hora.
* Por lo menos 4000 millones de dólares.
* 1000 km de vías que solo podrá usar este tren, ya que no sirven para los trenes comunes, y sólo para transportar pasajeros.
* Un pasaje que costaría entre 300 y 400 pesos, inaccesible para la mayoría de la gente.
* Solo comunicaría 3 ciudades (Buenos Aires, Rosario y Córdoba). No comunica distintas zonas del país ni resuelve el problema de los pueblos que están incomunicados.
* Nos hace depender de la tecnología francesa. Este tipo de tren bala no ha funcionado en ningún otro país fuera de Europa porque necesita desarrollos tecnológicos muy complejos con los que nuestro país no cuenta para su mantenimiento.
* No reimpulsa la industria ferroviaria nacional.
* Aumenta la deuda externa, ya que una gran parte la financia el Banco Societe Generale de Francia.
EL PROYECTO TREN PARA TODOS:

* 120 km por hora (tres veces el promedio de velocidad actual).
* 3100 millones de dólares. 1000 millones de dólares menos que para el tren bala.
* 18000 km de vías reconstruídas a nuevo: 7000 km de vías para trenes de pasajeros y de carga y 11000 más sólo para trenes de carga. 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15000 vagones para carga.
* Los pasajes costarían varias veces menos de lo que cuesta actualmente un pasaje en micro.
* Llegaría a todas las zonas del país (Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia), a todas las grandes ciudades, y a cientos de pueblos que volverían a conectarse con las grandes ciudades, bajando costos de transporte y reactivando las economías regionales.
* Utilizaría tecnología nacional y del Mercosur al alcance de las capacidades de nuestro país.
* Reimpulsa la industria ferroviaria nacional con la construcción de vagones, el ensamble de locomotoras y la producción de repuestos, generando trabajo.
* El Banco Central tiene reservas por 50000 millones de dólares, es decir que se puede hacer sin aumentar ni un centavo la deuda externa.
La situación ferroviaria en la Argentina es caótica y peligrosa. Conflictos de diferente envergadura se han ido sucediendo por el mal servicio de los operadores. Y nada de infiltrados u otras excusas. Laburantes re-calientes porque los tratan como animales cuando son ellos los que generan la riqueza nacional. Nada más.

Para terminar, algunos enlaces vinculados:

www.viajecomoelorto.com.ar
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“¿Qué es el Proyecto Sur, Don Emilio?”, pregunta el personaje que interpreta Miguel Angel Solá en la película Sur. “El sueño de los sueños. La patria grande. El proyecto de los hombres libres del Sur”, contesta Ulises Dumont. Y agrega: “Te imaginás si recuperamos todo lo que el norte nos ha robado. Tendríamos para hacer varias patrias grandes” sostiene Don Emilio.

Proyecto Sur presenta para las próximas elecciones nacionales la fórmula Fernando Pino Solanas, presidente, Angel Cadelli, vicepresidente. En Santa Fe, este movimiento político, social y cultural se expresa en la Lista N° 30, Partido Socialista Auténtico (PSA). Y los candidatos a diputados nacionales son: Carlos Del Frade, Silvia Bianchi, Hugo Koffman, Cristina Solano, Eduardo Arguelles, Eduardo Althaus, Alberto Benedicto, Nelson Carrizo, Mónica Borrás y Francisco Palao. Proyecto Sur es recuperar la patria. Recuperar el estado nacional como herramienta a favor del pueblo en su historia cotidiana. Por eso, desde los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, proponemos proyectos vinculados a cada una de las etapas de vida de los habitantes del territorio y el país.

