Uno de estos trabajos es de José Luis Manzo, quien ha elaborado un reporte informativo con el título que hoy lleva este artículo. De su trabajo retomamos las siguientes observaciones.

Frente a la versión oficial, que repite de manera contundente y sistemática que Pemex es una empresa quebrada, oponemos una versión alternativa que se desprende del análisis de cifras oficiales relativas a los estados financieros de la empresa dictaminados por el auditor externo, correspondientes al período 1989-2006. Las principales conclusiones son:

1a. Pemex es una empresa estatal altamente rentable, que genera enormes utilidades. Ello, a pesar de la enorme corrupción, que merma los ingresos e infla los costos.

2a. El factor que explica que contablemente Pemex aparezca con pocas utilidades o con pérdidas crecientes, es la excesiva carga fiscal que le impone el gobierno a través de la SHCP. En el periodo 1998-2005, Pemex generó utilidades por 256 mil millones de dólares, pero pagó impuestos por 284 mil millones de dólares; ello le provocó una pérdida contable acumulada en el periodo por 28 mil millones de dólares.

3a. La carga fiscal de Pemex (impuestos como % de las utilidades generadas) cuadruplica la de empresas privadas en México y casi triplica la de otras empresas petroleras. Si la carga fiscal del 93% aplicada a Pemex en el periodo 1989-1997 constituye una aberración, la carga fiscal del 111% que se le impone en el periodo 1998-2005 constituye un crimen contra la economía nacional.

4a. Contratar deuda por 28 mil millones de dólares a lo largo de ocho años (1998-2005) para entregarlos a la SHCP bajo el disfraz de “impuestos”, infla en forma descomunal los pasivos de Pemex. El nivel de su endeudamiento para 2005 (100,352 millones de dólares) ya supera el valor de sus activos (97,830 millones de dólares).

5a. Así, la imagen que se proyecta de Pemex es que año con año registra pérdidas, en vez de utilidades; que sus pasivos ya superan el valor de sus activos; que su patrimonio se pulveriza y prácticamente ha desaparecido. Con ello, los voceros oficiales buscan crear en la opinión pública la falsa percepción de que Pemex es una empresa quebrada. Esto les permite concluir que “lo mejor para el país” sería ceder la explotación de la industria petrolera mexicana a empresas privadas que, esas sí, son eficientes y cuentan con los recursos financieros que Pemex no es capaz de generar.

6a. Sin lugar a dudas, el deterioro financiero de Pemex ha sido inducido de manera consciente por el gobierno mexicano a través de la SHCP. Ello no obstante, si existiese voluntad política, este camino podría desandarse en un plazo muy breve.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

El IFE prohibió utilizar en la propaganda oficial el término “Presidente Legítimo” y, además, multó con 731 mil pesos al PRD y PT por haber usado el término en sus promocionales políticos. Los argumentos fueron básicamente tres: se denuesta a la institución presidencial, hay afectación a un tercero (el titular del Poder Ejecutivo federal) y se busca cuestionar la legitimidad de quien detenta actualmente el cargo. Sucede que los mismos argumentos se podrían aplicar al expresidente Vicente Fox, pero el IFE ha decidido por ahora actuar únicamente contra López Obrador. Con una visión estrictamente formalista del Derecho, la autoridad electoral cree poner fin a uno de los problemas de origen de la actual institución presidencial, el relativo a la legitimidad de su naturaleza e investidura.
En un Estado de Derecho Democrático, lo legal es legítimo. La legitimidad significa “lo que es conforme a las leyes, lícito, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”. La pregunta es: ¿somos en verdad un Estado de Derecho Democrático, como para considerar que lo legítimo es legal, y viceversa? Por supuesto que no. En términos históricos, culturales, sociales y cívicos, en nuestro país tenemos razones de sobra para dudar de la visión formalista a ultranza que equipara la Ley con la Justicia. La ley es la aplicación de una norma vigente. La justicia, en cambio, es “dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.
¿Cuántas leyes son injustas? Es decir, ¿cuántas veces lo legal se utiliza para despojar a alguien de lo que le corresponde o pertenece? La más de las veces. Lo normal es la ley ruda y dura, no justa; la aplicación discrecional, no universal; el abuso en nombre de la ley, no la procuración de lo legítimo.
La ley vence, la legitimidad convence. La ley es fuerza, la legitimidad es conciencia. La ley se impone, la legitimidad persuade. La ley se aplica por terceros, la legitimidad se explica por sí sola. Una ley sin legitimidad es imposición y autoritarismo. Por su parte, la legitimidad sin ley es un  contrato social expuesto al abuso. La ley es un asunto de abogados, policías y jueces, la legitimidad un tema de juristas, líderes y estadistas.
Lo ideal es que legalidad sea sinónimo de legitimidad. Pero el México ideal no existe en la realidad. Lo cotidiano y lo normal es que la legalidad se mantenga divorciada de la legitimidad. Por ello estamos lejos de ser un Estado Democrático de Derecho.
Al prohibir la denominación “Presidente Legítimo”, la mayoría de los consejeros del IFE seguramente pensaron que así se resolvía el problema de origen de la actual institución: la falta de consenso, aceptación y convencimiento en torno a la “Presidencia legal” o “constitucional”. Seguramente con esta medida, el 33% de los ciudadanos que pensamos que la elección presidencial del 2006 fue producto de un fraude vamos a cambiar de punto de vista. Nada más ilegítimo que esa forma legal de actuar. López Obrador seguirá siendo “Presidente Legítimo” con o sin autorización legal de la autoridad electoral.
Ahora bien. ¿Ha servido de algo la “Presidencia Legítima” de AMLO en sus 18 meses de vida? más allá de la utilidad política coyuntural para AMLO y el FAP, que les ha permitido mantener la cohesión, la mayor aportación al país de la “presidencia legítima” es de naturaleza institucional y parlamentaria. Gracias a esa figura inédita en la vida opositora de México, el vasto movimiento electoral que se generó desde la izquierda no se salió de cauce o de madre después del inédito, decepcionante y controvertido resultado del dos de julio. Valga la referencia; lo que no logró contener el fallido plan hidráulico en Tabasco con las crecidas del río Grijalva, sí lo alcanzó a ser en el plano político la “presidencia legítima” de AMLO al dar cauce institucional a la rabia, descontento y furia de una elección polarizada y confrontada al extremo.
Otra aportación no menos significativa es la innovación de las prácticas parlamentarias desde la oposición. La “presidencia legítima” generó las mismas reacciones, rechazos y burlas que en su momento despertó la figura del “gabinete de sombra” en la Inglaterra del siglo pasado. Hoy es moneda de curso legal en éste y otros países. En casi dos años, la sombra de la “presidencia legítima” ha servido de contraste político y contrapeso parlamentario a la alianza PAN-PRI en las cámaras. Sin detentar la presidencia legal, la “presidencia legítima” ha logrado retrasar proyectos privatizadores en Pemex, empujar uno de los mayores gastos sociales de combate a la pobreza, posponer los efectos antipopulares del “gasolinazo”, impulsar algunas medidas de austeridad en el aún excesivo gasto corriente del gobierno, virar hacia América Latina en la política exterior y, de manera notable, acicatear una respuesta pronta a la población en casos de desastres naturales como la inundación en Tabasco. Sin la sombra permanente de esta otra presidencia, la actual presidencia de facto estaría entregada en cuerpo y alma a los poderes fácticos, a los cuales precisamente se debe.
Un examen objetivo sobre la “presidencia legítima” nos dirá que son más las aportaciones de esta inédita figura política a nuestra democracia que los daños supuestamente infligidos al país o a sus instituciones, como lo argumentó la mayoría de los consejeros del IFE.
Por último, habrá que preguntar: ¿Qué dañó más al país y a la institución presidencial, la “Presidencia Legítima” de AMLO o el invento institucional llamado “pareja presidencial” que padeció el país el sexenio pasado? Estas dos varas del IFE para medir un mismo fenómeno es, en sí mismo, un ejemplo más de cómo lo legal no siempre es lo legítimo.

