Neuquén y Río Negro, sobre la media nacional. Encuesta abarca hombres y mujeres de 16 a 65 años.

BUENOS AIRES (ABA).- Los índices de consumo de sustancias psicoactivas en la región son alarmantes. El 2,6% de los habitantes de Neuquén y el 2,2% de Río Negro probó alguna vez cocaína, con lo cual las provincias quedan en el tercero y quinto lugar, respectivamente, a nivel país.

Los números también son altos en cuanto al consumo de marihuana: el 9% de los habitantes de Neuquén la probó, quedando en el tercer lugar, detrás de la Ciudad de Buenos -encabeza la mayoría de las estadísticas- y Tierra del Fuego.

El sondeo muestra que la región está por encima del promedio de los argentinos en marihuana (7,2%), cocaína (2%) y tabaco (52,5% del país).

Los fumadores en Neuquén llegan al 56,4% y los de Río Negro al 53%. A su vez, el sondeo indica que 76,1% de los neuquinos y el 73,1% de los rionegrinos tomó alcohol.

Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008, realizado entre el 26 de abril y el 6 de junio últimos en localidades de 5.000 y más habitantes de entre 16 y 65 años de todo el país.

El objetivo del gobierno es saber cuánto y qué tipo de estupefacientes consumen los argentinos, con una firme intención de fondo: elaborar, antes de fin de año, una ley para despenalizar el consumo.

Actualmente el Código Penal penaliza la tenencia de drogas para consumo personal. El problema es que la mayoría de las causas de drogas recaen en usuarios, cuyos expedientes terminan en la nada o derivan en un tratamiento. El proyecto del gobierno apunta a brindarles tratamiento de rehabilitación a los adictos, concientizar y prevenir a los potenciales consumidores, y que sea el sistema penal el que se enfoque en los traficantes y lavadores de dinero. "No hay que condenar al adicto ni tratarlo como un criminal sino perseguir al que vende la sustancia", señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de la encuesta que se realizó anteanoche.

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se esforzó por remarcar que la encuesta, realizada a 51.000 personas, mostró cifras menores y de escasa relevancia. "La Argentina no es un paraíso del consumo de drogas -afirmó Fernández-. Muchos de los lenguaraces que opinan debería callarse la boca".

Resulta que desde otros sectores, incluso oficiales como la Secretaría de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico (Sedronar), a cargo de José Granero, los números son diferentes.

Este organismo informó que en el 2006 el 15,8% de los encuestados había consumido marihuana y el 7,9% cocaína. Mientras que según el reciente sondeo guiado por el Ministerio de Justicia, el 7,2% de los consultados consumió marihuana y el 2% que probó cocaína.

Los especialistas de ambos organismos dicen que estas diferencias se deben a "diferentes metodologías". Por lo bajo, unos aseguran que la Sedronar infla los números para que el problema parezca más grave de lo que realmente es para así justificar su existencia y su presupuesto.

La réplica es que el gobierno minimiza los números para justificar su política de despenalización, haciendo hincapié en que se trata de un problema de salud.

fonte: rionegro on-line

Un fallo declaró inconstitucional el castigo a la siembra de marihuana para consumo personal

La Cámara Federal porteña decretó la inconstitucionalidad de la ley que castiga la siembra de marihuana para consumo personal y sobreseyó a un hombre que tenía plantas de cannabis en una maceta de su balcón, informaron hoy fuentes judiciales.

Para no castigar a la víctima

La sala III de la Cámara de Casación provincial determinó que no se debe castigar la tenencia de droga para uso personal sin ostentación pública. El fallo se suma a otro similar de la sala I de la misma cámara, que tuvo lugar la semana pasada.

“Estigmatiza al consumidor”

El fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación bonaerense sobresee a un joven detenido por tener solo 0,4 gramo de marihuana. Argumentaron que tener drogas para el propio consumo “es una acción protegida por el derecho a la privacidad”.

Directivos de una revista temática sobre la marihuana debieron suspender una charla en la Feria del Libro por las amenazas recibidas. Hubo presiones de algunos legisladores y la Iglesia.

Por Emilio Ruchansky

“Hay una confusión generalizada”, diagnosticó el subsecretario de Cultura de Chaco, Francisco Romero, molesto porque ayer dos diputados de la provincia, entre ellos la titular de la Comisión de Derechos Humanos, pusieron en boca suya la supuesta prohibición de la charla de la revista THC en la feria del libro local. Por eso, el funcionario convocó a una audiencia pública con todas las revistas que participan del encuentro y reprogramó la presentación de THC (una publicación temática sobre la marihuana) para hoy a la tarde. “Lejos estoy de cualquier tipo de censura”, dijo Romero, pese a que los medios chaqueños insisten en que no se hará la charla por presiones de los legisladores y la Iglesia.

“No crea que sea censura advertir una posible apología del delito”, contraatacó ayer el vicario de la Catedral, Jorge Lestani, quien evaluó que los integrantes de la publicación “deberían ir en cana”. Sus dichos fueron pronunciados ayer en una conferencia de prensa en la sala de labor parlamentaria de la Legislatura chaqueña. El vicario estuvo acompañado del titular del bloque justicialista, diputado Ricardo Sánchez, quien afirmó que la THC “trata de meterse en los ambientes culturales” para fomentar el consumo de marihuana y pidió “depuración” y “control de contenidos” de las publicaciones para la próxima feria. “Esto va en retroceso de nuestros valores”, continuó Sánchez, quien se refirió al debate de la despenalización del cannabis junto al del matrimonio gay y el aborto como temas polémicos que merecen soluciones. A modo de ejemplo dijo: “En vez de hablar tanto de legalizar el aborto, deberíamos mejorar el sistema de adopción”.

