El ansia de que entre Cataluña y el Estado existan relaciones peculiares, distintas y privativas es una exigencia antigua de los nacionalismos, asumida ahora por los socialistas catalanes, casi como la mayor de sus ambiciones. Aparentemente no se trata sólo de reclamar lo que se considera justo y lo que se necesita para el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, sino de establecer una nítida diferencia, una asimetría sistemática en sus relaciones con el Estado central, respecto a las otras comunidades.

El problema es que cualquiera que analice la historia de las comunidades autónomas en España sabe que se trata, y que se ha tratado desde el principio, de una lucha entre unas pocas que quieren diferenciarse a toda costa y otras, la mayoría, que quieren ser iguales, con idéntico empeño. La lucha es permanente y sin solución posible, pero, afortunadamente, no está escrito en ninguna parte que las cosas sin solución tengan necesariamente que ser, además, dramáticas.

La novedad en el caso español es que en esta ocasión la exigencia de bilateralidad se remite al Estatuto catalán y a su eventual incumplimiento por parte del Estado. Es cierto que el artículo 201.3 del nuevo Estatuto dice que el desarrollo de lo relacionado con la Hacienda de la Generalitat "corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat". Pero también que el punto primero de ese mismo artículo dice que "las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el artículo 157 de la Constitución", es decir, por la ley que establece un órgano multilateral de negociación.

Nadie dirá ahora que no tenían razón quienes advirtieron en su día de que el texto del Estatut contenía demasiadas contradicciones y de que iba a dar origen a multitud de disputas. Esto no ha hecho más que empezar y es muy probable que las discordancias se mantengan durante bastantes años, hasta que exista suficiente jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional. (¿Momento en el que, quizás, se empiece a pensar en un nuevo Estatuto?).

La cuestión ahora es que, como decían los juristas romanos, no se pueden hacer las cosas imposibles. El sistema de financiación de las comunidades autónomas en España es multilateral. Una cosa es que el Gobierno hable, negocie y discuta con la Generalitat (y con los Gobiernos autónomos de los demás territorios) de forma bilateral, como siempre se ha hecho, y otra que lo que se hable con la Generalitat catalana no tenga que formar parte del acuerdo multilateral previsto en la Constitución.

Sobre eso no parece que realmente existan muchas dudas ni interpretaciones, así que lo más probable es que finalmente impere la sensatez, por mucho que ahora todo el mundo parezca tirar de la cuerda sin límite. (¿Nadie le advirtió a Montilla de que su comentada frase "te queremos, José Luis, pero más queremos a Cataluña y a los catalanes" es muy parecida a la que pronuncia Bruto para explicar por qué se alza contra César?: "No porque amara menos a César, sino porque amaba más a Roma y a los romanos" [Shakespeare).

Montilla tiene que presentarse ante su electorado en menos de dos años y su única y principal victoria tiene que ser una mejora sustancial en el sistema de financiación de Cataluña, y eso es aceptado y comprendido en el Gobierno de Madrid. "Es razonable y posible, siempre y cuando el PSC no quite los adoquines del suelo", advierten en el PSOE andaluz.

Quitar los adoquines es amenazar con no apoyar los Presupuestos de 2009 o decir que se está mucho más cerca del consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, del PP, que del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Los socialistas andaluces, que tan importantes han sido a la hora de limar asperezas y desconfianzas respecto al Estatuto catalán, empiezan a mostrar inquietud y enfado. Montilla puede recordar que los diputados del PSC obedecen a su propia dirección, afirman. Pero el PSC sabe perfectamente que sin estar asociado al PSOE, sin el respaldo de los socialistas andaluces, no obtendría ni la mitad de votos que obtiene en Cataluña. Cuando empiezan a volar, los adoquines caen sobre todas las cabezas.

solg@elpais.es

El Partido Popular, por ejemplo, se ha complicado el poscongreso, en el que Mariano Rajoy renovó, con éxito y gran repercusión mediática, su equipo. Lo ocurrido después en Cataluña no tuvo gran importancia, pero sí volvió a sacar a la luz lo que continúa siendo el principal problema del PP: Rajoy ha cambiado de equipo y de imagen, pero sigue sin explicar hacia dónde quiere llevar a su partido y sigue sin dar señales o directrices fáciles de interpretar por los militantes y dirigentes populares.

Todos intuyen que ha terminado la época de la crispación y de los ataques indiscriminados en todos los frentes, pero todavía no saben cuáles son los mensajes que sustituyen a aquella fracasada estrategia.

En ausencia de un proyecto claro, en los partidos políticos suelen florecer las ambiciones personales y eso es lo que ocurrió en Cataluña, donde era difícil saber en qué se diferenciaban los candidatos. ¿La victoria de uno o de otro sector implicaba mayor o menor acercamiento a Convergència i Unió? ¿Tenían análisis distintos sobre el desastre ocurrido en las elecciones generales y estrategias diferentes para intentar modificar la situación en convocatorias futuras? ¿Qué línea impulsaba el presidente del partido? Imposible saberlo. Rajoy dijo a quién quería al frente del PP catalán, pero no dio ni la menor señal sobre qué quería que hiciera o defendiera.

El problema del PP no es un problema de falta de habilidad en el manejo del aparato, como algunos, en el entorno de Rajoy, intentan ahora justificar. La nueva secretaria general, María Dolores Cospedal, ha logrado salir sin un rasguño de su debut en Cataluña o del congreso de Baleares (conflictivo por otros motivos). No parece que sea capacidad de gestión lo que le falta al nuevo equipo. Lo que sigue necesitando es algo que no depende de la secretaria general ni del poderoso Javier Arenas, sino del propio Rajoy. Es esa falta de señales y mensajes claros, tan clásica en la carrera política de Mariano Rajoy, la que muchos, dentro de su propio equipo, empiezan a temer.

El congreso nacional del PP dejó además bastantes heridos por el camino y por ahora Rajoy no ha hecho ademán de recuperarles. El nerviosismo en ese grupo, que anhela "recolocarse", es muy patente. En su ayuda han llamado, incluso, a José María Aznar. El ex presidente del Gobierno, cada vez más enfadado porque no se le reconozcan, en su propia casa, sus grandes cualidades como gurú político (reconocimiento imprescindible para poder exhibirlas después fuera de España), apareció esta semana en Telemadrid para exigir "integración" y negociación interna. No parece que Rajoy tenga prisa en negociar nada, por lo menos antes de que se celebre el congreso del PP en Madrid y se compruebe el poder interno de Esperanza Aguirre.

Por su parte, el PSOE, que está muy cómodo tras la victoria electoral y en el que es palpable la gran autoridad y reconocimiento de que disfruta José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene todavía elementos suficientes para saber hasta qué punto han calado, o van calando, en el electorado los cambios efectuados por el PP y por Rajoy.

De momento, el congreso ayudó a marcar los campos en los que se va a intentar distinguir el "producto" socialista, las zonas en las que se procurará conducir la discrepancia y el enfrenamiento con el PP. Se trata, obviamente, de aquellas en las que los populares vayan a encontrar más dificultades para sacudirse la imagen de derecha pura y dura: aborto, relaciones con la jerarquía de la Iglesia, etc.

El discurso de clausura de Zapatero dejó también algunas pistas sobre la estrategia socialista en esta primera etapa de la legislatura. El presidente del Gobierno no tiene el mismo problema que Rajoy: sabe qué mensaje quiere transmitir y cómo. Da la impresión de que apuesta por reconducir inmediatamente el debate político al esquema más lineal derecha/izquierda y por dar una cobertura claramente ideológica al debate sobre la gestión de la crisis económica. Economía de Izquierda/economía de Derecha puede ser su gran leit motiv de los próximos dos años, siempre que la caja resista y que la recuperación se inicie en los plazos más o menos previstos.

Mientras tanto, sorprendió el inusual paso que dio Zapatero al convertir automáticamente las conclusiones del 37º congreso en compromisos del Gobierno. Hasta ahora se suponía que el único compromiso de un Gobierno era el programa con el que se había presentado a unas elecciones y que los acuerdos de los congresos políticos a veces se incorporaban a esos programas, y a veces, no, según las circunstancias.

PD. La fundación que dirigirá Caldera, y que ha quedado muy recortada, se llamará IDEAS. Lo curioso es que el PSOE se empeñe en convertir esa palabra en un acróstico: I, de Igualdad; D, de derechos... Con lo fácil que es entender la idea en sí misma.

solg@elpais.es

Se supone que ese cambio de talante no va a acarrear variaciones en términos programáticos. Una lectura atenta de las ponencias aprobadas indica que no se ha producido alteración sustancial en los contenidos que viene defendiendo el PP desde 2004, pero es también difícil que un cambio de imagen tan fuerte no lleve aparejada una cierta matización del discurso político. Lo interesante ahora es ver cómo se adecuan las dos cosas.

Y, en clave externa, será igualmente interesante ver cómo se van adaptando a la nueva imagen del PP la jerarquía de la Iglesia católica, tan combativa y tan deseosa de sentar plaza dentro del partido político de la derecha, y los medios de comunicación que más se implicaron en el intento de echar a Rajoy desde la misma noche de su derrota electoral. Ayer, algunos quisieron ver en el primer discurso de Cospedal una alusión indirecta a lo ocurrido estas semanas. La nueva secretaria general aludió a Rajoy como "el hombre que ha sabido mantener la nave a salvo de los piratas que intentaban desvencijarla" y sus palabras, tuvieran el significado que tuvieran, llamaron mucho la atención.