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Suministrar aspirinas económicas al enfermo que padece un cáncer social es la esencia del populismo de derecha. “Populismo de derecha sería el que manipula aspiraciones y creencias de los sectores empobrecidos, y hasta incluso satisface parcialmente las menos riesgosas y costosas, para aplicar políticas económicas que van en contra de sus intereses” (“¿Nace un populismo de derecha?” (labarbarie.com.ar).

El método más socorrido del populismo de derecha es tratar de gobernar la economía mediante decretos presidenciales. Un decreto para posponer el aumento de la gasolina, luz y gas. Otro decreto para rebajar las cuotas de las autopistas durante las vacaciones de verano y apoyar así “la economía familiar” durante dos meses. Un llamado al Banco de México para que disminuya las tasas de interés, el que autónomamente hace lo contrario. El más reciente desplante populista es la canasta congelada de productos básicos, que a decir de varios expertos en nutrición, abarroteros y asociaciones de consumidores resultó ser “una tomadura de pelo”.

Para identificar las desviaciones y falsificaciones en las que incurre un populismo de derecha nada mejor que contrastarlo con las versiones originales que hemos padecido en otros momentos de nuestra vida pública. Por ejemplo, cuando Luis Echeverría congelaba el precio de los productos básicos abarcaba todas las presentaciones de la canasta popular, no un grupo de 150 marcas. Anunciaba también cada año una medida complementaria: aumento salarial de emergencia.

De la misma forma, cuando José López Portillo accionaba el Estado corporativo para detener la inflación, reunía a todos los sectores productivos del país (empresarios, obreros y campesinos), suscribía con ellos un pacto en Palacio Nacional y, en efecto, los precios se desinflaban a lo largo de un periodo extenso. Cuando Carlos Salinas redujo en 15 por ciento los precios de los productos básicos, lo hizo a las pocas semanas de haber asumido el cargo, no a los dos años de su elección.

El congelamiento de precios de poco más de 150 productos básicos concertado entre la Concamin y el gobierno federal es una versión apócrifa de aquellos pactos populistas tan añorados. Una versión pirata del populismo económico de “la presidencia imperial”. ¿Ya revisó usted la lista de los productos congelados? Son chiles, atoles y harina para tamales.

El anuncio mismo es un fraude: los dizque 150 productos en realidad se reducen a 24 mercancías de la canasta básica, las cuales tienen 150 presentaciones o marcas. La canasta familiar se integra con 46 productos, de los cuales se controla solamente la mitad. Quedan fuera pollo, carnes, huevos, leche, tortillas y verduras. La canasta que blinda contra la inflación es la llamada “canasta chatarra”, integrada por sardinas, frijoles enlatados, jugos de piña y sopa de lentejas. Es el tipo de despensas que se reparten a los damnificados de los desastres naturales.

Por otra parte, el congelamiento es un eufemismo. En los últimos tres meses esos mismos productos aumentaron entre 20 y 32 por ciento, como le consta a las amas de casa que todos los días hacen el mandado, por lo que los industriales de los alimentos ya se cubrieron, protegieron y blindaron para todo el resto del año. Son como las promociones o “gran barata navideña” de algunas tiendas departamentales: primero suben los precios y luego anuncian las ofertas.

Si el señor Felipe Calderón ya decidió ser populista y gobernar la economía desde Los Pinos, mediante decretos que congelen temporalmente precios, lo debe hacer sin vergüenza alguna y con todos los cánones del manual de procedimientos del político populista. Uno, debería crear una subsecretaría de control de precios en la Secretaría de Economía. Dos, resucitar el desfile del 1 de mayo y anunciar al término del mismo un aumento salarial dos veces arriba de la inflación. Tres, debería olvidarse definitivamente de privatizar el sector energético, porque la primera medida de los inversionistas será aumentar el precio de la gasolina, luz y gas, con lo cual suben todos los demás insumos. Cuatro, el congelamiento deber ser permanente, no por periodos preelectorales.

Claro, el populismo original resulta bastante caro (en el sentido de costos y afectos populares). El populismo de derecha, en cambio, es más barato, como sucede con todo producto pirata.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

La fuente de información es el mismo IMSS. Según esta institución, el principal error es que muchos trabajadores reportados como nuevos no lo eran en realidad, pues simplemente migraron del empleo eventual al permanente. “La metodología anterior contabilizaba el tipo de trabajador conforme a lo declarado por cada uno de los patrones al momento de dar de alta o tramitar un reingreso. La nueva metodología consiste en considerar el último movimiento afiliatorio del trabajador”, informó el IMSS.

El error se viene arrastrando desde la administración de Ernesto Zedillo, fue reproducido por el gobierno de Vicente Fox y le sirvió a Felipe Calderón para manejar publicitariamente una mejoría del país que no existe. El IMSS ha tenido el valor de corregir su “error metodológico” (lo cual por otra parte es una obligación, no una acción opcional), pero ahora corresponde a la presidencia pedir una disculpa a la ciudadanía por haber vendido como liebre lo que en realidad era un gato…, o un oso laboral.

Muchos señalamos en su momento que el casi un millón de nuevos empleos sólo existían en “calderolandia”, en el papel, no en la realidad, mucho menos en las mesas de los mexicanos, que seguían padeciendo carestía y penurias. Nos decían mitómanos, retrógradas y mentirosos. Hoy la verdad sale a flote y el gobierno deberá ofrecer algo más que una simple corrección.

¿Cuántos “errores metodológicos” más andan circulando por todo el país, falsificando y manipulando la realidad? Son varios y de gran trascendencia. El más evidente, la inflación que maneja el Banco de México. ¿Quién cree que el incremento de precios en los últimos doce meses es de 4.4%, cuando la canasta básica ha registrado aumentos del 25% en promedio? Otra más, ¿quién cree en las cifras oficiales que tratan de demostrar que el salario de los trabajadores ha recuperado su poder adquisitivo? ¿Quién da crédito a las cifras gubernamentales de disminución de la pobreza en el país, que registran 14 millones de menos pobres en los últimos años? ¿Quién cree en las estadísticas oficiales que dicen que el campo mexicano ha salido beneficiado con el TLC? ¿Quién avala los “partes de guerra” que pretenden hacer creer que el gobierno está ganando la lucha al crimen organizado?

El México oficial es un México virtual. Está construido sobre una gran pila de errores metodológicos. El más notable: el error metodológico del dos de julio del 2006, ¿quién puede creer que 0.45% hizo la diferencia?

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Los "emo" se autodenominan "una nueva tribu urbana", junto con las otras tribus de jóvenes que pueblan las selváticas ciudades mexicanas, grandes y medianas. Estas otras tribus son un poco más conocidas: darketos, punketos, escatos y metaleros. En conjunto, estos grupos son comunidades de identidad social básica, donde los jóvenes comparten y asimilan ideologías, culturas, vestimentas y hasta lenguajes distintivos.