De esta conferencia también participó la diputada Marita Barrios de la Alianza, titular de la Comisión de Derechos Humanos, cuya “intuición de madre” le indicó que los narcotraficantes ahora “vienen disfrazados..., por eso tratamos de hacer lo que podemos para combatirlos”. Aunque admitió que el tema de la despenalización no fue tratado en la comisión que preside, Barrios aseguró: “Este lugar que ocupo hoy es para trabajar por los jóvenes, cosa que he hecho en las recorridas a los boliches con el juez de faltas”. Antes de terminar la charla, la diputada invitó al diálogo a los demás sectores, aunque sólo mencionó a “los pastores evangélicos y los padres y madres de la comunidad”.

Por otra parte, el organizador de la feria alertó nuevamente sobre las amenazas anónimas y vinculó la reciente aparición de cruces esvásticas en Resistencia con la presentación de la revista THC. “Son sectores minoritarios e intolerantes”, detalló Rubén Bisceglia, para quien la decisión del subsecretario de realizar hoy a las 9 una audiencia pública es “totalmente acertada”. El organizador comentó que la feria fue inaugurada con la presencia de altas figuras de la escena cultural y política del Chaco. “Es un éxito que no se va a empañar por lo que pasó”, concluyó.

“Yo quiero saber más sobre la problemática que trabaja esta revista”, exigió ayer Francisco Romero. Quienes van a informarlo pasaron todo el día de ayer encerrados en el hotel. Sebastián Basalo y Alejandro Sierra, director y gerente de THC, respectivamente, recibieron muestras de apoyo y solidaridad de los representantes de las otras revistas en el lobby. Sólo salieron para ir hasta la feria y anunciar que la charla se pospuso para hoy, como dijo Romero, por la “confusión generalizada”.

Pagina12-Buenos Aires

El fiscal que llevaba una pequeña cantidad de marihuana para sus vacaciones. La pareja que cultivaba cannabis en su casa. El concejal al que, sin ser consumidor, le plantaron droga en el auto. Todos perdieron trabajos, amigos y hasta familiares. La difícil vida después de una causa por tenencia.

Textos de Emilio Ruchansky

EL FISCAL QUE TUVO UN JURY
“Un sistema hipócrita”

“Soy el primer funcionario judicial detenido por tenencia para consumo personal”, aclara de movida Facundo Trova. El 16 de enero de 2006, después de unas vacaciones en Brasil y siendo fiscal adjunto de la ciudad de Neuquén, se disponía a estirar el feriado judicial yéndose unos días a Mar del Plata. Tenía una piedra de 16 gramos de marihuana en el bolsillo y no bien terminó de pasar por el detector de metales de aeroparque, un oficial de aduana le pidió que vaciara sus bolsillos. “Se me vino el mundo abajo”, rememora. El personal de seguridad lo llevó a un cuarto para revisarlo mejor. “Tenía dos mil pesos y una cámara, y se los metieron en sus bolsillos. Les dije que era abogado y fiscal y me devolvieron todo.” Media hora después, su abuela se enteró por la televisión. Pasó tres días preso en una pequeña celda del aeropuerto y lo llevaron esposado a declarar a los tribubales de Comodoro Py. Cuando el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid lo indagó comenzó a sermonearlo. Ambos habían estudiado derecho en la Universidad Católica Argentina y el magistrado lo criticó por “olvidar los principios morales que había aprendido” (dos meses después, Aráoz de Lamadrid dio un examen para convertirse en titular del juzgado y se sacó 1 como puntaje). “Me querían mandar un mes a Devoto, me decían que mi situación era más complicada por ser funcionario. Yo no quería declarar de lo enfurecido que estaba pero el defensor oficial me aconsejó que dijera lo que querían escuchar porque no me iba más”, cuenta indignado Trova, que había hecho una carrera judicial impecable y era en ese entonces, con sus 32 años, uno de los fiscales más jóvenes. Cuando volvió a Neuquén ya era “un cadáver”, como se dice en la jerga judicial. Todos pedían su cabeza. Desde los partidos de izquierda hasta los jueces más conservadores de la provincia. Llegó el 20 de enero y recién empezaba a trabajar el primero de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no lo cesanteó pero inició un sumario, ya que “su accionar puede constituir una falta disciplinaria”. El primer día de trabajo, Trova pidió un mes de licencia. Intuía que algo grande iba a pasar y no estaba equivocado. “Los empleados me apoyaban, pero muchos de mis colegas se abrieron y me quedé solo”, recuerda. Aunque fue sobreseído por la Justicia federal, en su provincia le hicieron un jury de enjuicimiento “por mala conducta”, con el único fin de destituirlo. “Fue una hipocresía tremenda. Casi todos los que me juzgaban terminaron cesanteados por corruptos, es más, a uno de ellos (el legislador Oscar Gutiérrez) yo lo estaba investigando por enriquecimiento ilícito y después que me suspendieron se cayó la causa contra él”, cuenta el ex fiscal, que espero el día del juicio “para decirles en la cara todo lo que pienso de ellos”. Y así fue. Sentado frente al jurado le espetó: “A pesar de lo que diga la prensa, no tengo nada que ver con ustedes. Gracias a Dios nos separa un abismo. Ustedes representan todo lo que no soy ni quiero ser. Voy a retirarme de este proceso, sigan ustedes con esta parodia de juicio”. La sentencia “ya estaba escrita, era una payasada” asegura, así que se levantó y despidió a su abogado en medio de la audiencia. El tribunal decidió quitarle su cargo por “inmoral, antiético, traidor a la patria y a los padres”; él, que viene de una familia de abogados, se dedicó a defender casos como el suyo. “Y no me va nada mal –comenta– tengo unas cuantas causas de tenencia, las hago y me gustan. Disfruto defender a la gente, antes estaba del otro lado, pero siempre fui muy garantista.” Sus amigos y familiares siempre lo ayudaron, pero nadie le quita el sabor amargo. “Me di cuenta de que el sistema judicial es hipócrita y selectivo, que está absolutamente podrido. El mejor ejemplo son nuestras cárceles que están llenas de pobres.” Este ex fiscal no quiere darles el gusto a sus colegas y apeló la sentencia. Su caso no fue admitido por Casación y presentó el recurso de queja al tribunal de su provincia. “Seguramente me lo van a rechazar de acá a la China, así que planeo llegar a la Corte Suprema”, dice convencido de que ahí le van dar la razón. Su argumento es sencillo: “Lo mío fue un acto privado y no interfería con mi desempeño, el sistema judicial me discriminó, me destituyeron por ser diferente”. Aunque perdió su trabajo, Facundo Trova asegura que la “sacó barata”. Todavía cree que si no hubiera dicho que era fiscal a los guardias de Aeroparque, tal vez su caso no hubiera trascendido en la prensa. Hoy, todavía mucha gente le da vuelta la cara cuando entra a algún tribunal por cuestiones de trabajo, pero ya no le importa. “Fue durísimo empezar de nuevo, pero aprendí mucho. El Estado no te educa, no te da salud ni trabajo pero aparece para castigarte y encerrarte”, reflexiona el ahora defensor, que desde que cayó en las redes de la corporación judicial a la que pertenecía, jura, “le cambió la película”.