Es posible que los compromisarios del PP hayan abandonado Valencia poco entusiasmados con la nueva etapa. Primero, porque en este congreso se escenificó la ruptura de Rajoy con lo que se podría llamar "su generación", con Aznar en primer lugar, pero también con Mayor Oreja o con Acebes (a pesar del elegante discurso de despedida del ex secretario general, muy lejos de la aparatosa gestualidad de Aznar, cada día menos del gusto del militante medio del PP).

Segundo, porque muchos esperaban algún gesto de generosidad integradora de Rajoy, que no se produjo, en absoluto.

Y, tercero, y lo más importante, porque tradicionalmente los congresos nacionales dan origen, en cascada, a los congresos regionales y provinciales y nadie sabe cómo le van a afectar esos cambios (más del 85% de los delegados que acudieron a Valencia ocupa un cargo orgánico en el partido). Antes del verano se celebrarán los del País Vasco y Cataluña, muy vinculados a la situación de la dirección nacional. El congreso más esperado será, sin embargo, el de Madrid, que se celebrará a partir de octubre y en el que se supone que Alberto Ruiz-Gallardón, reforzado por Rajoy, debería plantar cara a una Esperanza Aguirre, que sale lastimada de Valencia pero que sigue siendo muy poderosa en su feudo.

Romagnoli comentó que los valores del libre mercado, que habitualmente no eran glorificados en las Constituciones elaboradas después de la II Guerra Mundial, han entrado ahora, con todos los honores, en los ordenamientos internos de cada país. La famosa flexiguridad de la que habla la UE parte de la "ilimitada confianza" en que para incentivar el empleo es necesario reducir los estándares de tutela del trabajo. La cuestión parece ser ahora ir comprobando el "umbral de aceptabilidad" de los ciudadanos europeos.

Resaltar estos hechos no quiere decir oponerse a las modificaciones que indudablemente hay que introducir en el mercado laboral. "Simplemente, no creo que la destrucción del Derecho del Trabajo, creado en el siglo XX, pueda curar el malestar de la economía sin crear aun peores y más extensos males", explica Romagnoli.

No se trata de mantener un modelo social con 20 millones de parados, como se quejaba Tony Blair, pero tampoco de obligar a los ciudadanos a enfrentarse "en total soledad con una divinidad irascible y absolutamente misteriosa como es el mercado de trabajo".

Nada se hará, dice Romagnoli, con unos sindicatos obsoletos, capaces exclusivamente de defender a quien ya ha encontrado un puesto de trabajo y no a quien lo está buscando sin poder encontrarlo; con quienes se niegan a aceptar las extraordinarias modificaciones que experimenta el mundo del trabajo. Pero nada se hará tampoco aceptando que desaparezca el Derecho del Trabajo o que quede reducido a un mínimo esqueleto, como pronostica también el profesor español López Bulla.

Todo esto viene a cuento de la decisión de la Unión Europea de modificar la directiva sobre "ordenación del tiempo de trabajo". La propuesta británica de suprimir el tope de 48 horas semanales estaba sobre la mesa de la UE desde hace más de tres años, bloqueada por España, Francia e Italia, entre otros. Es cierto que la llegada al poder de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi ha hecho desaparecer esa minoría de bloqueo, pero aún así no se entiende por qué la Unión Europea ha decidido ahora dar prioridad a este tema, como no sea por el afán, más bien ideológico, de ir comprobando los "niveles de aceptabilidad" de la ciudadanía.

Es imposible creer que la nueva directiva pretenda simplemente adaptar la jornada laboral de los médicos de guardia, como algunos quieren hacernos tragar. Todos sabemos que la Comisión es experta en encontrar salidas ambiguas a problemas liosos. De hecho, el Parlamento Europeo (PE) ya había dejado una puerta abierta: "Se podrán computar diferentemente las horas inactivas de los tiempos de guardia en aquellos Estados o instituciones donde la gestión de los Servicios Públicos quede amenazada por carencia de personal".

El informe previo del PE ha sido bastante claro: la nueva directiva europea no va a establecer un escenario de flexibilización, como a tantos empresarios y políticos les gusta pedir, sino que va a anular directamente la norma de ordenación del tiempo de jornada laboral, algo que ha sido hasta ahora un elemento básico del Derecho del Trabajo. "Es inaceptable", resumía el informe del PE, encargado al diputado socialista español Alejandro Cercas.

Cualquiera que esté un poco al tanto de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en el mundo, sabe que, en estos momentos, incluso desde el punto de los intereses del mundo empresarial, hay cosas mucho más urgentes que afrontar la supresión de la directiva de las 48 horas. Sin ir más lejos, las que reclamaba esta misma semana la canciller alemana Angela Merkel: la regulación anglosajona de los mercados financieros ha demostrado que es insuficiente, ha llevado a nuestras sociedades a una crisis y ha demostrado que hay mucho más peligro en la opacidad del sistema financiero que en la relativa rigidez de la jornada laboral. Pero parece que sobre ese asunto en concreto nadie tiene prisa. Ni llueve, ni diluvia. No cae una gota.

solg@elpais.es.

Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela "nacional", en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas "nacionalistas", excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.

En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social. Un reciente y gran estudio del Colectivo Lorenzo Luzuriaga advierte de que ese fuerte proceso de deterioro está poniendo claramente en entredicho el futuro de la red.

¿Es esto asunto del Gobierno de la nación o no? El artículo 87 de la LOE dice que serán las "administraciones educativas" las que garantizarán la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Es, se dice, una competencia transferida. La Generalitat de Cataluña está negociando en estos momentos una ley para asegurar ese equilibrio, pero en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo desde hace años una política completamente contraria, que convierte a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada. En Madrid, según van llegando alumnos inmigrantes a la escuela pública, se impulsa la creación de escuelas concertadas a donde se van trasladando los alumnos españoles, o con familias que tienen mayores recursos y mayor nivel educativo.

Eso pasa por votar en Madrid al PP, alegan en los partidos de izquierda. Pero los ciudadanos han votado al PSOE para el Gobierno de la nación y si algo tan básico como la existencia de la escuela pública no es asunto suyo, los ciudadanos podemos terminar preguntándonos para qué otros importantes asuntos queremos votar en las elecciones generales.

El Colectivo Lorenzo Luzuriaga propone que el Gobierno rompa su silencio y recurra a las medidas legislativas necesarias para, entre otras cosas:

1) Preservar el carácter público de la red de centros transferidos a las comunidades autónomas.

2) Prohibir que, por vía directa o indirecta, se privaticen los centros públicos.

3) Exigir que el dinero destinado a creación de nuevos centros docentes y el suelo público destinado al mismo fin se utilicen exclusivamente para la creación de centros docentes públicos. (CC OO ha denunciado que muchos ayuntamientos madrileños han cedido o van a ceder 40 solares a particulares para construir centros docentes privados y que no es algo que esté ocurriendo solamente en municipios regidos por el PP. El resultado es que en los cursos 2005-2006 y 2006-2007 el crecimiento comparativo del alumnado en Madrid ha sido de 5.957 alumnos en la escuela pública y de 15.694 en la privada concertada).

El colectivo recuerda también que para defender a la escuela pública hay que mejorar la enseñanza y los servicios que presta: horarios escolares que tengan en cuenta la vida familiar, oferta de comedor, transporte escolar en ciudades y no sólo en el medio rural, actividades complementarias y mejora de instalaciones. (El estudio llega a la desagradable conclusión de que en España los mejores edificios escolares públicos son, todavía, los construidos antes del franquismo).

Dos comentarios más. La realidad demuestra en España que la red de escuelas concertadas es fundamentalmente una red de centros con ideario católico. Es decir, el Estado está abandonando la escuela pública en favor de la escuela confesional. Y segundo: el INE acaba de publicar una encuesta según la cual el 81% de los inmigrantes que trabajan legalmente en España y que tiene hijos prevé acogerse al reagrupamiento familiar. Quiere decirse que la escuela pública puede hacer frente en pocos años a la llegada de más de 500.000 menores extranjeros. ¿A qué espera el Gobierno para preparar a la sociedad y para obligar a reequilibrar las matriculaciones? Luego algunos dirán que el problema es la inmigración ilegal. El problema, como siempre, es la falta de seriedad a la hora de afrontar los derechos ciudadanos.

solg@elpais.es.

Todos ellos temen que si la candidatura de Rajoy es la única que compite, el actual líder del partido se garantice, al menos, otros tres años de protagonismo, con una anunciada, e inesperada, autonomía personal. Encontrar una alternativa a Rajoy es, sin embargo, difícil. Primero, porque los posibles herederos, algunos de los actuales barones (Francisco Camps y Esperanza Aguirre incluidos), no son diputados en el Congreso y éste es un país donde la oposición se ha hecho siempre vía parlamentaria, con los debates sobre el estado de la nación y las preguntas de control como elementos políticos básicos.

El candidato del PP a las elecciones de 2012 puede no ser parlamentario, pero sólo si se lanza ya en víspera de la nueva campaña electoral. Nadie puede resistir cuatro años enteros como jefe de la oposición y candidato a presidente del Gobierno fuera del Parlamento. Por eso algunos tratan de convencer a Juan Costa o a Gustavo Arístegui, que tienen escaño, para que se lancen a la aventura.

La cuestión es quién ejerce el mando en el PP hasta 2011. Camps y muchos otros barones prefieren que sea Rajoy, porque piensan que es un candidato debilitado y que, en cualquier caso, es mejor que dar paso a uno de sus auténticos enemigos, es decir, otro barón que se ponga al frente del extenso aparato del partido. Pero una cosa es que hayan dado su respaldo a Rajoy y otra, que estén dispuestos a asumir parte del desgaste que sufre en estos días el presidente del partido.