Durante más de una década, el término "emo" fue utilizado casi exclusivamente para describir un género de la música rock que predominó en los años '80. Sin embargo, durante los años '90, cuando la música "emo" comenzó a ser popular, el término fue utilizado para identificar una manera joven de ver la vida y la sociedad.
La palabra "emo" es apócope de la palabra "emocional". Se le asocia también como una contracción del "hardcore emocional" o del "emo-core", que eran las designaciones populares de este género de la música. Pero dejemos a la jóvenes "emo" (14 a 21 años) que expliquen su estilo de vida, de acuerdo a diversos testimonios periodísticos e investigaciones sociológicas.
Su ideología, señalan, es sobre todo "emocional". Se guían por propias emociones, más que por razones, intereses o convencionalismos sociales. Comparten una peculiar forma de vestir donde predomina el color negro para los hombres y el rosa para las mujeres, con dualidad entre ambos. Otra característica es el peinado que les cubre un ojo, en ocasiones ambos, como una forma de ocultar parte de su identidad. "Es como un velo", dicen algunos.

Se podría decir que presentan especial importancia y decantación por los sentimientos y la realización de la persona desde el punto emocional, ya que las canciones se centran en el amor, el odio o la desilusión por la vida. Esta forma peculiar de vestir y concebir la vida ha creado ciertos prejuicios en contra de los "emo". El más conocido de ellos es su presunta disposición a los suicidios.
Andrés Alcántara Camacho, académico de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, menciona que los "emo" tienden a presentar un perfil psicológico depresivo. "Lo más grave es que incita a jóvenes con tendencias a la depresión a identificarse con estas ideologías, encontrando de esta forma factores que generen aun mayores depresiones que los pueden llevar hasta terminar con su vida". Sin embargo, esta imagen se debe a la desinformación que se ha dado en torno a este movimiento, y sobre todo a quienes lo ven solamente como una moda más, sin saber realmente sus orígenes.
Otros mitos o prejuicios que se atribuye a los "emo" son su supuesta inclinación a la anorexia (todos ellos son delgados); las relaciones entre personas del mismo sexo y el cultivo de la figura andrógina del adolescente, donde no se distingue por su vestimenta y apariencia al hombre y a la mujer (Wikipedia).
Al ser los últimos en aparecer en la selva de concreto, los "emo" adoptaron visiones, costumbres, expresiones y manifestaciones culturales de las otras tribus urbanas. Sin embargo, éstas no los han visto como una suma o síntesis de las tribus precedentes, sino como vulgares imitadores, usurpadores o pervertidores de las formas de vida de los darketos, punketos, escatos o metaleros. Por ello los persiguen, acosan y agreden. Sin embargo, esta es una forma de intolerancia que no se puede permitir en la sociedad mexicana. Mucho menos entre los jóvenes, que son símbolo de apertura, pluralismo y civilización.

Desde el punto de vista de la autoridad y de los adultos, hay que considerar a los "emo" como lo que son. Una expresión de protesta contra una forma de vida familiar y social, una forma de marcar distancia respecto a una forma de gobernar que tiene en el olvido y en el rezago al sector más importante de la población, donde radica el verdadero futuro de un país: los jóvenes. Su forma de ser individual es un rechazo al tipo de sociedad que le ha tocado vivir. Un país donde las familias se desintegran por motivos económicos, un sistema escolar que los prepara para el desempleo, un sistema económico que los obliga a emigrar y un sistema cultural que los discrimina por su forma de vestir, de amar y de pensar.

Los jóvenes, como los "emo", no son un problema para el país. Al contrario, son un bono social, económico y político. Pero se requiere de políticas públicas que les abran paso, y no las tenemos. Educación, empleo y salud, son las preocupaciones de los jóvenes. Mientras no tengamos en el país una educación de calidad, una política económica que genere empleos bien remunerados y un sistema de seguridad social que proteja la riqueza humana que es la juventud, ese bono puede convertirse en una pesadilla.
Mientras tanto, estos son algunos datos que revelan la magnitud del reto que tenemos con nuestros jóvenes:
El II Conteo de Población y Vivienda 2005, registró 103.3 millones de habitantes en el país; de ellos, 26.3% son jóvenes (15 a 29 años).
Entre 2000 y 2005, el número de jóvenes de 15 a 29 años pasó de 27.22 millones a 27.18 millones. Su tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso fue de -0.03%, mientras que la población total del país creció a un ritmo de 1.0 por ciento. El hecho de que la población joven crezca menos que la población total es uno de los factores fundamentales del envejecimiento poblacional del país.
Durante el primer trimestre de 2006, la Población Económicamente Activa del país ocupada joven, fue de 13.9 millones. Los jóvenes representaron en este periodo 33.6% de la fuerza de trabajo total.
La principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes; de éstos, los de tráfico de vehículos de motor representaron 55.9% del total de decesos por esta causa. Alcohol y drogas son los factores más comunes.
Para tener una idea más clara del significado de estas cifras, es necesario señalar que la cantidad de jóvenes de hoy en día es equivalente al tamaño de la población mexicana en 1940, lo cual nos confirma que México es un país de jóvenes, pero lo que está viejo y agotado es su sistema económico y político.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

El día 10 de mayo debería ser en México “el día nacional del matriarcado”. La denominación “día de las madres” se queda corta frente a los afectos, pasiones, motivaciones, intereses y recursos que ese día se ponen en movimiento a escala nacional.

Huérfanos de identidad como nación independiente, las mexicanas y los mexicanos encontramos en el día de la madre un vientre cultural donde mitigar con relativa seguridad y comodidad esa orfandad (Samuel Ramos y Octavio Paz dixit).

Ya instalados en la “modernidad” del último medio siglo, con su cauda de disolución de los vínculos tradicionales (entre ellos, el apego solidario a la familia y a la madre), el 10 de mayo se ha convertido en un acto de expiación colectiva para compurgar los 364 días anteriores de olvido y abandono sistemáticos.

Ese día buscamos llenar el “hoyo negro” del alma nacional con el mecanismo de las sociedades mercantiles: comprar, comprar y comprar. Ese día vaciamos las florerías, llenamos las tiendas y abarrotamos los restaurantes. ¿Cuánto costaron las rosas rojas con girasoles amarillos y listones blancos el sábado pasado? Según la hora. Amanecieron al doble del día anterior. Al mediodía estaban tres veces más caras y a las ocho de la noche ya costaban lo de hoy y los días anteriores. ¿Especulación o mecanismos de libre mercado?

¿Trató de ir a un restaurante el pasado sábado? Lista de espera de dos y tres horas. Una vez conseguida la mesa anhelada, problema de insuficiencia de sillas, ya que una buena cantidad de ellas se destinan a amortiguar las horas de estancia en la banqueta. Sentado usted en un improvisado banco de madera, descubre que la mitad de los platillos de la carta ya se agotaron, por lo que deberá resignarse a pedir la sopa de fideos que nunca se acaba y la gelatina del día que resistió la embestida de los comensales.

Se estima que el pasado 10 de mayo los mexicanos gastamos una cifra similar a la de Navidad y Reyes Magos. Es también el segundo o tercer día donde converge el mayor número de familias en torno a un acontecimiento (los otros referentes son la navidad y el sepelio de un ser querido). Y es el día donde prácticamente nadie –ni el gobernador de Jalisco-- hace referencia a la “mención más mentada” del vocabulario mexicano.