maternidad e infancia

- Revisión y unificación de todos los planes sociales que tienen como destino el cuidado de la maternidad y niñez, desde los cero a los cinco años. Recreación y control de los mismos, como el “Crecer sano” que, en los últimos meses, ha dejado de repartir leche a partir de los dos años. Hecho que generó el crecimiento de la desnutrición infantil desde los tres a los cinco años.
- Educación sexual y medios de prevención al alcance de todos para no abortar, y ley nacional contra la penalización del aborto. En la provincia de Santa Fe hubo 200 embarazos de chicas menores de doce años durante el año 2006, la mayoría de los casos como consecuencia de violaciones. Es necesario terminar con la hipocresía de diferentes sectores sociales, que dicen defender la vida y lo único que generan es la multiplicación de las muertes de mamás en los sectores populares. Por otra parte, la iglesia recién consideró pecado la muerte del feto a finales de la década del setenta del siglo diecinueve. Hasta ese momento, se imponía la idea de San Agustín de Hipona que consideraba que había alma en un no nacido.
- Ingreso único por niño nacido en hogares pobres en la Argentina, tal como lo propuso el Frente Nacional contra la Pobreza, en diciembre de 2001.
- Programa “Volviendo a Casa”, proyecto elaborado por la candidata Cristina Solano, y dirigido a niños que viven en la calle o en situación de calle. Esta realidad, vergüenza absoluta a la que el perverso sistema dominante nos acostumbró de manera siniestra, debe ser absolutamente ilimitada. Es imposible seguir aceptando que niños y niñas transcurran sus vidas en las calles, víctimas del hambre, el frío, la violencia, el acoso sexual, la drogadicción, el desamparo más brutal, en el momento en que son más débiles y necesitan y son merecedores de todo el amor, el cuidado y la protección adecuada. Para esto es necesario generar propuestas que los incluyan paulatinamente pero crecientemente. Niños que provienen – en general- de hogares disgregados, con alto índice de violencia, con padres desocupados, con madres solas, con bajo nivel de educación. Es imposible que los niños quieran volver a vivir en las mismas condiciones de las cuales huyeron.
 
adolescencia y juventud

- Ocho de cada diez adolescentes no termina la escuela secundaria en tiempo y forma. Es necesario saber por qué. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué necesitan? Proponemos una CENA (Censo Nacional Adolescente) para un nuevo amanecer. A partir de los doce años, y desde todas y cada una de las escuelas provinciales, y promovido y financiado desde los restos del Ministerio de Educación de la Nación.
- Plan Nacional ESCOBAs, para barrer el silencio. Espacios Comunicacionales Barriales. Con lo que queda de los ministerios de Educación y Trabajo nacionales, impulsar la generación de espacios que desde las escuelas permitan la integración de las tres generaciones: chicas y chicos, madres y padres, y abuelas y abuelos. Para que discutan los problemas del barrio, la ciudad y el funcionamiento de los organismos nacionales que deberían ayudar a sus necesidades y que, sin embargo, por ahora juegan en su contra. Funcionarían en la práctica, como auditorías populares de control y denuncia. Se rescata el espíritu de las asambleas populares del año 2002. Al mismo tiempo, se acaba con la propuesta liberal de que el pueblo solamente gobierna a través de sus representantes, y se vuelve al proyecto de José Gervasio Artigas, de asambleas que controlen y exijan cuentas a los funcionarios públicos cada seis meses. Es una ley que puede enmarcarse en los diversos proyectos de transparencia y democratización del estado.
- Ley de cupo de trabajo joven en medianas y grandes empresas de cada provincia. Firmas que tienen más de veinte trabajadores pueden – y deben- respetar porcentajes de cupos de empleo joven y en blanco para menores de veinticinco años. Y con jornadas laborales no superiores a las seis horas, como sucede en los países europeos. De tal forma se agregaría miles de trabajadores al circuito formal de empleo.