EL CONCEJAL CON DROGA PLANTADA
“Me siento observado”

A Pedro Barrientos no le iba mal. Era concejal en la ciudad bonaerense de Benito Juárez y jefe de guardia del hospital de Necochea. Venía de una familia humilde de Cacique Barker, un pueblo de 3 mil habitantes, fruto de una inmensa fábrica de cal. Estudió medicina en La Plata y comenzó a militar en pleno gobierno de Eduardo Duhalde. Llegó a su cargo en 1999 de la mano de la Alianza y estaba por terminar su mandato cuando cayó en desgracia, tras un operativo antidrogas.

“Nunca consumí”, aclara ahora este hombre de 37 años. El 18 de julio de 2003, mientras viajaba desde Necochea a Mar del Plata con tres amigos para “comprar pilchas y pasar por una charla al Colegio de Médicos” la policía detuvo su auto. Bajaron armados con itakas y, según Pedro, no le pidieron ni la patente ni la cédula verde ni el carnet de conducir: “Nos hicieron bajar y comenzaron a entrar y salir del auto, una y otra vez”. Al rato, apareció una brigada de investigación y en el asiento de acompañantes de su Peugeot 106 azul, con patente oficial del Concejo Deliberante de Benito Juárez, aparecieron once sobres de cocaína. “Eso no es mío”, dijo. “Callate la boca”, le contestaron.

Cuando entraba a la comisaría 5ª de Punta Mogotes pudo ver la placa roja del canal Crónica: “Concejal detenido por trasportar cocaína en su auto”. Los oficiales se reían y lo señalaban. Al otro día, los diarios hicieron circular la versión policial: decían que había sido “un operativo”, que Barrientos había huido ocho cuadras antes de que lo atraparan y hasta el comisario a cargo, Carlos Cernada, afirmó: “Uno de los integrantes se bajó a los gritos insultando a los policías y diciendo que tenía inmunidad porque era el concejal Pedro Barrientos y era candidato a intendente”.

A los quince días lo echaron del hospital aduciendo que no podía trabajar como médico y ser concejal a la vez. La primera página del sumario administrativo era una nota periodística que relataba el incidente. “Me denigraron ante la sociedad, me destruyeron políticamente”, afirma Pedro cuando recuerda la condena pública que hicieron sus compañeros del Concejo Deliberante. Los dos testigos que consiguió la policía para revisarle el auto también intuían que había algo raro, pero a esa altura ni él ni su abogado creyeron conveniente seguir hasta el juicio oral por la alta exposición mediática que implicaría. Así que consiguieron una suspensión de juicio a prueba y terminó yendo cada tres meses al tribunal para certificar su domicilio. La causa no llegó a ningún lado, pero después del incidente nunca más volvió a Benito Juárez, ni a visitar a sus tíos.

“Es una cruz. Me costó mucho insertarme en la sociedad y me afectó económicamente”, repasa Pedro, que fue inhabilitado para desempeñar funciones durante cinco años en el hospital de Necochea, donde sus compañeros hasta juntaron firmas para que lo restituyeran. De todas formas, se instaló en esa ciudad balnearia y consiguió un trabajo en Lobería como médico en otro hospital. Su familia siempre creyó en su inocencia, pero él confiesa que tiene vergüenza: “Me siento observado”.