Matriarcado, dice el diccionario, es la sociedad que gira en torno a la figura nuclear de la madre. En efecto, nuestra economía y nuestra cultura le rinden tributo. Seríamos una sociedad matriarcal pura de no ser por otros rasgos culturales que contradicen nuestro culto a la madre. Me refiero al “machismo” ancestral, a la subordinación de género, a la discriminación económica y a la violencia social e intrafamiliar que de manera creciente afecta a las mujeres mexicanas (por ejemplo, los feminicidios).

Tan afectos a los días festivos, deberíamos hacer coincidir el 10 de mayo con el día de la mujer mexicana, para que el simbolismo cultural del primero neutralice la cruda realidad de género que vivimos cotidianamente en nuestro desigual país.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Está en curso un proceso de comunicación y acercamiento entre el gobierno y el EPR que es necesario ubicar en su justa dimensión.

Destaca en primer término la voluntad de acercamiento entre dos posturas opuestas en extremo: por un lado un gobierno de derecha que hace del Derecho un discurso de dominación, por el otro un grupo de extrema izquierda que hace de la vía armada un recurso de presentación. ¿De dónde nace esta voluntad de acercamiento de los extremos? De una necesidad política mutuamente compartida.

El gobierno tiene la necesidad objetiva de cerrar diversos frentes de batalla para los que “el monopolio de la violencia legítima” resulta ineficaz o no está dando los resultados esperados (el combate al crimen organizado, el repunte de los delitos del fuero común, el crecimiento de la emigración centroamericana, el malestar ciudadano por el alza de alimentos, la resistencia de la oposición de izquierda a una negociación de reformas privatizadoras y hasta el posible incremento de desastres naturales que cada año amenazan a la población civil). Simple y sencillamente, no hay ejército para tantos frentes ni presupuesto que lo financie.

Por el lado del EPR, desde el primer comunicado donde plantea una comisión de intermediación, no oculta los motivos de su inédito cambio de postura: el acoso a sus integrantes y la persecución de familiares y círculos cercanos a los guerrilleros disidentes. Debemos presumir que estaba en curso una inminente represión oficial que implicaría la desarticulación o extinción física de uno de los grupos políticos armados más antiguos del país, y entonces optaron por una iniciativa audaz: pasar de la ofensiva armada a la ofensiva política, planteando la intermediación.

Hay que dar la bienvenida a este ejercicio político, así sea por intereses estrictamente coyunturales de las partes, y no en función de un proyecto mayor de reforma democrática del Estado. Por lo pronto, debe advertirse que el acercamiento en curso no está exento de riesgos, amenazas y desencuentros. La mayor parte de ellos, provenientes del propio gobierno. Por ejemplo, no existe en su interior una postura homogénea sobre la necesidad y conveniencia del diálogo. Hay quienes ven en el planteamiento del EPR una prueba de su debilidad y apremian a dar el zarpazo final. Otros, en cambio, ven en el grupo armado disidente el interlocutor de izquierda que han buscado y no encontrado, en el afán de conseguir una legitimidad y reconocimiento político de este sector plural y diverso.

Si el gobierno tiene voluntad política real de un diálogo con el EPR debería por empezar a construir la infraestructura institucional y jurídica que encauce lo que ahora es un simple deseo de realización incierta. No hay propiamente un “manual de procedimientos para negociar con la guerrilla”, pero sí experiencias previas, en México y en otros países (especialmente centro y sudamericanos), que deben servir de referentes. Uno, las mediaciones son inevitables al inicio del proceso; no es posible pedir a un movimiento armado que salga del clóset de la clandestinidad con las manos arriba --y con lo que traiga puesto-- a un “diálogo directo”; se requiere de traductores (mediadores) entre quienes dicen que está amaneciendo y quienes piensan que inicia la noche. Dos, tener un protocolo para las reuniones de acercamiento (agenda, tiempos, documentos y comunicados), especialmente prever la manera de abordar los acontecimientos que puedan dinamitar o contaminar el proceso de negociación. Tres, una ley que proteja a los rebeldes (amnistía, por ejemplo, en lugar de órdenes de aprehensión), que estimule a las partes a sentarse y a llegar acuerdos, pero ante todo, que blinde el proceso de negociación de los halcones, los duros y los “yunques” que siempre sobran en un gobierno (máxime sí es de derecha). Cuatro, no plantear como requisito inicial lo que en realidad es meta final (desarme, conversión a la vida política, incursión en la vida electoral o fundación de un movimiento social). Quinto, no “sobrevender” la negociación; no esperar grandes cambios estructurales de lo que realmente son aspectos procedimentales o coyunturales.

La aportación más valiosa de este tipo de negociaciones para las partes involucradas se llama tiempo. Tiempo para reorganizarse. Tiempo para reinventarse. Tiempo para respirar. Tiempo para adelantarse en las demandas. Tiempo para explorar otras opciones. Tiempo para seguir luchando. Tiempo para perdonar. Tiempo. Para algunos es poca cosa. Para otros puede ser la diferencia entre vivir o morir.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

“Lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios” (Mateo 22: 15-21). En la cultura occidental, este es el planteamiento más antiguo sobre la necesidad de mantener separados los asuntos del Estado y las iglesias. Lo estableció Jesucristo, hijo de Dios para los cristianos, y quedó para la posteridad en la Biblia, no en una constitución política anticlerical o jacobina.

Es necesario recordar que en las actuales religiones dominantes solo el cristianismo original establece de manera ecuménica esta separación entre lo estatal y lo religioso, entre la esfera del comportamiento público y la esfera privada de la libertad de creencias. En el islamismo, budismo, hinduismo y, por supuesto, en algunas religiones politeístas de Africa y Asia, esta frontera no se delimita de manera tajante. Más aún, la ciudadanía es un atributo de la religiosidad y el Estado es un ente al servicio y promoción de la religión oficial dominante.

Pues bien, algunos gobernadores de México, identificados partidariamente con el PAN, tal parece que han abjurado del catolicismo que dicen profesar y se han convertido al islamismo, budismo, hinduismo o a alguna otra forma de fundamentalismo religioso. Ellos quieren quitar al fisco lo que es del César y entregárselo en tributo a los representantes de Dios en la tierra. Una especie de “expropiación” de recursos públicos, por causa de utilidad religiosa. Las Leyes de Reforma al revés.

Hay que señalar que en el mundo contemporáneo, esta causal de confiscación de bienes públicos por motivos religiosos se practica activamente en dos comunidades: los chiítas de Irán y los kurdos de Iraq. Para ellos es algo normal, natural y justo apropiarse de los bienes del Estado para destinarlos a fines confesionales. El petróleo y los impuestos son de Dios. El gobierno y los cargos públicos son una gracia del cielo y, por lo mismo, al cielo deben pagar tributo.