Camps, Arenas o Núñez Feijóo están contemplando la batalla desde la barrera: Rajoy se las tiene que arreglar solo, o con el exclusivo apoyo de Ruiz-Gallardón, que no tiene mucho que perder y sí algo que ganar, para salir vivo de esta ofensiva. Por eso los enemigos de Rajoy intentan desesperadamente echar toda la carne en el asador en estos días y se felicitan por el nuevo flanco abierto por una persona tan apreciada como María San Gil, quien parece haber aprovechado la situación para retirar su candidatura en las próximas, y pesimistas, elecciones vascas. La operación no ha salido del todo bien, porque el PP vasco está más alejado del pensamiento apocalíptico de Mayor Oreja de lo que ellos creían, pero aun así perjudica a Rajoy, porque oponerse a San Gil no da réditos entre los militantes del PP.

Esperanza Aguirre y su entorno son otra cosa: la poderosa presidenta de la Comunidad de Madrid puede preferir, quizás, a cualquiera menos a Mariano Rajoy, pero tampoco puede unir su destino al de otro barón ni, desde luego, a un candidato poco sólido o disparatado, algo que sí están dispuestos a contemplar Jiménez Losantos, la jerarquía de la Iglesia católica o Pedro J. Ramírez, en su feroz intento por cortocircuitar a Rajoy. Todos ellos están empeñados en ofrecer a Aguirre su apoyo a cambio de arrastrarla a su campo. La presidenta, que nunca ha sido una militante religiosa, ha entregado la enseñanza de Educación para la Ciudadanía a los representantes más agresivos del pensamiento católico, y está jugando en ese campo de manera muy activa, pero no ha decidido aún arriesgarse y lanzar una candidatura alternativa, propia o encubierta, como le apremian. Si no hay tiempo ni capacidad para organizar otra candidatura potente, Aguirre necesita asegurarse que Rajoy no utiliza los tres próximos años para abrirle una guerra interna que le reste poder. Para eso, al menos, cuenta con el apoyo de Aznar, quien ya advirtió seriamente a Rajoy que en esta nueva etapa no debe modificar la actual relación de fuerzas dentro del partido.

¿Y Mariano Rajoy? El presidente del PP debe pensar que tres años es mucho tiempo. Su objetivo es simplemente llegar al congreso de junio sin ninguna candidatura alternativa creíble. Es decir, sin que los otros barones le hagan frente. Quizás dentro de tres años haya rehecho su poder interno y pueda realmente cumplir su deseo de volver a presentarse a las elecciones generales. Pero si no es así, si los barones reclaman su papel y tiene que dejar paso a otro candidato presidencial, por lo menos habrá dado un empujón al PP hacia una cierta modernidad. Hasta el momento, Rajoy ha cometido muchos errores, pero a trancas y barrancas va consiguiendo lo fundamental: arañar días sin que surja una alternativa creíble. A corto plazo, eso sería suficiente para el.

A largo, el problema está en el pensamiento de quienes, dentro del PP, creen que la alianza entre el PSOE y los nacionalismos se llevará por delante al Partido Popular y obligará a refundar la derecha española, que nunca ha perdido sus dos almas, la más abierta, aunque errática, de UCD, y la conservadora y católica de Alianza Popular. Aznar las unió pero no está escrito que tengan que permanecer siempre así.

solg@elpais.es

La falta de discurso político sería más soportable si Rajoy ejerciera un liderazgo personal muy fuerte y carismático o si tuviera una amplia estructura propia de poder dentro del partido. Ninguna de esas dos cosas se produce en la actualidad, de manera que la fortaleza de Rajoy se está basando casi exclusivamente en el hecho de que no tiene alternativa posible. Los líderes territoriales, o barones, de donde podría partir esa alternativa, están mucho más preocupados por cortocircuitarse entre sí que por lanzarse al ruedo. Si hubiera alguien con ánimo y fuerza, comentan numerosos dirigentes regionales de segunda y tercera fila, podría llevarse el partido detrás de sí, pero la realidad es que nadie ha exhibido por ahora esa capacidad. Para colmo, a Rajoy empieza a reprochársele que deje tirados a cargos anteriores del partido, algo peligroso en una organización tan cerrada como el PP, en la que lo que se podría llamar "el desemparo del jefe" es un riesgo insuperable.

La falta de discurso de Rajoy es realmente aplastante y hace todavía más frágil su posición. El líder del Partido Popular se limitó en su día a hacer un balance bastante escuálido de los resultados electorales, en el que se limitó a constatar que unos habían trabajado más que otros y a rechazar cualquier responsabilidad personal en la derrota. El desordenado, mal compuesto e inconexo discurso dejó a sus seguidores realmente perplejos y a sus detractores todavía más preocupados. El dirigente popular tomó un poco de aire en el debate de investidura del presidente del Gobierno, pero volvió a caer inmediatamente en el mutismo, rehusando hablar de lo que le pide su partido: estrategias de futuro y mensajes capaces de marcar una dirección.

Todo el desgaste que está sufriendo el PP en estas semanas no tendría en realidad demasiada importancia si finalmente el congreso del partido, en Valencia, el próximo mes de junio, terminara dejando establecido un equipo fuerte y una estrategia compartida. Da la impresión, sin embargo, de que en esos momentos muy pocos dirigentes del PP apuestan por ese resultado. La mayoría teme un congreso fallido. Nadie confía en que el nuevo equipo que ha construido Rajoy, sobre el que va a recaer la cocina del entramado, sea capaz de controlar con éxito algo tan complicado como el congreso de Valencia. El congreso dependerá más bien de lo que quieran los barones.

A falta de otros escenarios, muchos dentro del PP se preguntan si quienes quieren abrir más el debate no terminarán por aprovechar la ponencia política para remover el terreno y plantear nuevas estrategias. Se supone que el próximo martes día 13, los encargados de elaborar las tres ponencias del congreso (estatutos, económica y política) presentarán sus textos de partida para someterlos al escrutinio de los delegados. De momento ya existe bastante expectación por saber cuántas enmiendas se van presentan a la ponencia política y quiénes las van a firmar. El texto inicial será obra de tres dirigentes regionales (la vasca María San Gil, el canario José Manuel Soria y la catalana Alicia Sánchez Camacho) que no tienen un gran peso político interno, pero que representan tres maneras muy distintas de relacionarse con los nacionalismos: San Gil rechaza de plano todo contacto; Soria ha pactado un gobierno con Coalición Canaria, y Sánchez Camacho nunca ha ocultado su catalanismo y su voluntad de acercarse a CiU.

¿Y José María Aznar?, se preguntan en las propias filas del Partido Popular. ¿Aprovechará el congreso para llamar al orden y dar directrices? Muy pocos creen que el ex presidente esté realmente en disposición de pronunciarse o de intervenir públicamente sobre lo que está ocurriendo. Una cosa es que siga provocando grandes aplausos entre los populares y otra que su papel sea tan lucido como antes. Si Aznar se pronunciara sobre la marcha del partido, se pondría en una situación incómoda, en un lugar expuesto a las críticas de algunos sectores o militantes de su partido. Y eso es algo de lo que Aznar huye como de la peste.

Sinceramente, lo peor de la Directiva sobre el Retorno de inmigrantes que ha pretendido aprobar esta semana la Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno socialista español, es la desvergüenza de pretender presentarla como un avance en defensa de los derechos de los inmigrantes irregulares. Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con un control que se ejerce a posteriori, nada menos que "tan pronto como sea posible". (En el caso español, ahora, la orden de detención la tiene que firmar un juez, que la revisa periódicamente. Imagínense lo que puede pasar si se detiene a los inmigrantes sin permiso de trabajo por decisión administrativa y luego se espera a que el juez de turno encuentre un momento libre).

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, probablemente ejerciendo su conocido sentido del humor, aseguró que se trata de una directiva destinada a que la apliquen Suecia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca, entre otros países en los que no existe límite de detención y en los que, gracias a nuestro empeño democrático, la situación de los irregulares mejoraría muy notablemente. En nuestro caso, dijo, la directiva no haría falta porque somos más garantistas y nuestros irregulares están mucho mejor protegidos. Eso sí, el Gobierno va a aumentar el periodo de detención, porque los 40 días actuales no son suficientes para completar los trámites de expulsión, aunque seguramente no llegaremos a los seis meses que fija la directiva ni, desde luego, a los 18 meses de máximo.

La lectura del programa electoral del PSOE, elaborado mientras se discutía, y defendía, en Bruselas la dichosa directiva, le deja a uno, sin embargo, un cierto mal cuerpo. Dice así: "Proceder a una modificación del actual periodo de 40 días de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ampliándolo a un periodo homologable con el resto de los Estados miembros de la UE y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación" (el subrayado es mío).

El autoproclamado afán protector y democrático del Gobierno español no es compartido afortunadamente por todos los socialistas en Europa. Los franceses (un país en el que Sarkozy todavía no ha conseguido modificar el periodo máximo de detención, que es de 32 días, el menor de la UE) están muy en contra. También los socialistas italianos. Su portavoz en el Parlamento Europeo, Claudio Fava, parece que no ha entendido una palabra de las buenas intenciones españolas. Él considera que la directiva es más bien "una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana".

La derecha europea tampoco comparte unánimemente esa directiva. Es cierto que algunos quieren endurecerla aún más, pero también que hay eurodiputados de esos grupos que se echan las manos a la cabeza. Y por lo menos hay que reconocer que el portavoz del PP Europeo, el alemán Manfred Webber, tiene el buen gusto de no disfrazar las cosas: "Los centros de internamiento son instrumentos para presionar psicológicamente a los detenidos". La idea es muy simple: "O te vas o te meto en la cárcel". Nada menos que 18 meses.