madurez

- Ley de cupo de empleo para mayores de cuarenta y cinco años. Segmento que constituye el núcleo duro de la desocupación a partir de los años noventa en la provincia y el país. Proyecto ya presentado en el Consejo Municipal de Rosario, que bien puede convertirse en ley nacional bajo los criterios apuntados para el empleo joven.
- Nueva política impositiva que permita “descontentar” – verbo utilizado por Mariano Moreno en el llamado “Plan de Operaciones”, el programa político de la revolución de mayo de 1810- a las “fortunas agigantadas que en pocas manos son perjudiciales al estado que de nuevo se constituye”, según decía aquel texto. Cargill exporta a razón de más de 4 mil dólares cada sesenta segundos desde Puerto General San Martín, y sin embargo no paga nada en conceptos de ingresos brutos por una decisión política del gobierno de Carlos Reutemann. Semejante obcenidad no puede ser permitida. Por ello es necesario redistribuir una nueva ley de coparticipación, que incluya la particularidad empresarial de cada provincia, tal como se expone en el programa nacional del Proyecto Sur.
- Implementación de la ley que prohibe la extranjerización de tierras, sobre la propuesta elaborada por Federación Agraria Argentina.
- Ley Federal de Radiodifusión, democrática, anticoncentración, y que legitime la propiedad y la finalidad social de medios de comunicación e información.
- Despenalización del trabajo periodístico. No basta con haber eliminado la figura del desacato: hace falta sacar del ámbito penal las potenciales agresiones contra el llamado derecho personal. Semejante acusación produce censura y, además, permite la multiplicación de poderes feudales, sean estos de origen político o económicos.
- Intervención federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también bajo el impulso de una ley de transparencia y democratización de las instituciones de legítimo interés colectivo. Después de casi treinta años del unicato de Julio Grondona, la AFA se ha convertido en una organización que ha legitimado el vaciamiento de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro; y se han constatado varios casos de lavado de dinero en contra de los patrimonios paridos por generaciones y generaciones de socios de cada punto del país. Es necesario la intervención del estado nacional para corregir estos defectos que favorecen a las minorías.
- Ley de creación de un Ministerio de Deportes, como ocurre en Venezuela y  Brasil. Una formidable herramienta de integración e inclusión social, ideal para combatir el narcotráfico y la espiral de consumidores – consumidos- violencia impuesta.
- Ley de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, para generar una nueva cultura que cobije e impulse la investigación desde un proyecto nacional garantizado por el Estado. En forma paralela se separa del Ministerio de Educación que debe volver a ser nacional y contener un mismo proyecto para todo el país. Estos proyectos deben ir acompañados de una transformación histórica, ya que ahora el presupuesto está en el punto dejado por la dictadura de abandonar la presencia del estado nacional en educación en solamente el 40%.
- Control y exigencia de rendición de cuentas de cada uno de las decenas de organismos del estado nacional que hoy funcionan en el territorio santafesino y que lo hacen a favor de las minorías. Desde las aduanas, a las fuerzas de seguridad nacionales (prefectura, gendarmería y policía federal) que permitieron que durante los años noventa el narcotráfico creciera diez veces sin que nadie le pusiera barreras que protegieran especialmente a las pibas y pibes del territorio, hasta el PAMI, fenomenal caja que parece funcionar a favor de prestadores privados y no en relación con la necesidad de sus afiliados, nuestros padres. Una ley que debe engancharse en el proyecto de transparencia e información pública para debatirse y luego corregirse desde aquellas auditorías populares con rango de órgano estatal nacional impulsado y promovido por los restos de los ministerios de Educación y Trabajo a través de los ESCOBAs.
- Control y exigencia de rendición de actividades de la justicia federal que persigue delincuentes de manos sucias pero deja impunes a los delincuentes de guante blanco. O que otorga recursos de hábeas corpus a empresarios despedidores y no juzga en tiempo y forma a las torturadores del genocidio.

vejez

- Programa de envejecimiento saludable – autovalencia, proyecto elaborado por la candidata a diputada nacional Cristina Solano. Generar en el Área de Tercera Edad una política que ponga su acento en la Prevención, evitando que las personas mayores entren en estado de fragilidad y dependencia, trabajando en promover el concepto de Envejecimiento saludable o auto valencia. Se trata de estimular el desarrollo de acciones que atiendan a fomentar y propender al ejercicio de la plena autonomía en las edades avanzadas priorizando la participación responsable de los actores en el cuidado de su propia salud (eje fundamental de la estrategia de Atención Primaria de la Salud). Esta concepción valoriza la Promoción de la salud tanto como la Atención de la enfermedad. El proceso de autocuidados constituye actualmente en el mundo, el eje de la planificación de las acciones de salud destinadas a la vejez. En la tercera edad, la Autovalencia implica también la responsabilidad de no transformarse en una carga para los otros ancianos que los acompañan, o para los más jóvenes, valorizando la responsabilidad social de los adultos mayores.
- Conadep. Auditoría, control y transformación del PAMI a través de aquellos lugares de participación, críticas y propuestas que serán los ESCOBAs.

recuperar la patria

Proyecto Sur es recuperar la patria, en el concepto etimológico del término patria: “la tierra de los padres”. Recuperar el sueño de ser felices a partir del trabajo digno, para que la palabra futuro vuelva a tener sentido. Para construir una herramienta de transformación social.
Para hacer realidad el Proyecto Sur.