Los mandatarios de Jalisco y Guanajuato, Emilio González Márquez y Juan Manuel Oliva Ramírez, han emprendido un proceso de desincorporación de recursos públicos por causa de utilidad religiosa que causaría la envidia de los gobernadores del Kurdistán. El primero ha destinado 105 millones de pesos del erario para dos obras piadosas: la construcción del santuario de los mártires (90 millones de pesos) y para reforzar los fondos del banco diocesano de alimentos (15 millones). Mientras que el mandatario de Guanajuato ha destinado 80 millones de pesos (con apoyo del gobierno municipal de la ciudad de León, de filiación panista) para la adquisición y demolición de edificios circundantes a la catedral del estado. En esta entidad también se registra otro caso notable de donación pública con fines celestiales: el alcalde panista de Salamanca, Ignacio Luna Becerra, donó a la Diócesis de Irapuato más de dos hectáreas de tierra valuadas en casi dos y medio millones de pesos para construir dos iglesias, una en las colonias Los Sauces y otra en Villa Petrolera. En dos entidades más, gobernadas coincidentemente por el PAN, están en curso entregas similares de recursos públicos, Morelos y Querétaro. Es decir, la kurdistanización del erario cunde como cáncer público.

El argumento propiciatorio de estas megalimosnas con cargo al fisco es la “promoción del turismo religioso”. Esta explicación fortalece más la sospecha de que algunas autoridades panistas profesan realmente el islamismo o el judaísmo y no el catolicismo. El prototipo de “turismo religioso” en el mundo son los santuarios de La Meca en Arabia Saudita, la Mezquita de Omar en Jerusalén y El Muro de los Lamentos en la misma ciudad santa. ¿Es que Guadalajara y León están destinadas a ser La Meca de los católicos mexicanos? ¿Hacia esos dos nuevos lugares santos habrá que dirigir en un futuro no muy lejano los rezos de los mexicanos devotos cinco veces al día?

En nuestro país, los tres lugares de peregrinación más populares, seleccionados de manera natural por los católicos mexicanos, no por el capricho de autoridades fundamentalistas, son la Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Juan de los Lagos y el santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros. Si en algún lugar se justifica la aplicación de partidas públicas para fortalecer el “turismo religioso” sería en estas plazas.

¿Y qué decir de las religiones no católicas que existen en el país y que también congregan año con año a miles de ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus derechos de profesión de creencias? En la misma ciudad de Guadalajara se encuentra la sede de la iglesia “la nueva luz del mundo”, que reúne medio millón de mexicanos cada año. O los testigos de Jehová que suman dos millones de mexicanos en el país. O los mormones, que suelen congregar a miles de creyentes en sus celebraciones. ¿Ninguno de ellos tiene derecho a recibir recursos públicos bajo el concepto de “turismo religioso”? ¿Es que ellos profesan religiones de segunda clase o una suerte de paganismo moderno?

Las obras piadosas que hoy se financian con recursos públicos antes se hacían con recursos esencialmente privados. ¿A qué se debe este cambio en la fuente de financiamiento? Seguramente a que las limosnas de los fieles son insuficientes. Fieles pobres, limosnas pobres. Pero también, es probable que la iglesia católica ya no quiera recibir recursos de los creyentes ricos por la explicación que dio el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez hace unos días: “No hay rico, rico, rico que sea honrado, porque trabajando nadie se hace rico, si así uno se hiciera rico, los burros serían los más ricos”. Es decir, ante lo exiguo de las limosnas de la gente pobre pero honrada, y la sospecha de las donaciones de la gente rica pero deshonesta (“los mexicanos que salen en Forbes”, precisaría después el Cardenal; es decir, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera, Alberto Bailléres, Alfredo Harp Helú, María Asunción Aramburuzabala, Jerónimo Arango y Carlos Peralta); es de esperar que en el horizonte azul solo quede libre de pecado y protegida de toda perturbación la generosa hacienda pública mexicana.

Las limosnas o donaciones con recursos del César son violatorias de todo tipo de ordenamientos. Desde la Biblia misma hasta la Constitución, pasando por la Ley de Asociaciones Religiosas y la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación y las correspondientes a los Estados. Violan los principios de igualdad, equidad, seguridad jurídica, justicia tributaria y laicidad del Estado mexicano. Al menos, claro, que hablemos de una provincia llamada Jalisco, en Iraq, o de una región llamada Guanajuato, en Irán. Aquí, por cierto, se castigan severamente las malas palabras, las injurias y las mexicanísimas mentadas de madre.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

OEM – Martes 6 de Mayo de 2008.

La canasta básica se integra con poco más de 80 bienes y servicios considerados indispensables para que una familia satisfaga sus necesidades de consumo a partir de su ingreso.

Estos bienes se agrupan en ocho rubros: 1) alimentos, bebidas y tabaco; 2) ropa, calzado y accesorios; 3) vivienda; 4) muebles, aparatos y accesorios domésticos; 5) salud y cuidado personal; 6) transporte; 7) educación y esparcimiento; 8) otros servicios.

Pues bien, de estos rubros el más importante es, por supuesto, el de alimentos, bebidas y tabaco. En los últimos doce meses (de abril de 2007 a abril de 2008) los precios de los ingredientes básicos se han incrementado de manera alarmante.

Así han aumentado los productos alimenticios: jitomate, 86 por ciento; aceite, 85 por ciento; harina de trigo, 59 por ciento; manteca, 38 por ciento; arroz, 33 por ciento; huevo, 31 por ciento; pastas, 19 por ciento; pollo, 12 por ciento; pan blanco, 12 por ciento; leche, 11 por ciento; pan dulce, 10 por ciento; carne de res, 10 por ciento; refresco, 8 por ciento; café, 6 por ciento; frijol, 4 por ciento; tortilla, 3 por ciento.

Estos aumentos rebasan diez y hasta quince veces la inflación estimada (y maquillada) del Banco de México de 4.53 por ciento y los aumentos irrisorios de 4 a 6 por ciento de los salarios de trabajadores y empleados.

Carestía es, con mucho, el problema que enfrentan actualmente las familias mexicanas, y se antepone ya a los problemas "macro" como el desempleo, la inseguridad y la educación percibidos por la mayoría de los ciudadanos de manera persistente.

Carestía es también la nueva realidad mexicana que está golpeando la popularidad y aceptación del actual Gobierno, que ve caer sus índices de manera proporcionalmente directa a la subida de los precios de la dieta nacional. Es una relación clara y directa: sube la tortilla, baja el PAN.

La carestía de los alimentos no sólo golpea la economía de las familias mexicanas, especialmente las de menores recursos, que destinan hasta el 60 por ciento de sus ingresos al primer rubro de la canasta básica. Golpea también a las finanzas públicas, que se empieza a comer literalmente los excedentes petroleros y desequilibra la balanza comercial. En efecto, en 2007 se destinaron 5 mil millones de dólares a la importación de 127 alimentos e insumos agropecuarios, mientras que los excedentes petroleros fueron de 4 mil 452 millones de dólares.

La carestía está lejos de ser un problema coyuntural o una simple "burbuja inflacionaria". Es un problema que apenas empieza y se estima que para el mes de septiembre habría situaciones de desabasto y racionamiento de alimentos no registradas en las últimas dos décadas.

Se responsabiliza de la carestía al cambio climático (sequías prolongadas en regiones productoras de alimentos, como Australia), al crecimiento exponencial de las clases medias en China y la India, y a la demanda de biocombustibles. Todo eso es cierto. Pero en nuestro país hay un agravante inocultable: el abandono del campo por parte de los sucesivos gobiernos del PRI y el PAN, a quienes no les dice nada la soberanía alimentaria ni el fortalecimiento de los productores del campo. ¿Con qué se come eso?

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Debemos suponer que la comunicación entre un gobierno establecido y un grupo disidente armado es para iniciar una “discusión o trato en busca de avenencia” (RAE). Sin embargo, en el gobierno y en el PAN tienen por lo menos cinco significados distintos de lo que debe ser un diálogo.