Lo que tiene que quedar claro es que la Directiva 2008 disminuye las garantías jurídicas contempladas en la de 2005. En concreto resulta gravemente restrictivo el artículo 7, párrafo tres: "Los Estados miembros podrán adoptar una decisión administrativa, resolución judicial o acto independientes por los que se ordene la expulsión". Si tener en Europa una política común de inmigración supone tener que aceptar la equiparación de una orden judicial y de una decisión administrativa, sería francamente mucho mejor para la salud del sistema democrático renunciar a esa política conjunta. Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo. Y si el Gobierno español sufre por no ver avanzar los derechos democráticos de los inmigrantes irregulares, no tiene más que empezar por casa y revisar las lamentables condiciones de nuestros propios Centros de Internamiento de Extranjeros. Que casualmente han sido denunciados por jueces y no por decisiones administrativas.

solg@elpais.es

El pobre ombudsman (actualmente el griego Nikiforos Diamandouros) no puede hacer gran cosa, salvo subrayar la importancia de la transparencia, en todos los casos y muy especialmente en lo relacionado con las actividades de los lobbys o grupos de presión.

En eso radica, probablemente, la esencia del problema, no sólo en la Unión Europea, sino en todos los países democráticos en los que el acceso de los ciudadanos a todo tipo de documentos y papeles en manos de la Administración es injustificadamente restrictivo. En la UE se intentó hacer algo el pasado miércoles día 30, con una nueva normativa destinada, en teoría, a aumentar esa transparencia informativa. Dado que la UE es manifiestamente secretista, todo avance de la transparencia es bienvenido. Los expertos en el tema aseguran, sin embargo, que se ha perdido una gran oportunidad para imitar la legislación más abierta de los países nórdicos, y que la norma europea sigue siendo insuficiente e incluso regresiva en algunos aspectos. (Claro que el Parlamento Europeo no tendrá nada que decir al respecto: la semana pasada, según informó la web Eurobserver.com, los eurodiputados echaron abajo una propuesta para que se hicieran públicos los informes de sus propios auditores).

En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana.

A la espera de los análisis poselectorales del CIS, que siempre aportan los datos más seguros, resulta muy entretenido comentar otros elementos estadísticos de la vida política nacional. En un blog titulado La Moqueta Verde, cuatro jóvenes graduados del Instituto Juan March, que ahora amplían estudios en el Banco Mundial (Alex Guerrero) y en las universidades de Essex (Álvaro Martínez), Yale (Laia Balcells) y Oxford (Lluís Orriols), se han dedicado, entre otras cosas, a analizar la edad media de los sucesivos Gobiernos españoles desde la época de Adolfo Suárez. El resultado es inesperado: el Gobierno que acaba de nombrar José Luis Rodríguez Zapatero es el más viejo de todos cuantos se han formado en este periodo democrático, con una media de 52,38 años. Los más jóvenes fueron los dos primeros de Felipe González (42,41 y 43,94 años de media) y el primero de José María Aznar (45,9 años).

De hecho, afirma La Moqueta Verde, Zapatero "fue el único presidente que no apostó por un Gobierno más joven que el de su predecesor". Lo hizo González en 1982, con un Gabinete ocho años más joven que el último de Suárez / Calvo-Sotelo, y lo hizo Aznar en 1996, con unos ministros casi dos años más jóvenes de media con respecto al último Gabinete de González. Sin embargo, el primer Gobierno de Zapatero en 2004 tenía dos años más de media que el último del Partido Popular. Y su segundo Gabinete despega aún más esa proporción.

En lo que sí está claro que Rodríguez Zapatero es un gran innovador es en la incorporación de mujeres a sus Gobiernos. El primer salto lo dio el cuarto Gobierno de González, que pasó de un 8% a un 17,6% de mujeres. Eran cifras aún muy tímidas, que José María Aznar volvió a empujar hacia arriba: su último Gobierno tenía ya un 28% de mujeres. El verdadero espaldarazo, la gran revolución, no llegó, sin embargo, hasta 2004. Fue Rodríguez Zapatero quien nombró un primer Gobierno paritario y quien acaba de nombrar un Gabinete con un 56% de mujeres.

Los analistas de La Moqueta Verde llegan a otras conclusiones llamativas. El Gobierno actual de Rodríguez Zapatero sería todavía más maduro si sólo se contara con sus ministros hombres (con una media de edad de 57,9 años). Es gracias a la incorporación de dos mujeres muy jóvenes, menores de 40 años, Carme Chacón y Bibiana Aído, que la media se equilibra un poco. Son precisamente estas dos ministras las que han transmitido una imagen de juventud que, en realidad, no se ajusta a la composición del Gobierno en su conjunto.

El respaldo electoral que parecen haber ofrecido las mujeres de manera mayoritaria a José Luis Rodríguez Zapatero es un elemento político de primer orden que influirá probablemente en las tácticas y estrategias electorales de todos los partidos políticos a corto y medio plazo. El único partido en el que, de momento, parece existir una posible candidata presidencial es el PP, donde Esperanza Aguirre lucha a brazo partido por situarse en una buena posición como alternativa a Mariano Rajoy, no en el congreso que se celebrara en pocos meses, sino en 2011, cuando haya que elegir realmente al candidato presidencial.

Aguirre, que tiene un formidable olfato político, cometió probablemente un serio error durante la pasada campaña electoral, al dar la impresión de que era capaz de hundir a Rajoy con tal de que su enemigo predilecto, Alberto Ruiz-Gallardón, no fuera en las listas por Madrid. Esa jugada fue mala, pero no lo son, probablemente, sus movimientos posteriores dentro del PP para evitar que Gallardón ocupe lugares decisivos en la estructura del partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la única que no ofrece apoyo incondicional a Rajoy, pero por eso mismo es la única que aparece de momento como la única alternativa posible a un dirigente muy desgastado.

Por supuesto que muchos comités de ética en el mundo cuentan entre sus miembros con religiosos o sacerdotes. Pero no porque les haya nombrado la jerarquía católica, ni por su condición de tales, sino que han sido elegidos por su fama y prestigio, sus publicaciones, debates o ensayos sobre el tema. Nadie con sentido común tendría algo que oponer a que el jesuita Teilhard de Chardin hubiera formado parte, por ejemplo, del comité de ética del hospital de la Paz. Ojalá. Lo malo es que, muy probablemente, hubiera sido el propio cardenal arzobispo de Madrid quien le hubiera puesto inmediatamente el veto, por poco obediente, o quizás, por excesivamente conocedor del tema.

De lo que se trata ahora es de un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y monseñor Rouco por el que los curas que asisten en los hospitales a los enfermos católicos que solicitan sus servicios, entran a formar parte, también, de los llamados Comités de Ética y comités interdisciplinarios de Cuidados Paliativos de todos los centros sanitarios de propiedad pública de Madrid. ¿Para qué? ¿Para que rocíen con agua bendita la mesa de reuniones?

No tiene sentido que la Comunidad llegue a un pacto semejante con la jerarquía de la Iglesia católica. Ya sabemos lo que piensa esa jerarquía: a Jesús nadie le abrevió la agonía en la cruz. Para ellos, de nada sirve que hayan pasado XXI siglos desde entonces y que nadie muera en España ni en la cruz, ni por sus ideas o creencias. Es verdad que tienen derecho a pensar lo que quieran y a recomendar a sus seguidores que sigan el ejemplo de su líder. Los Testigos de Jehová tampoco aceptan determinados tratamientos. Mientras sean adultos, no hay nada que discutir.

Pero por esa condición de curas o de jerarquía religiosa, católica o de cualquier otra fe, no tienen derecho a decidir sobre el tipo de asistencia médica que debe recibir el conjunto de la ciudadanía ni a participar en el debate sobre cuestiones de moral social que afectan a todo tipo de ciudadanos, creyentes o no. Los ciudadanos, que tenemos derecho a tratamientos médicos de calidad, deberíamos exigir también que los debates sobre cuestiones morales que afectan a nuestra vida y a nuestra muerte no queden en manos de ignorantes o aficionados, cuyas únicas credenciales demostradas o demostrables sean tener fe y obediencia. Ni curanderos para tratar nuestras enfermedades ni sermoneadores para debatir la moral social.

Por supuesto que han surgido nuevos problemas comunes a la humanidad que requieren de nuevos instrumentos teóricos para comprenderlos y para actuar sobre ellos. Por supuesto que hay sacerdotes y religiosos, católicos y de otras creencias, que han dedicado su esfuerzo y su capacidad intelectual a debatir estos temas. Bienvenidos sean a la mesa de discusión con profesores de ética y con expertos en derecho. Pero eso no tiene nada que ver con firmar un acuerdo con el cardenal arzobispo de Madrid sobre el papel o la influencia de los curas en los hospitales públicos.

Lo más increíble de todo este asunto es que el laicismo, la doctrina que defiende la independencia de los hombres y mujeres, de la sociedad, y muy particularmente del Estado, respecto a cualquier organización o creencia religiosa, no fue un invento del socialismo, sino del liberalismo. Es una lástima que los políticos españoles que se reclaman hoy liberales aparentemente no hayan leído siquiera algún manual escolar sobre el tema y que se crean que el liberalismo es una palabra que significa lo que a cada uno le viene bien en cada momento.