Todavía se pregunta cómo llegaron los sobres de cocaína a su auto. En un principio él y su abogado pensaron que tal vez era alguno de los ocupantes del auto. A todos los conocía, uno era telefonista del hospital y también lo echaron. Otro era amigo suyo, se fue a vivir a Claromecó después y no lo vio más. El cuarto ocupante era amigo del telefonista y al principio dudaron de él, pero más de la policía. “Me dijeron que hacen estos operativos para armar estadísticas o subir de categoría, no sé. También pensé que pudo ser una operación política”, comenta Pedro.

Lo cierto es que el estigma perduró. “Hace poco hubo un concurso para inscribirse en un cargo en la Municipalidad y era mi especialidad, médico de familia; me negaron la inscripción por la cesantía que tuve”, dice con bronca. Los mismos médicos, asegura, cuchichean al verlo y recuerdan que es “el falopero que le encontraron droga adentro del auto”. Hasta el padre de su actual pareja opuso resistencia cuando se conocieron y ella tuvo que irse de su casa para poder estar con él: “Por suerte ahora se dio cuenta de que no tuve nada que ver”.

UNAS PLANTITAS EN LA CASA
“Un pueblo chismoso”

“Yo les muestro todo, lo único que les pido es que no vayan con los medios”, le dijo Virginia Varela a uno de los uniformados. Eran las 9 la de la noche de un caluroso viernes de febrero y recién empezaba el allanamiento. Ella estaba por salir con su nena de dos años a comprar la cena, su marido había ido a presupuestar un trabajo y el oficial se quedó mirándola “como si fuera una inconsciente”, recuerda Virginia. “Yo no me preocuparía por eso”, le respondió el uniformado mientras sus compañeros incautaban las plantas de cannabis sativa.

Virginia llamó a su mamá para que pasara a buscar a la nena y procedió a mostrarles las plantas que tenía en la terraza, las que encubaba en un armario y algunos cogollos primerizos que puso a secar en el lavadero, a dos meses de la cosecha. También tenía semillas feminizadas, de origen español. Dice que los de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas estaban asombrados por el grado de refinamiento y hasta hurgaron en sus apuntes de cultivo, que ella guardaba prolijamente en una carpeta. “Sabíamos que eso en algún momento podía pasar así que nos lo tomamos tranquilamente, sin agachar la cabeza, pero sin levantar la voz”, comenta.

El allanamiento surgió a partir de una llamada anónima a las 14 de ese mismo día, el 12 de febrero pasado. Cinco horas después, la policía sacó fotos desde la casa de una vecina. No hubo ningún tipo de inteligencia previa para saber si ellos cultivaban para vender o sólo para consumir. Los uniformados les dieron vuelta la casa y se llevaron todo lo que pudiera servir de prueba, hasta el veneno para las hormigas. Ella les rogó que al menos le dejaran fumarse un porro porque todavía no había probado su cosecha. Hubo risas, pero le negaron el pedido.

Por la madrugada partieron a la fiscalía 5 de Trenque Lauquen y a la vuelta, antes de bajar del patrullero, a Virginia y a su marido Santiago Bauchet les taparon la cabeza con camperas. Virginia jura que de reojo vio que un policía le estaba sacando una foto. Al otro día, esa foto ilustró una nota del diario local titulada: “Desactivan invernáculo destinado a producir marihuana. Una pareja detenida”. “Tenía miedo de que a mi abuelo le dé un infarto, ésa fue mi mayor preocupación durante la semana que estuvimos presos”, dice Virginia. Afuera todo había cambiado.

Primero desaparecieron los amigos que solían frecuentar la casa de este joven matrimonio (él tiene 25, Valeria 29). “Los que venían tenían miedo de estacionar el auto enfrente de casa”, asegura ella. La familia de Santiago no lo podía creer. “Parece que esto nunca te hubiera pasado a vos”, le decían. “Hace siete años que fumo, ¿y te parece que no soy el mismo? Cuando fumo me agarra sueño y hambre y nada más”, tuvo que explicarle a su abuela. Después se le cayeron uno a uno los presupuestos de clientes a los que planeaba colocarles tabiques, cielorrasos, durlocks. Valeria conservó su puesto porque trabaja en la empresa de su abuelo, dedicada a la aeronáutica. Cuando va al supermercado la miran raro: “La gente no sabe si saludarme o no”, confiesa. Ambos coinciden en que lo peor no fue toparse con la Justicia, si no con la sociedad de Pehuajó, una ciudad de 30 mil habitantes que ella define “como un pueblo chismoso”. Claro que la causa también trajo sus complicaciones. Desde hace un tiempo ambos tienen la posibilidad de ir a trabajar a España, donde vive el padre de Virginia. La situación se complicó desde el allanamiento y ellos quieren irse, pero deben quedarse porque es parte del requisito para lograr la excarcelación.

La causa, que tiene la novedosa carátula de “cultivo para consumo personal”, sigue abierta y ellos llaman una vez por semana a la fiscalía en busca de novedades. “Nos dicen que todavía están analizando las plantas para saber si eran para tráfico”, repite Virginia. La respuesta le resulta paradójica a Santiago, que acota que la Justicia camina “a pasos de tortuga” y no se entiende cómo todavía se insinúa que el consumidor es parte de la cadena del narcotráfico, “si en este caso no hay cadena, esto empieza acá y termina acá”.