1) Conversación condicionada: el gobierno acepta dialogar con el EPR siempre y cuando éste acepte previamente diversas condiciones. Una de ellas, que sea un encuentro directo, bis a bis, sin intermediarios. Otra, que la agenda no se reduzca al tema de la desaparición forzada de los dirigentes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez. La respuesta en sí misma es un triunfo inicial para el EPR, porque le extiende oficialmente un reconocimiento político que le había sido denegado. Hace apenas unos meses el EPR era considerado un movimiento terrorista, no de reivindicación social, y aliado involuntario de los cárteles de la droga, ya que su actividad subversiva distraía la atención del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el nuevo reconocimiento del gobierno es dodecaédrico, ya que trae consigo más posturas movedizas que actitudes afirmativas.

2) Diálogo como exclusión: el EPR solicitó una mediación (no diálogo) y el gobierno respondió con una invitación a establecer una comunicación directa. Sin embargo, este paso adelante vino acompañado de tres pasos hacia atrás, dibujando no un diálogo incluyente sino abiertamente excluyente. Al rechazar una comisión de intermediación, el gobierno incurrió en una exclusión política de fondo al dejar fuera del proceso a quienes pudieran fungir como puente o “amigables componedores” entre dos polos opuestos. Se puede argumentar que toda intermediación, así sea de buena fe, corre el riesgo de distorsionar o enrarecer una negociación. Sin embargo, la comisión de intermediación garantizaba un elemento clave que ahora está ausente: la confianza, elemento que debe privar en una negociación de esta naturaleza, entre un gobierno y una guerrilla.

3) Diálogo como discriminación: la reducción de la comisión de intermediación a la figura de “testigos sociales” es, en realidad, un veto más que un voto a favor de un hipotético acuerdo de distensión. El sentido discriminatorio de la postura del gobierno quedó de manifiesto con el rechazo a la participación de la senadora Rosario Ibarra, así fuera en calidad de invitada de piedra, en un virtual proceso de negociación. Con ese veto el gobierno no sólo evidenció la superficialidad con la que está tratando un tema tan complejo, sino que mostró la enorme dosis de desconfianza y prejuicios que le inspiran sus interlocutores.

4) Diálogo como presión judicial: para el gobierno federal el diálogo es una variable dependiente, no independiente o autónoma, de las investigaciones de la PGR sobre los atentados a los ductos de Pemex. Es decir, la mesa del diálogo que ofrece el gobierno tiene forma de espada de Damocles. “Una vez sentado, si te paras EPR, te espera la PGR”. “Si no aceptas los términos del acuerdo, tenemos una nueva ley contra el terrorismo que criminaliza la protesta social y nos urge estrenar”, son los mensajes implícitos. El antecedente inmediato de esta judicialización del diálogo político se llama Flavio Sosa. El líder de la APPO fue detenido por el actual gobierno camino a la Segob, donde tenía una cita para suscribir un acuerdo contra los bloqueos en Oaxaca. No tiene nada de extraño ese proceder. Para la derecha mexicana, los diálogos más convincentes y sólidos son los que se hacen desde la prisión.

5) Diálogo como rendición: sin embargo, el sentido más acabado de este ejercicio de acercamiento de posturas lo ofreció el presidente del PAN, Germán Martínez, al señalar que “no se pude dialogar con quien tiene una pistola en la mesa” y al condicionar cualquier posibilidad de encuentro a la renuncia previa de sus métodos de lucha, es decir, a la capitulación y rendición del movimiento.

Este entorno nos indica que el diálogo ofrecido por el gobierno al EPR tiene al menos cinco caras o sinónimos, Contrarios todos a una auténtica conversación en busca de acuerdos: condición, exclusión, discriminación, judicialización y rendición. Es, por decir lo menos, un diálogo raro, extraño, sin secuencia lógica. Un diálogo sordo (“conversación en la que los interlocutores no se prestan atención”, RAE). Esperemos no sea el reflejo de una postura sórdida.

Pulso – San Luis Potosí, S. L. P.

Por Esto – Mérida, Yuc.

Para que el Banco de México haya reconocido que los alimentos han subido de precio y lo seguirán haciendo, es que en la mesa de millones de mexicanos la realidad se ha vuelto angustiante y crítica. Esta aceptación era inocultable. Sobre todo a partir de la advertencia del Banco Mundial y de la FAO sobre la crisis alimentaria en ciernes a nivel planetario.

Los datos fríos. Según la FAO, el maíz ha subido su precio 53 por ciento en el último año. Pero es de los granos que menos ha aumentado. El arroz ha subido en el mismo lapso 74 por ciento; la soya 87 por ciento; y el trigo 130 por ciento. En México, mientras la inflación oficial ha sido del 4%, los alimentos básicos han estado muy por encima de esa media engañosa. Los aceites comestibles, por ejemplo, en marzo pasado habían acumulado incrementos del 30 por ciento en doce meses. El pan de dulce ha aumentado 9 por ciento en promedio durante el mismo tiempo; el pan de caja subió más de 13 por ciento; el arroz en 12 por ciento; el huevo lo hizo en 23 por ciento; y el pollo en piezas subió 15 por ciento.

China e India, que han sostenido tasas altas de crecimiento económico en la última década, están incrementando su demanda de energía, acero, cemento y, ahora, alimentos. Tienen una clase media en expansión que presiona sobre los alimentos.

Sin embargo, también está en curso una transición energética del petróleo hacia los biocombustibles, como el maíz y la caña de azúcar, de los cuales se extrae etanol. ¿Qué tan conveniente es que los alimentos en lugar de alimentar personas, ahora alimenten máquinas?

Científicos como el premio nobel de química, Mario Molina, han advertido sobre los riesgos de este tipo de conversión energética basada en los biocombustibles, porque además de encarecer los productos básicos para la gente más pobre, se deteriora mayormente el medio ambiente al sobreexplotar la tierra y el agua dulce, y al generar nuevos tipos de contaminación.

Es necesario sustituir los combustibles fósiles (petróleo y sus derivados) para combatir el calentamiento global, pero esta transición energética no debe hacerse a costa de la alimentación de la humanidad, especialmente de la población más pobre. Se estima que por cada punto porcentual que se encarecen los alimentos básicos, 16 millones de personas se incorporan a los 600 a 700 millones de seres humanos que padecen hambre crónica. En esa situación se encuentran 18 millones de mexicanos.

Existe otra razón de peso. El efecto combinado de petróleo caro y alimentos caros es un riesgo para la estabilidad social y política de cualquier país. En México tenemos un déficit de alimentos y granos básicos. Nos queda sólo el petróleo, pero el gobierno de Felipe Calderón está empeñado en desprenderse también de él. Con el campo abandonado a su suerte y con la renta petrolera expropiada por causas de utilidad privada, este gobierno es el principal promotor de la inestabilidad económica y social del país.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

En contraparte, el diputado del PAN Héctor Larios se dijo "engañado" por el FAP y les mandó un mensaje a las Adelitas de AMLO, pueden quedarse a acampar el tiempo que quieran, aquí vamos a legislar y vamos a sacar adelante la reforma energética.