En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la única persona dentro del PP que ha dicho claramente que es liberal, que defiende el liberalismo y que quiere que su partido se acoja a esa doctrina, da la impresión de que cree que es algo que nació con la escuela económica de Chicago y que se refiere sólo a la privatización acelerada, por las buenas o por las malas, de todos los servicios públicos que se pueda, incluida la educación y la sanidad. Resulta asombrosa la naturalidad con la que la presidenta ignora buena parte de la doctrina que dice representar, en concreto todo lo que ayudó a la modernización de las sociedades europeas del XIX y que tenía que ver, precisamente, con la vigorosa y tenaz defensa de la libertad de conciencia ante cualquier tutela teológica o religiosa. Lo más contrario al liberalismo no es un hospital de gestión pública. Lo radicalmente contrario a todo lo que significa y significó esa doctrina política es, precisamente, el convenio que ha firmado en Madrid Esperanza Aguirre.

solg@elpais.es

Por primera vez en décadas, anunció recientemente la BBC, un país como Pakistán ha reintroducido en determinadas zonas un sistema de cartillas de racionamiento. Y los diarios de muchos países del Caribe, África y Asia dan cuenta de tumultos provocados por grupos enfurecidos por la carestía de los alimentos. Nada de ello ha despertado en las sociedades más desarrolladas ni la mitad de atención que la crisis financiera que les aqueja. De hecho, los gobiernos y las instituciones de Estados Unidos y de Europa han reaccionado de manera rapidísima para atajar las consecuencias de esa crisis económica, provocada, bien está recordarlo, por el deseo de los bancos norteamericanos de hacer más dinero, mucho más dinero, mucho más rápidamente.

La rápida respuesta a la crisis de la avaricia, como se merecería ser conocida esta crisis financiera, es todavía más notable porque realmente no era fácil predecirla. De hecho, todavía hoy no se sabe cuál es exactamente su alcance y profundidad. (Circula por muchos blogs y webs españoles un estupendo texto del profesor Leopoldo Abadía con una amplia y comprensible explicación de lo que ha ocurrido con las hipotecas ofrecidas a los llamados ninja, es decir, no income, no job, no assets, sin ingresos fijos, sin empleo, sin propiedades).

Toda esta rapidez ante algo poco previsible o estudiado que afecta a nuestros bolsillos se vuelve lentitud, racanería y dejadez para hacer frente a algo que afecta a sus estómagos, como denuncia Sheeran. Organizaciones como Oxfam insisten en que la crisis alimentaria era absolutamente previsible: es cierto que el cambio climático, las sequías e inundaciones, han reducido las cosechas en muchos países, pero básicamente la crisis está provocada por hechos y decisiones políticas con efectos claramente estudiados y anunciados. Era perfectamente predecible que el desarrollo de China y de India aumentaría la demanda de alimentos. Era predecible que aumentaría el precio del grano si los gobiernos decidían formalmente animar, en porcentajes muy considerables, la producción de biocombustibles. Era precedible que habría más inseguridad alimentaria y que sería necesaria una acción global para proteger a los más pobres de precios en continuo incremento o muy volátiles. Si la hambruna, con todo lo que eso significa, se extiende, esta vez nadie podrá decir que no sabía lo que iba a pasar. Simplemente, no se habrá hecho nada lo suficientemente rápido ni lo suficientemente eficaz. Todos habremos empezado el milenio de la manera más vergonzosa posible.

Algunos expertos consideran que esta crisis alimenticia podría, quizá, convertirse en una oportunidad para corregir definitivamente algunos de los mayores problemas que padece la agricultura en los países menos desarrollados. En teoría, el incremento del precio de los alimentos debería beneficiar, por ejemplo, a los pequeños productores africanos, pero la realidad es que hasta ellos no está llegando prácticamente nada de ese beneficio. Si se garantizara el acceso de los pequeños granjeros a las ganancias provocadas por los nuevos precios y se aprovechara para invertir en la modernización de la agricultura de esos países, se podría corregir parte de los males de la crisis. Lo peor de todo, y desgraciadamente lo más probable, sería que los beneficiados acaben siendo los grandes productores, con capacidad para almacenar alimentos y para especular con su llegada al mercado. Más avaricia. ¿Realmente alguien pretende, de verdad, controlar la emigración?

El revuelo provocado por el nombramiento de Carme Chacón y por el hecho de que en este Gobierno haya más mujeres que hombres ha dejado en evidencia que en este país hay muchos más periodistas que políticos contaminados por un defecto muy evidente: la falta de respeto hacia las mujeres. Respetar no significa tratar a alguien con deferencia. Se trata más bien de lo que dijo Erich Fromm: la habilidad de ver a una persona como es, de ser consciente de su única individualidad. Y eso, examinar a las ministras individualmente, como se hace con los ministros varones, va más allá de la capacidad intelectual o cultural de estos ágiles comentaristas, aptos únicamente para hablar del "batallón de modistillas" o para poner en duda que una mujer con un bebé "pueda asistir durante muchos meses a las reuniones de sus colegas de la OTAN". ¿Por qué no podrá ir Chacón a las reuniones de la OTAN? ¿Tienen algo infeccioso sus colegas que le aconseje mantenerse alejada de ellos?

A los militares les gobiernan los políticos y si algo está claro respecto a Carme Chacón es que es, precisamente, alguien dedicada a la política desde hace ya muchos años, una de las pocas personas de este Gobierno que procede del aparato del partido socialista, como el propio Zapatero. Tiene empuje e inteligencia. Lo hará bien o mal pero, desde luego, la culpa no será del bebé o de su condición de mujer.

Dicho todo esto, parece que Rodríguez Zapatero es seguidor de la doctrina filosófica de John Austin, un británico que escribió un libro titulado How to do things with words (Cómo hacer cosas con palabras). Según esa doctrina, al pronunciar determinadas palabras no se "decía" algo sino que se llevaba a cabo una acción. No se trata, pues, de tender hacia el marketing político, como algunos le reprochan, sino del convencimiento de que las palabras "hacen" cosas. En particular, las suyas.

Ojalá tenga razón, sobre todo en los temas de igualdad y el hecho de que haya "nombrado" ese nuevo ministerio sea suficiente para alcanzar algunos efectos reales. El dato de que la ministra, Bibiana Aido, tiene 31 años no es una ventaja, sino un inconveniente para el desarrollo de su complicada labor. Crear un ministerio de los llamados transversales, es decir, cuyas competencias se cruzan con las actividades de otros departamentos, exigiría más experiencia y mucho más peso político del que aporta Aido. La situación se comprende fácilmente si se compara, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Hacienda. Tener 31 años no sería una ventaja, sino un problema para hacerse cargo de esa cartera, por muy valioso que fuera el titular. La juventud de la ministra no pone en duda su competencia ni su conocimiento pero, lamentablemente, está indicando que su ministerio no es tan importante como los de Justicia, Economía o Exteriores. Lástima que la apuesta no fuera mayor y que el departamento de Igualdad no nazca con más determinación.

Lo curioso del Gabinete con el que comienza la legislatura no es, sin embargo, la llegada de nuevas ministras y ministros. Es significativo, sin duda, que se incorpore al Gobierno Miguel Sebastián. O que la nueva ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, esté próxima a José Blanco y sea, quizás, una posible candidata a la alcaldía de Madrid dentro de unos años. Todo eso es cierto. Pero lo más llamativo es saber quiénes se han marchado y quiénes se han quedado del anterior Gabinete.

Resulta difícil interpretar, por ejemplo, la salida de Jesús Caldera, responsable de la mejor iniciativa política de toda la anterior legislatura, la Ley de Dependencia, de alto contenido social. El complicado desarrollo de esa importante ley queda ahora en manos de la ministra de Educación y Políticas Sociales, Mercedes Cabrera, que llegó al anterior Gobierno como experta en Universidades, tarea que ahora se le cercena. O la decisión de dejar a Magdalena Álvarez, la ministra más polémica del Gabinete, y de expulsar a Cristina Narbona, icono de las políticas ambientales de este país, justo cuando se supone que se va a dar más importancia a la lucha contra el cambio climático. Sorprende que se quede Fernández Bermejo cuando toda la negociación sobre Justicia se encomienda al mismo tiempo al nuevo portavoz, José Antonio Alonso. Es difícil interpretar el patrón por el que se ha regido Zapatero, no a la hora de nombrar a los nuevos ministros, sino a la de valorar la acción de los que ya tienen un balance que ofrecer. De lo primero, hay siempre poco que decir. De lo segundo, debería ser más fácil comprender algo.

solg@elpais.es

Es cierto que el debate sobre las balanzas fiscales es antiguo y que ya existen numerosos análisis financiados por entidades privadas e institutos de estudios fiscales. Pero son variados, utilizan metodologías distintas y ofrecen resultados diferentes. El saldo depende, como es lógico, de lo que se impute como ingreso y, sobre todo, como gasto. La novedad en este caso es que se tratará, por primera vez, de un estudio oficial, en el que se fijará la metodología del análisis, y que una vez publicado se convertirá en el punto de referencia obligado de cualquier discusión política.

El Ministerio de Hacienda, que nunca ha sido favorable a hacer públicos esos datos, tendrá que establecer una metodología aceptable por todos los interlocutores, y muy especialmente por los nacionalistas catalanes (el PSC suele coincidir en estos temas, con pocos matices, con CiU y con ERC). Se supone que Hacienda favorece la elaboración de balanzas de acuerdo con el sistema llamado de "carga-beneficio" y no de "flujos monetarios", utilizado más frecuentemente en estudios encargados por partidos nacionalistas. Por lo menos ése fue el sistema utilizado en el trabajo que encargó el año pasado el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente del ministerio) a dos especialistas en la cuestión: Ezequiel Uriel, catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y Ramón Barberán, profesor del departamento de Estructura e Historia Económica de la Universidad de Zaragoza.