Ellos se había decidido a no comprar más marihuana en la calle por varias razones: “Primero porque no se consigue, segundo porque lo que se consigue es carísimo y casi siempre tiene olor a orina y además porque salir a comprar marihuana se convirtió en un deporte extremo”, asegura Virginia. Desde el día de la detención no pueden ausentarse 24 horas de su casa, tienen que comparecer una vez al día en la comisaría local y abstenerse de consumir cualquier tipo de estupefacientes. Nunca declararon en la causa por consejo de su abogado, que dice que “saben demasiado de marihuana”.

“Estamos apretados económicamente, mi marido no consigue dejar un currículum porque lo miran mal en todos lados”, advierte Virginia, que no ve la hora de poder emigrar a España y empezar de cero. “Si no fuera por la repercusión social no sería tan grave –concluye–, porque sé que esa causa judicial no va a llegar a ningún lado.”

Los abogados y sus casos

César Sivo tiene un estudio de abogados en Mar del Plata y conoce muchos casos menores en el tema drogas. Pero hay uno, dice, que suele dar de ejemplo cuando da clases de Práctica Procesal Penal en la universidad local. Es una historia de amor. Se trata de un hombre que la policía detuvo en el puerto, mientras fumaba. Era un pescador y en unos días iba a embarcarse por seis meses en un buque factoría. Además, tenía 50 gramos que había comprado para el largo viaje. Su mujer se hizo cargo para que el hombre no perdiera el viaje porque había estado preso por robo y no le iban a dar la excarcelación. El hombre pudo embarcar finalmente, y ella dejó a sus nenes con su familia y pasó 9 meses presa. “Como no tenía para pagarme –cuenta Sivo–, cuidó a mis chicos a cambio de los honorarios.”

“Yo también tengo una buena historia”, promete Albino José Stefanuolo, quien fuera el abogado de Andrés Calamaro luego de que el músico dijera en un concierto en La Plata aquella frase de la linda noche para fumarse un porrito. El hecho ocurrió en el ‘96, “el mismo año en que estaba defendiendo el caso del jarrón de Coppola”, comenta. Eran tres chicos que se habían ido de vacaciones a Villa Gesell y los vecinos los denunciaron, según decían la policía, “porque hacían barullo y se juntaban muchedumbres”. Era la época del “allanamiento fácil”, recuerda el abogado, y les cayó todo el peso de la ley en la casa que habían alquilado. Encontraron 150 gramos de marihuana y les enrostraron “tenencia para tráfico” con el agravante, según la actual ley, de que eran tres personas.

No consiguieron la excarcelación, “así que tratamos de que llegaran al juicio oral lo más rápido posible; esto fue en enero y estuvieron presos hasta noviembre”, recuerda Stefanuolo. La audiencia duró solo dos días y los jueces aplicaron la figura de tenencia simple y los liberaron. “Eran épocas difíciles. En Rosario, la cuna del rock, habían encarcelado a alguien que tenía 0,16 gramos de porro, o sea, lo metieron preso por algo que ni siquiera se ve.”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ Buenos Aires

Dos jóvenes detenidos cuando caminaban junto a una mujer que llevaba encima 239 gramos de marihuana fueron procesados por “tenencia de estupefacientes”, pese a que al momento del arresto ninguno de los dos tenía drogas entre sus pertenencias. El fallo, dictado por la Sala VII de la Cámara del Crimen, confirmó una resolución de la jueza de Menores Adriana Leiras.
De acuerdo con el expediente, el 4 de agosto de 2004, a las 21.50, tres jóvenes –uno de ellos menor de edad– fueron “detenidos por personal policial con fines de identificación” y en esas circunstancias se le secuestró a la mujer del grupo “una bolsa blanca de polietileno que contenía 30 envoltorios, con picadura de marihuana”. La sustancia pesaba 239,1 gramos.

El fallo argumenta que la detención se produjo cuando los jóvenes, al ver a los policías, “comenzaron a apurar el paso e intentaron separarse”. La defensa de los dos varones, quienes no llevaban droga entre sus ropas y pertenencias, objetó el procesamiento porque, precisamente, no habrían cometido el delito de “tenencia” de estupefacientes.

Pero los jueces Juan Cicciaro, Abel Bonorino Peró y Rodolfo Pociello Argerich entendieron que “la circunstancia de haber sido detenidos los imputados cuando, al advertir la presencia policial, intentaran alejarse del lugar por caminos separados, no obstante haber estado conversando entre ellos momentos antes, permite homologar la decisión”.

“Con el provisorio grado de conocimiento exigido en la especie puede afirmarse la existencia del hecho y su responsabilidad penal”, sentenciaron. El fallo también determinó que la droga no podía ser considerada “para consumo personal”.

“Cuando no existen elementos probatorios que indiquen que el estupefaciente poseído está destinado a una actividad de consumo estrictamente individual que no involucra a terceras personas, no puede sostenerse que no exista posibilidad de afectación para la salud pública”, concluyeron los jueces, invirtiendo la carga de la prueba.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ - Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez de un juicio oral donde un hombre fue condenado por tenencia de marihuana, a pesar de que durante la investigación del caso no se recibió declaración judicial a “ningún testigo” y en el debate oral “no se produjo ninguna prueba”, según estableció la Procuración General de la Nación.
Por una ajustada mayoría de cuatro votos a tres, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa de un hombre que fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº2 a un año y medio de prisión, por los delitos de “tenencia simple” de marihuana.