Está por librarse una nueva disputa por el petróleo y el gas mexicanos. Son nuestros principales recursos energéticos nacionales y nuestra principal riqueza. Está en curso un debate técnico, económico, jurídico, legislativo, pero ante todo, político. Sin embargo, predominan los sofismas, es decir, las verdades relativas con premisas absolutamente falsas. Es importante identificarlos para no considerarlos la última palabra.
De inicio, hay un consenso en el diagnóstico: Pemex, CFE y CLF necesitan modernizarse. El problema es cómo y con quién. Para unos, el camino es la privatización. Para otros es hacer eficientes las empresas públicas, sin modificar su régimen de propiedad nacional.
Sofisma 1: Pemex carece de recursos para modernizarse.

En los últimos cinco años, Pemex ha tenido los ingresos más altos en toda su historia. Ha generado anualmente un superávit de 60 mil millones de dólares, más del 6% del PIB. Es antieconómico e ilógico que, justo cuando mejor le va a Pemex, el gobierno la quiere vender, concesionar o asociarse con capital privado para desarrollar sectores estratégicos como la refinación, la transportación por ductos y la perforación en mar profundo. Pemex es la segunda empresa petrolera con mayor flujo de efectivo en el planeta. Lo que acontece es que el gobierno le ha confiscado ese superávit al entregar al fisco 4 de cada 10 dólares que obtiene.

Sofisma 2: México sólo tiene reservas petroleras en mar profundo, en el Golfo de México, y la tecnología únicamente la poseen algunas empresas trasnacionales privadas.

El Instituto Mexicano del Petróleo tiene identificados más de 300 puntos puntos susceptibles de exploración en territorio nacional y aguas someras, cuyas reservas probables y posibles ascienden a 30 mil millones de barriles de crudo. En tres años estos puntos podrían estar produciendo petróleo. En cambio las reservas probables en mar profundo ascienden a 25 mil millones de barriles y se requiere 7 años para empezar a extraerlas.
La tecnología para la exploración en aguas profundas se encuentra disponible en mercado abierto. Se anuncian hasta por Internet. No requiere de contratos de riesgo ni de asociaciones desventajosas. Pemex tiene técnicos que se han capacitado en este campo con distintas empresas que actualmente perforan en el Mar del Norte, Brasil y Sudeste asiático. Todo indica que, ante el agotamiento de las reservas del Mar del Norte, las empresas norteamericanas y británicas que allí operan están presionando ahora para abrir el Golfo de México; especialmente la formación geológica marina conocida como el “hoyo de dona”.

Sofisma 3: El petróleo dejará de ser el principal energético en unos cuantos años. Fuentes “limpias” como el etanol, el hidrógeno, la energía solar, la energía eólica y hasta la energía nuclear desplazarán inevitablemente al petróleo, el cual es además el causante directo del calentamiento global. Cuando esto suceda, el petróleo mexicano tendrá valor cero.

En efecto, hay una transición energética a escala mundial, no sólo necesaria sino deseable. Pero es eso, una transición, no una revolución. Los mismos especialistas y técnicos que alientan esa transición reconocen que la demanda de energéticos petrolíferos y de gas seguirá en aumento. Se estima que en el 2020 será un 50% mayor que la actual. Y sólo a mediados de siglo empezaremos a ver su declive y la utilización a escala industrial de fuentes alternas de energía. Es decir, durante los próximos 40 a 50 años los hidrocarburos seguirán dominando el panorama energético. Es aquí donde Pemex, CFE y CLF pueden servir como palancas del desarrollo nacional, no como cotos privados para el provecho personal de unos cuantos.

Sofisma 4: Sin inversión privada, México seguirá importando gasolinas y gas a tal grado de convertirse en un importador neto de hidrocarburos en el 2010.

La reciente reforma fiscal le entregará a Pemex 150 mil millones de pesos, suficientes para construir en los próximos tres años tres nuevas refinerías. Con estas tres nuevas refinerías dejaríamos de importar gasolinas en el 2012. Por ello, no tiene sentido concesionar a particulares la refinación, porque si algo sabe hacer Pemex —y es autosuficiente en la materia— es construir y dar mantenimiento a las refinerías.

Sofisma 5: La tendencia mundial es a la apertura y a la asociación de empresas públicas con empresas privadas. Hasta Cuba lo está aplicando.

La privatización de sectores claves de Pemex va en sentido contrario al resto del mundo petrolero. Arabia Saudita, Argelia, Venezuela, Nigeria, Brasil y Noruega están modernizando y fortaleciendo sus empresas públicas, no las están vendiendo todo o en partes. El 70% de las reservas mundiales de petróleo pertenecen a empresas estatales, el 25% son mixtas (estado y particulares) y sólo un 5% son de empresas trasnacionales. El gobierno mexicano, en cambio, sólo tiene ojos para la vía privatizadora.

Sofisma 6: Si sólo el Estado mexicano se hace cargo de la modernización de Pemex, estará desviando recursos necesarios para el combate a la pobreza, la educación y la salud.

Este argumento no es un sofisma propiamente dicho, sino un chantaje descarado. No se vale que el gobierno federal chantajee con el argumento de la pobreza. Si el gobierno necesita más recursos para cumplir con sus programas sociales, que recorte primero su gasto corriente que es enorme, antes de vender Pemex en una especie de venta de garage. Tan sólo por excedentes petroleros, entre el 2004 y 2006 se recibieron 30 mil millones de dólares. ¿En qué se utilizaron? En altos sueldos de la burocracia, en seguros de gastos médicos privados, en jubilaciones millonarias, en obras faraónicas como la Megabiblioteca y en asignar prestaciones extraordinarias a los aliados políticos, como fue la devolución de impuestos y créditos fiscales a grandes corporativos privados.

Sofisma 7: Sólo mediante la privatización, en su modalidad de asociación con capital privado, se puede modernizar el sector energético.

Desafortunadamente, las privatizaciones en México no han sido para beneficiar a los mexicanos. Las privatizaciones en nuestro país son sinónimo de corrupción política, carestía de servicios, abusos a los consumidores e ineficacia económica. Ordeñan a las empresas privatizadas y luego las regresan al gobierno cuando no son rentables.
La reforma que están dispuestos a aprobar PAN y PRI no es para modernizar a las empresas públicas. Se puede y se debe modernizar Pemex, sin privatizarla. La reforma energética en realidad es para cumplir compromisos políticos y económicos del actual gobierno. Las petroleras internacionales están mirando al Golfo de México y el gobierno de Felipe Calderón está a punto de abrirles la puerta de par en par.

DE REBOTE...

Frente al interés que se advierte en los tres principales partidos políticos en Hidalgo, por llegar a las elecciones para diputados locales con los mejores elementos en la lista de candidatos, resulta obligado voltear al escenario político nacional que prevalece a un año de que en las urnas se originaron sucesos importantes, por un lado el repunte que alcanzó el Partido de la Revolución Democrática y los candidatos amarillos que fueron empujados por Andrés Manuel López Obrador, por otro el sospechoso triunfo del panista Felipe Calderón Hinojosa, que no acaba de convencer a gran parte de los electores y el fracaso de Roberto Madrazo Pintado que ubicó al Partido Revolucionario Institucional en el tercer sitio como fuerza electoral, con efectos de rebote que nunca habían resentido los priistas hidalguenses.