Los dos profesores se esforzaron en dejar claro que el gasto público no tiene finalidad territorial, sino que "se dirige directamente a la cobertura de necesidades individuales y se atiene al principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos". "A su vez", explicaba Barberán, "los ingresos necesarios para financiar el gasto público se recaudan atendiendo a criterios que ponderan las condiciones personales de los sujetos pasivos, sin atención alguna a su territorio de residencia". Aun así, nadie niega que "los ingresos y gastos públicos dan lugar a importantes efectos redistributivos interterritoriales". Finalmente, el estudio llegaba a la conclusión esperada por todo el mundo: en España hay siete comunidades "contribuyentes netas": Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón. El resto son "beneficiarias netas".

Para la mayor parte de los territorios autonómicos, esos desajustes son moderados "en la medida en que siguen manteniendo el mismo orden en relación al PIB antes que después de aportar recursos al Estado". Madrid, que es la primera en aportar ingresos, es la primera en cuanto al PIB de su comunidad. No sucede así en el caso de Cataluña, que es la tercera en aportación de recursos, pero la quinta en cuanto a su PIB. Éste fue uno de los datos esgrimidos por los negociadores del nuevo Estatut para reclamar, y conseguir, la famosa disposición adicional tercera: "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años". Pero según Uriel y Barberán, ese desfase es todavía mayor en el caso de la Comunidad Valenciana, que es la cuarta contribuyente neta y la octava en relación con su PIB. El sudoku se complica.

(Por supuesto, el País Vasco y Navarra se mantienen absolutamente al margen de este debate. Las dos comunidades disfrutan de un sistema de financiación exclusivo, prácticamente confederal, y no tienen la menor intención de hacer ruido o de llamar la atención al respecto).

En lo único en lo que todo el mundo parece coincidir es en la necesidad de que Rodríguez Zapatero dé un gran contenido económico a su discurso de investidura. Se supone que el primer Consejo de Ministros aprobará, quizá por decreto-ley, un paquete de medidas para hacer frente a la anunciada crisis económica, y lo lógico sería que el candidato a presidente del Gobierno explicara ya ante el Parlamento, con detalle, qué piensa hacer y cómo cree que se van a desarrollar las cosas en los próximos meses. Del resto de los temas pendientes parece difícil que la sesión de investidura permita anticipar grandes novedades.

No es muy probable tampoco que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ofrezca un discurso distinto del que ha formulado durante las pasadas elecciones. El discurso de investidura tiene siempre un claro protagonista, y no merece mucho la pena disputarle los focos al candidato a presidente del Gobierno. Rajoy insistirá, sin duda, en la mala situación económica, y renovará su oferta de pactos para combatir el terrorismo y para sostener una política exterior y europea de Estado. Quizá incluso aproveche la ocasión para recuperar el tono político tras su pésima intervención ante la junta nacional de su partido, el pasado lunes. Rajoy mostró una extraña mezcla de determinación (con el arriesgado, importante y muy personal nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz parlamentaria) y de desánimo, con un balance pobretón de los resultados electorales.

La mayoría de las incógnitas que rodean al PP y a Rajoy no se despejarán, sin embargo, hasta el congreso de junio. Hasta entonces, lo más probable es que el PP atraviese unos meses complicados, con focos de tensión que se irán apaciguando si Rajoy demuestra tener unas ideas claras sobre lo que desea hacer y con quienes, o que se avivarán en cuanto Rajoy dé muestras de debilidad o coseche el menor fallo electoral (los comicios gallegos en 2009 serán posiblemente el momento más decisivo para las verdaderas opciones del dirigente popular). Por ahora, la atención se centra en otras cuestiones. Por ejemplo, en la intervención que tendrá mañana, lunes, Esperanza Aguirre en un acto organizado por el diario Abc. La posición de la poderosa presidenta de la Comunidad de Madrid, 24 horas antes de que se abra la sesión de investidura, despierta en el PP todo tipo de especulaciones.

La inestabilidad interna de los partidos no afecta sólo al PP. Los nacionalistas catalanes, versión CiU o ERC, tienen también por delante, en verano, dos difíciles congresos de los que tienen que salir decisiones importantes. Más agitada todavía está la situación en el PNV. Los socialistas no saben lo que está pasando entre Íñigo Urkullu, Joseba Egibar y Juan José Ibarretxe, y probablemente no puedan despejar sus dudas hasta mayo, cuando el lehendakari acuda a visitar a Rodríguez Zapatero. ¿Se ratificará en su plan? ¿Ofrecerá una retirada? ¿Hasta qué punto y a cambio de qué? Imposible hacer planes con el PNV hasta despejar ese balón lo más lejos posible.

PD. En la pasada legislatura, lo primero que hicieron los responsables del Congreso de los Diputados fue algo que se parecía mucho a un fraude de ley: el Partido Socialista "prestó" dos diputados a Coalición Canaria para que pudiera formar un grupo parlamentario propio (con lo que ello significa económica y políticamente). Inmediatamente después, los dos diputados socialistas se volvieron a su "casa", pero los canarios ya pudieron quedarse con "su" grupo. En esta legislatura, Izquierda Unida y ERC han podido formar grupo propio gracias a que se les han unido los diputados del Bloque Nacionalista Galego. Es de esperar que ahora no se produzca el mismo número y que los diputados del BNG no se vuelvan después al Mixto. A los políticos españoles les ha parecido siempre que todo esto no tiene la menor importancia, pero la verdad es que ya es hora de acabar con este tipo de fraudes y de actuar en el Parlamento con un mínimo de pulcritud democrática.

Fuera por vocación, falta de capacidad o, más probablemente, por imposición y control del propio Rodríguez Zapatero o de los vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, poco dados a repartir juego político, la realidad es que los ministros, en general, ofrecieron una imagen pública casi exclusivamente técnica, desprovista de liderazgo y, desde luego, ausente en todo lo que fuera opinión sobre el gobierno del Estado.

En esta segunda legislatura, el presidente del Gobierno tiene que decidir si abre el juego e incorpora a ministros con experiencia política, pesos fuertes, capaces de ocupar una parte del escenario público o si opta por repetir el modelo, reservándose para sí, casi en exclusiva, el espacio político. Las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes.

Por el momento, la única noticia confirmada es el nombramiento de José Antonio Alonso, como portavoz parlamentario, y de Ramón Jáuregui, como secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Se trata de dos personas que, precisamente, hubieran podido aportar su experiencia política al nuevo Gabinete y que tendrán que adaptar esa capacidad a su nuevo cometido.

Sea cual sea, el nuevo Gobierno va a arrancar con una extraña etiqueta de provisionalidad, que ya le han colocado muchos dirigentes del propio Partido Socialista. Quizás porque esperan un Gabinete de continuidad y se adelantan a ese excesivo continuismo, o porque disponen de información interna, lo cierto es que proliferan las voces de quienes anuncian públicamente que este Gabinete, todavía sin nombrar, tendrá una vida corta, de dos años o, incluso, menos. La mayoría señala la presidencia española de la Unión Europea, en 2010, o la hipotética retirada de Pedro Solbes en las mismas fechas, como el momento para efectuar una gran remodelación que dé paso a una segunda etapa, más novedosa. Especulaciones de este tipo se suelen producir a mitad de cualquier legislatura y con cualquier Gobierno; lo chocante en esta ocasión es que están circulando antes incluso de que se produzca el anuncio formal de la composición del nuevo Gabinete.

Choca también porque se supone que el Gobierno que finalmente nombre Rodríguez Zapatero va a tener que hacer frente a una crisis económica de alcance todavía no bien valorado y duración indeterminada. Una crisis que afectará indiscutiblemente a las entidades que han prestado dinero para el gran boom inmobiliario de los últimos años, es decir no sólo los bancos sino muy especialmente las Cajas de Ahorro, que han desplegado una enorme actividad en la financiación de las empresas constructoras.

Todos los especialistas auguran, pues, una crisis con aumento del paro y de las tensiones sociales, con empresas menos proclives a acuerdos colectivos y con un Ministerio de Hacienda menos generoso a la hora de pactar financiaciones extraordinarias, obligado como está a poner en marcha presupuestos con un margen de gasto más reducido y a lanzar rápidamente un paquete de reactivación que haga frente al desplome de la construcción. Para colmo, la mayoría de las legislaturas que tienen que hacer frente a situaciones económicas difíciles se transforman también en legislaturas complicadas desde el punto de vista de la financiación autonómica. En este caso, además, la crisis va a coincidir con la puesta en marcha de varios estatutos nuevos, con diferentes baremos y mecanismos de cálculo.

Precisamente en esas circunstancias es cuando más se agradecen Gobiernos con ministros con personalidad propia, pesos pesados capaces de comunicarse con los ciudadanos. La mayor parte de las veces, cuando un partido político o un Gobierno se queja de su incapacidad para comunicarse con el ciudadano o para transmitirle el balance de su gestión se debe no tanto a la falta de portavoces adecuados como, simplemente, a la falta de suficientes personalidades que hagan política. El trabajo fundamental recae, como es lógico, en el presidente del Gobierno. Pero nadie dice que tenga que ser algo absolutamente exclusivo.

solg@elpais.es

Es evidente que en la primera legislatura las cosas no se desarrollaron en bastantes casos a gusto de Solbes. En una etapa económicamente menos brillante, la capacidad de control adquiere todavía más importancia. Se trata, además, de una etapa en la que habrá que negociar rápidamente nada menos que la nueva financiación autonómica, producto de los nuevos estatutos y con un contenido no sólo económico, sino de alto voltaje político. Nadie duda ahora, ni en el PSOE ni en La Moncloa, de que Solbes tendrá una autonomía mayor, consecuencia no sólo del hecho de que el presidente le pidiera explícitamente que se quedara, sino también del importante papel que desarrolló en la campaña, sobre todo a raíz del debate con Manuel Pizarro.