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay rechazaron por “inadmisible” la apelación presentada por la defensora oficial del condenado, mientras que Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni se pronunciaron por anular el juicio. Así, el fallo de la Corte dejó firme la condena y avaló el procedimiento.

El hecho ocurrió el 12 de agosto de 2003 en un control policial en la avenida Eva Perón, entre las calles Lafuente y Castañón de la ciudad de Buenos Aires. Allí, una subinspectora de la Policía Federal detuvo la marcha de un taxi e identificó a su conductor y al pasajero que venía en el asiento de atrás –el finalmente condenado–, quien tenía antecedentes de robo. En presencia de dos testigos el hombre fue requisado y entre sus ropas la policía halló “tres envoltorios que contenían marihuana y billetes de diez pesos falsos”, señala el expediente.

El procurador general adjunto Luis González Warcalde criticó el fallo del tribunal oral porque consideró que “en la instrucción, el juez federal optó por no recibir a ningún testigo”. Además consideró que la actuación “no fue suficiente para cumplir con los estándares mínimos que ofrece un procedimiento judicial”. Pese a que los testimonios que se dieron ante la policía fueron incorporados por lectura, advirtió que “en este proceso penal no han sido respetadas las formas sustanciales de todo juicio (acusación, defensa, prueba y sentencia), adecuadas a las características propias del sistema oral”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ - Buenos Aires

Dos jóvenes detenidos cuando caminaban junto a una mujer que llevaba encima 239 gramos de marihuana fueron procesados por “tenencia de estupefacientes”, pese a que al momento del arresto ninguno de los dos tenía drogas entre sus pertenencias. El fallo, dictado por la Sala VII de la Cámara del Crimen, confirmó una resolución de la jueza de Menores Adriana Leiras.
De acuerdo con el expediente, el 4 de agosto de 2004, a las 21.50, tres jóvenes –uno de ellos menor de edad– fueron “detenidos por personal policial con fines de identificación” y en esas circunstancias se le secuestró a la mujer del grupo “una bolsa blanca de polietileno que contenía 30 envoltorios, con picadura de marihuana”. La sustancia pesaba 239,1 gramos.

El fallo argumenta que la detención se produjo cuando los jóvenes, al ver a los policías, “comenzaron a apurar el paso e intentaron separarse”. La defensa de los dos varones, quienes no llevaban droga entre sus ropas y pertenencias, objetó el procesamiento porque, precisamente, no habrían cometido el delito de “tenencia” de estupefacientes.

Pero los jueces Juan Cicciaro, Abel Bonorino Peró y Rodolfo Pociello Argerich entendieron que “la circunstancia de haber sido detenidos los imputados cuando, al advertir la presencia policial, intentaran alejarse del lugar por caminos separados, no obstante haber estado conversando entre ellos momentos antes, permite homologar la decisión”.

“Con el provisorio grado de conocimiento exigido en la especie puede afirmarse la existencia del hecho y su responsabilidad penal”, sentenciaron. El fallo también determinó que la droga no podía ser considerada “para consumo personal”.

“Cuando no existen elementos probatorios que indiquen que el estupefaciente poseído está destinado a una actividad de consumo estrictamente individual que no involucra a terceras personas, no puede sostenerse que no exista posibilidad de afectación para la salud pública”, concluyeron los jueces, invirtiendo la carga de la prueba.

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Una denuncia anónima en Salta dio cuenta de que en un jardín había plantas de cannabis. La policía descubrió que eran seis. El dueño de la casa aceptó que fumaba, lo mismo que su hijo. Igual fueron presos, acusados de narcotráfico.

Por Emilio Ruchansky

La historia la cuenta Agustín Rodríguez y parece una comedia de enredos, si no fuera porque su papá y su hermano están presos desde hace casi dos meses, acusados de producir y traficar marihuana “para fumar, comer y beber”. Por una denuncia anónima, la división Operaciones de Drogas Peligrosas de Salta capital allanó la casa de su papá en el barrio Tres Cerritos. Allí descubrieron el secreto familiar: seis ejemplares de cannabis sativa. Cómo devinieron en narcotraficantes es, reconoce Agustín, “una cuestión de malas interpretaciones y prejuicios de esta sociedad”.
Según el parte policial, la noche del martes 29 de enero en el jardín de la casa de Fernando Oscar Rodríguez se secuestraron tres plantas gigantes (una de ellas mide 2,50 metros), tres plantines, dos recipientes con flores que estaban secándose y un frasco en el que la marihuana “estaba siendo sometida a una etapa de maceramiento con licor o alcohol”, supuestamente, “para potenciar la droga y beberla”. Los oficiales también encontraron dos pipas artesanales, sedas y 3200 pesos. El menor de los hermanos Rodríguez, Fernando Emanuel, tenía 29 gramos de marihuana paraguaya prensada.

“Aparentemente era utilizada para consumo en un círculo exclusivo, ya que es gente de buen nivel económico”, dijo un investigador a la prensa local. Un día antes del operativo, personal de la división de Drogas Peligrosas había entrado a la casa de un vecino por un aparente robo y aprovechó para sacar fotos del jardín. Con esa prueba consiguieron la orden de allanamiento del juez federal Miguel Medina. Agustín no sabe quién pudo haberle dado la información a la policía, él siempre ocultaba las plantas, corriendo las macetas de un lugar a otro cuando había visita. “Solo que esta vez había un par que ya habían crecido en la tierra y era riesgoso trasplantarlas”, recuerda.