Muchos son los que se atribuyen el mérito en la victoria de Felipe Calderón con 256 mil votos de ventaja; Elba Esther Gordillo presume de haber inducido a los maestros a favor de Calderón Hinojosa y de que construyó la derrota de Madrazo Pintado con la creación del Partido Nueva Alianza; los miembros del Consejo Coordinador Empresarial por su parte, reclaman su tajada por la campaña que desataron contra López Obrador, televisos y aztecas por la evidente preferencia a la campaña del panista y aun entre muchos perredistas, los hay que culpan al mismo López Obrador de haber actuado insolente, soberbio y ególatra hasta perder los 10 puntos de ventaja que durante varios meses aseguró tener, pero el caso es que ya se cumplió un año y las sospechas de que hubo fraude, en eso quedan, porque no se comprobó.

UNA PAYASADA...

Conforme a muchos analistas políticos, López Obrador va cuesta abajo, luego de lanzar los gritos de fraude y no aportar las pruebas que sostengan su dicho, de convertir la principal avenida y el zócalo de la Ciudad de México en la letrina más grande del mundo, de retar al Ejercito al asegurar que no levantarían el plantón y doblar las manos horas antes del desfile militar, de auto nombrarse en su loco desvarió como “presidente legítimo” y para continuar con la farsa, “rendir protesta” y colocarse una “banda presidencial”, formar un gabinete “patito” que se sostiene de la colecta pública y hasta se designó 50 mil pesos mensuales de salario.

A un año del que López Obrador llama el fraude, convocó a sus fieles para que lo vitorearan en el zócalo y aunque no registró el lleno de eventos anteriores y ya no se habla de “mas de un millón”, ninguna duda hay de que López Obrador sigue teniendo un gran imán entre las clases más necesitadas y actúa sin tener en cuenta la dignidad de la gente pobre, a la que sigue utilizando para que acudan a escuchar lo mismo, que el pelele, que el usurpador, que los medios de comunicación vendidos y hasta hizo “un respetuoso llamado” a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista para que “por ningún motivo aprueben la reforma fiscal”, petición a la que los antes pejistas incondicionales no le dieron la menor importancia, como lo ignoraron también cinco de los seis gobernadores perredistas, incluido Narciso Agundis Cota, de Baja California Sur y primo heredero de Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD.

POR TRAIDOR...

La lealtad no se les da a los perredistas y López Obrador resiente el desdén de muchos que hasta hace un año le quemaban incienso y lo glorificaban y los gobernadores Zeferino Torreblanca, de Guerrero; Lázaro Cárdenas Batel de Michoacán; Amalia García de Zacatecas y Juan Sabines de Chiapas, al igual que Narciso Agundis pintan su raya y solo queda como su seguidor, Marcelo Ebrard Casaubón, de la Ciudad de México, pero llama la atención el hecho de que en el PRD se exige que el senador Ricardo Monreal Ávila sea expulsado del partido acusado de haber apoyado a los candidatos del PT, PAN y PRI en las elecciones del domingo anterior en Zacatecas en donde se eligieron a diputados locales y alcaldes, con resultados adversos para el sol azteca, aunque no para Monreal Ávila, que tiene una hermana diputada federal, un hermano que es diputado local y otro que termina su trienio como alcalde, pero que le entregará a su hermano, que ganó como candidato del Partido del Trabajo; imposible hablar de combatir a los caciques sin soltar la carcajada.

López Obrador tiene sus fieles perdidos en la plaza, en el anonimato, es gente del pueblo que confía en que algún día cambiará su suerte, pero junto a él aparecen individuos como Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Dante Delgado Rannauro, Federico Arreola y Marcelo Ebrard, identificados todos como chaqueteros, trapecistas, convenencieros y otros que pese a haber sido favorecidos con el “efecto Peje” para llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, ven hoy a López Obrador como apestado y hasta han dejado de acudir a sus mítines; debe ser difícil para El Peje aceptar que llegó la hora del desinfle, pero que se puede esperar con tanta payasada.

EL PODER Y LA MAÑA...

Con Felipe Calderón en el poder, con los vicios, corruptelas y mañas que permite el poder político y económico, los panistas empiezan a mostrar el rostro de la intolerancia, el fastidio por las críticas que provoca la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico, la violencia y el hambre de millones de mexicanos, a los que se les castiga encareciendo los productos básicos alimenticios y desatando una carestía que sin caer en exageraciones, puede provocar que muchos mueran de hambre, es el rostro panista de siempre, pero ahora peor, porque detentan el poder y hacen del juego político sucio el arma para eliminar a los adversarios, en otra forma no se explica que con artimañas legaloides, hayan ordenado cancelar la candidatura de Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California Norte.

Los organismos electorales, sean de competencia estatal o federal (si alguna duda quedara, basta revisar la actuación del IFE) están al servicio del gobierno y para proteger a los panistas, al menos en las entidades en que gobierna el partido de Calderón Hinojosa y demuestran que aprenden pronto las mañas y recurren a cualquier triquiñuela, no para ganar, sino para comprar conciencias y ampliar su poder.

SOLTANDO LASTRE...

Para los priistas, los últimos 12 meses han sido de contrastes, primero la urgencia de oxigeno puro para sobrevivir a la madriza en las urnas, después restañar las heridas que dejó el pleito de Elba Esther Gordillo contra Roberto Madrazo, en el que el tufo de la traición quedó impregnado en toda la estructura priista, amarrar los demonios que se soltaron con el fracaso que dejó al PRI en tercer lugar y en bancarrota política y financiera, elegir a Beatriz Paredes y Jesús Murillo al frente del Comité nacional sin caer en otra ruptura y un paso fundamental, dejar atrás el lastre de Roberto Madrazo y los madracistas.

Por la situación en que cada partido quedó hace un año, sorprende lo alcanzado por el partido tricolor; borró de las urnas la sombra de López Obrador en su estado natal y retuvo el gobierno de Tabasco; recuperó Yucatán, pese a la mano negra del gobernador panista Patricio Patrón Laviada, dejando al PRD con todo y la campaña de López Obrador con menos del 3 por ciento de la votación y en las elecciones para alcaldes y diputados que se efectuaron el domingo anterior en Zacatecas, Durango y Chihuahua el tricolor recuperó posiciones importantes, sobre todo en Zacatecas y con mayor ventaja en la tierra de los alacranes.

CON SUS UÑAS...

Frente a la profunda división que provoca López Obrador entre los perredistas y ante la urgencia de ganar por primera vez uno o más distritos locales en Hidalgo, José Guadarrama, al que acusan ya de querer imponer a sus candidatos y Luciano Cornejo deberán pensarlo antes de buscar alianzas con el PT, que no representa nada y con Convergencia, partido en el que el cantante Francisco Javier construye su proyecto personal y ni de chiste aceptará hacerle el caldo gordo al partido de Guadarrama, en donde lo mas probable es que se tengan que rascar con sus uñas; Guillermo Galland y los panistas que siguen a la greña por el botín de la dirigencia estatal, saben que cuentan con los recursos y las triquiñuelas del poder y hasta presumen de que ganaran algunos distritos; algo debe saber Galland para estar tan confiado.

Si en algún partido sobran pre candidatos es en el Revolucionario Institucional, sin embargo Miguel Ángel Osorio, quien no oculta el orgullo de su militancia y Jorge Rojo como responsable del futuro en el tricolor, deben analizar a fondo la conveniencia de ir en alianza con el Verde Ecologista, porque en termino de votos los verdes no son ninguna garantía, aunque queda abierta la posibilidad de ir con Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo, sobre todo porque los aliancistas cumplieron el objetivo de estorbar a Roberto Madrazo, pero no están contra los priistas, además de que no seria la primera vez que aparezcan juntos en las boletas electorales.