El éxito de Solbes decantó toda la estrategia socialista y arrebató al PP lo que se suponía que era su mejor arma. Su papel será ahora decisivo para establecer a qué ritmo se puede acelerar el plan de infraestructuras, que reclaman muchos expertos socialistas como un instrumento imprescindible para compensar la caída del mercado de la construcción. La legislatura que comienza, según la mayoría de esos expertos, debe dar una gran importancia al cambio de modelo de crecimiento, de forma que el potente motor de la construcción, ahora desinflado, sea compensado y sustituido a medio plazo por otros motores combinados.

El equipo económico será, pues, la piedra de toque del nuevo Gobierno, pero no será, probablemente, la única novedad. De la lectura atenta de las declaraciones realizadas por Rodríguez Zapatero en la campaña electoral podría deducirse su especial preocupación e interés por lo relacionado con el cambio climático, un concepto que no sólo tiene que ver con un departamento clásico de medioambiente, sino que comprende otros múltiples aspectos relacionados con la energía, las costas o el suelo.

En el entorno del presidente todo el mundo asume también que, en esta segunda legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero no puede permitirse permanecer tan alejado de los principales escenarios de la política internacional, y sobre todo europea, como se ha mantenido en estos primeros cuatro años.

Su actividad internacional, reconocen muchos cargos socialistas, ha sido "muy poco intensa", y eso es algo que debe corregirse con prontitud. España ocupará la presidencia de la UE en 2010, y aunque para entonces, si todo va como tiene que ir, ya existirá en la Unión Europea un presidente estable, Rodríguez Zapatero y sus ministros tendrán que desempeñar un papel relevante. La expresión preferida en estos momentos es "una agenda internacional mucho más dinámica". Una agenda dinámica y un perfil internacional "más dinámico" para el propio presidente, puntualiza un asesor presidencial.

El tercer campo en el que se espera una atención especial por parte del presidente del Gobierno y de su nuevo gabinete es el relacionado con la inmigración. A lo largo de la campaña, Rodríguez Zapatero insistió varias veces en la necesidad de enfocar ese capítulo desde tres perspectivas diferentes: dos vinculadas con aspectos represivos, como el control severo de las entradas irregulares y la correspondencia máxima entre permiso de residencia y existencia de un contrato de trabajo, y otro de índole social: políticas de reforzamiento de los servicios públicos esenciales, de forma que no se produzca un deterioro de esos servicios (sanidad, educación y vivienda) simplemente porque exista una mayor demanda. La duda es cómo y desde dónde combinar aspectos tan dispares.

De la jornada de ayer llaman la atención, sobre todo, dos cosas: la mención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de su conversación con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y la no aparición del líder popular, Mariano Rajoy, que llenó momentáneamente de inquietud a sus seguidores.

De entre todas las conversaciones que sin duda mantuvo ayer, el presidente del Gobierno eligió una, su charla con Urkullu, para comentarla públicamente. Rápidamente se pusieron en marcha las conjeturas. Por tres razones. Primero, porque sigue pendiente la iniciativa del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para convocar una consulta popular que el Gobierno considera ilegal. Segundo, porque el PNV ha sufrido una considerable bajada de voto, presumiblemente moderado, en estas elecciones. Y tercero, porque el PSOE necesita ampliar su mayoría de cara a la sesión de investidura de Rodríguez Zapatero y el PNV dispone de seis escaños (siete, si se le añade el de Nafarroa-Bai).

Si se combinan todos los elementos, se diría que el PNV y el Gobierno pueden tener interés en analizar la situación conjuntamente. Se supone que para el PSOE sería bastante más cómodo encontrar bases de acuerdo con el PNV que con CiU, una opción siempre mal vista por los socialistas catalanes. La única duda, en ese caso, sería saber en qué momento anunciaría el PNV que retira el proyecto de consulta de Ibarretxe, condición que parece indispensable para hacer efectivo cualquier acuerdo. En el fondo, esa sería incluso una buena vía de salida para los nacionalistas que no ven solución para el el embrollo en el que les ha metido el lehendakari y que les puede haber costado el voto moderado de Vizcaya.

En el otro lado, en el PP, la inesperada decisión de Mariano Rajoy de no comparecer ante los medios de comunicación, despertó la inquietud entre sus propios compañeros de partido, preocupados por el estado de ánimo de su candidato. Buena parte de la estructura del PP apuesta por una "sucesión ordenada" de Rajoy, es decir no por un anuncio inmediato de retirada sino por un proceso más largo en el que Rajoy se haría cargo, de nuevo, de la réplica a Zapatero en el discurso de investidura y de la marcha del partido como mínimo en los próximos tres o seis meses, quizás con un nuevo portavoz parlamentario.

La sosegada comparecencia de los portavoces del PSOE y del PP, José Blanco y Pío García Escudero, pocos minutos después de cerrarse las urnas, dio una indicación de lo complicado que iba a resultar el recuento electoral, no por motivos técnicos, sino por la importancia que tenía en esta ocasión el probable baile de algunos escaños hasta los últimos minutos. Los dos partidos eran perfectamente conscientes de que la nueva legislatura depende, sobre todo, de la distancia que exista entre el PSOE, partido claramente ganador, y el PP. El número exacto de escaños de diferencia entre uno y otro marca no sólo el espíritu de la legislatura sino también la vida orgánica de los dos partidos. El PSOE no ha llegado a la cifra mágica, 172 escaños, que aunque no suponga la mayoría absoluta, sí hubiera garantizado al nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero una completa autonomía y cuatro años muy distintos de los pasados. Por debajo de 170, tiene que buscar apoyos más sustanciales. En ese escenario, la mejor de las noticias para los socialistas es la gran bajada de ERC, incapaz de mantener su protagonismo anterior. El espectacular resultado del PSC en Cataluña no significa, sin embargo, que CiU se haya hundido o vaya a ser ahora un socio cómodo, sino que el electorado catalán tiene unos niveles de rechazo respecto al PP muy superiores a los de cualquier otra comunidad española. En sentido contrario, a corto plazo, la peor noticia es el derrumbe de Izquierda Unida, que pierde su grupo parlamentario, y se convierte en una fuerza política casi irrelevante. Para el PP, el análisis es muy parecido. Rajoy contaba con garantizarse la continuidad al frente del partido, al menos hasta la celebración del próximo congreso popular, con cualquier resultado por encima de los 152 escaños. Sea como sea, el objetivo popular era, sobre todo, acortar la distancia de 16 escaños registrada en 2004. Cualquier disminución en esa diferencia hubiera sido el dato más importante para el PP y no está claro que lo alcance finalmente..

La mayor emoción en la noche electoral la proporcionó el recuento de votos en el País Vasco, donde por primera vez en quince años los ciudadanos decidieron encender un potente semáforo en rojo al PNV: con el 80% escrutado, el Partido Socialista de Euskadi le sacaba casi once puntos de diferencia a los nacionalistas vascos. Quienes promovieron la salida de Josu Jon Imaz de la dirección del PNV deben de estar ahora analizando las consecuencias de su decisión.

La legislatura será complicada. Arranca con una serie de temas impuestos, desde la importante decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña hasta la desaceleración del crecimiento económico, que exigiría un cierto consenso entre los dos grandes partidos. No parece que este nuevo Parlamento, tan polarizado como el anterior y reflejo de un país preocupantemente dividido, pueda propiciar esos acuerdos.

En principio, es el análisis de esos pequeños sondeos lo que marca el desarrollo de las campañas, la insistencia o el abandono de determinados temas o puntos de discusión concretos, o el que obliga a realizar, incluso, importantes correcciones de rumbo a mitad del camino. En Estados Unidos, donde los candidatos manejan enormes cantidades de dinero, los trackings diarios son de unas 1.200 encuestas, como mínimo; pero en España ningún partido encarga más de 300 ó 400 al día, lo que baja el nivel de fiabilidad, incluso cuando se analizan juntas cada tres días. En cualquier caso, los datos de estos trackings serán durante los próximos días el secreto mejor guardado, los verdaderos lingotes de oro, de cada comité electoral y de cada candidato.

Salvo los debates televisados, cara a cara, que son una apreciada novedad, en la campaña recién inaugurada todo suena a bastante oído y conocido. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy son bien identificados y reconocidos por el electorado español (los dos líderes han tenido cuatro años para enfrentarse una y otra vez en el Parlamento). Prácticamente todos esos debates fueron ganados por el presidente del Gobierno, pero eso no quiere decir que ahora los tenga también ganados. Sobre todo porque la mayoría de las veces la victoria parlamentaria de Rodríguez Zapatero se asentó en la presentación de unos datos económicos espectaculares, optimistas e irrebatibles. Ahora, el presidente tiene que hacer frente a la percepción ciudadana, justificada o no, de que se avecina una crisis en el crecimiento, algo que el PP ha convertido rápidamente en uno de sus principales argumentos de campaña.