Su papá le había alquilado una pieza en el fondo de su casa a Xenia Alicia Ibarra y la joven de 26 traía visitas nuevas. “Tal vez algún conocido de ella hizo la denuncia”, insinúa Agustín, aunque descarta la hipótesis enseguida. Xenia era dueña de dos de las seis plantas y también se la llevaron detenida, aunque la soltaron una semana después porque no era la dueña de casa y lo suyo era solo tenencia para consumo.

En el nombre del hijo

“Nos dejó cultivar en su patio porque no quería que compráramos en la calle. Le tiene mucho miedo a la policía, sobre todo después de lo que pasó acá durante la dictadura”, dice Agustín sobre su padre. El Gallego, como suelen llamarlo todos en el barrio, tiene 60 años, es ingeniero y profesor de Física, pero arregla heladeras, televisores o lavarropas a los vecinos, “como esos ingenieros que no consiguen laburo y manejan un taxi”, agrega su hijo. Hace 20 años que El Gallego vive en la primera cuadra de la calle Los Guayacanes, es un viudo con una vida bohemia y habitué de la sobremesa con amigos. Le gusta el vino y la guitarreada.

Sus hijos viven en la casa de los abuelos maternos, donde la detención de padre e hijo ha reavivado los conflictos familiares. “Mis tíos lo odian y mis abuelos no lo tienen bien visto. Ellos piensan que fumar está mal porque lo dice la ley y no se discute el tema. Para ellos, mi papá ensucia la imagen de la familia”, relata Agustín. En su declaración ante el juez Medina, El Gallego admitió que sabía de la prohibición de fumar y aseguró desconocer que tener plantas era un delito.

“También reconoció que es un consumidor de toda la vida pero no un adicto y dijo que dos de las seis plantas eran suyas”, comentó Román Salim, abogado y amigo de la familia. El dinero encontrado, agregó, proviene de unos libros de botánica que El Gallego le vendió a la biblioteca 9 de Julio de Santiago del Estero. “Lo de la bebida de marihuana era un experimento. Agarramos un hojas y le pusimos vodka a ver si le daban sabor. Era un asco, la estaba por tirar y justo pasó esto”, se lamenta Agustín. La planta más grande es un macho y no produce ningún efecto narcótico o psicoactivo.

La estrategia de Salim es lograr un cambio de calificación para conseguir la liberación. Para eso, ya está preparando un escrito para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. “Por ahora, el juez denegó la excarcelación porque están acusados de tráfico, con penas que pueden llegar hasta los 45 años. Voy a pedir que se considere que lo del padre es tenencia para consumo y lo del hijo tenencia simple”, adelanta el abogado. También exigirá que se los derive a una cárcel, ya que están encerrados en el calabozo de una Alcaldía General de Salta.

En el nombre del padre

Fernando Emanuel tiene sólo 23 años, es diseñador gráfico y trabaja en una oficina del centro de Salta. El día del allanamiento pasó a dejar la moto que su papá le había prestado y a buscar una mochila para irse a Iruyá, un hermoso pueblo enclavado en la puna salteña. Tenía una piedra de marihuana de 29 gramos en la riñonera. Planeaba fumarla durante sus vacaciones. El Gallego se hizo cargo de esa piedra ante la ley, diciendo que él la había mandado a buscar. Terminó complicando más las cosas: para las autoridades ésa es la prueba de que la familia Rodríguez trasportaba y comerciaba estupefacientes.

“No es fácil estar preso con un viejo de 60 años, mucho menos aún con El Gallego, por ahí me vuelve loco, no lo culpo, se la está bancando bastante bien, pero su carácter no es para este lugar”, escribió en una carta titulada “Desde un pequeño infierno al que temporariamente llamo ‘casa’”. Fernando se negó a declarar porque no tenía abogado y ahora está desesperado por hacerlo. Quiere aclarar que la piedra era suya y no del padre. Su hermano se desvive leyendo una y otra vez la Ley de drogas. “Tenencia para consumo una cosa, ser narco es otra. No entiendo qué pasa acá”, insiste varias veces ante Página/12.

“La injusticia que hoy me agarra las pelotas podría haberle pasado a cualquiera –dice Fernando en su carta–. Acá la realidad que se vive, aparte del problema social que recae en ello, es que están volteando a todos los de abajo que tengan o no algo que ver, te incriminan igual. No saben la gente con la que me topé y los garrones que se comen por giladas, y la verdad es que siempre recaen los mismos, los de abajo, nosotros que no cagamos a nadie. Así que lo que te enseña esto es a hacer las cagadas en grande, total te castigan de la misma manera.”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ - Buenos Aires

“La policía no discute la ley”

Este movimiento tiene como objetivos "hacer evidente la cantidad de consumidores para terminar con la discriminación y las detenciones, promover políticas de reducción de daños y avanzar hacia la despenalización, haciendo hincapié en las libertades individuales de las personas", dijeron los organizadores.

Los actos centrales se llevaron a cabo este sábado en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Paraná, Mendoza y Ushuaia donde, según fuentes extraoficiales, al menos 20 mil personas hicieron el mismo pedido.