Las campañas son los momentos intensos en los que todo el mundo se acuerda de los especialistas en comunicación política y en técnicas electorales, pero la verdad es que su influencia comienza, cada vez más, justo cuatro años antes, cuando arranca una legislatura. Es entonces cuando los primeros ministros y presidentes de gobierno, y cuando los jefes de la oposición (en los países donde existe esa figura), se plantean, o al menos deberían plantearse, cómo mantener la comunicación con los ciudadanos, cómo asentar su liderazgo al frente de la institución publica que dirigen o protagonizan, y cómo desarrollar las estrategias de comunicación entre las políticas que desarrollan o preconizan y la imagen que se tiene de ellas.

El último libro de la profesora María José Canel, una de las más conocidas expertas españolas en comunicación política, trata precisamente de estos temas (Comunicación de las instituciones públicas. Editorial Tecnos) y de la necesidad de no dejar ese trabajo para el último minuto. Cuenta que en los diccionarios de lengua inglesa hay 18.000 términos que hacen referencia a los rasgos personales aplicables a un líder. "Pero todos los expertos", asegura Canel, "coinciden en afirmar que el público juzga fundamentalmente respecto a dos rasgos: competencia profesional y la personalidad o carácter". En lo que se refiere a la competencia profesional, explica, se hace referencia al conocimiento, las capacidades de gestión, la sabiduría, la eficiencia, el criterio y la firmeza en la toma de decisiones. En cuanto al carácter, puede venir medido en los términos de honestidad, fiabilidad, simpatía, capacidad para compartir valores, capacidad para cumplir lo prometido, comprensión y cercanía.

Toda esta larga lista no debiera depender de un solo acontecimiento, como dos únicos debates televisivos, sino haberse construido paciente y profesionalmente a lo largo de los años. Sea como sea, la experiencia demuestra que un debate sí puede destruir uno de los aspectos de la lista y provocar un daño que ya no hay tiempo para reparar. En esos casos es probable que ya no sirva tampoco de mucho la idea de otros expertos de que el liderazgo no es sólo consecuencia de los rasgos individuales del líder, sino que depende también del comportamiento de otras personas y de elementos contextuales.

En el tan traído y llevado tema de la participación electoral existe, sin embargo, un cierto malentendido. Oyendo a los socialistas se podría pensar que en 2004 se produjo una participación fuera de lo habitual. La realidad es que, si se consideran las nueve elecciones celebradas desde 1977, la participación registrada en 2004 (75,66%) ocuparía un modesto quinto lugar, por debajo de 1977, 1982, 1993 y 1996. Tampoco es cierto que la participación garantice la victoria del PSOE: en 1996 perdió pese a que acudió a votar un 77,38% del censo. Lo que sí es probablemente cierto es que la derrota sería casi segura con una abstención por encima del 30%.

En días como el de ayer, con la agresión sufrida por varios consejeros madrileños a la puerta de un hospital, que viene a sumarse a los acosos sufridos por Nadal, Díez o San Gil, conviene valorar aún más la reacción de los alumnos de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid que el pasado jueves evitaron que un grupo de jóvenes enmascarados impidiera hablar a los representantes de los partidos que el decanato había invitado.

¿De qué se trata cuando se habla de "alta cultura"? Por lo que se ve, de lograr que todos los niños ingleses vayan a ver los mejores y más selectos espectáculos de teatro, danza, exposiciones, conciertos y recitales que se desarrollen en su entorno. "Especialmente se pondrá atención en que asistan a esas actividades culturales los niños que seguramente no tendrían acceso a ellas de otra manera", recogió un servicio informativo de la BBC.

El programa contempla destinar fondos extra a las escuelas financiadas con dinero público no sólo para comprar esas entradas o para pagar el transporte, sino también para que los niños creen sus propios espectáculos teatrales, facilidades para que aprendan a pintar o a tocar de forma no profesional algún instrumento musical y para que visiten los lugares históricos más importantes del país. "Daremos a muchos más niños la oportunidad de aprender a actuar, a cantar en coros o individualmente, o a hacer cine, e intentaremos que los que demuestren aptitudes especiales puedan tener la posibilidad de desarrollarlas más", aseguraron sus promotores.

La cultura, dicen los responsables de la infancia y la escuela inglesas, enriquecerá sus vidas y les dará la oportunidad de desarrollar un espíritu crítico como espectadores y participantes en la vida cultural del país.

La idea es que las autoridades locales, de las que depende la mayoría de esas escuelas, preparen sus propios programas y soliciten la financiación oportuna. Sin duda, como han anunciado rápidamente los responsables de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas, se van a producir muchos problemas prácticos. Algunos profesores, explicó uno de esos responsables, creen que sería mejor dedicar un día a leer poesía, escuchar música o tener "experiencias culturales", antes que organizar todo este movimiento con miles de niños; pero parece que el plan se pondrá en marcha, por encima de unos y de otros, y que las cinco horas de "alta cultura" a la semana son innegociables.

Lo que muestran los ingleses detrás de este curioso plan es que entre ellos no tiene éxito la idea de la cultura como tradición, tan querida por estos pagos españoles en general y autonómicos en particular, sino que triunfa el concepto de cultura como lo opuesto a la ignoracia. En el Plan para la Infancia nadie se ha empeñado en que los niños (que como son ingleses proceden de las más variadas familias locales e inmigrantes) aprendan la tradición inglesa (ni la galesa, ni la escocesa). No, ellos quieren que los niños tengan acceso a la cultura sin más. No sufren la aburridísima confusión que padecemos nosotros entre cultura y tradición, y muy probablemente están dispuestos también a admitir que merece la pena ampliar el canon cultural occidental. Seguro que los niños podrán ir, dentro de esas actividades culturales, a ver una selecta representación del Ramayana que les permita conocer la hermosa historia del niño Muni, o que podrán acudir a un espectáculo de baile flamenco si acaso visita su ciudad el Ballet Español. Seguro que la alta cultura incluye disfrutar de la música de Salif Keita y no sólo de la de Henry Purcell, por muy inglés que fuera.

La novedad de la propuesta inglesa no es que parta de la idea de que la cultura es buena para la educación de los niños. No, eso seguro que figura, por ejemplo, en los programas electorales de todos los partidos políticos que se presentan en España a las elecciones del próximo 9 de marzo. No, la novedad es que esa declaración sobre la bondad de la cultura, a la que nosotros somos tan aficionados, se acompaña con una medida concreta, medible y presupuestable: cinco horas a la semana. Cinco, probablemente las mismas que se dedican al estudio de una asignatura concreta. La novedad es que nadie pretende integrar a los niños de procedencia inmigrante obligándoles a respetar las tradiciones inglesas, sino animándoles a compartir el gusto por el espíritu crítico, la belleza o el conocimiento, y asegurándoles que la cultura es un concepto ligado a la ilustración y no al romanticismo.

La privatización de lo público es una idea muy potente, que se está abriendo camino en medio mundo, de la mano de los grandes grupos de pensamiento norteamericanos. Lo que no se entiende es por qué el PSOE entra en ese juego. Como diría el tan citado sociólogo Lakoff, la gran victoria de esa línea de pensamiento es lograr que se instale la idea de los impuestos como algo que debe ser reducido, o incluso eliminado, para que la economía pueda funcionar mejor.

Pero esa, dice Lakoff, es una seña de identidad de la derecha, no de la izquierda, y parece que los electores no votan tanto pensando en su bolsillo como en su identidad. La apelación a suprimir impuestos no sirve para acentuar la identidad de un partido de izquierda, sino para privarle de ella. Por eso resulta tan curioso que José Luis Rodríguez Zapatero, que ha leído tanto a Lakoff y que se rodea de grandes expertos internacionales, haga luego lo contrario de lo que predican esos asesores y renuncie a tener señas de identidad en lo económico. Y si no, que le pregunten al premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, quien probablemente esté tan boquiabierto como parte del PSOE ante el anuncio del presidente del Gobierno de que, si gana, piensa suprimir el impuesto sobre el patrimonio.

Es muy probable que ese impuesto, que no ha sido actualizado en muchos años (lo que ya demuestra una determinada voluntad política), necesitara una importante reconfiguración. Seguramente no debería afectar a ciudadanos cuyo único patrimonio es un piso. Pero una cosa es cambiar el tipo del impuesto, y otra suprimirlo, elevar a categoría la idea de que los patrimonios no tienen por qué tributar y, lo que es todavía más preocupante, la idea de que las cosas funcionan mejor con menos impuestos. Sobre todo, con menos impuestos directos, porque de los indirectos, los que gravan a todo el mundo por igual en su consumo, nadie parecen acordarse.

La promesa, hecha muy coherentemente en un foro tan liberal como el convocado por la magnifica revista The Economist, llena de melancolía a quienes llevan años peleando en la izquierda para demostrar que las economías más prósperas no son, en absoluto, las que tienen un sistema fiscal más escuálido. Las estadísticas indican que los países campeones en competitividad no son los que carecen de grandes sectores públicos, sino todo lo contrario. Sin Estado fuerte no hay inversión pública y sin inversión pública no hay auténtica prosperidad, predican los economistas empeñados en dar un contenido serio, solvente y de izquierda, a la política económica.

España es un país que ha mejorado extraordinariamente en los últimos treinta años en todos los índices de valoración internacional. Pero también es un país que sigue teniendo un mal rendimiento educativo, con pensiones muy bajas (las que reciben las viudas son indignas), con una renta per cápita todavía por debajo de la media comunitaria y con una dotación tecnológica claramente insuficiente. Muchos ciudadanos tenemos dudas de que la mejora de todo esto no tenga nada que ver con los impuestos que pagamos. ¿De verdad alguien cree que una de las grandes reclamaciones de los españoles en estos momentos es una rebaja de impuestos? ¿Y que vamos a votar en mayor número si se nos promete la desaparición del impuesto sobre el patrimonio?

solg@elpais.es