El escenario elegido por los porteños fue el Planetario, donde con música y algunos cigarrillos de marihuana encendidos ratificaron "la necesidad de una ley aprobatoria".

Si bien el acto central comenzó sin ningún tipo de sobresaltos a las 13, los jóvenes atravesaron momentos de tensión -cerca de las 16- cuando la policía detuvo a un grupo de manifestantes que estaba consumiendo marihuana.

Por su parte, los cordobeses se concentraron en el parque Las Heras, ubicado entre las sierras, donde los organizadores repartieron folletos en los que se explicaron las causas del pedido de la despenalización.

A través de los folletos, los manifestantes informaron que su principal objetivo es "generar conciencia nacional y mundial sobre la despenalización de la marihuana".

La Marcha del Millón de Porros (MMP), también conocida como la Global Marijuana March (GMM) o Million Marihuana March (MMM) se realiza el primer fin de semana de mayo de cada año, desde 1999, en simultáneo en ciudades de todo el mundo.

Desde la organización nacional de la marcha realizada este sábado comentaron que, aunque el número de ciudades varía cada año, para esta ocasión se aglomeraron 237 ciudades que bregaron simultáneamente "por el consumo libre de marihuana".

Uso de estupefacientes
La solicitud para la despenalización del consumo personal de estupefacientes no es nueva, ya que en el Congreso Nacional hay proyectos de más de tres años que se hacen eco del pedido.

En ese sentido, la diputada nacional Diana Conti presentó en 2004 –cuando era senadora- un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.

En su proyecto, Conti afirmó que "los antecedentes revelan resultados positivos del uso de algunos estupefacientes en el tratamiento de algunas enfermedades".

Asimismo, citó al neumólogo Aquiles Roncoroni y al ex ministro de Salud Ginés González García, quienes habían declarado que "para uso medicinal no debe ser prohibida".

La entonces senadora remarcó que el consumo de marihuana "no le parece correcto, pero no debería ser punible" y agregó que "la Constitución Nacional dice que todo lo que se haga sin dañar a terceros forma parte del derecho a la intimidad y en la Argentina la autolesión no es delito".

En tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, afirmó días atrás que es necesario "revisar las normas" en materia de consumo de drogas y narcotráfico porque se debe "terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza".

"Debemos dejar de atrapar perejiles y buscar a los que hacen ingresar la ‘basura’ a la Argentina. Estamos llenando los calabozos de pibes que consumen y no vamos por los peces gordos", expresó el ministro.

fuente: infobae.com

Feldman está en Buenos Aires para dar una conferencia en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Es que hace poco el ministro Aníbal Fernández sorprendió con un cambio de enfoque en la Sesión Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre consumo de drogas y narcotráfico. Dijo que era necesario "revisar las normas", y "terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza". Así, hay un Comité elaborando un proyecto para despenalizar el consumo de todas las drogas.

Suiza, país federal (dividido en cantones), no tiene despenalizado el uso de drogas por ley, pero en los hechos podría decirse que sí: "De ocho millones de suizos, 300 mil son consumidores de drogas. Si se aplicara la ley, habría 300 mil personas fuera de la ley. En lo que respecta al uso de estupefacientes, el juez aplica lo que llamamos el principio de oportunidad, que en la práctica es no castigar a una persona por consumir droga, pero sí derivarla a un centro de tratamiento".

-¿Cómo es que en Suiza no prosperó la despenalización?

-Porque la gente enseguida pensó que eso iba a conducir a la legalización de la droga. Y en realidad son dos debates diferentes: despenalizar es no castigar al consumidor, mientras que legalizar es autorizar la venta en ciertos lugares, como ocurre en los coffee shops de Holanda.

Pero sí existe un sistema de salud que contiene al adicto...

Sí, claro. En materia de droga hay una política basada en cuatro pilares: la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la represión, que tiene que ver con la lucha contra el tráfico. Y son todos complementarios.

¿Influyó el sida?

El sida fue un catalizador del cambio en la política de la droga.

¿Cómo se aplica el concepto de reducción de daños?

Se cambian jeringas nuevas por viejas, se dan canutos para aspirar, y en tratamientos de sustitución se da metadona y hasta heroína, pura. Hay una asociación civil, "Primera línea", que tiene salitas en la calle para que los adictos se droguen ahí en forma segura. Así se evita la sobredosis, el contagio de hepatitis, o de sida. Y la Policía no se mete.

Los que se oponen a la despenalización dicen que el consumo deja de ser un tema individual cuando por el efecto de la droga se provoca daño a otra persona.

Todas las drogas, como el alcohol, son sustancias psicoactivas, es decir, cambian el comportamiento. Por eso la ley debe ser clara y debe castigar a quien, por ejemplo, conduce bajo los efectos de una droga. En Suiza se lleva a la persona a la comisaría para hacerle un análisis de orina y ver si consumió droga. En Francia el test se hace con saliva.

-Con un argumento similar al usado contra el divorcio, los opositores dicen que despenalizar llevará al aumento de consumo.

Es un error. Ya está claro que incluso con una ley que lo pena, el consumo es enorme en todas las clases sociales. La sociedad debe adaptar sus leyes a la realidad. Criminalizar al enfermo es discriminarlo, marginarlo. Me atrevería a decir que, desde cierta perspectiva, la despenalización es hasta un hecho humanista.

fonte : Clarin 28/4/2008

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